Por aquellos tiempos en que una fatal combinación de las cegueras inherentes a la ideología marxista-leninista más la arrogancia de los intelectuales orgánicos de los partidos revolucionarios embebidos de la misma doctrina, cuando se empezaba a plantear la amenaza que importaría en el futuro la colonización sistemática del poder judicial por cuadros de derecha, hizo minimizar esta amenaza, por considerarla apenas una distorsión en el sistema jurídico político, o sea, apenas una fisura sin consecuencias de la superestructura del modo de producción capitalista.
Con el tiempo, y cuando la izquierda quiso detener al monstruo, éste ya se encontraba en el jardín.
Y de esas funestas consecuencias toca hablar, ahora, que todo indica, va a ser uno de los más poderosos enemigos de la democracia, los derechos humanos y las políticas progresistas, en general.
Y como todo lo malo del mundo actual, es universal, al menos allí donde se mueve esta modesta pluma en los últimos tiempos se topa con el monstruo.
Empecemos con España, país donde me toca escribir frecuentemente y residir de tanto en tanto.
Como se sabe, al controvertido líder español Pedro Sánchez, -y que sigue contando con toda mi confianza política- (cosa que ni sabe y probablemente le importaría nada) ha conseguido permanecer al frente de su gobierno a pesar de una enconada y a veces violenta oposición política. No en vano, en España, tiene un apoyo nada despreciable uno de los partidos más ultraderechistas de Europa, Vox, y cuyo liderazgo en políticas anti inmigratorias, feministas, y ecologistas es ampliamente reconocido por las alianzas internacionales fascistas del mundo. En esa oposición agresiva al gobierno le sigue como vagón de cola el Partido Popular (PP) que con la misma escasez de ideas del anterior pero una mayor votación se apresta a sustituir al gobierno del PSOE y SUMAR, que, en una basta alianza electoral de investidura con vascos, catalanes y otros han conseguido mantener hasta ahora un inestable, aunque porfiada mayoría de las bancadas españolas.
Sin embargo, había un enemigo oculto tras las cortinas: la Judicatura. Esa Judicatura que tiene abiertos procesos contra la esposa del presidente, su hermano, y hasta el que hasta ahora era su fiscal general, lo que haría pensar hasta al mejor pensado que España es un país con niveles de corrupción equivalentes a los mayores del mundo.
Pero no es así. Si revisamos el caso del ex fiscal general del Estado, se entenderá fácilmente que se trata de una operación de acoso y derribo de una autoridad dependiente del gobierno y fundamental en su estructura de gobierno.
Pero la cosa venía de largo. Cuando los independentistas catalanes liderados por Carla Puigdemont, tomaron la decisión absurda de celebrar un referéndum ilegal, la Fiscalía mantuvo una acusación igualmente absurda de acusarlos por delito de sedición, aunque nadie viera actos que se asemejaran a un alzamiento: no lo eran declaraciones sin fundamento ni destino y tampoco la celebración de referéndums brutalmente reprimidos por la policía. Por eso hasta el Tribunal Supremo rechazó esa causal. Pero ese mismo tribunal supremo, en cambio, los sentenció por el delito de rebelión, igualmente menesteroso de los componentes fácticos más básicos.
Después de otros capítulos de igual y bochornosa nervadura, el fiscal general del Estado acaba de ser condenado por el hecho absurdo de responsabilizarlo de filtrar a la prensa antecedentes de la causa que se sigue en contra de la pareja de presidenta de la comunidad de Madrid, cuando la información difundida en la nota de prensa que motivó la acusación ya no era secreta, y había sido difundida por el propio entorno del interesado: Adiós presunción de inocencia.
Existe, en España, una sensación de fronda activa de jueces de derecha, que actúan políticamente, y deliberadamente en procesos de lawfare actuando directamente como una inconfesada oposición política.
El más bullado de estos ejemplos de lawfare podemos verlo en la persecución penal seguida por el juez Juan Carlos Peinado que investiga a la esposa del presidente Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias, corrupción privada, apropiación privada, intrusismo profesional y malversación.
No solo la defensa de Begoña Gómez sino también la fiscalía ha declarado que las imputaciones en su contra carecen de todo fundamento y se sustentan en conjeturas a partir del hecho de constituir la esposa del presidente sin que haya indicios racionales que vinculen sus actividades profesionales con beneficios obtenidos al amparo de su relación matrimonial. Por eso, la propia fiscalía ha solicitado el archivo de la causa. El juez Peinado ha sido incapaz, hasta ahora, siquiera de cuantificar, la cantidad malversada, un requisito legal para imputar esa clase de delito. Destaquemos que, este mismo juez, ha tenido que archivar otras imputaciones, por falta de indicios probatorios. Pero el juez como si nada. Como si no fuese con él. Actúa como siguiendo una orden celestial.
Con iguales debilidades de argumentos y pruebas se siguen investigaciones judiciales contra David Sánchez, hermano del presidente, presuntamente beneficiado por la diputación de Badajoz, que le habría creado un cargo a la medida. Pero, como dice el ensayista José María Lasalle, La cacería política no es alrededor del hermano de Pedro Sánchez o del presidente de la Diputación de Badajoz, es realmente hacia la figura del presidente del Gobierno
El caso peruano es diferente pero no mejor. Probablemente todo lo contrario.
Recordemos que fue merced a las denuncias periodísticas que se supo de innumerables redes de corrupción que han develado jueces, fiscales, abogados comprometidos en el tráfico de influencias, sentencias por encargo, sobornos, etc. Pero destaquemos el famoso caso de los denominados Cuellos Blanco, que gatillaron movilizaciones ciudadanas por todo el Perú. Entre ellas destacan: Los Cuellos Blancos del Puerto, que mostró una organización criminal dentro del Poder Judicial con jueces y fiscales supremos en negociaciones ilícitas para favorecer empresarios comprometidos con delincuentes. El caso derivó en procesos constitucionales y renuncias forzadas. Igualmente, y tras la publicación de investigaciones de corrupción judicial, varios periodistas de medios como IDL reporteros y periodistas de Latina TV, enfrentaron procesos judiciales, denuncias por espionaje y amedrentamientos que los fiscales implicados realizaron con la intención de silenciar las investigaciones periodísticas. Otras investigaciones mostraron a operadores dentro del sistema judicial que coordinados con abogados y empresarios que beneficiaban a delincuentes comprometidos en el lavado de dinero y otros delitos, con resoluciones judiciales de encargo.
Como se sabe la situación del quita y pon de los fiscales sería un escándalo en cualquier país, menos para los peruanos ya acostumbrados, a todas las expresiones de un estado fallido en el ámbito de las instituciones judiciales.
Y qué mejor prueba de aquello que lo que afirmó el fiscal nacional interino, Tomás Gálvez, en un país donde el presidente de la república es también interino, junto a muchas autoridades del gobierno, afirmó que el caso de Cuellos Blancos fue una invención y a continuación anunció la desactivación de los equipos especiales. Una invención. Nunca existieron. Así lo dijo. Nadie, hasta ahora, se ha tomado esa declaración en serio, pero varios periodistas le han recordado que el interino persecutor ha decidido eliminar a esos equipos especiales que son, precisamente, los que están investigando, entre otros, al propio fiscal interino en las causas que lo imputan personalmente
Peor aún -y de mayor repercusión internacional- es el juicio en contra el presidente Castillo. Como en otros casos casi todo lo que ocurrió allí insulta al sentido común. Porque recordemos que el presidente peruano fue depuesto, procesado y condenado por dar un golpe de estado. En verdad, el más extraño golpe de estado: sin tanques en las calles, patrullas militares ocupando la ciudad, aviones cazas sobrevolando los aires, helicópteros artillados, cierres de los periódicos de oposición, derribamiento de las antenas de las radios del gobierno, etc. Como en el caso del procés contra los políticos independentistas catalanes, en un delito tan típicamente manifestado en sus aspectos violentos, la falta de los elementos fácticos, rima mal con el sentido común de las personas, porque como diría alguien muchas elucubraciones filosóficas se requieren, – para que una persona sea culpable de violación si es comprobadamente impotente.
Perú, y mucho antes del procesamiento del presidente Castillo, ha terminado por ser el ejemplo del estado fallido en los estándares exigidos universalmente para que un estado sea considerado un estado de derecho. Son demasiado los ejemplos que se pueden dar, por lo que es mejor resumirlos en estos tres, que son lamentablemente emblemáticos.
¿Y qué decir de nuestro Chile especialmente ahora en que los verdaderamente chilenos se aprestan para regentar directamente sus intereses?
El caso Hermosilla ha demostrado muchas cosas. De todo tipo y clase. Pero haciendo una síntesis del proceso total digamos que como mínimo queda claro que 1.– Poderes fácticos que se mueven en la oscuridad de los despachos y las comunicaciones de los celulares deciden sobre nombramientos de las más altas magistraturas del país, incluidos ministros de la Corte Suprema; 2.- Estos mismos poderes deciden fuera de los estrados sobre la suerte de los fallos judiciales cuando éstos afectan los intereses concretos de grupos de poder político, económico o ambos; 3.- Estos poderes fácticos han penetrado, cooptado, o derechamente comprado para estos sus mismos intereses a fiscales en diferentes categorías para que el órgano persecutor dejara de serlo en su integridad y sus protegidos libraran de las condenas correspondientes; 4.– También estos poderes penetraron los más altas instancias de la Policía de Investigaciones de Chile para entregar información que permitiera a estos grupos defender sobre seguro y con ventaja a sus protegidos; entre otros.
Pero no solo eso; los últimos acontecimientos relacionados con el procesamiento del exdirigente de la UDI y ex ministro de economía del gobierno del presidente Sebastián Piñera, Pablo Longueira, muestran de modo dramático la doble vara de medir responsabilidades cuando se trata de vacas sagradas como apareció de manifiesto en la sentencia del tercer Tribunal del Juicio Oral de Santiago que absolvió a los 8 imputados por varios delitos de soborno, cohecho y tributarios y en el que estaban comprometidos personajes del mundo político y empresarial como Pablo Longueira, Patricio Contesse, Marco Enríquez- Ominami, entre otros. El más controversial de las consideraciones del fallo tiene que ver con el hecho de que cuando se tramitó la ley de Royalty a la minería durante el primer gobierno de piñera, el gerente de SQM Patricio Contesse le envió un email al entonces senador Pablo Longueira sugiriendo incorporar un artículo que beneficiaba a su empresa, texto que Longueira reenvió como si hubiese sido de su autoría, a diversas autoridades de gobierno que lo incorporaron finalmente al pie de la letra al proyecto de ley que fue aprobado en el Congreso. La investigación detectó millonarias donaciones contemporáneas a este hecho a fundaciones dirigidas por Longueira, que no tenían ningún otro donante, así como pagos de boletas ideológicamente falsas a personas vinculadas a él.
No obstante, lo que los hechos mostraron en forma evidente las juezas argumentaron: NO puede estimarse como acto funcionarial en los términos exigidos por la ley, dado que no se efectuó en el ejercicio de sus funciones propias del cargo de senador, sino que, como líder político vinculado al gobierno de quien fuere presidente de Chile entre los años 2010 a 2014, sin emplear correos institucionales ni identificarse como senador durante la realización de tales gestiones.
¿De verdad tenemos que aceptar que si para perpetrar un crimen que afecta a un funcionario este no se hace con los correos formales del servicio sino con otros, de carácter personal, debemos presumir la inocencia de los involucrados? ¿Qué diría, al respecto, el circunspecto detective británico Sherlock Holmes?: Elemental Watson. Nadie realiza actos ilícitos con los medios normales que utiliza. Sería como pedirle a un narcotraficante que diera facturas por las drogas que vende.
Y, sin embargo, de la demencial argumentación esgrimida por las juezas del TOP 3º de Santiago nadie parece especialmente escandalizado. Porque no se puede tener tanto tiempo en ascuas a Don Pablo, pos oye…
Un viejo dicho de cínica factura tribunalicia decía: Los jueces están para ayudar a los amigos, perjudicar a los enemigos y hacer justicia a los demás… ¿Será ésta la enseña de los días que vendrán?
Depende, como diría nuestro flamante y germano presidente electo, asaz un verdadero chileno. Depende de cuanto la izquierda se tome en serio la amenaza real de la colonización ultraderechista de los poderes que componen el Sistema Judicial y su capacidad de combatirlos resueltamente. Al menos para evitar que, como en otros momentos, una izquierdita cobarde dejó que se castigara al Juez Muñoz, por haber sancionado conforme a la ley, los abusos cometidos por las ISAPRES contra millones de afiliados.
