Al tratar el fenómeno migratorio en su campaña electoral, el actual presidente de la República priorizó la situación de irregularidad de más de trescientos mil inmigrantes y les conminó a abandonar el país, iniciando una “cuenta regresiva” que expiraría el 11 de marzo de 2026, bajo amenaza de iniciar expulsiones masivas. Esta opción se basaba, sin duda, en que dicha cuantiosa anomalía social y jurídica representa la más riesgosa faceta de la inmigración internacional porque, entre otros efectos, influye colateralmente en la seguridad ciudadana. En cambio, otro aspecto de la realidad migratoria, como es el flujo de ingresos al territorio nacional por pasos no habilitados se presenta actualmente en un menor grado de magnitud y urgencia, debido a que ha experimentado un descenso sostenido. En efecto, en 2025 se registraron aproximadamente 26.000 entradas clandestinas, lo que representa una caída de 54% respecto de 2021 y de 10 % respecto de 2024[i]. Por ello, en la campaña electoral del señor Kast, este fenómeno ocupaba un segundo lugar en su discurso.
Sin embargo, discordantemente, con gran despliegue propagandístico y un discurso que relaciona ideológicamente la inmigración ilegal con el crimen organizado, el presidente Kast revirtió aquellas prioridades y comenzó su “política migratoria” atacando con decisión el menguado ingreso de nuevos migrantes. Y, en cambio, el afrontamiento del problema principal y candente -los aproximadamente 350.000 inmigrantes sin regularidad- solo ha sido objeto de declaraciones ambiguas y, en algunos casos, contradictorias. Sostenemos que esta opción gubernamental no ha obedecido solo a una estrategia propagandística sino, principalmente, a realidades infranqueables para abordar eficazmente el fenómeno de la irregularidad.
Pese a todo lo avanzado en los últimos años en materia de control fronterizo, desde la modificación constitucional de la infraestructura crítica, y a la potente presencia del Ejército en la frontera, mediante el Sistema Integrado de Frontera (SIFRON) que ha permitido aquella disminución de los ingresos irregulares[ii], el presidente comenzó su discurso en el Norte acusando “años de abandono en nuestras fronteras”[iii], lo cual connota el objetivo principalmente publicitario de sus anuncios. Al parecer, el jefe de Estado tampoco otorga importancia al notorio robustecimiento del control migratorio logrado por la aplicación del Sistema Integrado de Vigilancia de Carabineros de Chile (o “Muralla Digital”) ni al aumento de Puestos de Observación Fronteriza (POF), al mejoramiento de los sistemas tecnológicos de avanzada y a la inhabilitación de varios pasos clandestinos. Estos son avances que, según un experto perteneciente a la derecha, “ha permitido un mayor control de lo que pasa en los límites con el Perú y Bolivia, incluyendo una disminución notoria de la inmigración venezolana«[iv].
En consecuencia, aunque S.E. aseguró que “desde hoy comenzamos a frenar esa inmigración irregular”[v], el anunciado plan “Escudo Fronterizo” puede considerarse como continuidad de un proceso ya iniciado en el control de la frontera Norte, resultando inaplicable para estos efectos los conceptos de “reconstrucción nacional” o “emergencia”. A vía de ejemplo, la promesa presidencial de “reconducción inmediata de infractores” es una práctica de larga data en la zona Norte que, además, ha progresado notablemente luego del acuerdo alcanzado con Bolivia, el cual ha permitido, en los últimos diez meses, la reconducción de 4.027 personas desde Colchane al país altiplánico[vi].
Sin duda, la novedad del plan es la construcción de nuevas zanjas, de tres metros de profundidad, y vallas de hasta cinco metros de altura, a cargo del Cuerpo Militar del Trabajo con maquinaria de Ingenieros de Montaña, partiendo por la frontera con Bolivia. Su proyección alcanzaría los 500 kilómetros de una frontera de 1.030 kilómetros, de los cuales se concluirían 30 kilómetros en los primeros 90 días… Pero la efectividad de esta iniciativa dependerá de cuál sea la dotación técnica biométrica y de la cantidad de sensores, drones y otros medios electrónicos. Por cierto, algunos políticos que no han renunciado a la utilización partidista de la realidad migratoria, con fingido atrevimiento proponen “ponerle un poquito más de enjundia” al plan, con “drones balísticos” y “minas antitanques”, como lo ha planteado Franco Parisi.
Habrá que ver cómo, al ritmo inicial de tres kilómetros por día, se logrará cubrir -con zanjas, muros y tecnología- los 1.030 kilómetros de frontera, de los cuales, según el ministro del Interior, 500 kilómetros serían vulnerables. No se conoce el costo financiero del plan y, como advierte el elaborador del mismo y actual senador Cristian Vial, falta “buena parte de los elementos tecnológicos, como sistemas de optrónica, cámaras para ver de noche, sensores electrónicos, drones autónomos y radares térmicos, (…) que deberían ser comprados”[vii]. En fin, como señala el experto Richard Kouyoumdjian, “no es barato tomar el control de las fronteras y, en un escenario de restricción de recursos, algo tendremos que dejar de hacer para que existan los medios físicos y humanos necesarios. De lo contrario, estamos hablando de medidas efectistas que solo buscan dar forma a una promesa de campaña”[viii].
Debemos conceder que estas iniciativas pudieren eventualmente disminuir algo más el flujo de inmigrantes indocumentados, pero no es probable que sirvan decisivamente para detener la infiltración de los carteles criminales, puesto que, como lo declaró la actual ministra de Seguridad, “el crimen organizado siempre busca nuevas rutas”[ix] y sus capos ingresan habitualmente por los aeropuertos.
El plan “Escudo Fronterizo” contempla también el cierre de la frontera. Aunque en la campaña electoral se habló de un “cierre total”, el nuevo gobierno, ahora con realismo, considera un plan “por etapas” que le ha sido presentado por las Fuerzas Armadas, el cual contempla solamente las zonas más vulnerables de la frontera con Bolivia que ya fueron identificadas bajo el anterior gobierno. Hace tres meses, la actual ministra de Seguridad estimaba que, materialmente, el cierre total de la frontera no será posible, opinión que compartimos[x]. De otro lado, se desconoce qué efectos producirá la designación de un vicealmirante en retiro como “comisionado” de la Macrozona norte, una de cuyas atribuciones será la de coordinar el control migratorio, toda vez que sus funciones carecen de un marco legal y no han sido precisadas.
La segunda medida relacionada con el combate al ingreso ilegal en el territorio nacional es la aprobación del proyecto de ley que tipifica dicha conducta -hasta ahora considerada una falta administrativa sancionada con la expulsión- como delito penal castigado con hasta 540 días de presidio. Criminalizar el ingreso irregular es una medida desaconsejada por los especialistas, con base en razones humanitarias, debido a lo cual la inmensa mayoría de los estados no la contemplan. De aprobarse este proyecto, Chile pasaría a ser el único país del Continente que criminaliza la inmigración irregular, abandonando los compromisos asumidos en las Conferencias Sudamericanas de Migraciones; infringiendo los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de Trata de Personas; vulnerando aspectos importantes de los Protocolos de Palermo, contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas; y desoyendo sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, esta nueva judicialización implicaría aumentar considerablemente la carga de trabajo de los fiscales y jueces, así como agregar población carcelaria a un sistema penitenciario ya sobrepasado, con los correspondientes costos financieros.
Sorprendentemente, el nuevo gobierno relegó a un segundo plano el problema primordial de la realidad migratoria en Chile: la enorme cantidad de personas de nacionalidad extranjera en situación de irregularidad, superior a la población de la Región de Atacama.
Cada día que pasa, se agravan para el país los efectos que sobre la seguridad ciudadana produce la irregularidad, debido a que las bandas criminales, aprovechando la vulnerabilidad propia de esos migrantes, captan a los más dóciles para utilizarlos como operadores de su actividad criminosa. A ello se agrega que la irregularidad migratoria mantiene a los afectados sin documentos en regla y, por tanto, imposibilitados de acceder a contratos formales de trabajo y a soluciones habitacionales regulares, lo cual los condena al hacinamiento y determina que constituyan un importante porcentaje de la población de los campamentos y cerca de un 14% de las personas en situación de calle[xi].
¿Por qué, entonces, a la par de los grandilocuentes anuncios desde la frontera, no hay noticia relacionada con la masiva irregularidad migratoria? ¿En qué pie quedó la amenaza de la cuenta regresiva del candidato en campaña, que vencía al 11 de marzo?
En vez de las temidas expulsiones, el país solo ha asistido a anuncios no del todo claros ni coherentes. El presidente aplaudió una captura de personas con órdenes de detención, sin precisar si eran nacionales o extranjeros[xii], pero ello no es sino un operativo más de los que, habitualmente, vienen realizando las policías, que siempre concluyen con algunos extranjeros detenidos. Es la misma práctica que, por su parte, anuncia como novedad el nuevo director del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), Frank Sauerbaum, sobre “fiscalizaciones en terreno”. Este funcionario teorizó sobre “aplicar otros incentivos para que los inmigrantes irregulares abandonen el país voluntariamente”, pero no precisó en qué consistirían y, en cambio, adujo que “estamos conversando esto con el ministro del Interior y se lo vamos a plantear al Presidente” [xiii]. También, conjeturó sobre la posibilidad de realizar fiscalizaciones de contratos de trabajo a extranjeros en situación irregular, “con la Dirección del Trabajo”, las cuales se materializarían en sanciones a los empleadores, aunque advirtiendo que “aún no están todos los detalles” y que es una idea que obliga a “llegar a un acuerdo con la Dirección del Trabajo y con la PDI, para hacer esos chequeos en conjunto”[xiv].
Con todo, la más novedosa especulación mediática del nuevo director del SERMIG giró en torno a la idea de que sean los propios extranjeros expulsados del país quienes paguen sus pasajes aéreos, pues, como dijo, “pretendemos sacarles los recursos de las AFPs (…) y una parte de eso va a poder solventar una parte del gasto”[xv]. Impresiona la frondosa imaginación del funcionario que, con seguridad, no ha consultado cuántos extranjeros en situación de irregularidad cotizan -también irregularmente- en el sistema previsional, ni se ha interrogado sobre la constitucionalidad de tal exacción, ni si es materia de ley, la cual no podría tener efecto retroactivo, etc. Análoga imprecisión caracteriza otras “ideas” presentadas por el flamante director del SERMIG, lo cual evidencia que en el nuevo gobierno no existe lucidez sobre cómo afrontar la principal y mayormente grave situación migratoria.
Partiendo por el jefe de Estado, el gobierno está consciente de que su promesa de expulsar a todas las personas en situación de irregularidad migratoria es imposible, debido a las conocidas dificultades policiales, logísticas, operativas, financieras y judiciales, que son insalvables. Por ello, el señor Kast, ahora como presidente, sostiene que “es evidente que en un día uno no va a sacar a 300 mil personas”[xvi].
Según el nuevo director del SERMIG, el gobierno pasado dejó pendientes de ejecución 37.000 órdenes de expulsión y otras 85.000 expulsiones en proceso de ejecución. Si la expulsión de una persona, como recuerda el señor Sauerbaum, tiene un costo de $3.000.000, esas cifras suman un total de $366.000.000.000 (trecientos sesenta y seis mil millones de pesos). A esta dificultad financiera, cabe agregar la certeza de que una gran cantidad de personas sobre las cuales pesa orden de expulsión continuarán recurriendo a los tribunales superiores, donde obtienen, en un apreciable porcentaje, sentencias favorables. Y, por cierto, para hacer efectiva la expulsión, el gobierno debe obtener de las autoridades de otro país su disposición para recibir a los deportados, una posibilidad que ha sido negada, hasta la fecha, por el gobierno de Venezuela, en circunstancias que la mitad de las personas con decretos de expulsión son nacionales de ese país.
En cuanto a la captura de las personas que se requiere expulsar, S.E. ha descartado redadas al estilo Trump. “No queremos hacer una persecución lugar por lugar”, aseguró en Las Caras de la Moneda, sino que se esperará “el momento” en “que cada una de las personas sabe que tiene que encontrarse con el Estado”[xvii]. De otra parte, el presidente no ha realizado la distinción ética entre quienes, con honestidad, concurrieron al empadronamiento convocado por el anterior gobierno, proporcionando a la autoridad todos sus antecedentes, y quienes se mantienen en la clandestinidad. Pero, pareciera que el director del SERMIG abriga la idea de tomar en cuenta a los empadronados, pues ha deslizado que habría que “ver caso a caso” entre ellos, aludiendo a que algunos podrían haber delinquido[xviii].
De otro lado, pende sobre los inmigrantes en situación irregular la amenaza de verse privados de todos sus derechos sociales. Aunque el ministro secretario general de la Presidencia haya asegurado que “no vamos a tocar (…) uno, la educación y dos, la atención de salud» [xix], agregó a las pocas horas que “el gobierno del presidente Kast va a revisar con detalle aquellos establecimientos educacionales que están metiendo a muchos extranjeros en desmedro de niños chilenos”[xx]. Por esos mismos días, el activo senador antiinmigrante Andrés Longton, adalid de un proyecto de ley que restringe beneficios sociales a migrantes indocumentados explicó: “Estamos hablando de restringir y en otros (casos) eliminar”[xxi].
Este cuadro de irregularidad masiva, que no solo afecta a aquellos inmigrantes sino al país, sería del todo diferente si el gobierno anterior, en vez de mantenerse durante todo su mandato sometido al infundado y perverso temor a la reacción de la derecha e inhibido de impulsar una regularización migratoria, a lo menos lo hubiese hecho acotadamente, como lo aseguró el 11 de diciembre de 2024, con aquellas familias que candorosamente creyeron en su promesa y concurrieron al empadronamiento biométrico al que fueron convocadas,
Lo que se imponía y se impone, pues, también al actual gobierno como única medida patriótica, es replicar los exitosos procesos de regularización de Frei en 1998, Bachelet en 2007 y Piñera en 2018, y normalizar la situación de las más de ciento ochenta mil personas honradas que concurrieron al empadronamiento y que hoy deambulan, presas del miedo, sin acceso al trabajo regular, lo cual perjudica tanto a ellas como al país. Por lo demás, es lo concordante con el magisterio de la Iglesia católica, claramente expuesto por el cardenal Chomalí, y con los planteamientos de las grandes entidades empresariales -CPC y SNA- que consideran la regularización como una necesidad “urgente” y “fundamental”[xxii]. A nuestro juicio, constituiría una falta a la ética aprovechar los datos que, crédula y honestamente, miles de familias migrantes confiaron a la autoridad con el recto propósito de integrarse regularmente al mundo del trabajo y a la convivencia social, solo para proceder a su expulsión. Por cierto, quienes luego de ingresar irregularmente al territorio nacional o poseyendo antecedentes penales constitutivos de prohibiciones imperativas de ingreso, se restaron al empadronamiento y se mantienen en la clandestinidad, saben que son merecedores del abandono o la expulsión.
En otro orden de ideas, establecer el denominado “corredor humanitario”, destinado a enfrentar los escollos que se presentan para reconducir a sus países de origen, particularmente a Venezuela, a los extranjeros objeto de salimiento, es una faena tanto o más complicada que lograr la expulsión de miles de personas. En efecto, dicho corredor, que consiste en un mecanismo de protección interestatal que asegure a los transeúntes un retorno seguro en todas sus etapas, entraña un acuerdo de voluntades de los gobiernos involucrados. En el caso de Chile, a dicho acuerdo debiesen concurrir, al menos, Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil Colombia y Venezuela. El panorama no es claro, pues todavía no se ha iniciado el necesario diálogo entre los gobiernos. Por el contrario, lo que se exhibe son reacciones adversas como la del presidente de Colombia, reticencias como las del mandatario peruano y opiniones negativas de políticos bolivianos, sin contar que aún se mantiene la suspensión de relaciones diplomáticas y el cierre de los consulados, por parte de Venezuela.
Finalmente, una condición básica para afrontar exitosamente las dificultades expuestas -a las que se suma la gran cantidad de solicitudes de residencias temporales, residencias permanentes y nacionalización sin resolver- es terminar de una vez con la ideologización indebida de las migraciones, utilizada como recurso propagandístico para el beneficio del propio sector político, que caracterizó el debate migratorio en los últimos cuatro años. Gobierno y oposición deben cesar de hacer política pequeña con un fenómeno internacional complejo que ha de ser tratado con sentido de Estado, respeto a los derechos de las personas y apreciación del interés nacional.
Jaime Esponda es Profesor de Derecho Migratorio. Entre 2000 y 2023, el autor fue asesor jurídico de la Organización Internacional para las Migraciones.
[i] www.interior.gob.cl
[ii] Declaración del gobernador de Tarapacá, apostando por el acrecentamiento de este plan Emol. 16.03.2026.
[iii] Emol, 16.03.2026
[iv] Ellibero.cl 18.03.2026.
[v] Ibid.
[vi] m.cooperativa.cl , 17.03.2026.
[vii] El País, 20.03.2026
[viii] Ellibero.cl 18.03.2026.
[ix] Emol, 27.12.2025.
[x] Ibid.
[xi] INE, Minuta Técnica, Censo de Población y Vivienda 2024, Resultados de personas en situación de calle, 10/09/2025.
[xii] El Mostrador, 16.03.2026.
[xiii] Emol, 18.03.2026.
[xiv] Radio Universo 17.03.2026
[xv] La Segunda 18.03.
[xvi] Las Caras de la Moneda. https://www.youtube.com/watch?v=KgJPnAEGt0k 17.03.1026.
[xvii] Ibid.
[xviii] Emol, 19.03.2026, pág. C 2.
[xix] m.cooperativa.cl , 17.03.2026.
[xx] Pauta.cl, 17.03.2027
[xxi] TVN 24 Horas,19.03.2026. 20,36 PM.
[xxii] Emol,12.12.2024.
