Las elecciones nacionales, Presidencia y Congreso, son una oportunidad para deliberar sobre el futuro del país. Las candidaturas deben elaborar sus programas y ofrecer los principales compromisos a la ciudadanía. Ya es una tradición que las y los candidatos concurran a eventos donde expresan sus visiones sobre el proceso de descentralización en marcha.
El Estado de Chile ha creado en la última década una nueva institucionalidad. Con la elección de los gobernadores regionales en 2021 y 2024 se ha completado la configuración de instituciones autónomas junto a los consejos regionales, alcaldes y concejos municipales. Simultáneamente, se inició la búsqueda de una “Política de Estado” que, más allá de circunstanciales retrocesos, obliga a tomarse en serio decisiones que han alcanzado un alto consenso político y parlamentario.
Diversos cuestionamientos en los inicios de esta nueva etapa han entrampado los avances y sumido a diversos actores en una pérdida de foco y de agenda. Un gobierno declaradamente regionalista, un Congreso que tramita leyes importantes como la de “regiones más fuertes” o declara por amplia mayoría la necesidad de fortalecer a los gobiernos regionales, unos gobiernos regionales y municipios que se disponen a acrecentar su aporte responsable al país, una ciudadanía que espera mejores servicios públicos, con mayor velocidad y pertinencia. Sin embargo, ni unos ni otros encuentran el rumbo. Es necesario rehacer la “agenda perdida”.
Reencontrar la agenda
1. En una reciente evaluación de su gestión la ex ministra del Interior Carolina Tohá (entrevista CNN Chile, Marzo 2025) junto con subrayar los logros del gobierno en seguridad pública: nueva legislación, mayor dotación y recursos para las policías, avances tecnológicos y conducción coordinada e inteligente de la persecución al delito; señalaba que uno de los déficits había sido la falta de programas para los jóvenes tras el objetivo de minimizar el riesgo de captura por el narcotráfico y el crimen organizado. A diferencia del trabajo de inteligencia o la dirección de las policías, esta misión sí puede ser lograda de mejor forma de manera descentralizada. La tarea de prevención del delito a través de programas de reinserción escolar, deportes, cultura y actividades recreativas sólo se logrará en cada territorio dónde la alianza entre gobiernos regionales y municipios puede ser más rápida y pertinente. Un camino, en vez de buscar legislar sobre una división de seguridad pública con dotaciones mínimas para los gobiernos regionales, es priorizar el fortalecimiento profesional de las Divisiones de Desarrollo Social y Humano capaces de diseñar, aprobar y hacer seguimiento responsable de proyectos que pueden ejecutarse en colaboración con los municipios, evitando el verticalismo centralista de tantos programas sociales.
2. Cumpliendo con una tarea que debiera generalizarse en el sector público, la Subsecretaría de Desarrollo Regional encargó a un grupo de expertos la evaluación de los procesos de traspaso de competencias entre los años 2018 y 2024. Es necesario recordar que en los dos gobiernos de vigencia de la Ley 21.074 todas las transferencias propuestas o ejecutadas han surgido de la iniciativa presidencial. En 7 años el engorroso procedimiento de traspasos originados desde abajo ha sido inviable lo que convierte a esa parte de la ley en letra muerta. El Informe es concluyente; dice: “el proceso enfrentó falencias importantes en la etapa de diseño, implementación y seguimiento” y “tampoco hubo transferencias de recursos para financiar los gastos inherentes al proceso y desarrollo de la competencia por parte del GORE”. Sin un diseño colaborativo y sin nuevos recursos humanos y financieros sería excepcional tener experiencias exitosas. La conclusión lógica indica la necesidad de reformar radicalmente la Ley. Uno de los puntos programáticos planteados por Carolina Tohá es pasar de transferencias puntuales (“pichiruches” las calificó en una reunión de campaña en Santiago) a traspasos de áreas completas de gestión, hoy en manos de ministerios o servicios públicos nacionales. Algo que debiera concitar la unanimidad de los sectores políticos que declaran su compromiso con la descentralización.
3. La gran deuda del Estado con las regiones ha sido la ceguera absoluta en materia de incentivar la creación de plantas profesionales capaces de hacerse cargo en forma efectiva de nuevas responsabilidades para lograr mejorar el servicio a los ciudadanos. La cercanía a los problemas es una condición necesaria, pero no suficiente para alcanzar ese resultado. El primer mensaje de AGORECHI al gobierno de Piñera incluyó la importancia de una nueva Ley de Plantas Regionales. Parece que las urgencias posteriores les hizo olvidar esa prioridad. Sin embargo, la Cámara de Diputados por 108 votos a favor y 15 en contra (republicanos) aprobó “una solicitud al Presidente de la República que impulse las reformas necesarias para fortalecer la normativa de plantas de los gobiernos regionales” (Resolución 1468, 18 de junio de 2025). Una señal que muestra sensibilidad respecto de la gravedad del problema. Sabemos que una ley demora años en tramitarse y los mayores recursos humanos son urgentes. Mientras se discute lo permanente, bien pudiera aprobarse un porcentaje (bajo, pero de alta productividad) para que desde el FNDR se destinen fondos a proyectos de innovación pública territorial que aporten las capacidades necesarias para gestionar eficazmente las nuevas competencias.
4. Como si fuera poco, las nuevas instituciones han debido enfrentar marchas y contramarchas en las reglas del juego que definen los modos de gestionar los recursos públicos que se les asignan en el presupuesto nacional. Las circulares de DIPRES y la creciente improvisación de glosas presupuestarias hacen cuesta arriba el uso eficiente de los recursos. En un reciente seminario organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica se analizó la ejecución presupuestaria en el primer período de gobernadores regionales electos (2021 – 2024). La conclusión del estudio es categórica: “es la hora de terminar con el cambio de reglas tipo prueba y error y lograr reglas estables”. El diagnóstico agrega “hay demasiadas visaciones; es necesario facilitar la ejecución presupuestaria sin eliminar controles”.
Brotes verdes
1.Un asunto clave es el traspaso de competencias. Un primer brote verde en esta materia es lo que está impulsando SUBDERE, junto a la Subsecretaría de Turismo, para traspasar lo fundamental de la gestión pública en el área a los gobiernos regionales. El reciente “Congreso sobre Gobernanzas Turísticas” realizado en la Región de Coquimbo (el segundo, lo que ya implica continuidad) permite avanzar en esta línea. Sabemos que los funcionarios públicos constituyen uno de los actores más reticentes a la descentralización. Asegurar sus derechos en la transición y diseñar incentivos son tareas del nivel central que corresponde elaborar y aprobar. Todo sistema tiene sus complejidades, pero el área de turismo que ya tiene múltiples experiencias descentralizadas, bien puede ser la primera en poner a prueba en forma simultánea a los 16 gobiernos regionales. Una buena coordinación con la subsecretaría de turismo y las políticas nacionales sería un caso que seguir para el aprendizaje mutuo en materia de coordinación multinivel. Tanto para las decisiones de inversión pública, como para los traspasos de áreas y competencias es fundamental la coordinación multinivel. No se entiende que los compromisos alcanzados reiteradamente entre el gobierno nacional y la AGORECHI no se hayan traducido ya en el funcionamiento formalizado, público y transparente de los Gabinetes Nación – Región acordados en 2023 y ratificados con los nuevos gobernadores regionales en enero de este año.
2.Un déficit estratégico es la dotación y formación de recursos humanos para hacerse cargo de las nuevas responsabilidades. Recientemente SUBDERE ha informado que dispone de 3.670 becas para funcionarios municipales y regionales que se interesen por perfeccionarse en diplomados de gestión pública. Una señal positiva. El sistema propone a las universidades con más de cinco años de acreditación crear programas destinados al sector público descentralizado. Esto tiene un defecto: diseñar programas desde la oferta. Recientemente, el Gobierno Regional de Atacama financió un proyecto FIC cuyo mérito principal es buscar que ese diseño surja desde la demanda. ¿Qué requieren los gobiernos subnacionales? ¿Qué piden los potenciales interesados? La Universidad de Atacama aceptó el desafío y ha aprobado la creación de un Magister en Políticas Públicas y Gestión Territorial destinado a fortalecer las capacidades en esa región. Un modelo distinto de gestación que podría ser imitado en otras regiones.
3.Entre los brotes verdes hay uno muy importante: el rol de la sociedad civil, algo apagada en los últimos meses, más allá de la participación ciudadana en las elecciones subnacionales de 2024. En este contexto, destacamos la iniciativa de CORBIOBIO, apoyada por el Gobierno Regional del Bio Bio, de organizar una nueva Cumbre de las Regiones programada para el 4 de agosto en el escenario del Teatro Pencopolitano. Los candidatos están invitados a explicitar lo que proponen. Una gran oportunidad para que los actores políticos, académicos y sociales puedan deliberar sobre el cómo seguir avanzando hacia la descentralización exitosa que Chile necesita.
