Ocupo para titular de esta crónica el adagio jurídico deliberadamente al revés. Porque ni con la máxima ingenuidad posible se creería que los que doblan campanas por la investigación judicial contra el expresidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero lo hacen con un compromiso genuino por los comportamientos éticos y decorosos de los exgobernantes españoles. Para constatarlo es cuestión de ver los políticos que alzan la voz pidiendo la crucifixión del líder español, espetando en el parlamento un repetido, aunque con otras formas un ¿Qué hace todavía ahí, manchando todavía más la presidencia del Gobierno de España? Y más tarde en el curso del debate con un insolente Estamos gobernados por corruptos y yo me voy a encargar de cambiar todo esto, sosteniendo de pasada que el expresidente no habría podido actuar ni influir en el exterior sin la complicidad del consejo de ministros de Pedro Sánchez. Lo suyo hizo Abascal que extremando los extremos llevó la trama a Venezuela, Marruecos y, por supuesto, a China.
Sin duda, los populares españoles -cuyo partido no ha sido imputado sino condenado por manejos delictuales de fondos públicos – que se encuentran ahora, justo ahora, en medio de la última fase del caso Gurtel, con pruebas irrefutables sobre persecución de los adversarios políticos con uso criminal de los organismos de seguridad del Estado no son los que gozan de la mayor autoridad moral, pero es irrelevante, porque la culpabilidad de Rodríguez Zapatero no es de este mundo.
Sin embargo, fueron impactantes las palabras de Gabriel Rufián, que se reconoció jodido frente al asunto. El diputado del catalán Ezquerra Republicana, habló, en ese instante, desde los sentimientos dicotómicos de la izquierda.
Recordemos que José Luis Rodríguez Zapateroes algo así como el expresidente socialista comprometido con la suerte de su partido, con la suerte de la izquierda internacional y con la suerte del gobierno socialista de Pedro Sánchez. También con el respeto a los Derechos Humanos en cualquier parte. Hábil y generoso negociador son muchos los que desde posiciones antagónicas al chavismo venezolano le deben su liberación y, acaso, su vida. Y, están dispuestos a romper una lanza públicamente por declararlo.
Estos antecedentes son, en verdad, políticamente, los verdaderos delitos del exgobernante español. Y que se pueden resumir en la pregunta: ¿Por qué un exgobernante no se retira como está escrito, tranquilo, silencioso, a sus cuarteles de invierno, sin protagonismo, como no sea unas cuantas conferencias poco relevantes, animadas en conversaciones sin incidencia ni peligro y, en cambio, se expone públicamente, metido permanentemente, en las patas de los caballos, arriesgando su capital político y la paz del Beatus Ille de Horacio, y la respuesta es irritablemente sencilla y obvia: porque el exgobernante español no quiso (o no pudo) dejar de ser militante. Y, por eso, más allá de los resultados del juicio en su contra, nada ni nadie le podrá quitar o ignorar su contribución a las causas que, con mayor o menor éxito, le tocó representar.
La compleja situación, la necesidad de comprenderla, me empujó a estudiar con calma el auto de imputación correspondiente a las investigaciones de la Audiencia Nacional, a cargo del juez José Luis Calama.
A ver si soy capaz de hacer un resumen de la situación del expresidente.
El auto (una especie de destilado del sumario como afirman algunos juristas) acaba por imputar al expresidente el delito de tráfico de influencia, ilícito que está tipificado en los artículos 428 a 430 del código punitivo español y que en el razonamiento del juez Calama, sanciona la conducta de quien influye en un funcionario o autoridad, o en otra persona que pueda influir en ellos, prevaliéndose de una situación derivada de su relación personal o jerárquica con la finalidad de obtener una resolución que pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico. Destaca este mismo texto judicial que nos encontramos ante un delito de mera actividad, de modo que basta con que el sujeto intente influir en un funcionario, sin ser necesario que la resolución buscada llegue a dictarse…. E invocando una sentencia explica: El tipo básico ni requiere que la resolución pretendida sea justa o arbitraria, ni exige que finalmente se emita. Lo relevantes es que la influencia tenga la capacidad objetiva de orientar al funcionario hacia la decisión deseada. En consecuencia, la conducta debe dirigirse a lograr una resolución que pueda implicar algún tipo de beneficio económico, directo o indirecto.
No intento, obviamente, hacer una profunda digresión jurídica sobre este particular delito. Me basta con destacar, algunas cosas. Como se trata de un delito de mera actividad, como se ha dicho, tiene para la parte persecutoria una gran ventaja: es muy fácil encontrar indicios racionales para investigarlo judicialmente. Como ocurre en el caso. Además, como se trata de conductas que por su propia naturaleza requiere de otras conductas delictivas asociadas, es igualmente fácil desparramar presuntas intenciones de articular organizaciones para delinquir, lavar dinero, etc. Sin embargo, y en contrapartida, es mucho más difícil, probar su existencia. Al menos en cuestiones básicas: ¿Tenía el expresidente institucionalmente poder suficiente y no como una cuestión de prestigio para influir en decisiones de autoridades para conseguir beneficios ilícitos?; ¿puede probarse que el imputado actuó en búsqueda consciente y deliberada para obtener beneficios de la empresa plus ultra u otra? ¿hay pruebas de ello que, indubitablemente, demuestren su culpabilidad más allá de toda duda razonable?
¿Alguien desconoce que este tipo de delito, por su complejidad, tardará varios años en convertirse en sentencia firme? Por supuesto que no. Pero da igual. El mal está hecho. Y hay que pensar con urgencia y no con prudencia. Los tiempos son recios y no está para debilidades ni escrúpulos de políticos pre-globales. Sirve para dar el puntapié final a un gobierno acorralado, que en verdad ha durado demasiado.
Cualquier otro gobierno, que no tuviese un presidente de la envergadura, talante y liderazgo de Pedro Sánchez, habría sucumbido hace mucho rato. No lo ha hecho, además, porque la ultraderecha española ha sabido arrastrar a la derecha a la derrota, imponiendo un programa, actitudes, y consignas capaces de movilizar el anti voto a los ultras españoles que aun cuando es difícil precisar su lugar preciso en el electorado, de haberlo, haylo.
Este escándalo a la carta le sirve a la oposición española para conseguir lo que sus dirigentes no han conseguido: desmarcar a las derechas nacionalistas de España, principalmente vascos y catalanes del pacto de investidura. Los primeros ya hablan del fin de la legislatura. Los segundos, en su mutismo, gritan fuerte que nunca fueron sanchistas. Pero tienen todavía un problema: con VOX ni a misa (y no se refieren a Tomic, porque no son chilenos ni comunistas ni habían nacido por esos tiempos). O, sea, los catalanes de derecha con su independentismo a cuestas y con un Puigdemont que cada día pesa más y cada día rinde menos, se distancian de la derecha españolista más por porfiadita que por cobardita.
Y así las cosas muchos vaticinan el adelanto de elecciones cuando falta, menos de un año, para que haya elecciones generales normales. Feijoo, en el colmo de su ansiosa espera, asegura a los nacionalistas que si lo apoyan en el atajo irá a un gobierno sin Vox, pero los nacionalistas vascos que no tío, que no. Que de censura nada.
Además, la oposición de las derechas españolas tiene otro problema y no menor. La situación económica del gobierno de coalición de centro izquierda no da para un rosario. Por el contrario, se muestra comparada con el barrio (Europa) con cifras de crecimiento, empleo, e inflación entre los mejores del curso. Y para colmo, Sánchez, ha dejado de ser allí, el español educado pero irrelevante, para convertirse en el líder que le planta cara a Trump y sus imposiciones prepotentes, impulsa las sanciones contra el genocida estado de Israel, nación cada vez más aislada, y es recibido en la República Popular China con destacados discursos de acogida, grandes planes de negocios, y sólidas proyecciones para la incorporación de las nuevas tecnologías.
Y ahí está lo peor de todo: la oposición al gobierno se nutre de los errores no forzados de éste, sin mostrar, todavía, un programa alternativo que movilice al electorado hacia un destino diferente.
¿Y todo esto por qué? diría un ingenuo. Y la respuesta es nuevamente irritantemente simple: Porque no lo tiene. Lo delegó en los ultras de Vox que, aunque no se llame programa la gente lo escucha como tal: Inmigrantes fuera: fuera de la seguridad social, de los buenos empleos, de las viviendas decentes, del derecho a un trabajo con contrato, de la educación gratuita, de la salud pública. Medio ambiente fuera: fuera prohibiciones de instalación de empresas en territorios protegidos, el uso de los combustibles fósiles, el cuidado de las granjas, el control sobre el uso de las aguas de humedales reservas naturales patrimonio de la humanidad. Importaciones fuera: fuera los productos agrícolas de Latinoamérica, de China, de Marruecos, de Argelia., y larguísimo etc.
De momento, el gobierno progresista ha optado por cultivar la templanza, manteniendo un clima de normalidad. El mejor ejemplo de ello es el anuncio de que el pasado Consejo de Ministros aprobó una ley de gobernanza de la inteligencia artificial. Sin pretender, quitar de la agenda el zapatero Gate, esperan dispersar un poco el debate.
Por otro lado, no hay que olvidar que el gobierno estaba recién recuperándose de la derrota en Andalucía, cuando sobrevino la catástrofe.
Por su izquierda, Pedro Sánchez enfrenta también, un gran problema: ¿seguirá la izquierda de SUMAR, respaldando al gobierno, aunque esto le signifique hipotecar su fuerza electoral? Abatida y shockeada no parece tener una salida y se contenta, de momento, con declarar unas palabras anodinas como las de Verónica Martínez y Enrique Santiago (comunista): cobrar por gestiones políticas es un delito. PODEMOS – la izquierda fuera del gobierno- recuerda, y con razón, que sus dirigentes ya han sido víctimas del lawfare, y el trato ha sido, por parte de las instituciones absolutamente desigual. Se desmarcan tibiamente del gobierno, pero descartan totalmente su disposición a apoyar la moción de censura liderada por el Partido Popular.
Sin embargo, y más allá de la coyuntura, quedarán rebotando las palabras que el gran tribuno catalán de Ezquerra Republicana dijo en la sesión parlamentaria española: ¿Dónde acaba el lobby y empieza el tráfico de influencias? Algo, que como este mismo líder dijo, a mí también: me rompe el corazón.
