El momento político que vive Bolivia, caracterizado por una grave crisis que lleva más de un mes y que se expresa en 90 puntos de bloqueos en 6 departamentos del país, ha recibido múltiples denominaciones, como una “explosión social” o “insurgencia social” incluso se le ha querido comparar con el movimiento social contra el expresidente Sánchez de Lozada en octubre 2003 con la guerra del gas y que terminó en la huida del expresidente a Estados Unidos. También se lo calificó como un movimiento de “grupos financiados por el narcotráfico” y compararon a los movimientos sociales, con organizaciones del lumpen o de los delincuentes y un expresidente dijo en las redes sociales que “Llevamos casi medio siglo de un país secuestrado por las minorías violentas, dueñas de calles y carreteras”. Si damos una mirada más profunda, el actual momento político es una expresión del punto de inflexión o bifurcación entre el viejo ciclo estatista de 2004-2025 y el inicio de un nuevo ciclo del Estado que aún está por definir.
Octubre de 2003 y la movilización de enero de 2026
No hay que olvidar que el movimiento actual iniciado en mayo de 2026 de las masas en acción es muy distinto al estallido social en octubre de 2003. Nació en enero de 2026, a más de un mes de la proclamación de Rodrigo Paz como Presidente, con la oposición al DS 5503, del 17 de diciembre de 2025, que contenía no solamente medidas de estabilización económica: como la subida de los precios de los combustibles al disminuir el subsidio estatal y medidas de compensación social como el aumento del salario mínimo en un 20% y bonos temporales para la población no asegurada, sobre las cuales no se oponía el movimiento social, sino que contenía otras disposiciones de carácter estructural, como el régimen de libre tratamiento a la inversión extranjera, para que pueda entrar al área de los recursos naturales estratégicos no renovables, preservando sus derechos jurídicos y tributarios por 15 años. Es decir, se aceptaba la estabilización, pero no la reforma estructural así de simple.
Mientras los movimientos sociales en octubre de 2003, que empezaron con la Guerra del Agua en Cochabamba en 2001 y después de una larga gestación con la vanguardia del movimiento indígena llegaron a su culminación en octubre de 2023, con una Agenda, que tenía como principal bandera la defensa de los recursos naturales; el gas, por eso se llamó también la Guerra del gas, que se expresó con la Ley de Hidrocarburos de 2005, pero se incorporaron adicionalmente las demandas indigenistas que derivaron en plantear una Asamblea Constituyente para lograr una nueva constitución política del Estado Plurinacional, dando inicio a un nuevo ciclo estatal con alta participación del Estado en la economía. La organización que culminó la movilización social más grande desde la Revolución de 1952, que instauró al Reforma Agraria y la Nacionalización de las Minas, fue el Pacto de Unidad (campesinos, mujeres campesinas, colonizadores e indígenas de oriente y occidente del país), curiosamente la Central Obrera Boliviana (COB), actual líder de la movilización de mayo no participó desde el principio y soló se sumó al final. Adicionalmente, no fue dirigida por ningún partido y fue el MAS el que en las elecciones de 2005 sacó el primer lugar al ser por descarte el movimiento diferente a la alianza de los partidos que había gobernado desde 1985, justamente 20 años de aplicación del modelo neoliberal. Paradójicamente, Jorge Quiroga, al igual que en 2025, sacó el segundo lugar en 2005 con 28,6% de los votos y Doria Medina, como en 2025, ocupó el tercer lugar con el 7,6%.
En este contexto, estadísticamente, los movimientos sociales en 2003 no fueron una minoría o unos grupúsculos puesto que al expresarse democráticamente en las elecciones presidenciales de 2005 obtuvieron una mayoría electoral, más del 50% en la primera y única vuelta. En las elecciones de 2025, los movimientos sociales tuvieron una crisis de representación, no tuvieron una expresión electoral directa a través de un partido que los represente, ni en el Gobierno ni en la Asamblea Legislativa, puesto que el MAS había entrado en crisis junto con la economía. Tuvieron que buscar una representación indirecta a través del candidato menos a fin a la derecha[1], con tal que no fueran ni Jorge Quiroga ni Samuel Doria Medina, los candidatos favoritos según las encuestas, por lo que quedó por saldo Rodrigo Paz que iba por el Partido Demócrata Cristiano, un partido poco relevante, y con un candidato populista a vicepresidente como el Capitán Lara. Un dato relevante es que el candidato Rodrigo Paz ocupó en la primera vuelta el primer lugar en todas las circunscripciones territoriales departamentales donde antes había predominado el MAS, como muestra el Gráfico 1 y que los votos nulos, consigna de Evo Morales, le disputaron el tercer puesto al candidato Doria Medina.
Gráfico 1
Mapa geográfico electoral de 2005 y del 2025 primera vuelta
En la segunda vuelta, con el apoyo de Doria Medina y parte de los votos nulos, Rodrigo Paz sacó el 55% de los votos y Jorge Quiroga el 45%. Los votos nulos de 20% de la primera vuelta bajaron a 5%. La transferencia de votos ha generado un gran problema. Como analiza Yuri Torrez en Facebook:
La legitimidad de origen, o sea, aquella que te proporciona una contienda electoral provino, especialmente, de la zona andina boliviana: las provincias donde habitan mayoritariamente los aimaras. El voto de Paz en esas zonas fue un voto consolidado, a diferencia, por ejemplo, de aquella votación orientada por el evismo hacia el “voto nulo” y en la segunda vuelta, al “voto disperso”. Sea como fuera, la legitimidad del voto de Paz provenía básicamente del altiplano paceño, entre otras cosas, porque en la segunda vuelta se negaban a votar por Jorge Quiroga ya que anunciaba que iba aplicar medidas neoliberales a rajatabla.
Lo que está claro es que no hubo un Pacto o Acuerdo previo con el actual Presidente sino un endoso o transferencia de votos, aunque para los movimientos sociales no fue un cheque en blanco cuando no se sintieron representados en el nuevo gobierno, que más bien tuvo un sesgo a favor de Doria Medina y del Oriente del país, donde no había ganado.
El acuerdo de enero de 2026
Los movimientos sociales en mayo de 2026 empezaron en enero de 2026 por su oposición al DS 5503 del 17 de diciembre de 2025 y con su movilización encabezada por la COB llegaron a 70 puntos de bloqueo en el país. Llegaron a un acuerdo con el Gobierno el 11 de enero de 2026 al derogar el decreto y sustituirlo por el DS 5516 en enero de 2026, que preserva solo la reducción del subsidio de combustibles y la compensación social a través de bonos e incremento del salario mínimo, es decir las medidas de estabilización. Pero el punto central fue derogar las medidas pro inversión extranjera contenidas en el DS 5503 marcando una agenda de defensa de los recursos naturales y de la actual Constitución Política del Estado (CPE). El sector más radical liderado por los Ponchos Rojos del altiplano boliviano, mineros y campesinos del trópico no estaban por el acuerdo que fue firmado e incluso empezaron a surgir consignas de la salida del Presidente Rodrigo Paz.
El acuerdo del 11 de enero suscrito por los principales ministros del Gobierno y los representantes de los movimientos sociales fue controversial, pues fue una señal, para unos, de debilidad y, para otros, de tratar de llegar a consensos forzados reconociendo la legitimidad de la COB y las organizaciones representadas.
El Gran Encuentro Nacional
Sin embargo, después del primer estallido social de enero, el Gobierno siguió con su propia agenda que culminó con la presentación del presidente de un paquete de 10 proyectos de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional, “para desmontar el Estado tranca”; un paquete “ómnibus” que incluye los siguientes proyectos:
- Ley de Electricidad: Para garantizar el suministro energético.
- Ley de Hidrocarburos: Para la recuperación de recursos.
- Ley de Inversiones: Para atraer capitales.
- Ley de Minería: Para regular el sector extractivo.
- Ley de Reducción del Estado y la Burocracia: Para optimizar la administración pública.
- Ley Electoral: Para regular el sistema electoral.
- Ley de Justicia: Para mejorar la administración de justicia.
- Ley de Seguridad Nacional: Para fortalecer la seguridad del país.
- Ley de Economía Verde: Para promover el desarrollo sostenible.
El Gobierno no se acordó de la movilización de enero al exponer a principios de mayo los proyectos de ley en un Gran Encuentro Nacional realizado con autoridades, legisladores, gobernadores, alcaldes y representantes de distintos sectores del país, pero donde no estaban representados los movimientos sociales. Continuó con su propia agenda centrada en los recursos naturales considerados estratégicos en la CPE actualmente vigente. Por último, el presidente inauguró el 27 de mayo el Consejo Económico y Social por la Patria en medio de la tensión por bloqueos y protestas sociales, con un discurso centrado en el diálogo, la unidad nacional y la defensa de las políticas económicas de su gobierno. Sin embargo, no estuvieron los sectores sociales movilizados.
El DS 5503 derogado y la inversión extranjera
El Decreto Supremo 5503 en su parte considerativa señaló que: “es imprescindible agilizar, flexibilizar y modernizar el marco jurídico aplicable a la inversión, creando condiciones favorables y competitivas para la atracción de capitales nacionales y extranjeros en sectores estratégicos de la economía”. Para tal efecto, en su Artículo 6 estableció un Régimen Especial de Inversiones, nacionales y extranjeras, con el objeto de garantizar seguridad jurídica, previsibilidad regulatoria económica y trato no discriminatorio. Y en su artículo 9 de la ESTABILIDAD JURÍDICA Y TRIBUTARIA REFORZADA dispuso que las inversiones acogidas al presente Régimen gozarán de estabilidad jurídica y tributaria por un plazo de hasta quince (15) años, respecto de:
a) Alícuotas y estructura de los tributos vigentes;
b) Regímenes arancelarios aplicables;
c) Normativa de comercio exterior;
d) Reglas de acceso, uso y repatriación de divisas;
e) Incentivos sectoriales expresamente reconocidos
El problema de fondo que ha encontrado y va a seguir enfrentando el actual Gobierno es la vigente CPE en cuanto al rol del estado y la defensa de los recursos naturales. En la CPE hay una definición de sectores estratégicos muy amplia en la que está inclusive el turismo. En los artículos 311 y 348 declara en forma expresa que “los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país”.
Las disposiciones vigentes muestran la existencia de un monopolio del Estado en la producción y comercialización de hidrocarburos y un cuasi monopolio del Estado en los recursos minero-metalúrgicos, a través de la concesión de derechos mineros y contratos de asociación con el sector privado. Además, existe la prohibición expresa de registrar la propiedad de recursos no renovables en las bolsas de valores y la prohibición de recurrir a tribunales internacionales, así como temas tan específicos como estatuir que “el acceso al agua y alcantarillado…no son objeto de concesiones ni privatización” y la consulta previa con la población afectada en la explotación de recursos naturales.
El estallido social de mayo
En el mes de abril se inició la marcha de los pueblos indígenas de tierras bajas contra la promulgación el 10 de abril de la Ley 1720 de Reconversión de Tierras que fue entendida como una amenaza absoluta contra la tierra, mientras que por el Gobierno y los sectores que la promovieron como sinónimo automático de modernización y progreso https://www.urgente.bo/noticia/campesinos-empresarios-y-politicos-todos-con-verdades-medias-sobre-la-ley-1720
Según Nadia Beller corresponde desmontar una afirmación repetida durante las movilizaciones: esta no era una “ley de Branco Marinkovic” puesto que el proyecto venía trabajándose desde 2023 y avanzó durante el gobierno de Luis Arce, con tratamiento legislativo dentro de la Asamblea y de la Comisión del Senado presidida entonces por Cecilia Requena. Por su parte, en los medios de prensa, la exdiputada Cecilia Requena concluyó que “El problema de la Ley 1720 no es procedimental, sino constitucional”: cuestionó que los promotores de la polémica norma enfoquen sus argumentos en que la ley no afecta derechos colectivos, cuando existe un problema de fondo como haber omitido pasos obligatorios como una correcta socialización antes de su aprobación. El problema de la Ley 1720 no es procedimental, sino constitucional – El Diario – Bolivia.
Después de una marcha cerca de 30 días y la presencia movilizada de campesinos de tierras bajas en la Asamblea Legislativa, se decidió abrogar la Ley y la nueva norma aprobada por la Asamblea Legislativa estableció un plazo de 60 días para elaborar un nuevo marco normativo sobre tierras, esta vez con participación de los sectores involucrados.
Sin embargo, las heridas estaban abiertas y empezó la movilización de los maestros, especialmente rurales por aumento de salarios, la de los transportistas por el problema de la gasolina sucia y de la COB con su propuesta para el 1 de mayo de aumento del salario mínimo de un 20%.
El sábado 2 de mayo en un Cabildo en el Alto con alta participación de los movimientos sociales se llegaron a las siguientes conclusiones:
- Paro indefinido movilizado desde el sábado 2 de mayo a las 11:00 horas.
- Incremento salarial del 20% al haber básico y salario mínimo, con recorte de sueldos a altos cargos del Estado entre un 20% y 50%.
- Pacto fiscal y lucha contra la evasión;
- Entrega del 100% de dólares por exportaciones al Banco Central de Bolivia.
- Renovación judicial: exigir elecciones para magistrados auto prorrogados y cubrir acefalías.
- Abrogación de la Ley 1720 de Reconversión de Tierras.
- Defensa de recursos naturales y rechazo a la privatización de empresas estatales estratégicas.
- Rechazo contundente: al proyecto de ley anti bloqueos, a modificar la Ley General del Trabajo, a la descentralización en salud y a cambios en el régimen simplificado para pequeños comercios.
- Jubilación digna: pago del 100% y prohibición de usar los fondos de pensiones como «caja chica» del Gobierno.
- Seguridad alimentaria y soberanía: prohibición de exportar alimentos si no se garantiza el mercado interno a precios bajos.
- Investigación independiente de casos emblemáticos: «narco maletas», accidente aéreo con billetes en El Alto y combustible de mala calidad.
Los dos últimos puntos del cabildo señalaban: 15 días de plazo al Gobierno para el cumplimiento de las resoluciones del cabildo; y finalmente, la renuncia de todo el Poder Ejecutivo y Legislativo en caso de incumplir las resoluciones.
El pliego contenía un conjunto de medidas desde estructurales hasta reivindicativas y de casos de corrupción y no guardan relación con los 10 proyectos de ley presentados por el Gobierno. Es decir a un problema de fondo como es la Reconversión de Tierras, se fueron sumando movilizaciones especiales principalmente reivindicativas, para sumarse la defensa de los recursos naturales, el rechazo a la privatización de las empresas públicas estratégicas, modificación a al Ley del Trabajo, la descentralización de la educación y salud, entre las que fue surgiendo la consigna de renuncia del presidente.
Así un movimiento social que empezó defendiendo la Constitución termina con un pedido no constitucional al exigir la renuncia del presidente, que no está en la CPE, salvo que se apruebe una revocatoria de su mandato pero para lo cual debe realizarse mediante referéndum y solo puede efectuarse una vez y en la mitad del período de mandato (Artículo 240 CPE).
Conclusiones
El movimiento de mayo de 2026 no es similar al de octubre de 2003. Quya Reyna en Facebook concluye que: La Bolivia fracturada de hoy ya no es la del 2003, porque las clases sociales no son las mismas, porque las condiciones políticas no son las mismas, pero, además, porque los que se enfrentan hoy no son los mismos.
Y me permito agregar con base en mi libro sobre los ciclos estatales en Bolivia,https://www.academia.edu/167433962/Ciclos_estatales_crisis_y_la_querella_del_excedente_1825_2025, que octubre de 2003 fue un momento constitutivo, según las categorías de Zavaleta Mercado, es decir un “desplazamiento ideológico de grandes proporciones” como fue el desplazamiento del neoliberalismo y el inicio de un nuevo ciclo estatal con alta intervención directa del Estado en la economía, mientras que en enero y mayo de 2026 es más un momento reivindicativo de los derechos de los movimientos sociales obtenidos en el anterior ciclo estatal y que supuso iban a mantenerse de una u otra forma mediante la propuesta moderada del candidato Rodrigo Paz, frente al representante de la derecha neoliberal. El problema es que el reciente Gobierno se inclinó por un nuevo ciclo estatal, aún no plenamente definido, pero con menor intervención del Estado y sesgado hacia el oriente y que ahora está en una pugna abierta (ya no solapada como en enero de 2026) con la de los movimientos sociales movilizados que no se sienten representados en las esferas del Estado. Esta pugna abierta y confrontacional, para resolverse en forma duradera tendría que ser a través de un Pacto Social entre el Gobierno y los movimientos sociales, o con una definición clara del nuevo ciclo estatal que se quiere implantar, pero ojalá no sea para continuar la oscilación del péndulo del Estado boliviano entre alta y baja intervención en la economía y en los recursos naturales.
[1] En Bolivia, a diferencia de Chile, ningún partido se denomina de derecha ni le gusta que le digan derechista, todos son democráticos, socialistas, nacionalistas, revolucionarios.
