El 16 de noviembre se definió la participación en la segunda vuelta presidencial a realizarse el 14 de diciembre, con la primera mayoría de Jeanette Jara y su 26,9% de los votos y la segunda mayoría de José A. Kast y su 23,9% de los mismos. La suma de los sufragios de los candidatos de extrema derecha y de la candidata de derecha alcanzó a un 50,3%, la cifra más alta de este sector político desde el 57,2% de 1946, que sumó la del conservador Eduardo Cruz-Coke y el liberal Fernando Alessandri, aunque fue elegido por el Congreso el candidato radical.
Johannes Kaiser y Evelyn Matthei dieron de inmediato su apoyo a Kast para la segunda vuelta, introducida en 1989. Jeanette Jara no ha sido objeto del apoyo de Marcos Enríquez-Ominami (1,2%) ni de Eduardo Artés (0,9%).
La participación fue de un 85,3% respecto a los potenciales votantes, similar a la existente desde la reintroducción del voto obligatorio en 2022 en adelante. Es la más alta en una elección presidencial desde el 86,8% de 1989 (su nivel más bajo fue el 46,7% en la elección presidencial de 2017, con el cambio hacia el voto voluntario). Este voto, con inscripción automática, duró desde la elección municipal de 2012 hasta aquella de la Convención Constitucional de 2021, lo que favoreció su composición radicalizada. Los plebiscitos y elecciones posteriores se volvieron a realizar con voto obligatorio. Cabe hacer notar que se trata de una diferencia de universo del orden del 30-40% de los mayores de 18 años, lo que es sustancial. Se puede incluso conjeturar que el actual presidente no hubiera sido elegido con voto obligatorio, dada la conducta inclinada hacia los conservadores de los antes abstencionistas, pues lo fue con solo un 55,6% de participación.
En la elección de 2025, la participación más baja se registró en los hombres mayores de 55 años, mientras la de los jóvenes se situó en el promedio y la de las mujeres fue más elevada en todos los tramos de edad. Se confirma así que las mujeres están mostrando un mayor comportamiento cívico. Arica y Tarapacá, junto a Aysén y Magallanes, registraron las participaciones regionales más bajas, lo que se suma a un declive más pronunciado de los partidos tradicionales en esos territorios. Se continúa configurando en los extremos geográficos un comportamiento de abstención y volatilidad más amplio que en el resto del país.
Los votos de los partidos que apoyan a Jeanette Jara sumaron un 37,7% (porcentaje similar al del Apruebo de 2022, dicho sea de paso). Parte de los votos que le faltaron a la candidata del centro y la izquierda posiblemente tengan que ver con la desconfianza que provoca en algunos sectores su militancia de origen. Fueron en alguna medida a otros candidatos, y a Franco Parisi entre ellos. Este postulante -por tercera vez- presenta la particularidad de residir en Estados Unidos, donde pidió asilo político en su momento: estuvo de paso por Chile para la campaña presidencial de 2025. En la de 2021 no vino porque lo podían detener por el no pago de pensión de alimentos a sus hijos. Ahora obtuvo un sorprendente 19,7% de los sufragios (a comparar con un 12,5% en 2021). Este no se registró en los sondeos previos por tratarse probablemente de un «voto vergonzante«, en el que se expresa una adhesión a la actitud de desparpajo y desenfado de Parisi, pero que no necesariamente llega hasta reconocer la intención de voto en una encuesta. Entre tanto, los 6 parlamentarios del Partido de la Gente elegidos en 2021 desertaron casi todos de esa agrupación durante la legislatura pasada, en medio de disputas y en ausencia de soporte de ideas y programas, aunque habían obtenido un 8,4% de los votos en 2021.
No obstante, según el análisis del sitio Decide Chile, el 37% de los que no votaron en 2021 y estuvieron ahora obligados a sufragar si querían evitar una multa, lo hicieron por Parisi. Esta entidad estima que Jeannette Jara obtuvo un apoyo de 39% en las mujeres mayores de 54 años, lo que contrasta con que entre los hombres menores de 35 años fue solo la tercera preferencia, por detrás de Parisi (segmento en que obtuvo gran parte de su apoyo, especialmente en el norte) y de Kast. Este último fue el candidato preferido en el segmento de hombres y mujeres entre 35 y 54 años.
La mayor liquidez de la representación política se expresó también en que los votos nulos y blancos pasaron de 1,2% en 2021 a 3,7% en 2025 en la elección presidencial y sobre todo en que llegaron a un muy alto 20,0% del total de votos en la de diputados y a un 17,3% en la de senadores. Esto volvió a reflejar un extendido rechazo a la representación política partidista, que ya se había expresado de esta manera en la elección de concejales y consejeros regionales en 2024. El voto nulo o blanco reemplaza ahora en parte a la abstención.
En materia de composición del nuevo parlamento, los pactos de extrema derecha y de derecha obtuvieron menos de la mitad de los escaños de senador en disputa (11 de 23, el 48%, pues el Senado se renueva por mitades cada cuatro años). Sumando los senadores elegidos en 2021, la derecha no logró los 4/7 necesarios para reformar la constitución (28 escaños). El pacto de derecha de Chile Vamos y el Partido Demócrata contará desde marzo próximo con 18 senadores y el de la extrema derecha (Partido Nacional Libertario, Partido Republicano y Partido Social Cristiano) con otros 7. Suman 25, es decir la mitad del Senado de 50 escaños. La otra mitad la conforman fuerzas heterogéneas. Los partidos que hoy apoyan al gobierno de Gabriel Boric sumarán 19 senadores (7 del PS, 4 del PPD, 3 del PC, 2 del Frente Amplio, 1 del Partido Liberal y 1 de la Federación Regionalista, más Alejandra Sepúlveda). La Democracia Cristiana contará con 3. Se agregan los independientes Fabiola Campillai y Karim Bianchi y el hasta ahora diputado Miguel Ángel Calisto, elegido en la lista regionalista luego de no ser aceptado en la de derecha, pero que enfrenta un juicio por desvío del uso de recursos de la Cámara por el que puede terminar destituido.
En la Cámara de Diputados y Diputadas, que se renueva íntegramente cada 4 años, la oposición eligió en conjunto 90 de los 155 escaños en disputa (16 más que en 2021), un 58,1% del total. Con este resultado, las derechas superan por primera vez desde 1989 los 4/7 de los escaños (88). La extrema derecha pasó de 15 a 42 diputados y la derecha tradicional se redujo de 53 a 34, mientras los del Partido de la Gente de Parisi pasaron de 6 a 14. El partido más grande en la Cámara será desde marzo el Republicano, de extrema derecha, con 31 diputados (17 más que en 2021), seguido por los de la derecha tradicional de la UDI con 18 (5 menos), RN con 13 (2 menos) y Evopoli con 2 (2 menos), más 1 de Demócratas. En el actual oficialismo, el Frente Amplio logró 17 escaños (6 menos que en 2021), el PC 11 (1 menos), el PS 11 (2 menos), el PPD 9 (2 más), los liberales 3 (1 menos), los radicales 2 (2 menos), los regionalistas 2 (sin cambios) y Acción Humanista 1 (1 menos). El oficialismo y la DC (que mantuvo 8 diputados y pasó a una nueva etapa luego del quiebre que creó demócratas y amarillos a inicios de la actual legislatura) retrocedieron ahora a 64 diputados (17 menos que en 2021), más el independiente fuera de pacto Carlos Bianchi.
En porcentaje de votos en la elección de diputados, los partidos de la extrema derecha sumaron un 23,0% (Republicanos 13,3%, Nacional-libertarios 6,3% y Social Cristianos 3,4%), los de la derecha tradicional un 19,1% (UDI 8,4%, RN 8,1% y Evopoli 2,6%). El Partido de la Gente sumó un 12,1% de los votos, mientras Demócratas, escindido de la Democracia Cristiana hacia la derecha, sacó el 2,0% y Amarillos, escindidos de distintos partidos de la ex Concertación que gobernó entre 1990 y 2010, el 0,8% de los votos. Estas fuerzas políticas conservadoras sumaron en 2025 un 56,3% del electorado, lo que consagra un notorio vuelco político en Chile. En la elección de diputados de 2021, las derechas sumaron un 39,6%, pero en la de concejales de 2024 ya habían llegado a un 53% de las preferencias, mientras obtuvieron el 62% en la de consejeros constitucionales de 2023 (en este último caso ya con voto obligatorio).
En esta parte del espectro político, el Partido Social Cristiano, Evópoli, Demócratas y Amarillos enfrentan una disolución legal, pues se requiere obtener al menos el 5% de los votos nacionales en una elección parlamentaria, o bien elegir un total de ocho parlamentarios, alcanzar el 5% de los votos en ocho regiones del país o lograr ese porcentaje en tres regiones contiguas.
Por su parte, el actual oficialismo conglomeró a solo al 33,2% de la votación en la elección de diputados, lo que refleja un castigo notorio al gobierno, que sumó errores de gestión política inicial por su inexperiencia y de gestión económica que se tradujeron en una recesión y pérdida de salario real en 2022 y una recuperación posterior, pero con rezago en el empleo. El Frente Amplio sumó 7,5% de los votos (desde 11,9% en 2021), el socialista 5,5% (igual que en 2021), el comunista 5,0% (desde 7,4%) y el Por la Democracia 4,0% (desde el 3,9%). El Partido Demócrata Cristiano llegó al 4,5% (desde el 4,2%). Enfrentan una disolución legal los partidos Regionalista Verde Social (4,3% de los votos), Acción Humanista (2,6%), Liberal (2,2%) y Radical (2,1%). También enfrentan esta situación prevista en la ley electoral distintas agrupaciones situadas en los extramuros de la izquierda como los partidos Humanista (1,9%), Ecologista Verde (0,8%), Igualdad (0,8%), Alianza Verde Popular (0,7%), Trabajadores Revolucionarios (0,6%) y Popular (0,2%).
El quórum para aprobar las leyes simples es la mayoría absoluta de los presentes en las salas de ambas cámaras legislativas. El requisito necesario para aprobar, modificar o derogar las leyes orgánicas constitucionales es la mayoría absoluta de los diputados (78 votos) y senadores (26 votos) en ejercicio. Esta modificación entró en vigencia en 2023. Anteriormente, el requisito era de 4/7 de los diputados (88) y senadores (28) en ejercicio, el mismo requisito vigente desde 2022 para reformar la constitución, que desde 1989 y hasta entonces incluía, según los distintos capítulos de la misma, reunir hasta 2/3 de los votos en ambas cámaras. Así, el dominio notorio de la extrema derecha y la derecha en la Cámara no será suficiente para cambios institucionales de ruptura por la ausencia de 4/7 de los votos de la derecha en el Senado.
Es evidente, no obstante, que se encuentran en una situación de debilidad las fuerzas de centro progresista y de izquierda, que buscan representar, con matices y diferencias, la opción por la democracia y por la igualdad de oportunidades y derechos, así como por el acceso colectivo a una vida más próspera y digna, incluyendo la exigencia de respeto a la probidad, la diversidad y la convivencia entre distintos. En medio del aumento generalizado del temor a la delincuencia y a la inmigración, ha sufrido un retroceso la identificación con las opciones que procuran una sociedad cada vez más dinámica, justa y solidaria, basada en más igualdad social y de género y en el esfuerzo común para lograr un bienestar equitativo y sostenible que permita más libertad para todos.
La sociedad seguirá requiriendo, sin embargo, que mejoren las instituciones para lograr una prosperidad compartida basada en la innovación que, a la vez, preserve la resiliencia de los ecosistemas. A esto se opone la derecha, que solo busca el crecimiento de las ganancias de una minoría a costa de los que viven de su trabajo y de las nuevas generaciones. También requerirá lograr mayor eficacia del Estado, en la lucha policial contra el delito y en la erradicación del crimen organizado, lo que supone la supresión de mecanismos como el secreto bancario. A esto también se opone la derecha, que propone desmantelar partes del Estado y pide mano dura, pero se niega a actuar contra el blanqueo de capitales ilegales y contra la evasión de impuestos, que son los que permiten sostener los servicios públicos, los derechos sociales y la seguridad ciudadana.
Pero la inevitable asociación de Jara con el gobierno en funciones es un problema, pues desde la elección de Bachelet en 2005 ningún gobierno ha logrado la continuidad de su sector político en la siguiente elección. Este es un hecho bastante generalizado en las democracias actuales, sujetas a dinámicas persistentes de descontento y de desconfianza con los gobernantes, los que se están eligiendo con más frecuencia por rechazo a otros que por adhesión.
Sin embargo, no todo está perdido en la segunda vuelta del 14 de diciembre. Cabe recordar que en 2017 los votos sumados en primera vuelta de Guillier, Sánchez, Goic, Enríquez-Ominami, Navarro y Artés llegaron a 55,5%, pero Guillier perdió por 9 puntos en la segunda vuelta ante Piñera. En cambio, los votos sumados de Boric, Provoste, Enríquez-Ominami y Artés alcanzaron en 2021 un 46,5%, pero Boric ganó la presidencia holgadamente ante Kast. Así, las segundas vueltas suelen ser un nuevo escenario con alta incidencia del voto fluctuante, con un sustrato de intereses inmediatos y de motivaciones emocionales, que termina por inclinar la balanza. No se puede excluir que la mochila extrema del ultraderechista Kast, asociado a los intereses del gran empresariado y a Trump, Bolsonaro y Milei, le cueste por segunda vez la presidencia.
Si eso llegara a ocurrir, en la nueva etapa se deberá terminar de reencaminar las convulsiones de 2011 y 2019, gobernar con firmeza para cautelar derechos y producir mejoras sustanciales en la capacidad de hacer retroceder los temores e incertidumbres de estos tiempos. El desafío del país sigue siendo que todos, y no solo unos pocos, puedan construir sus opciones de vida mediante un empleo decente, cuidar de sus familias y educar a sus hijos, estar en seguridad en la calle, tener protección en la enfermedad y la vejez y, también, disponer de más tiempo propio. Esto no se logrará, como propone la extrema derecha, hundiendo al país en los recortes sociales y en más desigualdad, en el miedo, la desconfianza, el autoritarismo y las fobias. Se logrará redoblando los esfuerzos en innovación, en diversificación y mayor productividad, en negociación colectiva y redistribución de los frutos del progreso, que se traduzcan en mejorar el acceso a mejores salarios y pensiones, a la vivienda, al transporte de calidad, a la salud y al cuidado, a la educación y a la seguridad cotidiana. La prioridad de una eventual nueva etapa progresista será centrarse más que nunca en aquellos resultados que cambien día a día las condiciones de
vida de todos, y especialmente de quienes viven de su trabajo, que son la mayoría capaz de sostener y proyectar a Chile hacia un mejor futuro.
