El llamado “periodo de gracia” del nuevo gobierno no duró más de dos semanas, antes de caer estrepitosamente en las encuestas (casi 20 puntos en tres semanas y bajando). La decisión de traspasar íntegramente a los consumidores el alza del petróleo no lo explica del todo (No deja de sorprender la explicación del ministro de Hacienda, afirmando que no estaba dispuestos a “despilfarrar” miles de millones de dólares para subsidiar a los consumidores, cuando se suponía que ese era precisamente la función del Mepco). Sus primeras señales son erráticas y confusas. Primero para afirmar que recibía una magra caja fiscal con apenas 40 millones de dólares cuando, en verdad, superaba los 3600 a fines del mes de febrero, tal como lo revelara la DIPRES. Para colmo, sus voceros afirmaron que el país estaba en quiebra. Prometió una auditoría internacional al gobierno, para luego afirmar que costaba demasiado. Solicitó la renuncia de Priscilla Carrasco, directora de SernamEG (designada por ADP), que sufre de un cáncer triple negativo, por falta de confianza, para luego poner en pausa la decisión. Retiró el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas, sin avisarle a los otros dos países que la apoyaban (Brasil y México). Confirmó que está estudiando indultar a ex uniformados condenados por delitos de lesa humanidad para luego revisar la figura del indulto. Y nuevamente ha decidido postergar el envío del llamado proyecto de reconstrucción nacional a la espera de reunir mayores consensos al interior del propio oficialismo.
A ello se suman los efectos de la guerra con Irán, que ha disparado el precio del crudo, con un fuerte impacto en la economía global, que golpea con fuerza a nuestro país, obligando a recortar las proyecciones de crecimiento y control de la inflación.
En las derechas las aguas están revueltas. Existe inquietud y preocupación por lo que estiman una partida en falso del gobierno de Kast. La solicitud de renuncia de la directora del SernamEG ha generado críticas no tan sólo de la oposición sino también de sectores del oficialismo, como la propia presidente de RN, Paulina Núñez y la ex abanderada de Chile Vamos Evelyn Matthei. Por su parte, Pablo Longueira no ha dudado en afirmar que jamás habría traspasado de una vez el alza del petróleo a los consumidores. El despido de Consuelo Peña, autoridad clave de inteligencia de la PDI sigue haciendo ruido, pese a las declaraciones del director de la institución, salpicando a la ministra de Seguridad pública, que habría solicitado su remoción. En tanto crecen las críticas por el desempeño de la vocera, Mara Sedini, así como las dudas por el manejo político del parco titular de Hacienda. La propia decisión de postergar el envío del proyecto de reconstrucción nacional evidencia las diferencias al interior del oficialismo.
Mucho se habla acerca de que el gobierno no ha logrado instalar un relato consistente que de sentido a sus medidas y que ha perdido el control de la agenda en sus primeras tres semanas de gestión. Incluso se menciona la necesidad de un relanzamiento, recordando que José Antonio Kast perdió en primera vuelta y tan sólo ganó con una amplia mayoría gracias al apoyo del conjunto de la derecha. Un respaldo, afirman, que no se ha visto adecuadamente reflejado en la composición del gabinete, en donde predominan los “técnicos”, en su mayoría prevenientes del sector privado, sin mayor experiencia política.
Sin embargo, nada permite prever un giro o cambio de rumbo de un gobierno que ganara con la clásica receta de la ultraderecha internacional, con un discurso catastrofista, afirmando que el país se caía a pedazos, afectado por una crisis económica, migratoria y de seguridad, que requería un gobierno de emergencia y un plan de reconstrucción nacional.
En verdad, José Antonio Kast tiene, sino un relato, una ideología ultraconservadora como la que detallara en el encuentro de partidos de ultraderecha realizado recientemente en Bélgica como presidente electo. Su victoria en segunda vuelta no implica un respaldo de toda la derecha y menos de una mayoría ciudadana a esa ideología. Por esa misma razón debe revestir ese meta relato con el discurso de la emergencia, que no se sostiene en datos duros.
En sus primeras tres semanas de administración ha retirado de la toma de razón de la contraloría numerosos decretos en diversas áreas, como derechos humanos, medio ambiente, obras públicas o vivienda, en la idea de modificarlos y todo indica que el famoso proyecto de reconstrucción nacional, definido como un proyecto emblemático, que incluye una reforma tributaria que baja los impuestos a las empresas y las personas de mayores ingresos (sin compensación), además de otras materias, como la llamada “permisología”, definirá el rumbo del gobierno, al menos de los primeros noventa días de mandato.
Sin embargo, es muy difícil, para no decir imposible, que este proyecto pueda ser aprobado muy rápidamente, tal como aspira el gobierno. Ya la oposición lo ha definido como “la madre de todas las batallas” y ha planteado separar las materias misceláneas que contiene el proyecto. Una cosa es debatir una contra reforma tributaría como la que contiene la iniciativa, sin compensaciones. Y otra muy distinta es el debate respecto de la llamada “permisología” o los temas vinculados a la reconstrucción.
Las verdaderas urgencias que enfrenta el país
Con toda seguridad, la oposición insistirá en la idea de las compensaciones propuesta por el ex ministro de Hacienda para rebajar el impuesto de las empresas del 27 al 23 %. Y defenderá el mecanismo de la desintegración para los grandes contribuyentes. Todo esto bajo la premisa que el estado requiere de más y no menos recursos fiscales para abordar las urgencias sociales que demanda el país. Una premisa que no comparte el ministro Quiróz, convencido que la reducción de impuestos redunda en mayores niveles de inversión y mayor crecimiento. Una idea que no tiene respaldo académico ni empírico, como afirmara el economista Osvaldo Rosales en su reciente articulo publicado por la Nueva Mirada.
En verdad, el tema del crecimiento económico aparece como crucial. No tan sólo para la derecha o los sectores empresariales, sino también para el progresismo y fundamentalmente para los trabajadores, que requieren de trabajos decentes y bien remunerados, que les permita llegar a fin de mes sin zozobras. Por esa razón, el tema crucial es como se distribuyen los frutos del crecimiento, se reduce la brecha de las desigualdades y se abordan las urgencias y demandas sociales más que evidentes.
Pese a los avances en materia de crecimiento, que permite ubicar a nuestro país con uno de los ingresos mas altos de la región, subsisten múltiples demandas sociales insatisfechas, tanto en salud (con largas listas de espera), educación de calidad e infraestructura escolar, vivienda (con un alto déficit habitacional), obras públicas, y seguridad ciudadana, que no se agota en el reforzamiento de los servicios policiales, sino incluye el resguardo de fronteras, aduanas y puertos, así como la inteligencia económica para seguir la ruta del dinero, además de una dimensión social más que relevante. El proyecto de sala cuna universal, pendiente de aprobación en el parlamento, permitiría incorporar a miles de mujeres al mercado laboral. El país debe disputar el control territorial y reclutamiento de jóvenes vulnerables con el crimen organizado, ofreciéndoles reales oportunidades de integración. Eso pasa por la educación y capacitación laboral. Se afirma que el país requerirá 60.000 trabajadores capacitados en minería. Una pequeña porción del royalty minero podría destinarse a ese objetivo.
Sería muy largo intentar detallar todas las urgencias sociales que enfrenta el país o listar las obras inconclusas, como las denunciadas por TVN en materia de jardines infantiles, o el deterioro de los establecimientos educacionales y las falencias hospitalarias, las cárceles y otros, para no mencionar el trabajo informal, el incremento de tomas y campamentos, además de personas en situación de calle, el deterioro de los pavimentos y así por delante.
La conclusión es que el estado requiere de mayores y no menores recursos, que deben atender a esas y otras urgencias. Y que no basta con crecer sino también distribuir más equitativamente, con respeto por el medio ambiente. La teoría del chorreo la vivimos las viejas generaciones y conocimos de su fracaso. Los ricos se hicieron mas ricos y los pobres levemente menos pobres.
El país no requiere jibarizar al estado para retomar la senda de un crecimiento vigoroso. Lo que de verdad se requiere es de un estado más eficiente, con mayores recursos, debidamente administrados y custodiados para combatir los conflictos de interés y la corrupción, que se constituye en un verdadero flagelo de las democracias.
De igual manera, se requiere agilizar y simplificar los permisos de inversión productiva, que no es lo mismo de desregular (nuevamente citando a Osvaldo Rosales). El país debe cuidar y preservar el medio ambiente, que incluye las ciudades el campo, los océanos y su patrimonio arqueológico. Incorporando nuevas tecnologías y reforzamiento de los equipos técnicos. Con sentido de urgencia y responsabilidad.
Tan relevante como lo anterior, es que el país requiere no tan solo mantener el orden y la seguridad ciudadana, sino también una razonable paz social, que no excluye las protestas o manifestaciones, pero sí la violencia, sea del signo que sea, incluido el propio estado. Sin lugar a dudas, el caso del asesinato de una docente y agresiones a otras personas en un colegio a manos de un alumno es un tema más que preocupante, que se suma a otros hechos de violencia registrados en diversos establecimientos educacionales. Sin embargo, la respuesta del gobierno no trasciende el plano represivo, sin asumir el tema de fondo, que muestra una anomia social que debe ser enfrentada de manera integral.
La inmigración ilegal es un problema que no tan sólo afecta a nuestro país sino al mundo. Ningún país puede expulsar de forma masiva ni menos rápida a los cientos de miles de inmigrantes ilegales. La regularización de inmigrantes que optaron por empadronarse (cerca de 180.000) aparece como un primer paso para enfrentar el problema, tal como lo ha propuesto el gobierno de España. El otro pasa por vías diplomáticas para actuar de conjunto con los países vecinos y, en lo posible, con los países de origen. El último es de carácter policial, para ubicar y detener a aquellos indocumentados que han optado por la delincuencia. Allí debe concentrase el mayor esfuerzo.
De la misma manera se requiere de reformas al sistema político que no tan sólo enfrente la disgregación política, sino que apunte a garantizar el pluralismo informativo, mejorar la gestión del estado, incluyendo el poder central, los municipios y el propio parlamento, reforzando los controles y el adecuado uso de los recursos públicos.
Con todos estos temas la oposición podría construir una agenda ante la nueva administración, que podría contar con un amplio apoyo social y político. Al contrario de lo que sostiene el gobierno, el país no se cae a pedazos ni requiere ser reconstruido. Tan sólo seguir avanzando por la senda de la democracia, el irrestricto respeto por los derechos humanos. Con un nuevo impulso a un crecimiento sostenido y sustentable. Con mayor igualdad y respeto por la diversidad. Obviamente existe una gran diferencia que marca una línea divisoria que cruza transversalmente el arco político y que podría profundizarse con el transcurso de los próximos meses. En la misma medida que subsistan los ánimos refundacionales y restauradores de un orden ultraconservador que inspiran al nuevo gobierno.
