La pandemia apenas muestra signos de mejoría después de la vacunación y las cuarentenas masivas. La economía ha vuelto a caer. Pero el gobierno insiste en tratar de salvar dos de los pilares del modelo neoliberal existente: las AFP y la entrega cuasi gratuita de la renta obtenida de la explotación privada de recursos mineros que pertenecen al país.
Para sobrevivir hasta marzo próximo, y después del rechazo del Tribunal Constitucional a su intento de parálisis de un tercer retiro de ahorros de los fondos de pensiones, el gobierno se ha instalado en la improvisación. Entre tanto, la pandemia apenas muestra signos de mejoría después de la vacunación y las cuarentenas masivas. Como consecuencia, la economía ha vuelto a caer, aunque en la semana la noticia se presentó como una expansión del Índice Mensual de Actividad Económica de un 6,4% en marzo al compararse con el mismo mes del año pasado, cuando la economía empezaba a caer. En lo que hay que fijarse es en la evolución respecto al mes previo despejada de efectos estacionales. Ahí, el panorama es otro: el Imacec disminuyó en -1,6% respecto al mes precedente. A esto se agrega la caída del empleo en -0,2% en el registro del primer trimestre respecto al trimestre móvil anterior. Frente a esta situación, el gobierno ha tomado día a día una serie de medidas cuya coherencia no se observa con claridad, mientras ha ofrecido un diálogo a la oposición.
El ministro del Trabajo Patricio Melero anunció el 1º de mayo la creación de un nuevo subsidio para «impulsar la formalización del trabajo y garantizar el acceso a la seguridad social como salud y seguro de cesantía«. El subsidio al empleo que se paga a las empresas desde fines de 2020, dotado de dos mil millones de dólares para 1,2 millones de personas, parece no haber ido mucho más allá de 500 mil personas, mientras por construcción favorece a las utilidades de las empresas. Tal vez por ello el gobierno ahora declara que, a diferencia de los subsidios ya existentes, este va «al trabajador: es él quien postula y quien lo recibe» y se entregará por seis meses a los trabajadores que hayan iniciado una relación laboral a partir del 1 de abril de este año y cuya renta no supere tres ingresos mínimos, es decir, alrededor de $980 mil. El costo fiscal será de US$248 millones y tendrá una cobertura potencial de 500 mil trabajadores y trabajadoras. Se trata de un suplemento de ingresos para quien consigue trabajo, lo que es bastante curioso, dado que los que no lo consiguen o están en cuarentena parecen ser una prioridad más evidente. Seguramente está detrás la visión empresarial de que habría una «escasez de mano de obra por los subsidios estatales que incitan a las personas a quedarse en la casa«. Entonces, con este subsidio se incitaría a que los cesantes busquen trabajo. Es un caso más del prejuicio neoliberal sobre la conducta de los trabajadores. Tal vez el único beneficio de la medida es que formalizará empleos ya existentes. En buena hora. Pero la contracara es constatar otra vez que al parecer en Chile la obligación de cumplir la ley solo se hace efectiva si se paga por ella.
Además de ofrecer una especie de universalización del IFE en respuesta a la idea opositora de un ingreso universal transitorio y de terminar con parte de las exenciones tributarias, el gobierno se ha reafirmado en tratar de salvar dos pilares del modelo neoliberal existente: las AFP y cobrar muy poco por la renta de explotación minera privada.
En el primer caso, ha obtenido increíblemente el apoyo unánime de la comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados para un proyecto que otorga un bono de $200 mil de cargo fiscal a quienes hayan quedado con saldo cero en sus cuentas de capitalización individual debido a los retiros del 10% (3.201.289 personas). El proyecto de ley establece, asimismo, una cotización adicional mensual de 1% de la remuneración imponible de cargo del empleador o del trabajador independiente. Esta cotización adicional debería realizarse a partir del primero de enero del año 2022. Además, se crearía una bonificación fiscal para los afiliados del sistema privado de pensiones de un 1% de cotización adicional por cada cotización que efectúen a su cuenta de capitalización individual, con un tope de 0,3 Unidades de Fomento.
Resulta insólito que esta operación de salvataje de las AFP- las que recibirán de aquí a un futuro indeterminado del orden de un 15% de los montos transferidos por el Estado por comisiones, las que se cobran por flujo y no por el monto acumulado- reciba votos de la oposición. El costo de los 200 mil por una vez será de 890 millones de dólares. El costo anual potencial de la bonificación del 1% adicional será de 640 millones de dólares en 2022. Dicho sea de paso, las AFP ya cobraron su comisión por los fondos recientemente retirados en el momento en que se depositaron originalmente. Por eso no se oponen a los retiros. Y todo reintegro, como el planteado por el gobierno, daría lugar a un nuevo cobro. ¿Por qué estos recursos no se entregan directamente a los pensionados al momento de jubilarse, sin pasar por las AFP?
El gobierno que se inicie en marzo de 2022 -salvo que sea otro gobierno de derecha, lo que es perfectamente posible tal como están las cosas en la oposición- deberá proponer una reforma con sentido. Esta deberá incluir una pensión básica solidaria más amplia y cotizaciones que financien derechos de jubilación adquiridos en el trabajo durante la vida activa, es decir un sistema con un mínimo universal decente a partir de los 65 años (del orden del actual salario mínimo de 300 mil pesos), más una pensión contributiva que refleje lo trabajado y que compense el trabajo no remunerado de las mujeres. Y sin AFP, salvo como opción voluntaria de los que quieran ahorrar adicionalmente.
En paralelo, el gobierno se ha empeñado en hacer campaña contra el royalty (regalía, en castellano) que deberá terminar de ser votado por la Cámara de Diputados. Según el ministro de Minería Jobet, el royalty a las ventas de cobre y litio que plantea el proyecto de ley de la oposición sería de 82% sobre las utilidades de las mineras privadas. Aunque la cifra no es la correcta, un 18% de utilidad por extraer un recurso que no les pertenece no estaría, en todo caso, nada de mal. El hecho es que el cálculo del gobierno suma el actual Impuesto Específico a la Minería, que sería sustituido por el proyecto en discusión, y no considera el pago del royalty como gasto para efectos del impuesto a la renta. Cuando esas dimensiones se incluyen, y considerando el caso de la minera Escondida y los costos que ha publicitado, la tasa sobre utilidades con el nuevo royalty que se discute el jueves en la sala de la Cámara de Diputados sería de 42% si el precio es de 280 centavos la libra de cobre o de 56% si es de 450 centavos la libra.
Con las utilidades después de impuestos que permanecerían después de la aplicación del royalty ningún inversionista con dos dedos de frente dejaría de invertir en Chile. Pero para Diego Hernández, de la SONAMI, «si se aplica tal como está aprobado afectará a toda la industria minera, lo que en la práctica significa una decisión de no tener más minería en Chile”. Los representantes del gran empresariado presente en Chile -en este caso capitales transnacionales- no parecen tener sentido del ridículo.
Recordemos que hoy el precio del cobre está en 453 centavos de dólar la libra, en circunstancias que las inversiones están calculadas con un precio inferior a 300. Esa diferencia debe ir en una proporción principal al dueño del recurso, la ciudadanía chilena, y no a quienes obtuvieron una concesión del Estado para explotarlo. El royalty sobre margen de explotación que a duras penas -con la oposición tenaz de la derecha- se logró establecer a partir de 2005, apenas captura una baja proporción de la renta minera que pertenece a la Nación. Por eso es tan importante que sea aprobado el proyecto de la Cámara de Diputados. Y por eso es tan importante que la derecha no obtenga un tercio de bloqueo en la Convención Constituyente para que el país recupere de manos de la oligarquía económica su soberanía en la determinación de sus políticas y en la protección del interés nacional.
