Eugenio Rivera Urrutia
Fundación Chile 21 y Foro de Desarrollo Justo y Sostenible
Existe un amplio consenso a nivel internacional en que para enfrentar la crisis económica generada por la pandemia y las medidas tomadas por los gobiernos para contener la expansión de la enfermedad, es necesario desarrollar programas públicos que sustituyan los ingresos perdidos por la población como efecto del aumento geométrico del desempleo. Es necesario además apoyar a las empresas para que sobrevivan el interregno entre la explosión de la pandemia y la recuperación de la economía.
En Chile el gobierno ha entregado declaraciones y anuncios de forma que denotan improvisación, que por ser poco conversados demoran su tramitación legislativa y con graves problemas de implementación. La tardanza sugiere ineptitud o una política intencionada de retrasar la aplicación de las medidas para limitar al máximo el incremento del gasto público. De tener éxito esta política el peso y el costo de la crisis seguirá cayendo desproporcionadamente sobre los sectores más pobres y las clases medias. Surge la pregunta ¿existe alternativa? La respuesta es rotunda ¡existe!
con graves problemas de implementación. La tardanza sugiere ineptitud o una política intencionada de retrasar la aplicación de las medidas para limitar al máximo el incremento del gasto público.
¿Cuáles son las principales medidas económicas del Gobierno?
A mediados de marzo, el gobierno anunció acuerdos con las empresas prestadoras de servicios de utilidad pública para dar facilidades en el pago de servicios al 40% de los grupos más pobres, inscritos en el Registro Social de Hogares. El 26 de marzo, se aprobó en el Congreso el Bono Covid 19, que entregaba $ 50 mil por carga a los beneficiarios de Subsidio Único Familiar. El Ejecutivo anunció que este bono se entregaría a partir del 26 de abril. Llama la atención la demora pues los beneficiarios son los receptores del bono marzo que se viene entregando cada año y por tanto no existe dificultad administrativa alguna, que explique este atraso. El 1 de abril se promulgó la Ley de protección al empleo por Covid – 19 que establece que si existe acto o declaración de la autoridad competente que establezca medidas sanitarias o de seguridad interior para el control de la enfermedad, que impliquen la paralización de actividades en todo o parte del territorio del país y que impida o prohíba totalmente la prestación de los servicios contratados, los trabajadores afiliados al seguro de desempleo tendrán derecho a prestaciones de ese Seguro que cubran en parte su remuneración. La ley permite a las empresas establecer, previa consulta con la organización sindical, una suspensión temporal del contrato de trabajo. Podrán acceder los trabajadores con contrato afiliados al seguro de cesantía que cumplan con las condiciones establecidas por la ley. Pueden tener contrato indefinido, a plazo fijo o por obra o faena. Permite el uso extraordinario de los recursos del Seguro de desempleo. Se suspende el contrato de trabajo de pleno derecho y por el solo ministerio de la ley.
El 16 de abril se aprobó el proyecto de Ley que amplía a US$ 3000 millones los recursos del FOGAPE. En general, el Fondo otorgará una garantía del 85% a las empresas con ventas anuales de hasta 25 mil UF; de 80% para firmas con ventas entre 25 mil y 100 mil UF; de 70% para aquellas que comprendan ventas entre 100 mil y 600 mil UF; y de 60% para el rango de ventas entre 600 mil y 1 millón de UF. Se aclaró que los bancos podrán entregar créditos por un monto correspondiente hasta a tres meses de venta (entre octubre 2018 y septiembre 2019).
Se aclaró que los bancos podrán entregar créditos por un monto correspondiente hasta a tres meses de venta (entre octubre 2018 y septiembre 2019).
Finalmente, en una cadena nacional el domingo 19 de abril y en una conferencia de prensa al día siguiente, el presidente de la República anunció, luego que los partidos de oposición, organismos sindicales, ONG y el Foro para un Desarrollo Justo y sostenible habían venido insistiendo sobre la necesidad de entregar una Renta Universal Ciudadana, un proyecto de Ley que crea el Ingreso Mínimo de Emergencia que apunta a beneficiar a 1 millón setecientas ochenta mil familias ( que favorecerían a 4 millones y medio de personas). Para una familia de 4 personas perteneciente al 40% de los hogares más vulnerables se le entregarán $ 260 mil por tres meses. El costo global del paquete se estima en US$ 600 millones de dólares.
Para una familia de 4 personas perteneciente al 40% de los hogares más vulnerables se le entregarán $ 260 mil por tres meses.
La evaluación de las medidas y las propuestas alternativas.
Llamó la atención, que el presidente del Banco Central (BC) Mario Marcel, en una videoconferencia para ASIMET, asumiera el 21 de abril la defensa no solo de la política monetaria aplicada por el BC, sino también de la política fiscal. Sostiene en primer lugar que las medidas económicas y sanitarias fueron tomadas más rápidamente por el gobierno y el BC chileno que en otros países (todo contado a partir del primer caso de contagio). Cabe señalar que si bien las respuestas en el país fueron ágiles, no es del todo ecuánime comparar rapidez de respuestas sin tomar en cuenta que el primer contagio en Chile fue cuando ya la pandemia llevaba tres meses en China y un mes y medio en Corea, Estados Unidos y la mayoría de los países de Europa. Como se observa en el cuadro número 1, Marcel compara también la magnitud del programa de rescate chileno en puntos del PIB con los programas instrumentados por los distintos países sosteniendo que “la magnitud de la respuesta de política fiscal y monetaria en Chile se aproxima más a las de los países avanzados que a economías emergentes”.
Llamó la atención, que el presidente del Banco Central (BC) Mario Marcel, en una videoconferencia para ASIMET, asumiera el 21 de abril la defensa no solo de la política monetaria aplicada por el BC, sino también de la política fiscal.
“la magnitud de la respuesta de política fiscal y monetaria en Chile se aproxima más a las de los países avanzados que a economías emergentes”.
Si se observa la columna del costo fiscal de los paquetes de rescate, queda en evidencia que el monto total programado en Chile es exactamente igual al de Gran Bretaña (4,9%) pero es sustancialmente menor al de España (17,9%), al de Canadá (41,3%) al de Alemania 28,5%, Francia 14,3%, Estados Unidos 10,3% y Corea del Sur 12,7%. No es fácil comparar estas cifras pues ellas se insertan en sistemas de protección social muy diferentes. No obstante, lo que sí es claro es que, debido a la cobertura relativamente baja del seguro de desempleo en Chile, la alta participación del empleo informal y el gran número de empresas pequeñas que no tienen acceso al crédito bancario, el componente fiscal debería ser mucho más relevante. Cabe señalar además que si bien el Fondo de Apoyo Social incluye US$ 2000 millones, el desembolso ha sido muy lento. Con el bono Covid – 19 y el ingreso mínimo de emergencia se habrían desembolsado al 31 de julio (si es que se empieza a desembolsar en mayo) solo US$ 736 millones.
Si se observa la columna del costo fiscal de los paquetes de rescate, queda en evidencia que el monto total programado en Chile es exactamente igual al de Gran Bretaña (4,9%) pero es sustancialmente menor al de España (17,9%), al de Canadá (41,3%) al de Alemania 28,5%, Francia 14,3%, Estados Unidos 10,3% y Corea del Sur 12,7%. No es fácil comparar estas cifras pues ellas se insertan en sistemas de protección social muy diferentes.
el componente fiscal debería ser mucho más relevante. Cabe señalar además que si bien el Fondo de Apoyo Social incluye US$ 2000 millones, el desembolso ha sido muy lento. Con el bono Covid – 19 y el ingreso mínimo de emergencia se habrían desembolsado al 31 de julio (si es que se empieza a desembolsar en mayo) solo US$ 736 millones.
Fuente: Banco Central
Existe consenso entre amplios sectores políticos y sociales que los programas impulsados por el gobierno son insuficientes para hacer frente a la pérdida de ingresos que han sufrido amplios sectores de la población. Baste señalar que, según cifras entregadas por la ministra del Trabajo, la Cesantía llegaría a 17%. Del mismo modo son miles las empresas que se han acogido a la Ley de Protección del Empleo y son otras muchas las que encuentran dificultades para acceder a ese beneficio o al que instrumenta el FOGAPE.
Por ello el Foro de Desarrollo Justo y Sostenible ha dado a conocer propuestas para enfrentar la situación de las personas más pobres y la de las MIPYMES.
Por ello el Foro de Desarrollo Justo y Sostenible ha dado a conocer propuestas para enfrentar la situación de las personas más pobres y la de las MIPYMES. Respecto de los primeros se propone otorgar un ingreso a todas las familias cuyos ingresos provengan de trabajos informales (sin contrato de trabajo) o con contrato de trabajador/a en casa particular. El aporte sería proporcional al número de miembros del hogar con un promedio de $126.000 por cada miembro. El monto del ingreso familiar que se otorgue debe considerar el número de adultos equivalentes según se calcula la línea de pobreza. Dado que la familia promedio en Chile tiene 3.1 miembros, el ingreso promedio que estas recibirían sería de $400.000 al mes. Manteniendo el criterio de llegar a 1.780.000 hogares, su costo mensual sería de U$ 830 millones aproximadamente. Este ingreso debe mantenerse durante el período que dure la emergencia sanitaria y las familias se vean impedidas de contar con ingreso laboral.
El aporte sería proporcional al número de miembros del hogar con un promedio de $126.000 por cada miembro.
$400.000 al mes. Manteniendo el criterio de llegar a 1.780.000 hogares, su costo mensual sería de U$ 830 millones aproximadamente. Este ingreso debe mantenerse durante el período que dure la emergencia sanitaria y las familias se vean impedidas de contar con ingreso laboral.
Respecto de las MIPYMES se propone la entrega de un subsidio mensual que cubra los costos fijos no salariales de las MIPYMES sin acceso a crédito y que enfrentan graves problemas de liquidez. El subsidio se entregará a través de su cuenta RUT para quienes se inscriban vía teléfonos celulares en un registro de postulantes, administrado por SERCOTEC. La postulación deberá solicitar la información básica para confirmar las condiciones necesarias para acceder al subsidio y su entrega, en los casos que corresponda, se debe materializar en los 15 días siguientes a presentada la solicitud. El subsidio tendría inicialmente una duración de 4 meses.
Respecto de las MIPYMES se propone la entrega de un subsidio mensual que cubra los costos fijos no salariales de las MIPYMES sin acceso a crédito y que enfrentan graves problemas de liquidez.
Algunos sostienen que el país enfrenta el dilema entre un aumento de los fallecidos por la pandemia y los efectos del aumento de la pobreza por las medidas de contención. Lo cierto es, que como hemos indicado más arriba, el dilema real es entre una política que prioriza la contención del gasto público y que tiene como efecto que el costo de la crisis caiga sobre los más pobres y que muchas medianas, pequeñas y microempresas no logren sobrevivir este período, todo ello con consecuencias negativas para la reanimación de la economía y una política alternativa que prioriza el bienestar de la población y el apoyo a las empresas. Esta política implica costos al erario fiscal que tienden a asemejarse a lo que los países desarrollados están asumiendo. Se trata de propuestas viables y fiscalmente responsables y posibles de financiar, pues Chile cuenta con Fondos Soberanos importantes y tiene un nivel de endeudamiento público en torno al 30% del PIB, muy por debajo del que enfrentan la mayoría de los países desarrollados.
viables y fiscalmente responsables y posibles de financiar, pues Chile cuenta con Fondos Soberanos importantes y tiene un nivel de endeudamiento público en torno al 30% del PIB, muy por debajo del que enfrentan la mayoría de los países desarrollados.
