Por Eugenio Rivera
Fundación Chile 21
La elección del 12 de marzo de Juan Sutil como presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) representa un giro de proporciones en la conducción de la principal organización empresarial del país.
El hasta la fecha indicada presidente de la entidad Alfonso Swett llegó a la presidencia de la institución en el marco de una iniciativa de empresarios de una nueva generación que veían como indispensable un cambio sustantivo respecto de lo que había sido la política de esta institución. Marcados por las amplias movilizaciones sociales en marcha desde 2006, en especial las desarrolladas en el marco de “Patagonia sin represas”, las estudiantiles y regionales de los años 2011 y 2012 y luego por el amplio apoyo ciudadano que recibió la propuesta reformista de Michelle Bachelet para la elección presidencial del 2013 – 2014 sostenían la necesidad de una fuerte renovación. Aunque se manifestaron a favor de reducir el impuesto a las grandes empresas desde 27 a 25%, entre sus principales preocupaciones destacaba el fortalecimiento de la integridad empresarial y la activa participación del empresariado en materia de políticas públicas. Relevaba que “la sociedad quiere mejores empleos, mejores salarios, bienestar individual, responsabilidad social y ambiental, todas demandas válidas y que nos plantean grandes desafíos”. Sostenía que había que avanzar en la cultura de la integridad en las empresas. “Eso no consiste en cumplir con la ley; la integridad es construir sociedad, eso es lo que la ciudadanía nos está demandando”. Respecto de la crisis abierta el 18.0 sostenía que era una consecuencia de los problemas del CAE, de empleabilidad de los egresados de carreras universitarias que terminaban manejando un Uber. Sostenía también que los problemas se veían separados y no se sumaban las dificultades en materia de pensiones, transporte y salario mínimo. Muy recordada es su frase de que los empresarios se tienen que meter la mano al bolsillo hasta que duela. No obstante, se manifestó por el rechazo a una nueva Constitución.
Relevaba que “la sociedad quiere mejores empleos, mejores salarios, bienestar individual, responsabilidad social y ambiental, todas demandas válidas y que nos plantean grandes desafíos”.
Otras son las preocupaciones de Juan Sutil, el nuevo presidente de la CPC. Poco después del 18.O quitó el auspicio (un programa pagado sobre el mundo agrícola) a CNN Chile, por su cobertura “parcial” de las manifestaciones. Llaman la atención afirmaciones genéricas en particular en alguien que está asumiendo un cargo eminentemente político como en la que sostiene que “tenemos que ser más anglosajones que hispanos. La cultura anglosajona está mucho más marcada en el ambiente de las matemáticas, la ingeniería. Aquí estamos con la literatura, la filosofía. Los países no crecen con literatura y filosofía. Mientras eso no ocurra, y no haya más disciplina, es más difícil avanzar” También ocurrió cuando consultado por su preferencia para el plebiscito señaló que votaría por el Rechazo “porque tiene que haber un equilibrio en las posiciones para poder sentarte en la mesa a conversar como construir el futuro” (¿qué mejor relación de poder que la que surge de un proceso democrático?) y que si viviera en un país anglosajón votaría por el Apruebo (¿?).
consultado por su preferencia para el plebiscito señaló que votaría por el Rechazo “porque tiene que haber un equilibrio en las posiciones para poder sentarte en la mesa a conversar como construir el futuro” (¿qué mejor relación de poder que la que surge de un proceso democrático?) y que si viviera en un país anglosajón votaría por el Apruebo (¿?).
Sutil se alinea con los sectores más duros de la derecha. No aparece en su discurso la necesidad de un pacto social que genere nuevas relaciones entre los grupos sociales y mejore la situación de los grupos medios y populares. Releva como el problema principal la violencia, no reconoce la ineptitud gubernamental en para asegurar el orden público de manera consistente con el respeto de los derechos humanos. Rechaza la posibilidad que el aporte patronal vaya completamente al fondo solidario y repite mitos como que el sistema de reparto ha fracasado en todo el mundo sin reconocer que buena parte de los países que establecieron el sistema de capitalización individual como columna vertebral del sistema de pensiones lo han abandonado.
Una notable marca del nuevo presidente de la CPC es la defensa irrestricta de los principios que orienta la constitución del 80:
Nosotros representamos a aquellos principios que permiten el desarrollo de la libre empresa, con una democracia robusta, una economía que permita hacerse cargo de la redistribución y el eje para mi es reglas claras.
Su preocupación es el derecho de propiedad; parece no haberse enterado que en los países desarrollados se busca un equilibrio entre aquel (sujeto siempre a una función social) y los derechos a la salud, a la educación y a un real sistema de seguridad social. Reconoce al menos que la Constitución sufre un problema grave de legitimidad, pero no entrega argumentos para sostener por qué una Nueva Constitución no ayudaría a resolver los problemas indicados. Es preocupante que el líder de máxima organización empresarial no considere argumentos reiterados cuestionando la mercantilización de los derechos sociales con su consecuencia de malas pensiones, una salud pública en que muchos se mueren en las listas de espera, salud privada carísima y una educación de mala calidad. En definitiva, un sistema en que cada uno recibe lo que puede pagar. El problema de la salud es para Sutil un problema de mal servicio por parte del Estado.
El problema de la salud es para Sutil un problema de mal servicio por parte del Estado.
En suma, el nuevo presidente de la CPC representa la decisión de defender con todos los recursos a su alcance la vigencia de la actual constitución. No se observa una disposición al diálogo con los otros grupos sociales para avanzar hacia una Constitución que establezca reglas del juego más equitativas.
el nuevo presidente de la CPC representa la decisión de defender con todos los recursos a su alcance la vigencia de la actual constitución.
