El optimismo de Kast en la aprobación de proyectos inversión 

En la primera cuenta pública del presidente Kast, hubo pocas referencias a los temas ambientales. Las principales menciones estuvieron orientadas a relevar la importancia de destrabar proyectos de inversión, así como también a indicar que el gobierno estaba trabajando en definir 90 permisos sectoriales, los cuales supuestamente tienen implicancias ambientales, esto en el marco de la ley de Permisos Sectoriales N°21.770. Pero nada se dijo de protección de la biodiversidad, de como cumpliremos los compromisos internacionales en materia de cambio climático por solo nombrar un par de temas.

El problema del discurso centrado en destrabar la inversión y en señalar que con esto se activará la inversión y como consecuencia de ello el empleo, es que encierra errores y omisiones que pueden derivar en un aumento de conflictos socioambientales.

Para ir poniendo las cosas en orden, lo primero a saber es que en el artículo 10 de la ley N° 19.300 sobre bases Generales del Medio Ambiente se establece el tipo de actividades y/o proyectos que deben ser sometidos a evaluación ambiental. Luego, en el articulo 11 de la misma ley se define cuales tienen que hacerlo por la vía de Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Por tanto, un proyecto o iniciativa que debe ser calificado ambientalmente puede hacerlo vía Declaración de Impacto ambiental (DIA) para proyectos más simples y por medio de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para los proyectos más complejos o grandes.

Luego, cuando un proyecto termina su proceso de evaluación, existe la posibilidad de realizar reclamaciones administrativas en el marco de la ley, estas las puede efectuar el titular del proyecto, como también las organizaciones o personas naturales que participaron del proceso. Sin embargo, la forma de resolver estas reclamaciones es diferente dependiendo de su forma de calificación, para las DIA el encargado es el director ejecutivo del SEA, que en el actual gobierno fue designado utilizando una “bala de plata”. Mientras que para el caso de los EIA resuelve el Comité de Ministros, integrado por Medio Ambiente; Salud, Agricultura, Minería, Energía y Economía. 

Según las estadísticas del SEA, históricamente el mayor número de proyectos que ingresan a evaluación ambiental lo hacen vía DIA y no por estudios (EIA). Sin embargo, para los EIAs existe participación ciudadana obligatoria, mientras que en las DIAs no.

El presidente en su discurso señaló que, desde que asumió el gobierno se habían realizado varias sesiones del Comité de Ministros y que con ello se han destrabado hasta la fecha USD 7.000 millones. Pero evidentemente lo que no se dice es que, quienes no hayan quedado conformes con las resoluciones adoptadas por los ministros pueden recurrir a Tribunales Ambientales y luego de que estos resuelvan, pueden acudir a la Corte Suprema. Por tanto, la eficiencia que ha mostrado el gobierno y en particular la ministra de Medio Ambiente, es solo una parte de un proceso más largo. Además, por lo que consta en las actas que ya han sido liberadas y lo recogido en la prensa, casi la totalidad de los recursos de reclamación presentados por personas o comunidades han sido rechazados y, por tanto, se abre la vía para que esos recurran a Tribunales Ambientales. Esta situación lejos de resolver si un proyecto se materializa o no, abre una nueva etapa de incertidumbre, pues probablemente en varios casos se recurra a tribunales. Y lo que hoy se presenta como un logro se desvanezca en el tiempo.

Es evidente que grandes gremios empresariales han logrado sensibilizar a la opinión pública, al gobierno y a la oposición con el tema de la permisología y la certeza jurídica, sin embargo, este no es el camino, como tampoco lo son las reformas a la institucionalidad ambiental presentadas en el Proyecto de Ley de Reconstrucción que de aprobarse implicarían una regresión ambiental. Para solucionar los temas de inversión se requiere voluntad, una mirada integral del país, y el compromiso de respetar la regulación vigente. No se puede flexibilizar una regulación en favor de unos y en desmedro de otros. 

La mirada cortoplacista que mostró el Presidente en su reciente discurso, así como la de múltiples actores que sin conocer los temas a fondo hablan de destrabar la inversión en el marco del SEIA y de la permisología, no ayuda a mejorar la convivencia democrática, ni tampoco la responsabilidad empresarial a la hora de invertir. Para avanzar se requiere que las reglas que nos hemos dado como país se cumplan, cosa que no hacen muchas de las empresas o consorcios que reclaman por las trabas a la inversión. Por ello antes de seguir promoviendo cambios, es bueno que se sincere de parte de estos actores la poca importancia que le atribuyen al medio ambiente.