Allende, Chile y la paradoja china

Cuando Salvador Allende llegó a La Moneda en 1970, lo hizo respetando escrupulosamente las reglas de la democracia chilena. Fue elegido en el Congreso Pleno tras obtener la primera mayoría relativa en las urnas, y juró gobernar con la Constitución en la mano. Su proyecto, sin embargo, no era conservar el statu quo, sino abrir un camino de transformación profunda: avanzar hacia el socialismo por la vía democrática.

Lo más innovador fue su propuesta económica. Allende dividió la economía chilena en tres áreas: una estatal, que incluía la gran minería del cobre, la banca y los recursos estratégicos; una privada, que abarcaba el comercio, la pequeña y mediana empresa y la agricultura no expropiada; y una mixta, donde Estado y privados podían asociarse para desarrollar industrias clave. Era un modelo tripartito que buscaba equilibrio entre lo público y lo privado, y que rompía con la visión binaria de “capitalismo o estatismo”.

Detrás de esa arquitectura había una convicción profunda: la oposición entre economía centralizada y mercado era una discusión estéril. El socialismo no requería solo de planificación desde arriba, sino también de una iniciativa desde abajo, desde los propios sectores productivos. 

En esa línea debe entenderse el proyecto Cybersyn, muchas veces caricaturizado, pero que en realidad constituía un sistema tecnológico para respaldar las decisiones que emergían de fábricas, sindicatos y comunidades. No era el “Gran Hermano” digital, sino un intento pionero de dar soporte técnico a la autogestión obrera y a la flexibilidad administrativa del Estado.

Aquí se encuentra otra coincidencia con la experiencia china: su éxito radica también en combinar dirección estatal con un dinamismo que asciende desde abajo, permitiendo que la competencia, la innovación y la iniciativa privada alimenten el desarrollo general.

El segundo aporte de Allende fue no demonizar el mercado, sino situarlo. El mercado existió antes del capitalismo y probablemente lo sobrevivirá. Lo importante era reconocerlo como instrumento y no como dogma. En Chile, la Unidad Popular lo concibió como espacio regulado por el interés general: un mercado que podía recibir indicaciones, aceptar directrices, y funcionar como mecanismo de canalización de recursos hacia un desarrollo sustentable.

De esta manera, el mercado se volvía parte de una transición, no un destino final. Algo parecido ocurre en China hoy: las empresas privadas se desarrollan, pero lo hacen sabiendo que su competitividad no puede arriesgar el conjunto, porque de ella dependen también las empresas estatales y mixtas que sostienen los ingresos nacionales. Esta alineación obliga al Estado a ser cuidadoso, pero también permite que los intereses públicos y privados converjan en un mismo horizonte de crecimiento.

La paradoja es evidente. Lo que en Chile fue abortado por la violencia del golpe de 1973 floreció en China bajo un régimen de partido único, sin pluralismo político. Allende creyó posible algo más ambicioso: que esa fórmula se desplegara dentro de una democracia abierta, con elecciones, oposición y libertad de prensa.

El ensayo chileno fue breve, pero dejó huella. Nacionalizó el cobre con apoyo unánime del Congreso, democratizó la banca, impulsó la reforma agraria, fortaleció la educación y la salud públicas. Y al mismo tiempo defendió al pequeño comercio y la agricultura familiar. Era un intento de construir una economía moderna donde el pan de la esquina y el cobre de todos tuvieran cabida en un mismo horizonte de justicia social.

Hoy, mientras Occidente observa con inquietud el ascenso chino, vale la pena recordar que en el sur de América se intentó un camino semejante, pero en democracia. Tal vez la historia habría sido distinta si a Chile se le hubiese permitido madurar aquel experimento. Lo que fue interrumpido con fusiles sigue siendo una lección: el socialismo democrático de Allende anticipó, en germen, la fórmula que hoy transforma el mapa del poder mundial.