Frente a la presión social, el gobierno propuso un incremento de la pensión básica de bajo monto y la eliminación de algunas exenciones tributarias insuficientes frente al déficit fiscal de 2021. La reforma tributaria sigue pendiente.
El gobierno de Sebastián Piñera ha propuesto incrementar la pensión para personas mayores de 65 años que no tienen acceso a un sistema previsional y que están entre el 80% de menores ingresos. Su monto mensual aumentará de 164 a 179 mil pesos (ya aplicable a los más de 75 años), la línea oficial de pobreza, junto a extender el aporte complementario fiscal aplicable a pensiones basadas en cotizaciones previas hasta 520 mil pesos. En el proyecto de ley que acaba de enviar al parlamento propone eliminar parcialmente algunas exenciones como parte del financiamiento del aumento del aporte fiscal a las pensiones.
Esto incluye como componente más importante el inicio del fin de las exenciones de pagos de IVA en la construcción de viviendas de más de 2.000 UF y del impuesto territorial a partir de la tercera vivienda DFL-2, así como aplicar impuestos a los servicios como los de consultorías y otros. También incluye un muy bajo pago de 5% a las ganancias de capital. Entre estas normas de excepción se cuenta la exención del cobro de impuesto a la renta para las ganancias de capital en la enajenación de acciones y cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos con presencia bursátil. Solo que esto rendiría la suma de 56 millones de dólares, frente a un potencial de recaudación al menos 7 veces mayor si se eliminara la exención. Esta exención suma al menos unos 350 millones de dólares anuales de menores ingresos fiscales, según el SII, aunque es posiblemente mayor según los estimadores que se utilicen.
La posesión de acciones genera ingresos personales por los dividendos que distribuyen las empresas al obtener utilidades y por la ganancia de capital al venderlas. No existe ninguna razón válida para que ingresos personales provenientes de la posesión o de transacciones de capital bursátil no tributen bajo el régimen general de ingresos (impuesto global complementario). Lo mismo se puede señalar respecto al impuesto a las herencias, que debiera asimilarse al impuesto global complementario o permitir parte de su pago mediante transferencia de acciones al fisco, en vez de eliminar solamente la exención a los seguros de vida. Lo que correspondería por aplicación del principio de justicia tributaria y de progresividad es que todos los ingresos paguen los mismos impuestos según el tramo que corresponda (a más altos ingresos, mayores tasas).
Algunas exenciones se justifican por su efecto social o de difusión de impactos en la economía. Son pocas, como las del IVA a servicios sociales, del impuesto a la renta destinada al ahorro previsional o las que estimulan la capacitación, el gasto en investigación y desarrollo en las empresas o el uso de tecnologías no contaminantes. La mayoría, en cambio, no se justifica, pues favorece intereses particulares en detrimento del interés general. Según el Servicio de Impuestos Internos, las exenciones tributarias, es decir las excepciones a las reglas de general aplicación, sumaron en 2020 unos 9 mil millones de dólares, cerca de un 3% del PIB. Recordemos que el programa de Gabriel Boric plantea una reforma tributaria del orden de 8% del PIB (como en su momento el programa de Daniel Jadue) y el de Yasna Provoste una de 5% del PIB (y en su momento el de Paula Narváez una de 5-6% del PIB).
Y recordemos que los tributos en Chile representaban el 21% del PIB en 2019, a comparar con un 34% promedio en la OCDE, un 46% en Dinamarca y un 45% en Francia. Este tema es entonces parte necesaria -junto a la reducción de la evasión, la desintegración del impuesto a la renta personal y a las utilidades de las empresas, el impuesto a los súper ricos y la regalía minera – del debate para financiar las reformas redistributivas y de reconversión productiva sostenible que el país necesita con urgencia y que se van a dirimir en la próxima elección presidencial y parlamentaria.
La justificación que se alude con frecuencia es que no hacer tributar los ingresos del capital o hacerlo con tasas preferentes respecto a los ingresos del trabajo supuestamente incentivaría la inversión privada. Esa afirmación es discutible y en todo caso se efectúa al precio de hacer recaer el financiamiento de las cargas públicas en los ingresos del trabajo o en las compras de consumo de los hogares y personas, incluyendo las más modestas. Es el ambiente general de funcionamiento de la economía el que determina la expansión de la inversión privada antes que la exención del impuesto personal a las personas que invierten, aunque esto no suene bien a los oídos de los economistas neoliberales y de los intereses que defienden.
