La derrota del proyecto constitucional de la Convención por 62% puso a la ofensiva a quienes defienden los vetos de minoría, las soluciones autoritarias a los problemas públicos y la mantención del status quo, incluyendo políticas sociales de baja intensidad y la concentración económica y mediática en Chile.
El gobierno se encuentra con una doble dificultad. Por un lado, no tiene mayoría en el parlamento para sus prioridades legislativas (reformas tributaria, de pensiones y de salud), salvo que rebaje sustancialmente los cambios a realizar. Por otro lado, no se encamina un acuerdo interpartidario sobre el proceso constitucional, por lo que puede llegarse a uno con fuertes limitaciones de soberanía de la eventual futura entidad constituyente o a ningún acuerdo.
Esta situación obliga a dejar el voluntarismo de lado y diagnosticar de la mejor manera posible lo que ocurre en la sociedad chilena, pues este es en definitiva el parámetro esencial para la definición de la agenda pública.
La derrota de la propuesta constitucional de la Convención es el primer asunto sobre el que volver la mirada, pues representa un cambio sustancial de la situación política. Sabemos que tiene múltiples causas, pero entre ellas se encuentra un insuficiente procesamiento por el cuerpo social del necesario reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos originarios. La autonomía territorial en los asuntos que son propios de las regiones y comunas genera, por su parte, adhesión verbal, pero a la hora de la verdad se prefiere aún la sujeción al poder central en el sistema tradicional de peticiones y dádivas, en la expresión de Sergio Galilea. También estuvo presente la combinación entre un poder mediático formal y por redes que está en capacidad de difundir falsedades y miedos de manera extensa y sistemática y el hecho de sicología social según el cual una parte amplia de la población está dispuesta a creer esas falsedades y dejarse influir por los miedos que canalizan.
Una hipótesis de trabajo razonable para explicar esa propensión es que las personas y familias viven en el temor cotidiano por fuertes incertidumbres respecto a su posibilidad de a) lograr y mantener medios de vida suficientes dada la inestabilidad y alta rotación del empleo y como consecuencia poder responder ante el endeudamiento incurrido o en el que se está incurriendo; b) enfermarse y lograr una atención oportuna y económicamente abordable; c) lograr para los hijos e hijas un acceso adecuado a la educación, una permanencia en ella y titulaciones que permitan el acceso a empleos al menos relativamente bien remunerados; d) vivir en un entorno seguro y no ser víctima de la delincuencia y e) evitar una vejez sin medios de vida suficientes en medio del aislamiento social.
Es posible conjeturar que todas estas incertidumbres con las que la mayoría social debe lidiar todos los días crean una clima de descontento proclive a los cambios estructurales o bien una inclinación a la desconfianza respecto a la capacidad del sistema político de abordar esos temores con mecanismos instituidos y estables.
Los avances de las últimas décadas son reales en cada una de estas áreas, pero no alcanzan a crear un ambiente de seguridad cotidiana y una confianza suficiente en los cambios promovidos desde el sistema político por las fuerzas que los proponen. El contexto es de un importante desgaste sufrido por lo que se entiende son promesas incumplidas y conductas incorrectas en el largo proceso de transición y consolidación de la democracia, con un fracaso en avanzar sistemáticamente en la dirección de consagrar más derechos sociales. El bloqueo en el sistema político y la captura de una parte de las elites que se suponía progresistas por el poder económico y el pensamiento conservador ha pasado por ahí.
La conducta electoral de la mayoría adulta parece oscilar entre la preferencia por las fuerzas de cambio respecto a aquellas conservadoras de tipo tradicional y el escepticismo abstencionista respecto a su capacidad de concretar transformaciones de la sociedad. Una parte incluso desea, pero considera un peligro para la estabilidad avanzar a esas transformaciones, y ha sido impactada negativamente por las violencias callejeras y destrucciones de pequeños grupos que han acompañado prolongadamente la movilización social.
Esta situación otorga oportunidades de crecimiento a la extrema derecha que se propone manipular las carencias sociales con sus discursos antipolíticos, contra la delincuencia, el desorden, la corrupción y la inmigración que serían causados por los políticos tradicionales, abstracción hecha de toda estructura económica y del sistema político explicativas de la reproducción de la desigualdad y de la protesta social. No se necesita mucha más imaginación para canalizar el descontento social primario con la delincuencia, la precariedad o el temor al inmigrante y construir una estrategia de reversión antidemocrática como la que logró perfilar el candidato José A Kast, que obtuvo una muy alta votación en la elección presidencial reciente y puede repetir en la próxima.
Esta fue la precursora de la derrota de la nueva constitución en septiembre pasado.
La pulsión autoritaria y la defensa de la mercantilización generalizada de la vida social siguen con su presencia mediática sistemática, procurando modelar en el día a día un sentido común contrario a la democracia como medio para mejorar las condiciones de vida e intentando anular en el sistema político todo intento de disminución del poder económico oligárquico, incluyendo su dominio de los medios masivos de comunicación además de las grandes empresas y su presencia generalizada en los servicios sociales y urbanos básicos.
Pero esta situación también crea la oportunidad, a pesar de la condición de minoría en el parlamento, de reforzar la acción gubernamental en el aumento sustancial de la pertinencia, eficacia y eficiencia de los programas públicos, con un especial celo contra el clientelismo y la corrupción, creando un ethos de reforma y profesionalización generalizada de la gestión pública. Y también crea la oportunidad de avanzar en la creación de condiciones sociales y políticas para la disminución de los temores y dar a la agenda transformadora en el plano socioeconómico un soporte mucho más amplio que el actual, empujando avances legislativos que pudieran no tener apoyo inicial suficiente. La política de una izquierda racional es siempre buscar correr las fronteras de lo posible, aunque sea milimétricamente.
