Hace un tiempo, un conjunto de grandes empresarios decidió actuar con más desparpajo que el habitual en materia política: en un inserto de prensa amenazó a los partidos de derecha con dejarlos sin fondos de campaña si no unificaban sus candidaturas. La ley ya no permite aportes de empresas a las campañas, pero sí los de personas dentro de límites que permanecen elevados, y que terminan estableciendo desigualdades de competencia democrática. El intento empresarial no tuvo mayor efecto, pues la suya no es una amenaza creíble frente a la previsible continuidad del alineamiento histórico del gran empresariado con la derecha en Chile y, a la vez, el alineamiento de la derecha con los intereses empresariales: la actual presidenta de la CPC es una ex ministra de Piñera, por si alguien pudiera tener alguna duda en la materia. Esta consanguinidad no se va a interrumpir y no es sino la prolongación del apoyo que prestó al sangriento quiebre de la democracia en 1973 y a la prolongada dictadura posterior. El esfuerzo del grupo de grandes empresarios no logró evitar las inquinas entre los estamentos políticos de su sector, que tienen en el autoritarismo y la intolerancia sus señas de identidad, incluyendo las relaciones entre ellos. Pero reiteró la naturaleza de su alineación política.
Se puede afirmar sin temor a equivocarse demasiado que el comportamiento empresarial en Chile es cuasi-feudal, con desgraciadamente pocas excepciones. Un ejemplo al canto: el Ministerio de Salud ha tomado la medida desde abril de este año de incluir la advertencia “evita su consumo” en los envases en los alimentos con sellos altos en calorías, sodio y azúcares. Se trata de proteger la salud pública y fomentar hábitos alimentarios saludables, dado que el país enfrenta una pandemia de obesidad infantil. ¿Qué hicieron las grandes empresas de alimentos (Carozzi, Unilever, Nestlé, Tres Montes e Ideal)? Presentaron recursos legales para revertir el decreto respectivo, luego de lanzar una fuerte ofensiva en contra del Ministerio de Salud. Se sumaron otras empresas y gremios, como la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, la Asociación Nacional de Industriales de Cecinas, la Asociación Gremial de Industrias Proveedoras, Embotelladoras Chilenas Unidas de CCU y Eckard Alimentos.
Las empresas acusan al Minsal de vulnerar el “derecho a desarrollar actividades económicas lícitas y el derecho de propiedad”. Afirman que la ministra Ximena Aguilera excedió sus atribuciones y que la medida afectará sus ventas por un “trato desigual y desproporcionado”, afectando la libertad de elección de los consumidores, pues “el nuevo mensaje establecido por el Decreto Supremo que se impugna desinforma a la población respecto de la aptitud para el consumo de ciertos alimentos y atemoriza y confunde a los potenciales consumidores, sugiriendo una peligrosidad que tales alimentos no tienen, satanizando a ciertos alimentos aptos y necesarios para el consumo humano, sin justificación alguna”.
¿Sin justificación alguna? La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la obesidad infantil representa uno de los retos más graves para la salud pública en el siglo XXI. Niños con sobrepeso u obesidad tienden a desarrollar enfermedades como diabetes, enfermedades cardiovasculares, trastornos musculoesqueléticos y cánceres específicos (endométrico, de mama y colon) a edades más tempranas. La obesidad infantil está asociada con mayor riesgo de muerte prematura y discapacidad en la adultez. La OMS enfatiza que la obesidad infantil y sus enfermedades asociadas son amplia y mayormente prevenibles y que priorizar la prevención es fundamental.
Agrega la empresa Unilever: el decreto ocasionará una merma de ventas y el valor de las marcas asociadas al mensaje se verá “gravemente afectado” ya que debido a ”los términos en los que fue redactado el mensaje por la autoridad, el público asociará su mero consumo a posibles efectos nocivos para la salud, lo cual no solo falta a la verdad, sino que implica la utilización de una prerrogativa legal, por parte de la autoridad, fuera de los límites establecidos por la ley”.
Así reacciona en Chile el gran empresariado frente a la cautela de la salud pública: buscando un Estado impotente en la defensa del interés general para permitir la prevalencia de intereses privados.
Por otro lado, el gran empresariado chileno no solo no quiere regulaciones públicas ni pagar impuestos, además de no ser demasiado plural en sus filas y tender a tratar como subordinados al resto de los chilenos y chilenas, sino que es reacio a la innovación. Privilegia, contrariamente al empresariado asiático moderno, por ejemplo, la actividad basada en rentas financieras, en el acceso a recursos naturales y en el uso de fuerza de trabajo mal pagada. Le es ajena la lógica de buscar utilidades en nuevos productos y procesos productivos con trabajadores más calificados y mejor remunerados, procesos que sean sostenibles en materia ambiental y de salud en las cadenas globales. Apenas si invierte en investigación y desarrollo, lo que delega al Estado o a las empresas extranjeras.
Los programas de Matthei y Kast proponen con grandilocuencia terminar con la delincuencia y la inmigración irregular, lo que no ocurrió cuando gobernó Piñera I y II. Más bien la derecha encaminó al país primero -en 2011- a una rebelión de las clases medias frente a la mercantilización de la educación, y más tarde -en 2019- a una convulsión social violenta. Pero su programa real es la vuelta a poner el Estado a su servicio. Sin ir más lejos, plantea reducir sin compensación el impuesto a las utilidades de las empresas, para lo que necesita disminuir el gasto público en cifras que bordean un 3% del PIB, en la misma lógica de Trump. Pero ¿puede acaso alguien olvidar que este gasto está compuesto en lo principal por pensiones, salud, educación, vivienda y obras públicas, que benefician a la mayoría? ¿Y que cualquier disminución de esa magnitud implicaría pérdidas de bienestar para esa mayoría? En materia laboral, propone rebajar la indemnización por despido, en nombre de la “flexibilidad”, y otras medidas del mismo tipo. Su consecuencia sería la de disminuir la actualmente no muy elevada capacidad negociadora del mundo del trabajo y ampliar las brechas de desigualdad. La promesa de Matthei de crear un millón de empleos en cuatro años, acompañada de una política fiscal contractiva, no se observa mucho por dónde podría prosperar.
La derecha ha sido hábil, en cambio, en manipular las frustraciones de la sociedad y en capitalizar, en particular, la paradoja de que el gran esfuerzo educativo realizado desde la vuelta a la democracia no encuentre todavía salidas suficientes de empleo mejor remunerado para las nuevas generaciones. Ha logrado crear un clima de miedo y de inseguridad, que sus medios de comunicación incentivan día a día frente a los nuevos desafíos delictivos del crimen organizado, incluyendo en las fuerzas armadas, y la insuficiencia de los dispositivos institucionales de lucha contra la delincuencia y de acción de la justicia, a pesar de los avances en la tarea policial. Para no hablar de la promoción, primero, de la inmigración, y luego su condena con un discurso abiertamente xenófobo. El resultado es que la derecha tendrá buenas probabilidades de conquistar el gobierno en las elecciones de este año.
La coalición de gobierno actual deberá, por su parte, batallar contra los efectos de un desgaste sucesivo de las fórmulas de alianza entre el centro y las izquierdas, el acostumbramiento de sus partidos a pensar en las posiciones que buscan obtener en el Estado y menos en la sociedad y en el desafío de representar sus cambios y aspiraciones. Además, arrastra gruesos errores de conducción en el crucial proceso frustrado de cambio constitucional y también en el rediseño económico de envergadura que se requería, luego de la exitosa primera etapa ya agotada de crecimiento sin diversificación después de 1990.
Esta coalición, que ha sabido mantenerse unida en lo principal, enfrenta una nueva etapa en la que la alternativa es una derecha radicalizada y sectaria que asume sin ambages su identificación con el gran empresariado y con la regresión social y autoritaria, sin un proyecto nacional. Ampliada hacia el centro, la nueva coalición tiene el desafío de lograr insuflar una nueva esperanza a la mayoría social de que el país logrará multiplicar las oportunidades para todos y mejorar las condiciones de vida. Deberá hacerlo con las propuestas programáticas que está desarrollando en materia de fortalecimiento del empleo, los ingresos y los servicios sociales, y de reforma del Estado. Y además habrá de valorizar una candidatura presidencial elegida en primarias democráticas y encabezada por una persona que, como Jeanette Jara, simboliza los nuevos tiempos, especialmente la igualación de oportunidades mediante el esfuerzo y el mérito, esa que es posible por las políticas públicas persistentes que abren fisuras en el predominio de los privilegios en el cuerpo social.
