Tenía razón Pablo Longueira cuando afirmaba que varios de los ministros del gobierno tenían fecha de vencimiento. La de Mara Sedini y Trinidad Steinert eran bastante cortas. Apenas 69 días. Todo un récord para un ajuste ministerial. La responsabilidad principal recae en el propio mandatario y su segundo piso, que optaron por reclutar a supuesto(a)s técnicos (as) independientes, sin mayor experiencia política, en desmedro de los partidos que posibilitaron su triunfo en segunda vuelta, generando una soterrada tensión al interior del oficialismo, que hoy se carga en la cuenta del mandatario.
No deja de ser curioso que la ex ministra de seguridad no haya podido exhibir un proyecto como el que naturalmente se esperaba en el parlamento. Se suponía que el gobierno contaba con un plan de esas características. No por nada, ese fue un tema central de su campaña. Quizás tan sólo fueran metáforas o hipérboles, como las referidas a la expulsión de 300.000 inmigrantes ilegales, como sostuvo el presidente. Pero eso no da para elaborar un programa, ni menos para gobernar.
No son las únicas o únicos secretarios de estado que comparten esas características. Sin ir más lejos, el propio ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackena, proviene del mundo empresarial, sin trayectoria política o experiencia en relaciones internacionales. Tal como sucede con Ximena Lincolao en el ministerio de Ciencias y Natalia Duco, en el de Deportes, que han protagonizado diversos incidentes en su escasos dos meses de gestión y cuyas fechas de vencimiento son aún inciertas.
Mención aparte merece el titular de Hacienda, Jorge Quiroz. Un economista que defendió los casos de colusión de empresas, como las farmacéuticas o la de pollos, y que se ha convertido en el artífice de la mega reforma titulada como de reconstrucción nacional, que ha conseguido superar su primer trámite constitucional, pese a los reparos y advertencias de muy diversas instancias económicas acreditadas transversalmente y críticas de la oposición respecto de sus nocivos efectos para las finanzas públicas en los próximos años.
Pese a dichas advertencias, Quiroz insiste en que se apruebe el proyecto tal cual fuera elaborado por su ministerio, sin abrirse a negociaciones significativas. El gobierno logró su aprobación por la cámara de diputados, con ajustes menores, gracias al apoyo de la derecha y el PDG (luego de una negociación menor en costos para las pretensiones de La Moneda), además de un par de parlamentarios supuestamente de oposición, pero sin sumar a la DC, ni sectores del socialismo democrático, como era su aspiración. Sin embargo, es muy dudoso que, en el senado, en donde existe menor asimetría entre oficialismo (sin presencia del PDG) y oposición, el proyecto pueda correr idéntica suerte. El gobierno se verá obligado a buscar mayores compensaciones, por más que no esté en su ADN, para artículos tan controvertidos como la invariabilidad tributaria por 50 años, la rebaja del tributo a las empresas o la reintegración tributaria, sin compensaciones, entre otras materias.
Con todo, lo más probable es que el proyecto se apruebe, con modificaciones menores, con mayorías más bien escuálidas y circunstanciales, lo cual le resta legitimidad y no garantiza su sobrevivencia en el tiempo pretendido. Aquellos parlamentarios que concurran a su aprobación asumen una enorme responsabilidad frente al país. Si, como advierten diversos economistas, la baja de impuestos no es compensada por un mayor crecimiento, generando nuevos déficits fiscales y los crudos recortes del gasto terminan afectando beneficios sociales (como se prevé), la responsabilidad deberá ser asumida no tan sólo por el actual gobierno, sino también por los parlamentarios que han concurrido a su aprobación.
El balance de los primeros setenta días de Kast
Sin lugar a duda, no es un buen balance. En tiempo record histórico, el gobierno se ha visto obligado a su primer ajuste ministerial. Ha tenido una brusca caída en las encuestas, superando el rechazo a su gestión con creces los niveles de aprobación inicial. Críticas muy agudas provienen de su propio sector, transformando en inocultables las discrepancias esenciales entre el segundo piso y ministros, rompiendo la supuesta incondicionalidad a cualquier costo del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, factor decisivo en el abrupto primer cambio de gabinete. El propio Kast ha protagonizado más de un desaguisado. Como su desafortunada referencia a las investigaciones científicas o la metáfora respecto de los inmigrantes ilegales. Así, la ceremonia de cambio de gabinete del 19 de mayo evidenció su inocultable incomodidad discursiva para sostener sus reiteraciones políticas. La economía muestra claros signos de desaceleración, con proyecciones que no superan el 2 % de crecimiento para el presente año. La delincuencia mantiene ostensible presencia cotidiana, en tanto se incrementan hechos de violencia en la Araucanía. El nuevo gobierno ha dilapidado muy rápidamente el capital político que alcanzó con su elección y hoy no cuenta con mayoría ciudadana.
Un envejecimiento prematuro y sin duda preocupante de cara al futuro. Aún el gobierno debe desplegar su agenda esencial, que contempla temas tan inquietantes como la reducción del estado y el despido de cerca de 100.000 funcionarios públicos, los indultos a condenados por delitos de lesa humanidad y el futuro del Instituto de Derechos Humanos, el programa de búsqueda de detenidos desaparecidos y el museo de la memoria. Y ya se empieza a insinuar la posibilidad de abrir la propiedad de Codelco al sector privado. Temas más que controversiales que no contribuirán precisamente a incrementar sus alicaídos niveles de adhesión ciudadana.
Habrá que ver si el jefe de gabinete, Claudio Alvarado, claramente empoderado tras el reciente ajuste ministerial, logra ordenar, en primer lugar, al propio gobierno para sostener el apoyo de los partidos de su sector, que, en estricto rigor, no conforman una coalición, asumiendo que el Partido Nacional libertario y el PDG pueden elevar el precio por su apoyo a nivel parlamentario, en donde La Moneda no cuenta con mayoría propia garantizada.
La buena noticia para el gobierno es que no hay elecciones hasta en casi tres años más y que la oposición no acaba de digerir su derrota y encontrar los mecanismos adecuados para coordinarse en su diversidad. Pero puede ser una situación finalmente transitoria. El propio gobierno y su controvertida agenda contribuyen al sendero de unidad y renovación que desafía a la oposición progresista.
