La cumbre de presidentes progresistas organizada por el gobierno de Chile ha recibido el fuego cruzado no tan sólo del conjunto de la derecha, desde republicanos hasta Chile Vamos, sino también de no pocos medios de comunicación y poderes fácticos. Un encuentro partisano, han afirmado, que reúne a quienes piensan parecido. Un encuentro que puede molestar a Donald Trump, con el consiguiente riesgo de sanciones. Que no sirve al interés nacional y no apunta a las principales preocupaciones ciudadanas. En definitiva, es aquella mirada miope y memoria selectiva que caracteriza a las derechas (olvidando iniciativas similares del expresidente Piñera, cuando buscaba fundar PROSUR, con gobernantes de derecha o centro derecha). La democracia se encuentra amenazada, que duda cabe. No tan sólo en nuestro país sino en todo el mundo. Una ola de ultraderecha recorre el planeta. Con un discurso xenófobo, iliberal, antifeminista, sembrando el terror y prometiendo mano dura y palo largo, llamando a una guerra cultural en contra de las ideas progresistas.
El encuentro denominado Democracia siempre trascendió el encuentro de cinco mandatarios de signo progresista, convocando a un connotado grupo de intelectuales, como el premio nobel Joseph Stiglitz, el español Daniel Innerarity, la filósofa norteamericana Susan Neiman y el economista surcoreano Ha-Joon Chang, junto a representes de la sociedad civil y centros de pensamiento, para reflexionar acerca de los desafíos que enfrenta la democracia, para su fortalecimiento, en la reducción de las desigualdades, combate a la extendida desinformación y regulación de tecnologías emergentes. Todo en la búsqueda de propuestas para ser presentadas en la próxima reunión de la ONU.
Un desafío mayor es el planeta hoy amenazado por fenómenos tan disimiles como el cambio climático, la proliferación de conflictos bélicos, con el riesgo latente de una nueva guerra mundial (que abarca la amenaza nuclear) tras la ruptura del orden mundial, con el desborde de una dramática inmigración y la irrupción del crimen organizado, además de la desregulación de las tecnologías emergentes. En este crítico contexto irrumpe la ultraderecha que reniega de la democracia, reduciendo las libertades públicas en nombre de la seguridad (con El Salvador como símbolo), con un nacionalismo exacerbado que alimenta el odio a los inmigrantes, con la receta de jibarizar el estado para favorecer el gran poder económico.
Es aquella una gran amenaza a la democracia, cuya defensa involucra una fortalecida política de estado, como lo sostuviera el senador José Miguel Insulza en una reciente columna en el diario El País, coherente con la tradición de política exterior del país.
Una política que fuera violentamente truncada por el golpe de estado propiciado por la derecha, con el auspicio del departamento de estado norteamericano, que sostuvo a una dictadura en el poder durante 17 años, con su dolorosa secuela de violaciones a los derechos humanos, que incluyeron ejecuciones sumarias, torturas y desaparición forzada de personas, así como graves casos de corrupción, incluyendo al propio Augusto Pinochet y miembros de su familia, despojo de empresas estatales y negación de derechos esenciales a una mayoría ciudadana. No deja de ser lamentable que, a 52 años del golpe, la candidata presidencial de Chile Vamos sostenga que las muertes fueron inevitables (¿Carlos Prat, Orlando Letelier, José Tohá, José Manuel Parada, Carlos Lorca, entre tantos otros?). O que Johannes Kaiser, el presidenciable nacionalista libertario (que podría declinar su opción al filo de la inscripción de las candidaturas para apoyar a J. A. Kast), afirme que apoyaría un nuevo golpe de estado si se repitiesen las mismas circunstancias. La derecha parece no haber aprendido nada en más de medio siglo. Muy por el contrario, exhibe su anhelo para una regresión autoritaria.
Hasta hoy Kast supera largamente a Evelyn Matthei en las encuestas y todo apuntaría a que se convertirá en el candidato de derecha que pase a segunda vuelta, obligando no tan sólo a los partidos de Chile Vamos a entregarle su respaldo (tal cual lo hicieran en la elección anterior) sino también a aquellos sectores “desencantados” con la centroizquierda o que hacen una cuestión de principios no votar por una candidata que milita en el Partido Comunista, sin importar sus evidentes diferencias con la actual conducción partidaria en materias tan relevantes como la política internacional y el hecho que Jeannette Jara no es la candidata del PC sino de una coalición de centro izquierda, elegida con abrumadora mayoría en una primaria donde participó más de un millón cuatrocientas mil personas.

José Antonio Kast representa una seria amenaza a la democracia, tal cual la conocemos. Basta con registrar su identificación con gobiernos de ultraderecha, como el de Milei en Argentina, Nayib Bukele en el Salvador, el propio Donald Trump en EE. UU., el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán o Giorgia Meloni en Italia. No sería nada de extraño que si el republicano llegara a la presidencia intentara organizar una cumbre con algunos de sus admirados líderes en nuestro territorio. Las recetas contra el progresismo las intenta seguir al pie de la letra, en el ámbito económico, político y social, incluidas sus fobias en materia de género, con el discurso fácil de militarizar las fronteras y la implacable mano dura.
Es en este contexto que el reciente encuentro internacional convocado por el presidente Gabriel Boric representa un llamado de alerta ante la amenaza de regresión autoritaria. Es una lastima que sus deliberaciones no hayan sido trasmitidas en directo por algún medio de comunicación. Entre otros testimonios de los participantes y sus experiencias vitales, resulta impactante conocer el del presidente de Brasil, pronto a cumplir sus ochenta años, exponiendo las motivaciones profundas para mantener su larga lucha en contra las desigualdades, desde sus tiempos de dirigente sindical hasta fundar el partido de los trabajadores, que lo llevara al poder, o las razones de Pedro Sánchez para militar en el Partido Socialista Obrero Español.
Tan relevante como lo anterior sería difundir las diversas ponencias de los destacados intelectuales tanto de Europa como de Estados Unidos y la región, preocupados por las nuevas amenazas que representa para las democracias la irrupción de la ultraderecha a nivel mundial y regional, con aquel discurso del odio y el terror que prende entre sectores despolitizados. La ultraderecha no tiene un idéntico patrón ideológico o político según el país del que se trate, pero tienen en común el ultranacionalismo, el odio a la diversidad y su apuesta por la supremacía, la desconfianza con la democracia liberal, su desprecio por las causas progresistas y la búsqueda de un orden autoritario, como lo revelan distintos trabajos sobre el fenómeno.

Ciertamente sería inédito que el país eligiera presidenta a una militante comunista con el singular perfil de Jeannette Jara, pero también inédito y más riesgoso, que ocurriera con un ultraderechista del perfil descrito de J. A. Kast. Hasta hoy pareciera ser la disyuntiva más probable una segunda vuelta entre ambos postulantes. La alternativa de no votar, votar en blanco o anular el voto, implica renunciar a participar en una decisión trascendental no tan sólo para el país sino también para el propio ámbito personal y familiar, y bien pudiera favorecer al candidato de la ultraderecha que, con toda seguridad, no tan sólo contará con el respaldo del conjunto de la derecha sino también de los llamados poderes fácticos, como quedara en evidencia con el urgente llamado del gran empresariado a la unidad del sector. La gran interrogante es si el país mantiene la fortaleza, demostrada en la anterior elección, para impedir que la ola ultraconservadora llegue a nuestras costas. La batalla decisiva se librará en la segunda vuelta y allí no caben los indecisos o renuentes. Para bien o para mal, deberán tomar una decisión de la cual podrían tener cuatro años para arrepentirse.
El sicario liberado
Una muy mala comedia de equivocaciones o una tenebrosa trama de corrupción

A más de una semana de la inexplicable liberación de Alberto Carlos Mejía, aún no está dilucidado si se trató de una muy mala comedia de equivocaciones o una tenebrosa trama de corrupción, que involucraría al poder judicial y el servicio de gendarmería. Nadie puede entender cómo, en el plazo de pocas horas, la jueza a cargo del caso emitiera tres resoluciones, comunicadas por vías distintas, primero para decretar la prisión preventiva del imputado, para luego proceder a su liberación inmediata, buscando corregir un error de tipeo para, finalmente, ratificar la prisión preventiva, cuando ya gendarmería cumpliera la segunda resolución y el imputado emprendía rumbo al exterior.
La fiscalía que investiga está anomalía debe esclarecer con la máxima rapidez y eficiencia la situación (no debiera ser tan complejo), pero el caso es extraordinariamente grave, toda vez que se trata de un peligroso sicario, imputado por el crimen de un comerciante del barrio Meigs, asesinado a plena luz del día y grabado por una cámara de seguridad en el acto mismo. Un sicario que salió de la cárcel caminando, aparentemente sin un peso y que horas después contrató un uber para trasladarse hasta la ciudad de Iquique, pagando dos millones y medio de pesos, lo que revela una poderosa red de apoyo.
El caso representa bastante más que un bochorno y revela graves debilidades en el sistema judicial y carcelario. Las tres resoluciones llevan la firma de la jueza a cargo del caso. Es verdad que gendarmería debe cumplir fielmente las resoluciones judiciales, pero no es menos cierto que debería existir mecanismos de chequeo de resoluciones contradictorias y resulta sorprendente que el servicio de gendarmería haya cumplido, con tanto celo y prontitud, una resolución contradictoria con la inicial, sin pedir confirmación con el tribunal.
El gobierno ha impulsado importantes medidas, tanto en el plano legislativo como institucional, para enfrentar la amenaza del narcotráfico y el crimen organizado, con significativos logros para desarticular peligrosas bandas internacionales que operan en el país, pero aún enfrentamos grandes desafíos para ganar esa batalla e impedir que el país, al igual que otros de la región, se convierta en un estado fallido, capturado por el crimen organizado. La detección de miembros de las FF.AA. (Ejército y FACH) en actividades de narco tráfico, ha sido otra potente señal de alerta máxima.
Enfrentar esa amenaza no tan sólo pasa por modernizar y reforzar las instituciones del estado, mejorar los sistemas de control y prevenir la corrupción, sino incrementar los recursos materiales, financieros y tecnológicos que permitan una mayor capacidad de ganar esa batalla. Y, ciertamente, se requiere romper la barrera del secreto bancario en investigaciones con fundadas sospechas, algo que la oposición de derechas continúa eludiendo en el parlamento. No será una panacea, pero sí un recurso necesario ante un desafío mayor del país.
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Excelente editorial de Marcelo Contreras, con los articulos acerca de la importancia del encuentro por la democracia y de la liberacion del sicario….