Migraciones, un proyecto común

Ayer, 20 de agosto, fecha en que se recuerda el natalicio de Bernardo O’Higgins y que en tiempos de dictadura se conmemoraba el día del exiliado, en atención al destierro del padre de la patria, diez centros de pensamiento representativos de casi todo el espectro político -desde Libertad y Desarrollo hasta el Instituto Igualdad^[i]– convocados por el Centro de Políticas Migratorias, publicaron el documento titulado Política Migratoria para el Chile que viene. Consensos para la gobernanza, seguridad y desarrollo del país.

Haber logrado consenso transversal en un texto sobre la forma en que el estado de Chile debe enfrentar un fenómeno que parece dividir controversialmente al país constituye un acontecimiento excepcional, que recuerda el mensaje del cardenal Chomalí a las candidatas y candidatos presidenciales, reclamando la necesidad de “un proyecto común”^[ii].

 Tres días antes de la entrega de este trabajo colectivo, El Mercurio publicaba en el centro de su portada los resultados de una investigación realizada por la corporación denominada 3X1^[iii] junto con Criteria, según la cual un 82% de los chilenos estima que “el aumento de la delincuencia es causado, principalmente, por la llegada de inmigrantes irregulares al país”, mientras un porcentaje similar declara que “los beneficios que da el Estado (atención de salud, educación, bonos) deben ser prioritariamente para los chilenos”^[iv]. Este es el gris telón de fondo, nunca subestimado por aquellos centros de pensamiento, que acompañó, con variantes, el trabajo realizado durante más de un año por representantes suyos estudiosos de las migraciones.

De otro lado, la hojarasca xenófoba generada por algunos activistas y la inoportuna discusión táctica sobre el derecho a sufragio de los extranjeros no mermaron la voluntad y la capacidad de los interlocutores para lograr este acuerdo histórico, entre entidades que están mayormente dedicadas a pensar en el futuro del país.

Tanto la fecha como el lugar elegido para la entrega del documento – el salón Los Presidentes del ex Congreso Nacional- son significativos de la voluntad patriótica de quienes, lejos del protagonismo efímero, se dedicaron a construir una propuesta común representativa de una visión de Estado que trasciende los discursos superficiales sobre las migraciones. Ello otorga peso al documento y plantea un desafío a todas las candidaturas a la Presidencia de la República, principales destinatarias de este “proyecto común”.

Es destacable que, para los autores del texto, la actual Ley de Migración y Extranjería permite “que las políticas públicas vinculadas a la migración y movilidad humana puedan adaptarse de manera efectiva a los desafíos que enfrenta el país”.

Distante de los clichés, el trabajo reconoce que el inédito fenómeno inmigratorio que vive Chile “ha generado oportunidades y beneficios”, así como una positiva contribución “al desarrollo económico del país”, “pero también desafíos y conflictos”, especialmente en “la gestión institucional, el control fronterizo, la seguridad pública, la integración social y el acceso a servicios públicos”.  En materia de principios generales, la propuesta es categórica al demandar de la política migratoria el respeto a los derechos humanos y a “las obligaciones internacionales contraídas por Chile”.  Asimismo, los autores se hacen cargo de aquellos principios relacionados directamente con la gestión migratoria estatal, especialmente, la exigencia de una migración regular y segura, y la orientación hacia un “impacto positivo de la migración” en el desarrollo. La adhesión a estos principios impregna “de manera comprehensiva” todas las recomendaciones que se formulan al futuro gobierno, cuya implementación se estima necesaria “para avanzar hacia un país con una mejor institucionalidad migratoria, resguardando así las condiciones para una mayor seguridad, integración y desarrollo”, y con “políticas de recepción de migrantes en función de las necesidades económicas del país, el contexto migratorio regional y la capacidad de recepción de nuestras instituciones y comunidades”.

Una decidida equidistancia de los estereotipos fóbicos o permisivos recorre la totalidad del documento. Desde luego, porque no otorga concesión al discurso populista anti migrante y, en cambio, reconoce los “aportes relevantes” de la inmigración de estos años, “en cuanto a desarrollo humano y económico, principalmente por el impacto positivo que ha tenido en la actividad económica, el capital humano y la recaudación fiscal”. Tampoco los centros de pensamiento que suscriben son benignos con la criminalización de la migración e, incidiendo en un terreno polémico como es el de la participación de extranjeros en la comisión de delitos, asumen que “la evidencia ha mostrado que en general la población extranjera está subrepresentada en el número de condenados”, a la vez que “la regularidad migratoria puede disminuir los índices de criminalidad en determinados contextos”. Y con mucha claridad se postula “la conveniencia de integrar a las familias migrantes” al país, así como “la facilitación y agilización de trámites migratorios”. 

Tampoco la propuesta concede pertinencia a quienes desconocen las tensiones y conflictos que, objetivamente, ha generado el actual fenómeno migratorio, ni esquiva referirse a su principal causa, que es la irregularidad migratoria. Atendiendo a su dimensión actual, luego de “más de 200.000 ingresos por pasos no regulares al país (…) desde el año 2020 a la fecha”, se reconoce que la irregularidad afecta la seguridad del país y, además, “puede generar mayor peligro para los migrantes y aumentar la demanda de redes criminales dedicadas al tráfico de inmigrantes, trata de personas y otras actividades ilícitas”. Asimismo, para los autores del documento, no se puede desconocer que, “en algunas comunidades del país, la concentración de inmigrantes ha generado tensiones sociales y dificultades en el acceso a servicios públicos”.

Para los signatarios de la propuesta, la inmigración irregular y la penetración del crimen organizado extranjero son fenómenos disociables, pero a la vez, todos coinciden en que es inaceptable pasar por alto que “la actividad de grupos criminales ha aumentado en las zonas fronterizas y también dentro del país” y que existe una mayor participación de extranjeros “en algunos delitos específicos”, como “homicidios y delitos contra la Ley de Drogas”. 

En correspondencia con este contrapeso en el diagnóstico, las propuestas que formulan los centros de estudio se alejan también de posiciones extremas. Por ejemplo, en el ámbito de la seguridad pública, sobre la base de que, probadamente, “la regularidad migratoria puede disminuir los índices de criminalidad” en la población migrante, los autores, apartándose de consignas electoralistas como el cierre de las fronteras, estiman que junto con el “fortalecimiento de la infraestructura fronteriza o la ejecución de deportaciones o devoluciones en frontera”, medidas que por sí solas no  detienen ni disminuyen la migración irregular, “es necesario que quienes cumplen los requisitos para venir a Chile, especialmente si se desplazan por motivos de fuerza mayor, encuentren procesos de evaluación migratoria accesibles y rápidos que permitan disminuir la migración irregular”. 

Igualmente, se propone la priorización y aceleración del otorgamiento de la residencia definitiva a los “migrantes regulares que cumplan dos años de residencia temporal, hayan mantenido un comportamiento exento de infracciones legales y tengan registros que demuestren arraigo económico en el país”. 

Siguiendo esta filosofía juiciosa, a la vez de un enfoque “pro migrante”, se aborda con nitidez la ineludible respuesta estatal al crimen organizado, del que pueden ser víctimas nacionales y personas migrantes; una respuesta que, según los coautores, debe combinar “prevención, persecución criminal, aplicación de sanciones y protección de víctimas y población en riesgo”, así como “fortalecer la infraestructura, tecnología y despliegue de fuerzas de orden y seguridad en la frontera para el control migratorio y la persecución del crimen organizado”. Incluso, para el caso de “extranjeros que hayan infringido la legislación penal y migratoria chilena”, especialmente si representan “una amenaza para la seguridad del país” o cuentan con “ingreso irregular reincidente”, se obtuvo consenso en proponer la implementación de “mecanismos administrativos y logísticos para hacer efectiva y expedita la aplicación de la ley y la ejecución de expulsiones”, con pleno respeto a los derechos humanos de las personas. 

Por último, consideramos relevante la recomendación a los futuros gobiernos de “establecer cuotas y perfiles laborales prioritarios a los que se destinen visados de oportunidades laborales, para responder a la necesidad de mano de obra y capital humano en regiones e industrias específicas que sean estratégicas o donde existe difícil cobertura, en coordinación con municipalidades y servicios públicos relevantes para la integración de los trabajadores y sus familias”. Esta es una propuesta que, de acuerdo con la Ley de Migración y Extranjería, debiese ser estudiada y concretada por el Consejo interministerial de Política Migratoria.

Junto a los demás coautores de este planteamiento patriótico común, esperamos que sus recomendaciones a las y los candidatos presidenciales, “puedan constituir una base para que Chile adopte una visión de Estado estratégica, de mediano y largo plazo, avanzando hacia políticas de migración que garanticen la seguridad y el bienestar de todos quienes vivimos en el país”.                                                                   

^[i] Son el Centro de Estudios del Desarrollo (CED), el Centro de Estudios Públicos (CEP), el Centro Democracia y Comunidad (CDC), Espacio Público, Horizonte Ciudadano, IdeaPaís, el Instituto Igualdad, Libertad y Desarrollo (LyD) y Rumbo Colectivo.

[ii] Emol.com, 26.06.2025.

[iii] A la fundación de 3xi, el año 2017, concurrieron la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH), la Comunidad de Organizaciones Solidarias (COS), el Sistema de Empresas B y el Centro de Innovación Anacleto Angelini de la Universidad Católica de Chile.

[iv] 3XI-Criteria, Informe de resultado, Estudio Nacional de Polarizaciones 2024. Noviembre de 2024. Emol,17.08.2025