Si se hace abstracción del proceso constituyente, la política institucional chilena recuerda cada vez más la película protagonizada por Bill Murray y Andie MacDowell “El día de la marmota” en que Murray interpreta a Phil Connors, un meteorólogo de la televisión que, mientras cubre el evento anual del Día de la Marmota en Punxsutawney, Pennsylvania, ese mismo día se encuentra atrapado en un ciclo de tiempo, repitiendo el mismo día una y otra vez. Después de caer en el hedonismo e intentar suicidarse en numerosas ocasiones, comienza a reexaminar su vida y sus prioridades.
Mientras sectores importantes de las familias y de las pequeñas y microempresas siguen afectadas por la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales, el Ejecutivo y el Congreso siguen sin ponerse de acuerdo. El presidente de la República, en lugar de aprovechar la cuenta pública de su gestión y romper el estancamiento de las negociaciones con una propuesta audaz en la materia, saca del sombrero iniciativas que como el matrimonio igualitario debería estar hace tiempo aprobado, y que hoy no hacen otra cosa que distraer a los actores políticos. Deja en evidencia una desconexión absoluta con lo que ocurre en el país y aumenta la brecha entre su gobierno y su coalición.
La propuesta inicial del gobierno proponía aumentar la Cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) del 80% al 100% de los hogares inscritos en el Registro Social de Hogares (RSH) lo que implicaría pasar de 13,3 millones de beneficiarios a 14 millones y medio (el número de hogares inscritos en el RSH se estima en 6,4 millones) con un costo mensual de US$ 2050 millones. Al mismo tiempo, el gobierno insistió en un IFE de $ 100 mil por miembro del hogar. Sectores de la oposición propusieron el 13 de mayo una Renta Básica Universal de Emergencia con una cobertura inicial del 100% del Registro Social de Hogares (6,7 millones de hogares) sin aplicar ningún mecanismo de exclusión ex ante proponiendo que ex post el servicio de impuestos internos revisara que el decil de las familias de más altos ingreso no hubiese accedido al beneficio. Con esto se garantizaba celeridad en la entrega de la ayuda. Adicionalmente, se proponía considerar mecanismos complementarios que permitieran la incorporación a la prestación de hogares en condición de vulnerabilidad que no estén actualmente en el RSH, con apoyo de registros administrativos que sirven para tal efecto y con la cooperación de los municipios y organizaciones territoriales. La oposición proponía además que la Renta Básica Universal de Emergencia fuese el valor que resulta de aumentar al monto de la línea de la pobreza según el número de integrantes del hogar, más un 30% y tuviese una duración de cuatro meses. En relación con las MYPIMES proponía la suspensión de diversos pagos y otros mecanismos de apoyo. La principal propuesta en este campo era destinar US$ 3000 millones para hacer posible la sobrevivencia y la capacidad de generar empleos en la etapa de recuperación, orientada a empresas con ventas de hasta 25.000 UF anuales y en aquellas industrias más afectadas, como son: cultura y entretenimiento, turismo, gastronomía y hotelería, servicios personales y sociales, artesanía y comercio minorista, pequeña industria.
El 13 de mayo, el gobierno en una declaración de los ministros de la Presidencia y Hacienda, accedía a analizar un IFE que “considerara la línea de la pobreza” y se abría a subsidios directos a las pequeñas empresas, insistía en considerar solo los hogares listados en el Registro Social de Hogares ( RSH) y mostraba una ambigüedad poco coherente con la urgencia de los problemas. Finalmente, el 26 de mayo el gobierno informa su decisión de proponer un proyecto de ley donde el IFE Universal sería el equivalente a la Línea de la Pobreza, lo que significa que un hogar de una persona recibirá un aporte de 177 mil pesos, un hogar de 4 personas recibirá un aporte de 467 mil pesos y un hogar de 10 personas recibirá un aporte de 887 mil pesos, insistiendo además en el RSH como universo beneficiario. Propone, además, crear un bono o cheque de alivio para todas las Pymes por una cifra de un millón de pesos y llegará a todas las personas o Pymes que tengan alguna actividad, al menos un trabajador contratado y ventas inferiores a las 25 mil UF anuales. Adicionalmente, estas mismas personas y Pymes recibirán un segundo Bono, que se suma al anterior, equivalente a 3 meses de IVA, con un tope de dos millones de pesos.
Aunque sectores de la oposición han considerado esta proposición como digna de ser debatida, la presidenta del Congreso ha sostenido que es insuficiente (pues no recoge las propuestas de que la renta sea un 30% superior al ingreso de la línea de la pobreza, de manera de dar cuenta de los daños acumulados). El Frente Amplio por su parte, considera que la ayuda debe ser un 70% superior a la línea de la pobreza. Una segunda diferencia sigue siendo el universo de beneficiarios y los requisitos para acceder a ellos. El Gobierno insiste en el RSH y en la posibilidad que sectores del decil más rico que hayan visto deteriorados sus ingresos puedan mediante una declaración jurada actualizar sus datos y así acceder al beneficio. Esto es considerado como “letra chica”. En relación con el apoyo a las PYMES y la estrategia sanitaria la presidenta del Senado ha considerado insuficiente la propuesta del gobierno, pues:
“Dejamos constancia ante el país que creemos que los proyectos del Gobierno no son suficientes para dar cuenta del complejo momento que vivimos. No resuelven los problemas de las familias. No resuelven el problema de la mayoría de las pymes. No mejoran la estrategia sanitaria. No abordan de manera clara fórmulas de financiamiento de corto mediano y largo plazo para los esfuerzos de reconstrucción económica y social post pandemia que deberemos desarrollar”
Cabe señalar que las diferencias se han acortado. La toma de decisiones se dificulta por la falta de liderazgo presidencial que no termina de dar cuenta de la gravedad de los problemas, lo que parece estar incidiendo en negarse a dar el brazo a torcer y terminar con un debate crecientemente inconducente. Esta posición no ha sido expresada solo por la oposición. Fueron numerosos los parlamentarios de la coalición de gobierno que criticaron la cuenta pública presidencial por no cerrar el tema acercándose a la propuesta de la oposición. Reiterar la insuficiencia de recursos en circunstancias que los del fisco están subiendo sustancialmente como efecto del mayor precio del cobre y la más rápida recuperación que está mostrando la economía nacional además de que el país dispone de amplia capacidad de endeudamiento y las tasas de interés vigente siguen todavía bastante baja, solo recuerda los intentos de suicidio del personaje principal de “El día de la marmota” en circunstancias que sería hora y oportuno que el Gobierno reexamine a fondo sus políticas, le tome la temperatura a la situación social y reordene sus prioridades.
