Por Ricardo Ffrench- Davis M.
Académico del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2005.
Las necesidades de crecientes recursos son
notables, y es ingenuo creer que ellos se lograran sin un PIB que crezca más
rápidamente. Pero tan ingenuo es también creer que, en democracia, es posible
crecer, sostenidamente y en paz, sin dos condiciones: 1. compartir a través de
un sistema tributario claramente progresivo, que financia mayor gasto social,
más y mejores bienes públicos, inversión en investigación y desarrollo, mayor
inversión pública en general, un Estado más eficaz e innovador, oportuno, con liderazgo.
[…] 2. Resulta imprescindible recuperar un crecimiento económico elevado, con
nuestra plena convicción de que el crecimiento logra ser sostenible solo si
es efectivamente incluyente.
La sociedad y la economía chilena han experimentado tres “shocks” en tiempos recientes.
La sociedad y la economía chilena han experimentado tres “shocks” en tiempos recientes. Uno muy positivo es el despertar masivo de la población exigiendo, pacíficamente, avanzar hacia el desarrollo integral: incluyente para mujeres y hombres de diversas generaciones, social (entre otros, implica participación) y económico (entre otros, implica empleos de calidad), con dignidad. Emergiendo del grave aletargamiento de un país, sus autoridades y líderes, en el que ya menos de la mitad de los electores emitía su voto para elegir a sus representantes. Junto a ese shock positivo, han explotado dos shocks negativos, uno después del otro.
la violencia, delincuencia, ataques a derechos humanos de muchos ciudadanos
Uno, la violencia, delincuencia, ataques a derechos humanos de muchos ciudadanos (tanto por autoridades incompetentes o titubeantes incapaces de distinguir entre manifestantes democráticos pidiendo progreso y delincuentes o saqueadores o inconscientes abusadores de ciudadanos inocentes de las injusticias que puedan haber sufrido en sus vidas). La segunda es el Covid-19 que está en plena expansión y que también nos hará retroceder, y muy fuertemente, en capacidad de responder a las necesidades de bienestar nacional.
Ambos shocks negativos destruyen patrimonio social, bienes y servicios públicos, capacidad de generar ingresos y empleo.
Ambos shocks negativos destruyen patrimonio social, bienes y servicios públicos, capacidad de generar ingresos y empleo. Cuando se logre superar ambos, habrán dejado a Chile más lejos del desarrollo y habrán conspirado contra el gran desafío de avanzar en el largo camino hacia el desarrollo integral. Esos retrocesos deben ser mayor razón para reforzar, y no para debilitar, un proceso de profundas transformaciones constitucionales, sociales y económicas que Chile debe iniciar cuanto antes. En este proceso no podemos ignorar los aciertos que hemos tenido y los costosos errores que hemos cometido.
En este proceso no podemos ignorar los aciertos que hemos tenido y los costosos errores que hemos cometido.
Hoy día tenemos el ingreso por habitante más elevado de la región (en 1990 heredamos un país que estaba bajo el promedio), pero el gran progreso se conquistó principalmente en los primeros años de democracia, debilitándose luego el impulso transformador inicial, económico y social. Es un error creer que hemos tenido progreso sostenido; también es grave error creer que estamos en pleno modelo de la dictadura.
El saber y reconocer que hoy estamos, la gran mayoría de los chilenos, con un nivel de bienestar económico y derechos sociales notablemente superior al vigente al final de la dictadura va de la mano con constatar que estamos muy lejos del desarrollo económico y social. Aún persiste enorme desigualdad, con problemas graves en salud y educación, pensiones, salarios, empleo precario y otras múltiples expresiones de subdesarrollo; y también hay que derribar el mito de que estamos cerca del desarrollo económico: nuestro ingreso por habitante es inferior a menos de la mitad de las naciones más desarrolladas, nuestra desigualdad es notablemente mayor y nuestro estado es muy débil. A ello se agrega que el acelerado crecimiento económico y social de los primeros años se ha reducido notablemente.
constatar que estamos muy lejos del desarrollo económico y social. Aún persiste enorme desigualdad, con problemas graves en salud y educación, pensiones, salarios, empleo precario y otras múltiples expresiones de subdesarrollo
Las necesidades de crecientes recursos son notables, y es ingenuo creer que ellos se lograran sin un PIB que crezca más rápidamente. Pero tan ingenuo es también creer que, en democracia, es posible crecer, sostenidamente y en paz, sin dos condiciones:
- compartir a través de un sistema tributario claramente progresivo, que financia mayor gasto social, más y mejores bienes públicos, inversión en investigación y desarrollo, mayor inversión pública en general, un Estado más eficaz e innovador, oportuno, con liderazgo.
- los casos de desarrollo sostenido corresponden a países en los que el crecimiento se mantuvo por muchos años, fue definidamente incluyente, elevando más rápido el nivel de los sectores bajos y medios. En consecuencia, entre los muchos desafíos de nuestra sociedad, resulta imprescindible recuperar un crecimiento económico elevado, con nuestra plena convicción de que el crecimiento logra ser sostenible solo si es efectivamente incluyente. Esto es, si persistentemente se elevan más rápido los ingresos y oportunidades de los sectores medios y de menores ingresos que los de altos ingresos y el sistema tributario se torna claramente progresivo. Es lo posible, y los países actualmente desarrollados lo hicieron. Es un error creer que el neoliberalismo logra crecimiento sostenido, sino aceleradas y caídas como en la dictadura.
Todo esto exige profundas reformas de las políticas públicas y del rol conductor y transformador del ESTADO. La situación crítica actual da una oportunidad. Los enemigos del desarrollo están debilitados o algunos han aprendido que esta desigualdad destruye nuestro futuro.
Todo esto exige profundas reformas de las políticas públicas y del rol conductor y transformador del ESTADO. La situación crítica actual da una oportunidad. Los enemigos del desarrollo están debilitados o algunos han aprendido que esta desigualdad destruye nuestro futuro.
El desarrollo es complejo, me concentro brevemente en solo cuatro de sus numerosas áreas relevantes. 1. Desarrollo social. 2. Desarrollo productivo. 3. Correcciones macroeconómicas; 4. Reformas tributarias.
1. Desarrollo social. Este desafío ha surgido con fuerza, con diversas propuestas. Hay urgencias como las actuales pensiones, recursos para los hospitales y reducción de listas de espera, seguridad en las comunas pobres, infraestructura de escuelas, calidad de la enseñanza, entre otros. Se requieren recursos fiscales reales para financiarlo. Y esto es solo la superficie, como ser en la grave falta de calidad en la educación. Hay desequilibrios profundos que requieren acciones persistentes por años, y financiamiento adicional por años. Reforma tributaria en serio.
2. Políticas de desarrollo productivo. Reformas microeconómicas eficientes en corregir y acortar brechas regresivas, especialmente en el sector financiero (capital de riesgo y crédito de largo plazo pro-PYMEs y emprendedores sin patrimonio, con tasas moderadas, no abusivas como hoy), capacitación laboral (tan deficiente y limitada actualmente), y tecnológico e inversión en innovación (las brechas entre el nivel tecnológico de cientos de miles de firmas y el conocimiento existente es enorme, dejando gran espacio para elevar productividad promedia y nivel de sueldos). Entre otros, hay reflexión y acción avanzadas en apoyar el desarrollo de clúster de productores intermedios, alrededor de exportaciones que ya se han hecho espacio en los mercados internacionales. Pero siempre hay que tener presente que tres cuartos del PIB se produce y queda adentro de nuestras fronteras, y aquí están casi todos los trabajadores más precarios y el 99% de las PYMES (sí, 99%).
La debilidad en la política de desarrollo científico, para la innovación y el progreso al servicio del crecimiento económico, de la integración social, y de la calidad de las políticas públicas es evidente. Hay esfuerzos dispersos, sin coordinación y con financiamiento notablemente escaso (0,4% del PIB).
La tarea de reforma o creación de mercados debe focalizarse particularmente en las PYMEs, reduciendo las brechas de productividad y concentrar en ellos el apoyo público. Así se viabiliza el crecimiento incluyente en las estructuras productivas. Si ello no se logra (como si lo lograron europeos occidentales en la postguerra, los decretos y leyes son letra muerta).
3. Políticas macroeconómicas para el desarrollo. Es un muy positivo logro el de una inflación baja. Pero, ha estado acompañada ya por muchos años de crecimiento bajo, con la economía operando frecuentemente bajo su potencial (esto es un evidente desequilibrio de la macroeconomía real); esta brecha entre PIB efectivo y potencial y la inestabilidad del tipo de cambio desalientan la inversión productiva, la calidad del empleo y, grave, en un país supuestamente con “una estrategia exportadora”, llevamos un decenio de exportaciones que crecen menos de 1% anual.
Chile necesita mejorar sus contradictorias políticas contra-cíclicas, con políticas fiscales y monetarias consistentes entre sí, que logren mantener una brecha entre PIB efectivo y potencial reducida; y avanzar a un régimen cambiario de flexibilidad regulada por el Banco Central que evite altibajos cambiarios tan negativos para las exportaciones y su generación de valor agregado (y para las PYMEs que compiten con importaciones).
4. Reforma tributaria que recaude más y progresivamente. Tardó en retirarse el proyecto del gobierno sobre reintegración tan regresivo (el 90% de la pérdida de ingreso fiscal beneficiaba a contribuyentes de los más altos ingresos). A cambio, algo se ha avanzado en la dirección de aumentar la recaudación y de manera progresiva. Ahora corresponde abrir paso a un impuesto al patrimonio y a la reforma profunda del impuesto a las herencias para que resulte efectivo. Vayamos emparejando con ello –y con el mejor cuidado de los infantes y educación de calidad- el punto de partida de las nuevas generaciones laborales y de ciudadanos. En cuanto a impuestos a la renta, cabe desintegrar más el impuesto a la renta (no tiene sentido premiar la distribución de utilidades salvo para pequeños accionistas); es imprescindible gravar las ganancias especulativas que actualmente pagan menos que las rentas productivas (cuanta contradicción, impuesta por el lobby financierista y la ideología neoliberal), corregir el “royalty” actual, avanzar en los impuestos verdes, y acentuar la acción frente a los paraísos fiscales, la elusión y evasión. Todo gradualmente para que los contribuyentes se vayan adaptando a pagar más y el estado desarrolle capacidad de control y de mejor, mucho mejor, uso de los fondos en inversión pública y en educación, salud, gasto social e integración nacional.
Ahora avancemos todo lo posible, pero es ingenuo creer que se pueda lograr con la actual constitución y gobierno.
Chile está atrasado en carga tributaria, en progresividad y en construcción de futuro. En la próxima campaña presidencial el conjunto de propuestas, pendientes de aprobación o ejecución debieran estar presentes en el debate, apostando que el próximo gobierno, progresista si impera la unión, inicie la marcha hacia un Chile incluyente. Ahora avancemos todo lo posible, pero es ingenuo creer que se pueda lograr con la actual constitución y gobierno.
Tenemos la gran oportunidad, parcialmente antes de contar con la Nueva Constitución y el nuevo gobierno, y mucho más ya con ambos. Con la Nueva Constitución se eliminarán los duros amarres y restricciones al crecimiento incluyente que impuso la constitución de la dictadura y que, no obstante, numerosos esfuerzos insuficientemente coordinados, no se logró eliminar plenamente en tres decenios de democracia. Con el nuevo gobierno podrá contarse con la voluntad de cambio estructural, persistente, coherente, participativo. Para ello, debemos unir fuerzas pro- cambio, elegir bien a nuestras autoridades y representantes diseñar canales para controlar cumplimiento de los compromisos adquiridos en sus campañas.
