Todo partió con la denuncia de presuntas irregularidades en un convenio entre el Seremi de la Vivienda y la fundación Democracia Viva, presidida por Daniel Andrade, pareja de la diputada frenteamplista Camila Pérez, que desató un verdadero vendaval al interior del gobierno (que costara la salida de Carlos Contreras de su cargo de Seremi) y en el propio Frente Amplio, con acusaciones cruzadas, intentos de defensa corporativos y una persistente negativa de la parlamentaria involucrada de estar al tanto de este convenio. Sin embargo, los tribunales de justicia decidieron su desafuero y más recientemente, el tribunal de Antofagasta resolvió imputarle cargos y decretar su arresto domiciliario total.
Pero el caso convenios abrió una verdadera caja de pandora en relación con convenios suscritos por el estado con fundaciones privadas, sin fines de lucro, con más de 50 fundaciones sometidas a investigación sobre presuntas irregularidades y fraude fiscal. La más relevante es la investigación de la fundación procultura, que registra convenios con diversas reparticiones fiscales, incluidas seis gobernaciones regionales, por un total de seis mil millones de pesos. El director ejecutivo de la fundación era el psiquiatra Alberto Larraín, ex DC y hoy militante del Frente Amplio, con una amplia red de contactos en el mundo político, que le permitieran suscribir millonarios contratos con diversas reparticiones públicas, entre las que se incluyen seis gobernaciones regionales (metropolitana, Antofagasta, Valparaíso, Ñuble. Bio Bio y Magallanes), en su inmensa mayoría incumplidos y con recursos de imposible recuperación, toda vez que la fundación cerrara sus puertas el año 2023, ante la cancelación de los convenios y las investigaciones judiciales.
En verdad, las investigaciones están en curso y tienen carácter reservado, pese a las múltiples filtraciones de escuchas telefónicas, una de las cuales corresponde a una conversación entre el propio presidente de la república con la psiquiatra Josefina Huneeus, que estuvo casada con Alberto Larraín durante 14 años, respecto del tema de procultura y los presuntos implicados.
Sin ningún antecedente concreto, como no sean especulaciones de fiscales que investigan el caso, los dirigentes de oposición han denunciado un presunto financiamiento ilegal de la campaña presidencia del presidente Boric, demandando que sea convocado a declarar en carácter de imputado en la causa. Incluso, José Antonio Kast sugirió que el presidente debía interrumpir su gira al Asia comparecer ante la justicia. Una imputación negada enfáticamente por el propio Larraín, así como cualquier otro financiamiento de campañas políticas.
El Frente Amplio ha acusado de un verdadero “espionaje político” a propósito de estas escuchas telefónicas o sucesivas filtraciones, que mostrarían una intencionalidad política de parte de la fiscalía que investiga el caso.
Por su parte, el presidente, en medio de su gira, se refirió al caso para sostener su absoluta inocencia y plena tranquilidad, sosteniendo que la justicia debe operar con plena independencia para establecer responsabilidades. Caiga quien caiga.
Sin lugar a duda, el caso convenios revela un grave tema de corrupción, que no tan sólo compromete a los responsables de las diversas fundaciones involucradas, sino también revela una grave debilidad de las instituciones públicas para resguardar el adecuado uso de recursos públicos. Otra cosa, que la justicia deberá determinar, más allá de toda duda razonable, es si el caso tiene implicancias políticas que comprometan a autoridades, con financiamiento ilegal de sus actividades.
Un doble estándar en materia de corrupción.
Pero no es del todo evidente que sea el mayor caso de corrupción conocido los últimos años. Es cosa de recordar el caso Penta o Soquimich, para citar los más publicitados. Y lo penoso, es que el caso Penta terminó con clases de ética para los involucrados y en el caso de Soquimich, aún no se establecen las responsabilidades y condenas.
Pese al largo tiempo transcurrido, aún no se formalizan cargos para los más de 30 exalcaldes sometidos a procesos investigativos por casos de corrupción. Entre ellos al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, o la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, pese a las múltiples evidencias de malversación de recursos públicos en su contra. Y en otros municipios, como Las Condes o Barnechea, aún no se inician procesos judiciales en contra de sus exalcaldes, acusados de hechos ilícitos. La suma de los recursos comprometidos en los más de 30 municipios investigados por la justicia, superan, con creces, los recursos involucrados en el caso convenios.
Pero la derecha parece tener una moral selectiva a la hora de denunciar la corrupción. Levanta su indignada voz para denunciar presuntos actos de corrupción que puedan comprometer al oficialismo, exigiendo la máxima diligencia de la justicia para investigar los hechos y aplicar las más drásticas sanciones. Incluidas comisiones investigadoras de la cámara para hacer efectivas presuntas responsabilidades políticas, y guarda un silencio cómplice ante hechos de corrupción que puedan comprometer a personeros de la derecha. Incluso busca blindarlos. Al igual de lo que sucede con la seguridad ciudadana, es muy peligroso intentar usar el tema de la corrupción como herramienta política o electoral. Es un bumerang que puede volverse en su contra.
Tal como ha ocurrido en el caso Hermosilla, que involucra, en forma directa al exministro Andrés Chadwick y otras autoridades del gobierno anterior, además de connotados empresarios de la plaza y exfiscales. Aún no se logra cuantificar la cantidad de dinero defraudado de las arcas fiscales por las actividades ilícitas desarrolladas por el abogado Hermosilla (sin contar con los fondos defraudados a inversionistas privados que confiaron sus ahorros a la empresa de los hermanos Sauer). Pero son cifras millonarias, además de los delitos de corrupción de funcionarios públicos y el tráfico de influencia en el nombramiento de jueces y fiscales.
Ni la derecha, ni los principales medios de comunicación vinculados a este sector, han guardado el mismo celo para investigar, denunciar y condenar estos hechos. No se trata de jugar al empate. Muy por el contrario, los hechos de corrupción se suman, minando la fe de la ciudadanía en las instituciones democráticas.
Lo más riesgoso de todo, es que el ministerio público o los tribunales de justicia puedan estar bajo sospecha o ser imputados de este doble estándar a la hora de perseguir la corrupción, como lo han insinuado sectores del Frente Amplio y la propia abanderada del partido comunista, Jeannette Jara, denunciando que las filtraciones de investigaciones reservadas, mayoritariamente, se centran en procesos judiciales que comprometen a sectores de la izquierda o el oficialismo. Una sospecha que se profundiza a partir del tráfico de influencias en el nombramiento de jueces y fiscales por parte del abogado Hermosilla.
De por sí, la filtración de informaciones reservadas en los procesos investigativos es muy grave y debe ser objeto de una rigurosa investigación por parte del ministerio público, además de medidas concretas que permitan evitarlas. Al igual de lo que sucede con el poder judicial, el ministerio público debe garantizar plena independencia del poder político o los poderes fácticos.
Por su parte, tanto el gobierno, como los diversos sectores políticos, deben velar por la plena independencia e imparcialidad del poder judicial, evitando convertir la corrupción, una lacra moral que debilita la democracia, en una arma política y electoral en contra de sus adversarios. La corrupción no reconoce fronteras políticas y representa un objetivo de interés nacional su combate, asumiendo que no es posible erradicarla de una vez y para siempre. Es decisivo que las instituciones funcionen, con plena independencia, mayor eficacia y, en lo posible, con mayor celeridad. Sin doble estándar. Caiga quien caiga.
