La evidencia sobre trauma, estrés tóxico y experiencias adversas en la infancia contradice la idea de que la pobreza fortalece. Confundir relatos de excepción con conclusiones generales no es solo un error conceptual, sino una distorsión de conocimiento acumulado.
En el debate público actual, las palabras importan, especialmente cuando provienen de quien encarna el compromiso con la evidencia. Por eso inquieta que la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación se afirme que “haber sido pobre fue uno de los mejores regalos”. No es una anécdota personal inocua. Es una afirmación que, leída en clave pública, reproduce una distorsión conocida: el sesgo de sobreviviente.
Este sesgo aparece cuando construimos conclusiones a partir de quienes “lo lograron”, ignorando a la mayoría que no tuvo ese desenlace. Vemos a quienes salieron de la pobreza y, desde ahí, inferimos que la experiencia misma contiene virtudes formativas. Esa inferencia es metodológicamente defectuosa y éticamente riesgosa. Es evaluar un sistema mirando solo a quienes no fallaron.
La evidencia en ciencias sociales y de la salud es consistente: la pobreza no es un “regalo”. Es un factor de riesgo estructural asociado a peores indicadores en desarrollo cognitivo, salud mental, acceso a oportunidades y expectativa de vida. La exposición prolongada a estrés crónico —toxic stress— tiene efectos medibles en el cerebro en desarrollo, en la regulación emocional y en la capacidad de aprendizaje. No hay ambigüedad: la pobreza restringe trayectorias.

Desde la clínica y la academia, esto no es abstracto. Como psicólogo y profesor universitario que trabaja con trauma, observo de forma sistemática los efectos acumulativos de la adversidad temprana. La literatura sobre Experiencias Adversas en la Infancia (ACEs) es contundente: a mayor exposición a pobreza, violencia, negligencia o inestabilidad, mayor probabilidad de depresión, enfermedades crónicas, consumo problemático y dificultades vinculares en la adultez. No estamos frente a historias edificantes, sino frente a gradientes de riesgo. La resiliencia, cuando aparece, no invalida ese daño; lo hace visible en contraste.
Esto no es una intuición clínica aislada. Estudios longitudinales en salud pública muestran asociaciones robustas entre adversidad temprana y resultados negativos a lo largo del ciclo vital. La investigación sobre ACEs documenta relaciones dosis-respuesta: a mayor número de experiencias adversas, mayor riesgo acumulado. La literatura en desarrollo infantil y neurociencia del estrés ha establecido mecanismos plausibles —no solo correlaciones— que explican cómo la exposición prolongada a incertidumbre y privación impacta sistemas biológicos clave. Ignorar ese cuerpo de evidencia no es una diferencia de interpretación: es desconocer conocimiento consolidado.
Confundir excepción con norma no es solo un error cognitivo; es una distorsión empírica.
Aquí aparece una segunda confusión: el malentendido de la resiliencia. La resiliencia no es una propiedad que emerge gracias a la adversidad ni un rasgo que la justifique. Es un proceso que depende de redes de apoyo, recursos disponibles y contextos que amortiguan el daño. Las personas no se vuelven resilientes por la pobreza, sino —en el mejor de los casos— a pesar de ella. La resiliencia no es el resultado de la adversidad, sino de los recursos que logran contenerla.
Romantizar la pobreza bajo la etiqueta de resiliencia desplaza la discusión desde lo estructural hacia relatos individuales de superación. Con ello instala una idea peligrosa: que la adversidad no solo es inevitable, sino formativa. En el límite, se normaliza una ética perversa: si algunos lo logran, el problema no es la pobreza, sino quienes no supieron convertirla en oportunidad.
Que esta confusión provenga desde quien encabeza el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación agrava el problema. No se trata solo de una experiencia personal, sino de una voz institucional llamada a resguardar el estándar de la evidencia en el espacio público. Precisamente por eso, se espera que desde ese rol se distinga entre testimonio y generalización válida, entre relato individual y conocimiento sistemático.

La discusión adquiere además una dimensión institucional incómoda. Resulta difícil separar este tipo de declaraciones del contexto reciente del ministerio, marcado por cuestionamientos internos y por la solicitud de renuncia a un número significativo de funcionarios, decisión frente a la cual incluso el subsecretario manifestó públicamente su desacuerdo. Más allá de las disputas administrativas, el episodio expuso tensiones sobre el tipo de liderazgo, cultura institucional y relación con el conocimiento que se espera precisamente de una cartera encargada de ciencia, tecnología e innovación.
Nada de esto niega el valor de las trayectorias individuales. Muchas personas desarrollan capacidades en contextos adversos. Pero reconocer esa capacidad no permite reescribir la naturaleza de la pobreza. La adversidad puede coexistir con crecimiento, pero no por ello se transforma en un bien.
En un país con desigualdades persistentes, el lenguaje público no es neutro. Nombrar la pobreza como “regalo” no solo es empíricamente insostenible; también diluye la urgencia de combatirla. La tarea de la política, y más aún de una política informada por la ciencia, es reducir las condiciones que dañan, no encontrarles virtudes retrospectivas.
La resiliencia, bien entendida, no es un argumento para tolerar la pobreza. Es un recordatorio de lo que las personas pueden hacer cuando cuentan con apoyos suficientes. Cuando esas condiciones se garantizan desde el inicio, la resiliencia deja de ser una exigencia heroica.
Cuando la evidencia es clara, el debate no es si la pobreza fortalece —no lo hace—, sino qué tipo de sociedad estamos dispuestos a sostener. Una que romantiza la adversidad o una que se hace cargo de reducirla. Ese es el estándar que la ciencia exige al lenguaje público.