Lo que está en juego en la elección presidencial y parlamentaria de 2025

En la próxima elección presidencial y parlamentaria está en juego que se consagre una regresión ultraconservadora de proporciones en Chile, especialmente si la derecha logra los 4/7 del parlamento, lo que podría estar a su alcance, junto a la posibilidad de que Kast o Kaiser ganen la segunda vuelta presidencial. 

La derecha y los medios de comunicación conservadores han logrado sostener un clima de temor a la delincuencia, que no está desbordada si se observan las cifras y las actuales capacidades y logros policiales; y de rechazo a la inmigración, con una población extranjera que pasó de 640 mil personas en 2015 a 1,46 millón en 2020 y a del orden de 2 millones en la actualidad, con más de 300 mil sin papeles, pero con un flujo que ha disminuido. A esto se suma la crítica destemplada al gobierno por el desarrollo de sus políticas, por los episodios de corrupción y por un desempeño económico poco dinámico. 

Se ha producido una paradoja: el éxito comparativo de Chile en materia económica constituye un efecto llamado a la inmigración latinoamericana, pero ha ocurrido cuando el crecimiento bajó de 4-5% al año a 2% al año, disminuyendo las posibilidades de integración sin rechazo. Esto ha llevado a que el “malestar social” que dio origen a la rebelión de 2019 se haya transformado -al cabo de los vaivenes variados en los gobiernos de Piñera y Boric que agotaron las distintas versiones de centrismo blando y de consenso neoliberal implícito- en una suerte de “irritación social de alta intensidad”. Esta terminó por crear una demanda por orden en todos los planos, la que ha sido recogida sin gran esfuerzo por la extrema derecha y su postura de mano dura estridente en materia de expulsión de inmigrantes y de represión sin tasa ni medida a la delincuencia. Se nubla y desplaza así el debate sobre las condiciones de vida y sobre nuevos progresos democráticos, económicos y sociales que deben superar el desempeño del gobierno de Boric, en los que la coalición de centro e izquierda tiene mucho más que decir y es el terreno en que está en mejores condiciones de crear una idea positiva de futuro para reconvocar mayorías

En cambio, Kast, que aparece pasando a la segunda vuelta en todas las encuestas y ganándola, sostiene que es necesario “un gobierno de emergencia que nos permita combatir al crimen organizado, que nos permita cerrar nuestras fronteras a la inmigración ilegal y que nos permita despegar como país para generar mucho más empleo”. Su desdén por la democracia es del todo evidente en su idea de gobernar por decreto y en su voluntad de abrirse paso creando pánico. Es la receta clásica de las extremas derechas para crear ambientes de crisis favorables al autoritarismo oligárquico, y le está resultando, aunque Kaiser le compita en extremismo y Matthei y Parisi no se queden atrás (cárceles en el desierto, cárceles-barco y muchas balas). Kaiser propaga infundios sin tasa ni medida: “es el Ministerio de Educación el que anda despachando todo tipo de material, que se puede calificar incluso como pornográfico, a los colegios”. Para no ser menos, Kast propone restringir el acceso a la píldora del día después y ponerla bajo tuición de los padres. Y agrega: “vamos a crear un registro único de vándalos, para que todos queden registrados y tengan cero acceso a algún beneficio social”. Kaiser propone la pena de muerte y el trabajo forzado, Kast indultar al asesino Krassnoff y todos, incluyendo Matthei, asimilan la inmigración al crimen organizado. Llegan al extremo de negar el derecho a ir a la escuela de los hijos de inmigrantes irregulares o que sean atendidos en centros de salud, como si los niños fueran culpables de algo y los compromisos internacionales de Chile en la protección de la infancia no existieran. Por lo demás, ¿cómo y a dónde se expulsa a 300 mil personas y a qué costo? Es la ira xenofóbica a lo Trump en acción. Como si la inmigración no fuera la que sostiene parte de los empleos más duros y es la mano de obra indispensable en la agricultura, la construcción y múltiples servicios, como señalan los propios empresarios. 

La paradoja es que Kast, Matthei, Kaiser y Parisi son, todos ellos, descendientes de inmigrantes. Kast, en particular, es hijo de una persona que entró ilegalmente a Chile, evadiendo la justicia como ex miembro del ejército nazi y que estuvo envuelta en crímenes represivos en 1973. El contra argumento es que los de ahora no son europeos, sino que son venezolanos, colombianos, bolivianos y peruanos y no vienen a aportar sino a delinquir. Es un argumento simplemente racista, de la misma cepa que el racismo contra los pueblos originarios. Como si no se le debiera tanto a esos pueblos y a los que han acompañado la construcción del país mestizo que es Chile. Sin ir más lejos, fue un venezolano, Andrés Bello, el que creó la Universidad de Chile y el código civil.

La manipulación de este estado de opinión también ha relegado a la derecha tradicional, luego de aquello de “delincuentes se les acabó la fiesta” y del supuesto fin de la “puerta giratoria” que prometió Piñera, sin ningún resultado, pues la delincuencia tiene causas más profundas que requieren cambios estructurales. Para no hablar de la posterior invitación de Piñera en Cúcuta a los venezolanos para emigrar a Chile, con un efecto que no consideró los límites en la capacidad de acogida en un país con problemas sociales y económicos de cierta envergadura. Todo esto ha desbordado completamente a Matthei, que no se decidió nunca entre un discurso de apertura al centro y no xenofóbico o bien competir con la ultraderecha en materia de posturas radicales: terminó declarando que la búsqueda de desaparecidos es un acto de venganza. Una vergüenza.

Pero estos árboles no permiten ver el bosque. La medida central de los postulantes de la derecha y la extrema derecha es un drástico recorte de gasto público, lo que supone una fuerte disminución del gasto social y el despido de cientos de miles de funcionarios para abrir paso a rebajas de impuestos a las empresas. Solo que el consiguiente aumento de sus utilidades tendría un dudoso aumento esperado de la inversión privada, por lo que difícilmente compensaría el choque negativo de gasto público en la demanda agregada.

Los determinantes de la inversión privada incluyen, junto a los impuestos a las utilidades, diversos otros factores. Entre estos se cuentan los niveles previos de deuda empresarial, que determinan el margen disponible para financiar nuevas inversiones (efecto de balance) y el grado de utilización de la capacidad productiva instalada (si es baja no habrá inversión en el corto plazo). La nueva inversión solo se concretará si existe una rentabilidad esperada que supere el costo del capital, la que es el resultado de la diferencia entre los ingresos empresariales previstos y los costos fijos y variables en que se incurre en el proceso de producción. Incide en la rentabilidad esperada el que una mayor o menor tasa de interés real eleve o disminuya el costo de financiamiento, efecto que será mayor o menor si el valor presente de los ingresos futuros está más cerca o más lejos del nivel que desencadena la inversión. 

Por lo anterior, es crucial que las ventas futuras sean suficientes para asegurar esos ingresos. Pero no podrán llegar a serlo si la demanda interna se ve disminuida por los recortes de gasto público. En las expectativas de ingresos futuros también incidirán el nivel y variabilidad de la inflación, de los ingresos reales y de los costos fijos y variables, así como la volatilidad cambiaria y en general la incertidumbre que eleva los riesgos y acorta el horizonte previsible de los retornos de la inversión y la protección de activos. La demanda externa puede compensar las disminuciones de demanda interna y las expectativas domésticas negativas, pero no existe para muchos bienes y servicios y, en todo caso, depende de variables exógenas sobre las que el país no tiene control. Incide, a su vez, el tipo de cambio, que si se deprecia hará más competitiva la inversión exportadora y sustitutiva de importaciones, mientras un tipo de cambio apreciado desincentivará la inversión en los sectores transables internacionalmente. Además, variaciones en la tasa de interés doméstica implicarán cambios en los flujos externos de inversión de cartera y en el propio tipo de cambio. A su vez, en economías con mercados financieros poco profundos o volátiles, como es todavía el caso de Chile, las restricciones de liquidez inciden en el financiamiento de la inversión, en un contexto en que las pequeñas y medianas empresas y los proyectos sin historia invierten menos de lo que podrían por no contar con garantías suficientes y están sujetos a tasas superiores a las aplicables a las grandes empresas, que suelen acudir al crédito o la emisión de bonos y acciones en el exterior.

El recorte de gasto público y de impuestos a las utilidades no ayudará a estimular la inversión privada y a mejorar la productividad y rentabilidad. Se debe contar con más y mejores vías de transporte, suministro de energía y formación de capacidades humanas y con más trabajadores calificados y ecosistemas de innovación, sin lo cual no se favorecerá la inversión en sectores de mayor valor agregado ni creará suficientes empleos, con el resultado de incrementar el malestar y la irritación social.

Por su parte, Jeanette Jara encarna la nueva época de mayor igualdad de oportunidades, sin importar los orígenes sociales. Mantiene un discurso centrado en mejorar las condiciones de vida de las familias de ingresos medios y bajos, con consumos vitales asegurados y enfatizando que la sociedad enfrenta hoy carencias que pueden solucionarse desde la acción política (aunque otras no, o al menos no en el corto plazo) y mejorar la situación del país. En materia de seguridad cuenta levantar sin trabas el secreto bancario para perseguir el lavado de dinero, a lo que la derecha se opone en una abierta contradicción con su discurso de perseguir a la delincuencia a toda costa, junto a la modernización policial, el aumento sustancial de su eficacia y su mayor conexión con las comunidades para actuar con decisión contra las bandas criminales. Pero también propone establecer progresivamente un ingreso vital garantizado de 750 mil pesos para los que viven de su trabajo y aumentar los derechos a la negociación colectiva en los lugares de trabajo. Y el rediseño del sistema de tarifas de servicios básicos, estableciendo una garantía de acceso al consumo vital a precio reducido y bajando en 20% las de la electricidad. Jara se propone además reducir drásticamente en cuatro años las listas de espera en el sistema público de salud, que atiende al 80% de la población, mejorar el acceso a arriendos asequibles y activar la construcción de vivienda y el apoyo a las pymes para aumentar el empleo. Estas y otras medidas sociales, en educación y transporte en particular, requieren aumentar la recaudación tributaria para que no se incremente la deuda pública. Y seguir trabajando en la diversificación de la economía y en la transición energética, que es hacia dónde Chile puede orientar un esquema de mayor crecimiento social y ambientalmente sustentable para crear empleos decentes y mejor remunerados.

Lo que Jeanette Jara ha estado proponiendo, en medio del ruido mediático, probablemente tendrá más posibilidades de ser escuchado y valorado en la segunda vuelta. Sobre todo, cuando la opción alternativa será la del autoritarismo, el miedo y las desigualdades en beneficio de las oligarquías de siempre, con el resultado ya conocido de multiplicar la conflictividad y la confrontación en la sociedad chilena.