Se sabía y se presagiaba que la llegada de las nuevas autoridades de gobierno, expresión de una agresiva ultraderecha, traería problemas, cambios y retrocesos en la temática de los derechos humanos y la memoria histórica.
Estábamos conscientes de que los nuevos inquilinos de La Moneda son refractarios en estas materias, de manera que no hay espacio para sorprenderse que irrumpa una inmensa cantidad y variedad de iniciativas de gobierno, con las que se ha visto inundada la sociedad chilena, se hayan adoptado medidas que afectan gravemente lo relacionado con los derechos fundamentales.
Lo llamativo es la velocidad y la inmediatez de esas políticas.
También ha sido característica de lo acontecido, la indolencia y falta de empatía de las autoridades, que obviamente se sienten empoderadas con el alto apoyo electoral con el que ganaron el gobierno.
El Presidente Kast ha sido electo con la más alta votación de que tengamos recuerdo en el país. Eso les ha envalentonado y ha conducido a que algunos de sus nuevos líderes se conduzcan con notoria prepotencia, arrogancia y soberbia.
La ultraderecha es así, no sólo en Chile. También se ha manifestado de esa manera en EEUU, El Salvador, Hungría, Argentina, y otras latitudes donde han logrado arribar a la conducción de sus gobiernos.
La indolencia y falta de empatía quedó reflejada con el traspaso del total del alza de los combustibles a los habitantes de nuestro país, sin anestesia, sin contemplaciones, generando un daño inmenso a los sectores más pobres de nuestra sociedad, puesto que tras los combustibles se encadenan alzas en la mayoría de los productos que conforman la canasta popular, y eso es inexorable.
¿Existían fórmulas para evitar este daño y ser más cuidadosos para con la población? Sí, el ex Pdte Boric, al comenzar su mandato en 2022 enfrentó una crisis similar con la guerra de Ucrania, e hizo uso de estas medidas de amortiguación usando los recursos del Mepco, que este gobierno no quiso utilizar, provocando el descalabro actual, el que no alcanza a ser resuelto con las medidas de mitigación que se acaban de aprobar en el Congreso.
Es obvio que el proceso inflacionario que trae consigo esta medida, afecta el derecho a la alimentación de importantes y numeroso sectores vulnerables, perjudica su calidad de vida, y es claro, que la dignidad humana, bien jurídico protegido por los derechos fundamentales, no puede quedar subordinada al mercado.
Pero ello importa poco en la actual administración, para la que sólo existen las leyes del mercado por sobre el sentir de la gente.
Se ha comenzado a manifestar una suerte de autoritarismo de hecho, cuando la autoridad se siente tentada a gobernar con decretos. Esa actitud degrada la democracia.
Siendo candidato todavía el Presidente Kast, señaló públicamente que «el Congreso es importante, pero no tan relevante como imaginan«. Advirtiendo, de ese modo, que podía saltarse la vía constitucional para gobernar, prescindiendo del parlamento.
Todavía no cumple un mes de gobierno y la vorágine de acontecimientos que se han sucedido en este breve tiempo, han impactado a la comunidad, con una carga más negativa que positiva.
Ello explica que en todas las encuestas realizadas hasta ahora, el nivel de desaprobación es mayor que la aprobación, sentando un precedente llamativo para un periodo tan acotado. Según refieren los profesionales de las encuestas, ese nivel de desaprobación puede llegar a ser irremontable.
Veamos qué ha pasado en derechos humanos:
1.– Se suspendió el proceso de expropiación de Colonia Dignidad, y el ministro de la Vivienda ha sostenido que no está dispuesto a gastar una enorme cantidad de dinero en Museos o en Parques de Memoria. Que hay otras prioridades. Esta actitud economicista, donde se imponen estrechos intereses de mercado y todo se reduce a un tema monetario, es incapaz de comprender lo que es y significa la Memoria Histórica para cientos de compatriotas que fueron exterminados, torturados y secuestrados en ese enclave alemán.
No comprende este Ministro, que la Memoria es un bien intangible que no tiene valor monetario, y que forma parte de la historia patria, que hay que proteger y que no se puede olvidar.
Además, lo relacionado con el proceso de expropiación de Colonia Dignidad responde a las recomendaciones de una comisión mixta Chile-Alemania creada específicamente para abordar la reparación de las víctimas y concretar la construcción de un Sitio de Memoria en el lugar. De manera que, la suspensión unilateral de la expropiación, traería consigo la vulneración de compromisos internacionales suscritos por nuestro Estado. Ello explica la inmediata reacción del gobierno alemán, que apoya la construcción del sitio de memoria.
Bajo la misma argumentación económica, este ministro desechó la terminación de una gran ciclovía, que uniría el barrio alto de la ciudad con Santiago poniente hasta Maipú. Una vez más, lo monetario se impone por sobre la calidad de vida de miles de santiaguinos.
2.- Se retiró desde Contraloría el Tercer Plan Nacional de derechos humanos (2026-2029) para «someterlo a ajustes«. Este plan fue diseñado con la colaboración de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los ddhh y la sociedad civil. En ese plan se contemplan medidas que promueven la igualdad y no discriminación, memoria histórica, justicia transicional, desarrollo sostenible, educación en derechos humanos, formación ciudadana y capacitación a funcionarios del Estado. Se ignora qué reparos, o ajustes pretende la autoridad, lo que se sabe es que todo lo que se refiera a derechos humanos es una piedra en el zapato para este gobierno.
Un aspecto trascendente en la ley que contempla el Plan Nacional, es que éste en su formulación siempre deberá considerar la opinión de la sociedad civil, constituyendo ese mandato una obligación legal que no puede ser menoscabada.
3) Medidas contra el mundo LGBTIQ+
En este mismo Plan Nacional de ddhh, se contemplan medidas por la igualdad y la no discriminación a las personas LGBTIQ+, consideradas como grandes conquistas históricas para el sector, y que hoy corren peligro de involucionar.
De otra parte, las nuevas autoridades en el plano internacional, adoptaron la decisión de no adherir a la declaración de la OEA que protege a las personas de esta condición.
Por primera vez en 15 años Chile no firmó declaración conjunta del grupo LGBTIQ+ en la OEA, argumentando que el texto fue negociado por la administración anterior.
Estas medidas han sido calificadas por el Movilh (Movimiento de integración y liberación homosexual), como un grave e histórico retroceso que vulnera compromisos internacionales de nuestro país.
4).-Medidas contra la Migración. El gobierno de Kast, con un gran despliegue comunicacional. dio por inaugurada en la zona norte de Chile la temporada de zanjas y movimiento de tierras, para impedir el paso de migrantes. Hubo gran presencia de uniformados, maquinaria militar, y autoridades civiles. No se tiene claro cuántos kilómetros abarcarán esas zanjas, ni cuanto tiempo demorará su construcción. Lo que sí se ha sabido es que esa iniciativa ha traído cierta incomodidad en países vecinos como Perú y Bolivia.
Otras iniciativas en marcha: Se pretende acelerar procesos de expulsión de migrantes indocumentados.
Se frenan procesos de regularización migratoria.
Se incorporará a la ley sobre migración y extranjería el delito de ingreso clandestino.
Se adoptarán medidas para restringir beneficios sociales a los migrantes en situación irregular, entre ellos acceso a la salud y educación de sus familias.
Gran parte de estas medidas son contrarias a normas internacionales y de derechos humanos, del sistema de protección interamericano y mundial, por su claro contenido discriminatorio en perjuicio de los migrantes.
5.- Desmantelamiento de políticas de memoria, verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición.
Hemos visto con preocupación que el nuevo gobierno, particularmente el ministro de Justicia, desvinculó de sus funciones y cargos a destacados profesionales, que trabajaban en el Programa de derechos humanos y en el Plan de Búsqueda de personas detenidas-desaparecidas.
Paulina Zamorano, Magdalena Garcés, Tamara Lagos y Marcelo Orellana, todos ellos con un amplio bagaje de conocimientos, experiencia y experticia en sus áreas, formaban parte fundamental de esta institucionalidad estatal en derechos humanos.
Se ha argumentado que por razones de modernización y pérdida de confianza, debieron cesar en sus funciones. Así, sin más, debieron abandonar sus puestos de trabajo.
Es el estilo de la ultraderecha, pocas palabras, mucha indolencia y acción directa e irracional.
El Programa de derechos humanos que dirigía desde hace tiempo la abogada Paulina Zamorano, es el principal órgano persecutor de los delitos de lesa humanidad en Chile. Sus abogados litigantes son la representación permanente de las víctimas y sus familiares. Son ellos quienes alegan en estrados judiciales clamando justicia para las víctimas de la dictadura de Pinochet.
Se trata de un trabajo de suyo delicado y complejo, liderado por Paulina Zamorano, avezada profesional con muchos años comprometidos en la defensa de los derechos humanos violentados en dictadura.
El trabajo de Magdalena Garcés, una destacada abogada, con dilatada experiencia se volcó fundamentalmente al Plan de Búsqueda, donde aportó con el caudal de información acumulada durante años de persecución penal contra los violadores de derechos humanos.
Tamara Lagos, socióloga, coordinadora de archivos e investigación y Marcelo Orellana, coordinador de administración judicial en la subsecretaría de ddhh. son profesionales, con experticia en sus áreas, y difíciles de reemplazar por otros nombres sin la trayectoria y conocimientos en el trabajo de derechos humanos. Se trata de un trabajo especializado que no se puede suplir de buenas a primera con otro tipo de profesionales.
En el Programa trabajan aproximadamente 60 profesionales, con diversas especialidades, con un enfoque multidisciplinario, donde la experiencia en la investigación, documentación y litigación constituyen la fortaleza de la actividad. Hoy aparece desmontada la cabeza del Programa y del Plan de Búsqueda, sin embargo todo hace suponer que la razzia, persecución y despido seguirán sin contemplaciones.
El Plan de Búsqueda, fue implementado en Agosto 2023, como un esfuerzo estatal y permanente, para ubicar a 1.469 personas que permanecen en condición de detenidas-desaparecidas.
El Programa de derechos humanos, es parte litigante en más de 430 juicios a lo largo del país.
Siempre he sostenido que la temática de los derechos humanos tiene los ritmos de una fuerza telúrica que se contiene en el subsuelo de la corteza terrestre. Permanece inmóvil por largas temporadas, para reaparecer de vez en cuando al producirse acontecimientos que la despiertan y remecen. Lonquén, el degollamiento de tres militantes comunistas, los hallazgos de cadáveres en Yumbel y Laja, luego en las fosas de Pisagua, las condenas por el homicidio de Orlando Letelier, la matanza de corpus christi u Operación Albania, el atentado a Pinochet, el término del Penal Cordillera, son algunos de los tantos eventos que hacen que esta fuerza telúrica reaparezca con vigor demostrando que el mundo de los derechos humanos posee una fortaleza importante y gravitante en la sociedad chilena.
Hoy parece ser uno de esos momentos que galvanizan a sectores importantes de nuestro país. El sólo anuncio de que el Senado aprobara estrechamente el proyecto de ley que buscaba mandar a casa a los condenados, presos en Punta de Peuco, provocó una reacción social tremendamente importante, que parece haber revertido el optimismo de aquella derecha que cree que ya todo está zanjado a ese respecto.
Algunas medidas adoptadas por el gobierno de Kast, constituyen sin lugar a dudas actos de provocación a las víctimas y sus familiares. Tanto las de la dictadura como las del estallido social, cuando el propio mandatario anuncia que indultará algunos de los condenados en esos dos episodios.
6.-Constituye igualmente una provocación al mundo ambientalista y a muy diversas comunidades involucradas, que se retiran desde la Contraloría decretos que apuntan a la descontaminación atmosférica, a la protección del medio ambiente, creación de áreas protegidas, medidas de protección de especies en riesgo, protección de reservas naturales, normas sobre calidad del agua, protección de humedales, sustentabilidad en proyectos de inversión.
Alguien sostenía que este nuevo gobierno aborrece de los «ismos«, partiendo por el comunismo, feminismo, indigenismo, y ambientalismo. Es decir hay sectores que naturalmente se sentirán afectados por un gobierno de corte empresarial, indolente, al que poco conmueve el día a día de la gente, que todo lo mira en función de su propio crecimiento económico, y que a medida que pasan los días incrementa una clara desafección a sus políticas, estimulando la protesta social.
El mundo de los derechos humanos pareciera estar de pie para resistir los embates de esta ultraderecha, que se viene con todo.
