Es propio de los procesos políticos que luego de la elección de un nuevo presidente se prolongue el debate (y la disputa) sobre su agenda a partir de los compromisos de campaña. En Chile se agrega una fuerte presión mediática, dado el amplio control de los medios televisivos y escritos por grandes grupos económicos interesados en determinar esa agenda, especialmente en materia institucional, tributaria y laboral.
Hay quienes desde una respetabilidad académica incursionan en política para defender sus puntos de vista, lo que es legítimo. Pero algunos son bastante audaces, al declarar, por ejemplo, que “Boric habló de priorizar y eso significa que habrá proyectos importantes que no se van a poder realizar«. Priorizar es que unas cosas se realicen primero que otras, o con más intensidad y extensión que otras, lo que es de la esencia de la actividad de gobernar. Pero priorizar es una cosa, y eso lo hacen los presidentes y sus coaliciones con los datos de la realidad, y descartar es otra cosa bien diferente.
Se postula, además, que los no nombrados «proyectos importantes» deben quedar como tarea para un gobierno posterior. El problema es que no tiene mucha lógica hablar de cosas que harán o no otros gobernantes en el futuro. Parece bastante obvio que todo compromiso democrático debe ser por el período gubernamental de que se trate y que lo demás es materia de la ignota evolución futura. De ella nadie se puede hacer cargo por anticipado, lo que no obsta que sea recomendable que las acciones de corto plazo se realicen considerando sus impactos positivos y negativos en el mediano y largo plazo.
El fondo del asunto parece ser otro: hay quienes, incluso algunos que votaron contra la ultraderecha por convicción democrática, tienen su propia agenda y se apoyan en la siempre existente restricción fiscal o la ausencia de aprobación del gran empresariado -a la que algunos tienen pánico escénico- para recomendar no hacer transformaciones significativas. Postulan que no se debe cambiar nada importante en la regulación de los mercados, en los sistemas de provisión de bienes públicos y en la creación de incentivos a la diversificación productiva. Creen (se trata de una suerte de fe metafísica) en las soluciones de mercado y privadas a los problemas públicos y se apoyan en una teoría también metafísica de los «incentivos-que-deben-estar-puestos-de-manera-correcta» que ignora los comportamientos reales de individuos, instituciones y colectivos y no prestan demasiada atención a los resultados. Y suelen ser indiferentes a la idea que las personas tienen derechos y que garantizarlos tiene costos que se deben asumir, con el debido financiamiento. Por eso Boric propone una reforma tributaria significativa, la que es tanto una expresión de prudencia fiscal (al buscar evitar consagrar gastos permanentes sin los respectivos ingresos permanentes), como de vocación por una mayor justicia en los aportes a las tareas comunes y por hacer efectivos los derechos nominales de las personas.
A quienes leer cosas que no vengan de la tradición neoclásica les provoca escozor, se les puede sugerir la lectura de «La Economía del Bien Común», del premio Nobel Jean Tirole, que viene de esa tradición pero sin dogmatismos, en especial sobre los incentivos y los fines sociales de la economía: “ya sea que seamos políticos, empresarios, asalariados, cesantes, trabajadores independientes, altos funcionarios, agricultores, investigadores, sea cual sea el lugar que ocupemos en la sociedad, todos reaccionamos a los incentivos a los que nos enfrentamos. Estos incentivos —materiales o sociales—, unidos a nuestras preferencias, definen nuestro comportamiento. Un comportamiento que puede ir en contra del interés colectivo. Esa es la razón por la que la búsqueda del bien común pasa en gran medida por la creación de instituciones cuyo objetivo sea conciliar en la medida de lo posible el interés individual y el interés general. En este sentido, la economía de mercado no es en absoluto una finalidad. Es, como mucho, un instrumento, y un instrumento muy imperfecto, si se tiene en cuenta la discrepancia que puede haber entre el interés privado de los individuos, los grupos sociales o las naciones y el interés general”.
Pero no falta la gente con certezas inconmovibles en contra de la modificación del Estado mínimo y mercado máximo que está en la agenda de promoción del bien común del próximo presidente. Suele sentirse llamada a esparcir la buena nueva del pensamiento correcto. Lo que cabe es admitir que en economía y en política hay distintos intereses y puntos de vista, por lo que la deliberación sobre las ventajas y desventajas y sobre los eventuales efectos no buscados pero adversos de cada propuesta en base a evidencias, debiera ser el signo distintivo de los debates, en vez de insistir en que la palabra final deben ser los dogmas controvertidos de la economía convencional.
Hay quienes sostienen, en particular, que los compromisos de Boric provocarán una parálisis de la inversión. Se refieren al eventual efecto sumado de un nuevo régimen previsional mixto, la negociación colectiva por rama, la jornada laboral de 40 horas, aumentar el salario mínimo, establecer una regalía minera y mayores impuestos a las ganancias de capital y a los altos patrimonios. Propugnan que ninguna de estas cosas se haga o a lo más se realicen modificaciones marginales.
Lo que en macroeconomía se denomina «función de inversión» es siempre objeto de controversias. Pero se puede sostener que la inversión pública depende de decisiones gubernamentales según las disponibilidades presupuestarias y que la inversión privada depende de la rentabilidad esperada de los proyectos en horizontes temporales dados (considerando costos, ingresos y una determinada tasa de descuento) y en previsiones razonadas de la demanda futura de los bienes y servicios adicionales a ofrecer porque les resulta beneficioso hacerlo.
Precisemos que el último dato sobre inversión (FBCF) indica un crecimiento anual en el tercer trimestre de 2021 de 29,8% y un crecimiento desestacionalizado respecto al trimestre previo de 12,0%. Los datos de inversión extranjera en 2021 son también muy dinámicos. Se comprenderá que los agentes económicos no son ingenuos y han hecho sus cálculos en materia de costos laborales y tratamiento tributario futuro incluyendo los cambios enunciados por el programa de Gabriel Boric. Seguramente han evaluado que en el entorno de Boric nadie está proponiendo ahogar la inversión, sino estimularla, incluyendo un fuerte programa de inversiones verdes y en infraestructura desde el sector público, en un contexto de captación pública de la renta sobrenormal (especialmente minera, para aprovechar para Chile y su futuro el ciclo alcista del cobre), de mayores equilibrios sociales y de estímulo de diversificaciones productivas sostenibles. La mayoría de esos actores entiende, aunque eventualmente no los comparta, que esos cambios son urgentes en la sociedad chilena y que no tienen por objeto establecer un régimen chavista o algo semejante. Y también entienden que los que no inviertan por razones políticas serán desplazados, en las condiciones del mundo de hoy, por otros actores.
Por otro lado, efectivamente hay quienes piensan que los problemas públicos deben tener soluciones públicas de acuerdo a mandatos democráticos periódicos, con transparencia e inclusión activa de la sociedad civil, además de los órganos del Estado, cuando sea pertinente (lo que es casi siempre el caso). Pero distinguiendo, no obstante, la inclusión de la mera promoción de intereses corporativos que chocan con el interés general. Esta es la lógica de un Estado social y democrático de derechos, que da lugar a una economía mixta, cuyos principios probablemente consagrará en lo principal la nueva Constitución (ver https://gonzalomartner.blogspot.com/…/la-discusion…). Su fin es promover una prosperidad común y sostenible, lo que requiere salir de la preferencia por las soluciones privadas a los problemas públicos y sus AFP, Isapres, educación de mercado, ausencia de derechos laborales y una larga lista de instituciones y políticas económicas cuyo funcionamiento agobia por décadas a la mayoría social. Esta ha expresado en 2020 y 2021, en la calle y en las urnas, una voluntad de producir cambios y elegido autoridades para llevarlas a cabo. Su tarea debe ser respetada.
