En rigor, el primer mensaje presidencial fue bastante pobre en anuncios. Sobre todo, teniendo a la vista las altas expectativas generadas en el oficialismo, pensando que podría marcar una suerte de “relanzamiento” luego de una partida en falso, que obligara al gobierno a un prematuro ajuste ministerial en menos de setenta días de gestión, al que se ha sumado la salida de dos subsecretarios en el ministerio de Seguridad. Un ministerio clave para un gobierno que se ha esforzado por mostrar una severa crisis en la materia y que se suponía tenía un acabado plan para abordarla. Recién ahora el nuevo ministro de la cartera ha esbozado uno, que parece más bien de continuidad con lo que venía proclamando el mismo mandatario.
Como es natural para un gobierno que llega, el mensaje no contiene una cuenta detallada acerca del estado de la nación, como no sea la afirmación genérica de que habían encontrado la situación “peor de lo que esperaban”, sin que fuese refrendada por datos duros (los datos matan relatos). Más bien intentó instalar un nuevo relato que dejara atrás la consigna “estamos trabajando por ustedes”, por la idea de “Chile cuenta con todos”, que el presidente se esforzó por remarcar en su discurso de más de dos horas. En su mensaje, el mandatario clamó a la esperanza, pero, hasta ahora, no existen bases sólidas para abrigarla.
El famoso plan para los primeros noventa días de gobierno, elaborado bajo la dirección del economista Bernardo Fontaine, flamante nuevo presidente de Codelco, no ha tenido mayores concreciones, como no sea el famoso proyecto de reconstrucción nacional que incluye una reforma tributaria que favorece al 1 % más rico de la población y que hoy entra en su segundo tramite legislativo en el senado, luego de ser aprobado por la cámara de diputados con los votos del oficialismo y el PDG.
Esta es la verdadera prioridad para el gobierno, como lo ratificara José Antonio Kast en su mensaje a la nación, bajo el supuesto que bajando los impuestos se potencia el crecimiento y la creación de empleos. No deja de ser preocupante que el ministro de Hacienda no halla respondido, “en tiempo y en forma”, como se comprometió, las serias observaciones del Consejo fiscal autónomo, advirtiendo de los riesgos para la sostenibilidad fiscal y su efecto deficitario, que se extendería hasta el año 2031 y cuyo éxito depende críticamente del crecimiento económico proyectado.
Tanto, el ministro Jorge Quiroz, como el propio presidente de la república, tal cual lo reafirmara en su mensaje, insisten en que el país crecerá en torno al 4 % al termino de su mandato, que no pocos economistas e incluso sectores empresariales, califican como pensamiento mágico, que bien pueden ser “metáforas”, dada las adversas condiciones que registra la economía mundial y las señales de decaimiento de la doméstica, que proyectan una tasa de crecimiento por debajo del 2 % para el presente año.
Ni la doctrina económica o la experiencia empírica a nivel internacional han podido demostrar que bajar impuestos impulse el desarrollo o la creación de puestos de trabajo. A lo más, puede contribuir a ensanchar la brecha de las desigualdades, incrementando la concentración de la riqueza, con grave afectación de las finanzas públicas.
Forma parte de este pensamiento mágico, que se repite con aquella la invitación a los inmigrantes ilegales a abandonar voluntariamente nuestro país. En su inmensa mayoría han llegado a Chile por necesidades extremas y muchos de ellos no pueden regresar a sus países de origen mientras no cambien las razones para tomar el duro camino del exilio. En su gran mayoría, son personas decentes que buscan una nueva oportunidad de desarrollo para sus familias. Cerca de 180.000 inmigrantes acogieron la invitación del gobierno para empadronarse, asumiendo que era una vía para su regularización. La política respecto de esa inmigración debe ser bastante más sofisticada, asumiendo que el país requiere de su aporte. Otra cosa muy distinta son aquellos inmigrantes, legales o ilegales, que han venido a delinquir, que forman parte del crimen organizado. Con aquellos la máxima rigurosidad de la ley.
En su mensaje a la nación, el presidente ha reiterado que no se van a tocar los beneficios fiscales, pero eso también parece ser parte del pensamiento mágico. Es imposible recortar seis mil millones de dólares del presupuesto sin afectar el gasto fiscal. Tal como ya se empieza a advertir en los recortes ordenados por Hacienda, que ya impactan los servicios de salud y educación, como denuncian crecientemente los afectados.
No deja de resultar paradójico que el titular Quiroz esté solicitando del congreso la autorización para endeudar al país por más de seis mil millones de dólares, acercándose peligrosamente al nivel descrito como prudente, en los precisos momentos en que busca aprobar su megaproyecto para bajar impuestos a los más ricos y reducir el gasto fiscal.
Es más que obvio que el país requiere de mayores recursos y no menos para invertir no tan solo en crecimiento sino también en capital social, en seguridad, (mayor dotación policial, nuevas cárceles, fortalecimiento de las fronteras, puertos, aduanas), infraestructura, salud, vivienda, educación, salas cunas. Y tan relevante como lo anterior, acortar la brecha de las desigualdades sociales, ofreciendo nuevas oportunidades de desarrollo a los jóvenes (especialmente a aquellos que no estudian ni trabajan) y las mujeres, cuya tasa de desempleo supera el 10% y que sube al 28 % en mujeres jóvenes.
No da lo mismo como se apruebe la mega reforma propuesta por el gobierno
El gobierno podría aprobar su mega reforma por un voto en el senado (asumiendo que convencerá al senador Kusanovic) pero sería un triunfo pírrico, que le restaría legitimidad y no garantizaría su durabilidad en el tiempo. No son pocos los senadores de oposición que estarían disponibles a buscar un acuerdo, reconociendo la importancia de potenciar el crecimiento económico. Pero ello requiere de una real disponibilidad del ejecutivo a dialogar en los hechos y acoger propuestas razonables por parte de la oposición, en temas tan relevantes como compensaciones tributarias, periodos de invariabilidad tributaria, reintegración tributaria e incentivos a las contrataciones, entre otras. Una disposición que no está clara. Ni en el gobierno ni en la coalición oficialista. Menos en la ultraderecha.
En su mensaje a la nación, el primer mandatario formuló insistentes llamados a la oposición para aprobar de manera urgente un proyecto emblemático para su gobierno, pero no existe ninguna posibilidad que ésta, o parte de ella, concurra favorablemente sin importantes modificaciones. La decisión está en manos del gobierno. Puede intentar pasar la aplanadora, como hiciera en la cámara de diputados (en donde la fragmentación es mayor), u optar por el camino del diálogo y la negociación, lo cual implica que el proyecto no saldrá tal cual lo diseñara el ministro de Hacienda. Así pasa en una democracia, en donde se delibera, se negocia y se busca el mejor acuerdo para el país.
Así entonces, este megaproyecto, que implica graves riesgos para el país, se constituye en una verdadera prueba de la blancura para el gobierno, interrogando su ya dudosa capacidad de construir acuerdos. Si el gobierno creyera que Chile cuenta con todos y todos construyen al país, este es el momento para demostrarlo. Lo contrario, simplemente desmiente el relato y sus consecuencias deberán asumirlas los responsables.
