En estos días ha aparecido con ribetes de escándalo una realidad cotidiana del mercado de capitales: la existencia de conflictos de interés, en un mecanismo en el que los ahorros obligatorios de los trabajadores se invierten, a través de las AFP, en negocios “triangulados” con dueños de AFP, gestores financieros y dueños de patrimonios bursátiles abultados, todos con participaciones cruzadas. Entre ellos se cuenta el actual presidente de la República, que tiene una amplia fortuna financiera supuestamente gestionada sin su intervención, lo que es materia de duda razonable. Recordemos que en 2007 pagó una multa por hacer algo que está altamente penalizado en los países con capitalismo regulado (allí le hubiera significado prisión): utilizar información privilegiada como miembro de un directorio para realizar operaciones bursátiles a costa de los demás participantes del mercado de capitales. Aunque la Superintendencia de Pensiones, jerárquicamente subordinada al presidente, ha declarado que la operación ahora denunciada de uso de fondos administrados por una AFP para triangularlos y canalizarlos a dueños de la misma no excede los límites legales, debe investigarse por el parlamento y clarificar si existe o no un interés financiero de Piñera y de qué magnitud.
los ahorros obligatorios de los trabajadores se invierten, a través de las AFP, en negocios “triangulados” con dueños de AFP, gestores financieros y dueños de patrimonios bursátiles abultados, todos con participaciones cruzadas.
Pero el debate es más amplio. A estas alturas ya no es solo sobre como regular mejor el sistema de AFP, también de cómo sacarlo de la previsión social obligatoria. El amplio apoyo que ha tenido el retiro de fondos desde las AFP -que para millones de personas significa quedarse sin pensión autofinanciada- se basa en la percepción de que el objetivo del sistema no es proveer adecuadas jubilaciones (midiendo lo adecuado como la tasa de reemplazo de los salarios de los últimos años en la vida activa por la pensión al momento de jubilarse) sino favorecer intereses empresariales. Esa percepción está lejos de ser equivocada. En efecto, los ahorros de los trabajadores son utilizados para fines de acumulación privada de capital con financiamiento barato y continuo, mientras las utilidades de las administradoras son más que excesivas (lo que ha atraído capitales extranjeros a su propiedad). Esto es consecuencia de que las comisiones de administración se cobran por flujo y no por monto acumulado, lo que no tiene justificación económica, y por falta de competencia. Mientras, a una persona con lagunas previsionales en la mitad de su vida activa (es el caso de la mayoría) las AFP le garantizan una pensión con una tasa de reemplazo de no más de 25%. Y bajando, por el menor rendimiento de largo plazo de las inversiones. Esto se agrava para las mujeres por construcción del propio sistema, pues pueden jubilar cinco años antes y tienen una esperanza de vida cuatro años superior a la de los hombres, con tablas de mortalidad para calcular rentas vitalicias diferenciadas por sexo (en Europa cualquier cálculo actuarial que involucre la esperanza de vida debe perentoriamente hacerse sin esa diferenciación). El resultado es que las pensiones de las mujeres son incréiblemente bajas.
los ahorros de los trabajadores son utilizados para fines de acumulación privada de capital con financiamiento barato y continuo, mientras las utilidades de las administradoras son más que excesivas (lo que ha atraído capitales extranjeros a su propiedad).
¿Por qué esta configuración institucional proclive a la hiperconcentración del capital y a proveer bajas pensiones se ha mantenido por cuarenta años? Ocurre que las AFP nacieron en una dictadura y se han encargado de influir desde la transición en el sistema político para que el oligopolio que constituyen no sea regulado debidamente. Y lo han hecho de manera abierta y desembozada, nombrando a ex ministros y ex parlamentarios de la mayor parte del espectro político en sus directorios, los que no lo han rechazado, como debieran, además de tener el apoyo irrestricto de la derecha en representación directa de los intereses de la oligarquía financiera. Esto ha permitido impedir, entre otras cosas, cualquier debate sobre la representación de los afiliados en las decisiones, como resulta obvio en todo sistema de previsión social, más allá de un comité consultivo sin importancia.
¿Por qué esta configuración institucional proclive a la hiperconcentración del capital y a proveer bajas pensiones se ha mantenido por cuarenta años?
Pero ahora se han presentado otras ayudas para tratar de sostener el sistema de AFP. En la presentación reciente del Informe de Estabilidad Financiera, el presidente del Banco Central ha sostenido que «retirar fondos previsionales significa reducir el ahorro de los trabajadores (…). Una economía para crecer y no depender exclusivamente del financiamiento externo, tiene que tener ahorro doméstico». Para el Banco Central, el que una gran mayoría de personas no tenga ingresos suficientes para enfrentar la crisis del coronavirus -que el gobierno debiera haber provisto a través de un mayor gasto en seguro de desempleo e Ingreso Familiar de Emergencia- no merece mayor mención. Constata que los retiros desde un sistema de cuentas individuales reducen el ahorro, lo que es bastante obvio y, dicho sea de paso, es una excelente noticia macroeconómica en un momento de derrumbe de la demanda interna. Pero no se detiene en dar cuenta que el sistema de AFP se ha justificado con la ideología de la propiedad privada sobre los ahorros, lo que es equívoco porque solo la cotización es individual mientras el conjunto de variables que determinan la rentabilidad del ahorro está socialmente determinado. A ese título, las personas afectadas por la crisis percibieron que estaban en su derecho de presionar para utilizarlas en la emergencia. Y si bien es verdad que los retiros harán en el futuro todavía más bajas las pensiones de las AFP o inexistentes para muchos, se trata de un nuevo argumento para sacarlas del centro del sistema de pensiones, alternativa que el Banco Central no menciona. Seguramente considera que no le corresponde hacerlo, lo que es verdad. Pero en cambio, se dedica a defender el sistema de AFP, lo que tampoco le corresponde hacer.
Para el Banco Central, el que una gran mayoría de personas no tenga ingresos suficientes para enfrentar la crisis del coronavirus -que el gobierno debiera haber provisto a través de un mayor gasto en seguro de desempleo e Ingreso Familiar de Emergencia- no merece mayor mención.
Es altamente ideológico y parcial que el argumento de la necesidad de sostener un consistente flujo de ahorro doméstico prácticamente se reduzca, en el enfoque del Banco Central, al ahorro forzoso previsional de los asalariados en AFP. Ya en el parlamento el conjunto de la oposición sostiene que las cotizaciones adicionales de 6% del salario que se han pactado deben ir a lo menos en parte a un mecanismo de ahorro colectivo, lo que conceptualmente el Banco Central debiera saludar como un nuevo mecanismo de fortalecimiento del ahorro doméstico. Pero no lo hace, porque está imbuido de una ideología particular: la defensa de la capitalización individual. ¿Por qué el Banco Central no dice nada sobre el riesgo financiero sistémico, salvo algunas palabras de buena crianza en algún informe, que representa la insólita concentración del capital en Chile en pocos conglomerados, que esa capitalización individual dominada por las AFP ha favorecido?
Es altamente ideológico y parcial que el argumento de la necesidad de sostener un consistente flujo de ahorro doméstico prácticamente se reduzca, en el enfoque del Banco Central, al ahorro forzoso previsional de los asalariados en AFP.
El INE publicó recientemente un informe que revela que la mediana de los ingresos de los ocupados era de 401 mil pesos y el promedio de 621 mil pesos en 2019. La participación del ingreso del trabajo en el ingreso total se puede estimar en una cifra inferior al 40%, muy por debajo de los países más avanzados, cuyas cifras son del orden del 70%. ¿Esos son los únicos agentes económicos llamados a ahorrar internamente para que las empresas hiperconcentradas sigan obteniendo financiamiento barato para seguir acumulando capital, enriqueciendo a un puñado de oligarcas y sosteniendo un consumo de hiperlujo?
Convengamos que el ahorro doméstico también está constituido por el de los perceptores de ingresos de capital, del estímulo de la reinversión de utilidades y de ese otro ahorro forzoso que constituyen los impuestos. En efecto, un tercer componente del ahorro interno, además del que proviene potencialmente de los ingresos del trabajo y del capital, es el que constituye la diferencia entre los ingresos corrientes (impuestos) y los gastos corrientes del Estado, es decir el ahorro público. No hay ninguna razón para que en el futuro el Estado no incremente el ahorro público mediante una reforma tributaria progresiva centrada en los ingresos del capital y la reducción de gastos superfluos, en vez de seguir manteniendo un modelo económico que funciona en base a bajos salarios y a ahorros forzosos de esos bajos salarios.
El Banco Central parece no haber caído en la cuenta, que el modelo vigente de hiperconcentración del capital financiado por los ahorros de los trabajadores y por todo tipo de exenciones a los ingresos y ganancias de capital -asociado a lo que llaman crecimiento, sin preguntarse mayormente a quién beneficia ese crecimiento- se agotó socialmente. Pero además el suyo es una mal razonamiento en esta coyuntura. El Banco Central no entiende suficientemente que estos son tiempos de sostenimiento de la demanda agregada para evitar un colapso económico y del empleo. Solo una vez pasada la emergencia debe restablecerse una senda de incremento del ahorro, pero ahora al servicio de objetivos distintos de la concentración de capital en pocas manos y en particular a favor de un proceso de inversión que permita ampliar los bienes públicos y una transición rápida hacia la carbono neutralidad en Chile.
El Banco Central no entiende suficientemente que estos son tiempos de sostenimiento de la demanda agregada para evitar un colapso económico y del empleo.
