En septiembre, la actividad económica desestacionalizada aumentó por segundo mes consecutivo, mientras en octubre la inflación registró tres meses de menores aumentos. El punto complicado sigue siendo la caída de las remuneraciones reales de los ocupados y las altas tasas de interés sostenidas por el Banco Central.
Dada la política agudamente restrictiva del Banco Central desde junio de 2021 y el fuerte ajuste presupuestario programado por el gobierno anterior para después de las elecciones del año pasado, la economía presentó caídas mensuales desde diciembre de 2021 hasta febrero de 2022 (en términos desestacionalizados). Se produjo un repunte en marzo, pero se volvió a registrar una preocupante caída sucesiva del índice mensual entre abril y julio, mes en que fue especialmente fuerte (-1,1%). Esta evolución hacía presagiar una rápida entrada en recesión, como quería el Banco Central, lo que de paso incidió en el resultado del plebiscito del 4 de septiembre, pues tenía un componente inevitable de valoración de la gestión del nuevo gobierno.
El crecimiento de la actividad económica (Imacec) en agosto y septiembre, siempre descontando los efectos estacionales, fue respectivamente de 0,5% y de 0,2% respecto al mes previo. La situación mejoró al sumarse, entre otros, factores como el aumento del salario mínimo (se incrementó desde 350 mil pesos a 380 mil pesos en mayo y a 400 mil pesos en agosto) y el suplemento de la asignación familiar para compensar el incremento de los precios de alimentos. Estas medidas del nuevo gobierno sostuvieron en algo la demanda. Pero ha sido el buen comportamiento de la provisión de servicios a las personas (restauración, educación, salud, hogar) y a la producción (finanzas, tecnologías de la información, gestión) lo que ha evitado por nariz caer en una recesión técnica, entendida como una disminución de la producción durante dos trimestres seguidos, lo que contrasta con una producción de bienes que registra una tendencia a la baja, especialmente en la minería, desde el segundo semestre del año pasado. Ésta se había recuperado y expandido algo después de la crisis de la pandemia y se sitúa hoy algo así como entre Tongoy y Los Vilos. Como se observa en el gráfico, parece estar produciéndose un cambio estructural en la economía en la etapa posterior a la fuerte crisis de 2020 (año en que se produjo una caída del PIB de -6,1%), dada la evolución contrastada entre la oferta de bienes y la de servicios. Estos últimos representan dos tercios de la producción chilena (un 63,9% en 2015 y un 65,9% en 2021), contrariamente a la percepción corriente que se tiene en la materia.
El resultado ha sido que el crecimiento del Imacec en los tres primeros trimestres de 2022 ha sido de un 4,3% promedio respecto al mismo período de 2021. Como el nivel de producción agregada del cuarto trimestre del año pasado fue excepcionalmente alto y difícilmente se alcanzará un nivel parecido en el mismo período de 2022, se prevé una cifra anual inferior a la mencionada luego del fuerte crecimiento empujado por la demanda de 2021 (11,7%), centrado en los servicios. Cabe hacer notar que su provisión presenta menos cuellos de botella y límites de oferta que la producción de bienes, por lo que el impacto inflacionario de su expansión es comparativamente menor, especialmente cuando se han perturbado las cadenas globales de producción como ocurrió en la fase más aguda de la pandemia y todavía ocurre en China.
Por su parte, el empleo total medido por la encuesta del INE aún no recupera sus niveles previos a la pandemia, aunque el empleo asalariado formal registrado administrativamente es superior en 345 mil unidades al de hace tres años. Pero es preocupante que haya caído en cien mil personas entre diciembre y julio de 2022, último registro disponible de este indicador que es más preciso que la encuesta de empleo.
Otra preocupación en materia de evolución de la masa salarial, y por tanto de la demanda de consumo de las familias, es que la inflación sin compensación salarial tiene como efecto la caída del nivel real de las remuneraciones, es decir la pérdida de su capacidad adquisitiva. La misma cantidad de dinero compra menos bienes y servicios. Desde marzo de 2021, mes en el que las remuneraciones reales alcanzaron su mayor valor, la caída acumulada es de -3,5%, según el INE. Entre marzo y septiembre de este año, la caída asciende a -1,8%. Como se observa, el aumento del salario mínimo no ha sido suficiente para impactar en las remuneraciones medias. La negociación sobre el reajuste del sector público será una ocasión para una eventual recuperación del poder adquisitivo de esos salarios, cuyo reajuste sirve de guía para muchas negociaciones colectivas e individuales en el sector privado.
A los que argumentan que esto aumentaría la inflación, cabe recordarles que los bienes y servicios no sujetos al comercio internacional han vuelto a una inflación normal y que ésta se concentra en los bienes importados, que también han experimentado una cierta caída de precios en el caso de los combustibles y los alimentos. Una recesión provocada por una caída de la masa salarial y el consumo de las familias (que constituye del orden de 70% de la demanda agregada) no bajará los precios importados, pero sí provocará un empobrecimiento y un aumento del desempleo.
Mientras, la inflación se desaceleró en octubre por tercer mes consecutivo. El IPC de octubre aumentó en 0,5% respecto al mes previo. Se trata de una cifra sustancialmente menor a las que se registraron entre marzo y julio, cuando se aceleró la inflación por la guerra en Ucrania y su impacto en los precios de combustibles y alimentos, componentes claves del consumo de bienes que contienen materias primas de origen importado. Cabe hacer notar que esta cifra se explica precisamente porque la inflación de los bienes transables internacionalmente fue de solo 0,2%, por la distensión en los precios internacionales de combustibles (especialmente en septiembre) y de alimentos (el índice de precios de los alimentos de la FAO ha disminuido un 14,9 % a octubre desde el valor máximo alcanzado en marzo de este año, pero se mantiene un 2,0 % por encima del valor registrado hace un año). La inflación de los bienes no sujetos al comercio internacional fue, en cambio, de 0,9%, la que todavía absorbe los «impactos de segunda vuelta» provenientes de los aumentos previos de combustibles, en particular.
El gráfico adjunto reseña la evolución fuertemente diferenciada desde inicios de 2021 entre los precios promedio al consumidor sin considerar alimentos y energía (línea azul) y los precios de los bienes no transables internacionalmente (línea verde), por un lado, en contraste con los precios transables internacionalmente (línea roja), por otro. La aceleración de la inflación se ha debido en una proporción significativa a los precios externos, ya sea directamente en el caso de los bienes de consumo final o por el impacto en los costos de los insumos importados en la producción de bienes para consumo interno, mientras la inflación no volátil ya presenta niveles bajos. Este último dato es alentador, pues el incremento de los precios de los bienes no volátiles (excluyendo a combustibles y alimentos y otros bienes cuyos precios varían con mayor frecuencia al alza y a la baja) fue de solo 0,1% en octubre.
Agreguemos que, entre enero y agosto, según el Banco Central, las salidas netas de capital al exterior de hogares y empresas no financieras, buscando mayores rentabilidades, seguridad o simplemente evasiones tributarias, han sumado un 73% menos que en el mismo período de 2021, cuando alcanzaron US$10.808 millones. Es una cifra un 63% inferior a la de 2020, cuando salieron del país unos US$ 7.987 millones. Previo a octubre de 2019, entre enero y agosto, habían salido del país US$ 1.273 millones, y en 2018, en igual lapso, solo US$258 millones. Esto contribuye a mejorar la situación de la balanza en cuenta corriente, que había experimentado una evolución preocupante en 2021 por la expansión de las importaciones y de las remesas de utilidades al exterior por el sector minero, junto a un buen comportamiento de las exportaciones industriales y las de servicios, en contraste con las mineras y agropecuario-silvícolas.
Para que las familias de menos ingresos puedan mantener la cabeza arriba del agua, la política fiscal de compensación inflacionaria (en especial del valor de la canasta alimentaria con suplementos de asignación familiar) debiera ampliarse, y de paso contribuir a evitar una recesión en 2023. Esta no es un eclipse de sol, sino una política buscada por el Banco Central que puede y debe revertirse, dado que no ayuda a combatir la inflación importada.
Es de esperar que el Banco Central proceda a la brevedad a bajar la tasa de interés de política monetaria, pues el crédito caro no tiene incidencia en los precios de combustibles y alimentos, que se fijan en el exterior y son los principales causantes de una inflación que es básicamente de costos (más argumentos se encuentran en mis columnas sobre el tema de octubre y noviembre). Bajar la tasa de interés de política monetaria podría tener un impacto en el tipo de cambio por salidas en los capitales golondrina, pero a su vez éste tiene diversos determinantes en el corto plazo que en parte anulan o amplifican ese efecto, como el precio del cobre. En todo caso, la divergencia de tasas internas y externas es tan grande que hay márgenes importantes para mantener un diferencial significativo. El Banco Central está aún a tiempo para evitar una recesión inútil.
