La derecha ha iniciado una línea dura de rechazo a la reforma de pensiones propuesta por el gobierno, incluso retrocediendo respecto a los acuerdos establecidos en la pasada legislatura patrocinados por las anteriores autoridades.
Esta línea dura está bien expresada por el senador Coloma, quien ha sostenido que «la discusión ha cambiado, el 62% dijo que los fondos fueran a cuentas individuales, heredables y de su propiedad«, lo que repiten unos y otros portavoces de la derecha.
Primero, es absurdo plantear que el rechazo en general al proyecto constitucional de la Convención es el rechazo a cada una de sus partes, y de paso a la constitución vigente. Con ese argumento se podría sostener que «el 62% dijo que no quería que Chile fuera una democracia «, lo que francamente no tiene sentido.
Segundo, todo sistema de pensiones contributivo está basado en una cotización obligatoria. Ésta nunca queda íntegra en las cuentas individuales (dicho sea de paso, por construcción no existe sistema de pensiones sin cuentas individuales, ya sea que esté basado en beneficios definidos o solo en aportes definidos en sistemas de reparto o de capitalización). En efecto, una parte -que puede ser muy importante como en el caso de Chile- queda fuera de toda cuenta individual y deja de ser de propiedad del aportante para cubrir los costos de administración y las utilidades en caso de sistemas privados con fines de lucro. Todo lo demás perteneciendo constante, una disminución de las comisiones aumenta los montos en las cuentas individuales. Esto nunca se menciona por los defensores de la propiedad privada de todo, especialmente de las utilidades.
Si se descuenta una parte del aporte para dar lugar a la utilidad privada de la AFP, ¿no tiene acaso sentido sustituir esa parte de las cotizaciones de los hombres de más altos ingresos para entregarlas no a las AFP sino a las mujeres que tienen menos derechos acumulados y más esperanza de vida o a las personas de salarios muy bajos y lagunas muy altas? ¿No sería esa una transferencia más justa que la actual? ¿O la única transferencia defendible es la del aportante a las ganancias empresariales?
La reforma innova al establecer un único recaudador público para abaratar costos y bajar comisiones. Los futuros “Inversores privados” solo orientarán los fondos en los mercados de capitales para el 10% obligatorio de capitalización individual (que subiría a 10,5%), pero con mucha más competencia. Para permitir una mayor estabilidad y una redistribución básica, se crea un fondo de capitalización colectiva con el nuevo 6% de cotización del empleador acordado por la legislatura anterior, en el que los aportes y su rentabilidad se inscriben como derechos previsionales futuros. La reforma del actual gobierno establece que un 70% irá a la cuenta de cada cual según el aporte individual y un 30% se contabilizará en la cartola individual de acuerdo al aporte promedio de los cotizantes. Esto permitirá que los salarios más altos contribuyan con una cifra modesta a los salarios más bajos, para los cuales el aporte es significativo, junto a financiar el uso de una sola tabla de longevidad para hombres y mujeres, lo que las beneficia sustancialmente, así como un aporte mensual a la continuidad de las cotizaciones hasta un tope de 30 años. Estos son los elementos bastante moderados de introducción de mecanismos redistributivos de seguridad social, que permitirían, junto al aumento de la tasa de cotización, aumentar las pensiones del sistema contributivo para las pensiones más modestas, concentradas en las mujeres.
La derecha sostiene que es mejor que esta redistribución vaya por el lado fiscal en la pensión garantizada universal. Esto tiene el inconveniente de desestimular la formalización de los grupos de bajos ingresos, que no tendrían ningún incentivo mayor para cotizar pues suelen privilegiar los ingresos líquidos de corto plazo. Pero, sobre todo, el sistema tributario, por el peso del IVA y los impuestos al consumo, es globalmente regresivo: el aporte solidario sería financiado proporcionalmente más por los sectores medios y bajos. Y además ocurre que la derecha se niega a aprobar la reforma tributaria actualmente propuesta (con un aumento de 3,6% del PIB en la carga tributaria en régimen) que aumentaría la progresividad de los impuestos. Financiar el 6% de cotización patronal previsto por la reforma previsional a través de impuestos supondría un 2% del PIB adicional en el tamaño de la reforma tributaria en debate, a lo que también la derecha se opone. Entonces, nada de solidaridad ni por angas ni por mangas.
Tercero, las cotizaciones para financiar las pensiones son para eso, para financiar pensiones. Verdad de perogrullo. En caso de fallecimiento del beneficiario, todos los sistemas establecen beneficiarios secundarios para las personas viudas y otros dependientes, como también lo hace la reforma propuesta. El sistema de retiro programado crea la ilusión de una herencia, que por lo demás disminuye año a año a medida que se van agotando los fondos. A la mayoría al fallecer no le queda nada para heredar (este es el caso de solo poco más de 10% del total). Los bienes y ahorros se heredan, las pensiones no se heredan, pero pueden dar lugar a beneficiarios. La reforma en todo caso incluye en la renta vitalicia -se eliminará el retiro programado pues es contrario a toda idea de seguridad social- la posibilidad de separar una parte de lo acumulado para constituir una herencia, pero disminuyendo lógicamente la pensión, lo que queda a discreción de cada cual.
En los próximos meses habrá que acostumbrarse a tergiversaciones variadas orientadas a rechazar la reforma, mantener a las AFP y agregarles un 6% adicional de cotización. Sus utilidades extraordinarias respecto a cualquier actividad económica normal -salvo la extracción de recursos naturales sin pagar las regalías correspondientes- se originan en una función meramente parasitaria y altamente costosa para la sociedad. Esto es con lo que la reforma propuesta se propone terminar después de un fracaso demostrado de 40 años.
