Eugenio Rivera Urrutia
Fundación Chile 21
El carácter demagógico de la campaña electoral que llevó a la victoria al actual presidente de la República tuvo como resultado una explosión de expectativas. En el campo de la política económica se indujo a la ciudadanía a pensar que se crecería tres veces más rápido que durante el gobierno anterior. En la realidad la economía está creciendo en promedio un 2,2% en lo que va del año.
El carácter demagógico de la campaña electoral que llevó a la victoria al actual presidente de la República tuvo como resultado una explosión de expectativas.
Algo similar ocurrió con las promesas al mundo empresarial de que se rebajarían los impuestos a las grandes empresas de 27% a 25%; se mantendría sin cambios el sistema de AFPs y se reintegraría el sistema tributario, entre otras ofertas. La realidad sin embargo ha resultado distinta. La oposición, pese a su debilidad, ha hecho valer su mayoría en el esfuerzo por detener reformas tendientes a beneficiar al mundo empresarial (reducción de la capacidad de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos al debilitar la norma general antielusión; avance en la flexibilización laboral incluido la precarización de la organización sindical entre otras) así como los proyectos tendientes a retrotraer los avances logrados en el gobierno anterior (por ejemplo, la desintegración tributaria parcial).
Lo señalado ha generado una serie de desencuentros entre la cúpula empresarial y el gobierno, que han llevado a esta última a asumir un rol político bastante inédito en mucho tiempo. Al mismo tiempo, el mundo empresarial deja en evidencia su desconexión con la ciudadanía y una falta de comprensión de que en democracia en la formulación de la política pública inciden no solo sus opiniones sino también la del resto de los ciudadanos.
Lo señalado ha generado una serie de desencuentros entre la cúpula empresarial y el gobierno, que han llevado a esta última a asumir un rol político bastante inédito en mucho tiempo.
Empresarios versus gobierno.
Las diferencias entre el gobierno y los empresarios se hicieron notar desde el inicio de la Administración. El primer golpe a las expectativas optimistas de los empresarios fue el desestimiento unilateral del Gobierno de bajar la tasa del impuesto de las empresas de 27 a 25%. Ello no sólo afectó las expectativas empresariales sino que, además, dejó en evidencia la baja capacidad de gestión política del Gobierno. Lo lógico habría sido que el Gobierno utilizara esta medida para negociar la aceptación por parte de la oposición de la reintegración tributaria. En una reciente entrevista con El Mercurio, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio Alfonso Swett arguyó que habían aceptado esta decisión pues entendían las restricciones fiscales.
Tampoco gustó al empresariado la idea de crear un ente público para administrar el aporte patronal de 4% al financiamiento de las pensiones. El mismo Swett, señaló que ellos lo aceptaron sólo por las restricciones políticas a que está expuesto el Gobierno al existir mayoría opositora en el Congreso. Lo que resulta inaceptable para el dirigente empresarial es que luego que Piñera dijera que había sido elegido para hacer cumplir las leyes y defender la Constitución (en particular a lo relativo a la presunta violación de la iniciativa presidencial en la materia porque la medida tendría efectos sobre el gasto público), levantó como alternativa a la propuesta de reducir la jornada laboral a 40 horas, un proyecto que la ajustaría a 41 horas.
Tampoco gustó al empresariado la idea de crear un ente público para administrar el aporte patronal de 4% al financiamiento de las pensiones. El mismo Swett, señaló que ellos lo aceptaron sólo por las restricciones políticas a que está expuesto el Gobierno al existir mayoría opositora en el Congreso.
Las diferencias entre los empresarios y el Gobierno no radican en los temas de fondo sino en la estrategia para avanzar hacia los objetivos comunes. El Ejecutivo sabe que (aunque es evidente que existen grandes diferencias en la Administración y en la coalición de Chile Vamos) sin acuerdos con la oposición no será posible avanzar en las reformas que necesita el país. El problema es sin embargo la baja capacidad de gestión política de Piñera y el centro del Gobierno.
Las diferencias entre los empresarios y el Gobierno no radican en los temas de fondo sino en la estrategia para avanzar hacia los objetivos comunes.
Los empresarios contra la ciudadanía.
A diferencia de Alfonso Swett, Bernardo Larraín presidente de la SOFOFA ha reclamado permanentemente que el gobierno haya incumplido la promesa reducir el impuesto corporativo de 27 a 25% pues a su juicio no toma en cuenta que se trata de un impuesto que afecta directamente la inversión (Ver por ejemplo http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=525436). Mientras Swett concentra su crítica en la reducción de la jornada laboral, Larraín y la SOFOFA reclaman que estaría en marcha un fuerte deterioro del proceso político en cuanto a la insuficiencia del análisis técnico, ausencia de opinión de expertos y agentes regulados y relativización de los preceptos constitucionales y legales que debieran guiar el proceso legislativo (en términos de admisibilidad y urgencias, por ejemplo). Comparte Bernardo Larraín la visión de Swett respecto de la débil capacidad de gestión del Gobierno, pero su preocupación de fondo es la puesta en cuestión del orden heredado que comenzó en el gobierno anterior y hoy tiene lugar en múltiples ámbitos.
Comparte Bernardo Larraín la visión de Swett respecto de la débil capacidad de gestión del Gobierno, pero su preocupación de fondo es la puesta en cuestión del orden heredado que comenzó en el gobierno anterior y hoy tiene lugar en múltiples ámbitos.
En efecto, junto al presunto debilitamiento institucional del país, la SOFOFA denuncia el avance de iniciativas legislativas en áreas fundamentales de la economía, las que, si bien pueden ser positivos en sus fines, por los instrumentos escogidos ponen en riesgo la posibilidad de elevar la capacidad de crecimiento de la economía. En el campo laboral destacan los proyectos que reducen la jornada laboral a 40 horas semanales; el que modifica la regulación de la subcontratación de labores inherentes al giro principal de una empresa; los que cambian el Código del Trabajo en materia de polifuncionalidad de los trabajadores; que extiende el fuero laboral de la madre trabajadora, y equipara los derechos de la madre y del padre en materia de permiso posnatal o de fuero laboral. Aunque las observaciones se realizan respecto de cada uno de los proyectos, las críticas principales son las mismas: falta de respeto a las normas constitucionales o legales, reducción de las facultades de los empleadores en la gestión de sus empresas y encarecimiento de los costos laborales.
Aunque las observaciones se realizan respecto de cada uno de los proyectos, las críticas principales son las mismas: falta de respeto a las normas constitucionales o legales, reducción de las facultades de los empleadores en la gestión de sus empresas y encarecimiento de los costos laborales.
En lo referido a la reforma previsional, la SOFOFA critica la creación del Consejo Público Autónomo pues se correría el riesgo que se utilicen “los fondos de pensiones para financiar proyectos o actividades del Estado adoptando criterios políticos en las decisiones de inversión” ( Documento de la SOFOFA del 2 de octubre 2019 sobre riesgos al crecimiento en la agenda legislativa).
En particular la SOFOFA critica la iniciativa de protección de glaciares; el que genera normas para asegurar la conservación de humedales, y regula su manejo y afectación
La tercera área de proyectos tiene que ver con iniciativas tendientes a proteger el medioambiente. En particular la SOFOFA critica la iniciativa de protección de glaciares; el que genera normas para asegurar la conservación de humedales, y regula su manejo y afectación; normas sobre protección de humedales urbanos; el proyecto que establece la exigencia de participación de la comunidad y su adecuación a los planes, programas de desarrollo regional y local en proyectos sometidos a evaluación ambiental; el que establece restricciones a tramitación proyectos en zonas saturadas; el que introduce una regulación del plástico; el que persigue la nulidad de ley de pesca; el que aborda las licencias transables de pesca; el proyecto que declara de interés nacional del litio; la ley de fármacos II; la nulidad royalty minero; la reforma de Código de Aguas; el proyecto que incorpora como causal de caducidad de concesión sanitaria poner en peligro la vida humana o la salud de las personas; uso de agua de mar para desalinización; modificación Carta Fundamental para destinar un porcentaje mínimo del impuesto a pagar por las empresas que indica, al presupuesto de la región en que realicen sus actividades; el que impone al Estado el deber de garantizar a todas las personas el derecho de acceso al agua potable para consagrar la reducción y; el que aborda la reutilización y el reciclaje de desechos como principios orientadores del deber estatal de velar por la protección ambiental. En este ámbito las críticas principales son que estas iniciativas limitan o arriesgan el desarrollo de actividades productivas, ponen en cuestión la institucionalidad ambiental y el sentido del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) al entregar facultades a las municipalidades y fortalecer la participación ciudadana y desconoce el derecho de propiedad todo lo cual redunda en un aumento de la incertidumbre a que están sujetos los proyectos de inversión.
Una evaluación general de la discusión permite concluir que el empresariado encuentra dificultades para responder positivamente a las demandas ciudadanas por mejores condiciones de trabajo y de vida de las personas. Del mismo modo se resiste a aceptar que las amenazas que se ciernen sobre el medio ambiente son dramáticas y requieren respuestas acordes y urgentes.
No es posible en el marco de esta columna entrar en un análisis detallado de los proyectos y de las objeciones que realiza la SOFOFA. Una evaluación general de la discusión permite concluir que el empresariado encuentra dificultades para responder positivamente a las demandas ciudadanas por mejores condiciones de trabajo y de vida de las personas. Del mismo modo se resiste a aceptar que las amenazas que se ciernen sobre el medio ambiente son dramáticas y requieren respuestas acordes y urgentes.
Todo lo señalado tiene que ver con las dificultades que encuentran las cúpulas empresariales para aceptar que en democracia no valen solo sus opiniones, que existen diversas miradas y que los antecedentes científicos y técnicos no son sólo patrimonio de sus visiones. Del mismo modo, el análisis de las organizaciones empresariales deja en evidencia su excesiva dependencia de un modelo económico o estilo de crecimiento donde el cobre sigue teniendo una relevancia excesiva en las exportaciones, en que se invierte poco en ciencia y tecnología y que en consecuencia parte importante de sus ventajas radican en una fuerza de trabajo barata y en una estructura tributaria generosa que no promueve la inversión en actividades más intensivas en conocimiento.
Es cierto que los empresarios tienen derecho a sostener las opiniones que estimen convenientes; el problema es que nuestro estilo de crecimiento está agotado y como se ha señalado reiteradamente cuando se habla de la COP 25, el planeta no da para más.
Es cierto que los empresarios tienen derecho a sostener las opiniones que estimen convenientes; el problema es que nuestro estilo de crecimiento está agotado y como se ha señalado reiteradamente cuando se habla de la COP 25, el planeta no da para más.
