La ofensiva conservadora ante una oposición “desconcertada”

Imagen/Agencia Uno

El gobierno de José Antonio Kast asumió una arriesgada decisión al traspasar a precios el alza experimentada por el petróleo generada tras la guerra impulsada por Trump y Netanyahu contra Irán. Arriesgada desde el punto de vista político y también económico. Era más que esperable que la medida fuera duramente cuestionada por la oposición, recordando que durante la pasada administración se mantuvo el mecanismo de compensación con precios internacionales del crudo. Tanto o más relevante que esa reacción, ha sido la de representativos alcaldes de comunas populares y crecientes sectores sociales afectados por la medida, así como el extendido malestar de la población que sufrirá directamente su impacto en la economía familiar. La medida no tan sólo es impopular sino innecesaria. No se sostiene en la racionalidad económica, sino que se fundamenta en una dogmática política conservadora de alineamiento con la desastrosa gestión de Donald Trump en Estados Unidos.

Por ahora, al gobierno no parece importarle demasiado su popularidad, tal como lo ha reiterado el titular de Hacienda, Jorge Quiroz (que nunca ha gozado ella). Calcula que puede ordenar fácilmente a su coalición y enfrentar la ofensiva opositora, cargándole una cuota de responsabilidad por la crisis (el déficit fiscal). Pretende enfrentar el descontento social con algunas medidas paliativas como el subsidio a la parafina o el bono a los taxistas, no descartando nuevas medidas que se estudiarían en los próximos días. Quizás desprecia la reacción del poderoso gremio del transporte, que cautelosamente comienza a exigir compensaciones. Se sumarán paulatinamente otros, como los del pan y el comercio, en la medida que se vean afectados en sus costos directos. Y siempre está la voz de la calle, de los millones de familias que se verán golpeadas por el alza mayor de los combustibles en los últimos 58 años. En estas escasas dos semanas ya se han registrado algunas movilizaciones sociales, como la de las mujeres, el pasado 8 de marzo, de medioambientalistas, en defensa del agua y algunas estudiantiles, que han recibido muy escasa cobertura periodística. No debiera sorprender que el malestar manifiesto y disperso de los últimos días adquiera nuevas dimensiones en las próximas semanas.

En el terreno netamente económico es más que evidente que la decisión oficial impactará prontamente la meta inflacionaria, tal como lo han aseverado economistas de muy diversas tendencias de pensamiento. Los cálculos más conservadores apuntan a un incremento inflacionario entre el 1.2 y 1,5 %, sin poder proyectar lo que puede suceder a mediano plazo en el caso que el conflicto internacional se prolongue. Todo esto, en los precisos momentos en que el ministro de Hacienda busca implementar un ajuste fiscal del orden de 3.000 millones de dólares, propone bajar el impuesto a las empresas del 27 al 23 % y anuncia una reintegración tributaria, con un costo fiscal de ambas medidas en torno a los 2.400 millones de dólares. En lo inmediato, ello ha obligado al Banco Central al ajuste de sus proyecciones de crecimiento para este año y el próximo, sin descartar que, a futuro, considere subir la tasa de interés que ahora mantiene.

Y, en medio del evidente ruido mediático, como sin querer queriendo, Kast negó el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaria general de Naciones Unidas, calificándola como “inviable”, añadiendo que si la exmandataria persistía en llevarla adelante – como no demoró ella en confirmarlo- el gobierno chileno se abstendría de apoyar a alguno (a) de los postulantes.

Pero esto es solo el inicio de un gobierno de ultraderecha con una marcada vocación restauradora de un orden conservador. Aún resta por conocer el contenido del plan para los primeros noventa días de su gestión, que prometió una fuerte reducción del estado, con el despido de más de 100.000 funcionarios públicos; el fin de la llamada “permisología” con la aprobación exprés de proyectos de inversión sometidos a evaluación medioambiental; la revisión de modalidad de reducción de la jornada laboral a 40 horas; así como la política de derechos humanos en vínculo con organismos históricos vigentes; la expulsión de más de 350.000 inmigrante ilegales (¿); la nueva política de seguridad (incluyendo ciertamente la Araucanía); el funcionamiento de la televisión estatal y la conmutación de penas a mayores de 70 años que sufran enfermedades crónicas, incluidos los condenados por delitos de lesa humanidad.

Esta ofensiva conservadora amenaza con profundizar la polarización política y el conflicto social, terminando con el curso de políticas públicas impulsadas, con resultados a la vista por la anterior administración, que mediáticamente son manipulados y negados por el núcleo político ahora gobernante.

Una oposición desconcertada… ¿hasta cuándo?

Hasta ahora la oposición aparece desconcertada. Que duda cabe. Enredada en discusiones menores, sin mucho sentido. Si existen una, dos o tres oposiciones, con marcadas diferencias entre sí. Sin una estrategia clara para enfrentar la arrolladora ofensiva oficialista, tal cual lo anunció en su campaña presidencial J. A. Kast.  Equivocando la estrategia a la hora de negociar las mesas de ambas cámaras y las comisiones parlamentarias. Y viendo como el gobierno ha usado la vía de los decretos para implementar algunas de sus medidas más relevantes, como el alza de los combustibles, sustrayéndolas del debate parlamentario.

Pero ese desconcierto no puede durar mucho más tiempo. Será el propio gobierno el que obligará a las distintas oposiciones a concertarse para enfrentar esa ofensiva. En primer lugar, para enfrentar la verdadera “batalla cultural” que plantea la derecha. La verdadera emergencia que enfrenta el país es la crisis generada por EE. UU. e Israel con su ofensiva bélica en el medio oriente, el genocidio en Palestina y el ataque a Irán, con un impacto global que no puede menos que afectar a nuestro país. La pésima noticia es que el gobierno de Kast aparece alineado incondicionalmente con los agresores y debe aportar su cuota, traducida ahora en mayor inflación e inestabilidad económica, golpeando principalmente a las capas medias y sectores populares. Y, enceguecido en esa dependencia, carece de brújula política para enfrentar la verdadera emergencia que golpea ahora a Chile.

Hay sólidos argumentos factuales para demostrar que, lejos de caerse a pedazos, el país ha implementado un importante ajuste fiscal heredado del gobierno de Sebastián Piñera, retomando la senda del crecimiento, bajando el endeudamiento externo y mejorando los salarios). El déficit fiscal es la mitad del que recibiera el gobierno de Gabriel Boric. (Ver artículo de Osvaldo Rosales en esta edición).

Así, la actual oposición enfrenta grandes desafíos estratégicos, que se prolongan por largo tiempo en el denominado progresismo, y no pocos obstáculos para asumir esa batalla cultural. Entre ellos, su propia dispersión y falta de concertación para actuar unidos, sin mencionar la falta de pluralismo en los medios de comunicación y el ideologismo del sector empresarial.

Por estas razones resulta tan fundamental reconstruir los lazos con la sociedad, hacer una verdadera pedagogía democrática, recoger las principales demandas ciudadanas para construir nuevas propuestas de futuro.

No importa mucho si existen una, dos o tres oposiciones. Lo verdaderamente relevante es la unidad en la diversidad, con disposición y capacidad de escuchar a los ciudadanos, restablecer los canales de diálogo, impulsar la participación y construir acuerdos de mayorías, con capacidad de elaborar propuestas y no tan sólo impulsar protestas.

La oposición está en minoría en el parlamento, pero cuenta con mayoría en las gobernaciones y municipios. No es menor el impacto de iniciativas como la asumida por un representativo elenco de alcaldes que acudió ayer miércoles a La Moneda, con cuatro propuestas específicas a ser respondidas por el mandatario ante la crisis económica y social que provocan los recientes anuncios del ministro de Hacienda.

Es el desafío que deben hacer suyo los liderazgos partidarios hoy opositores y las nuevas generaciones que se incorporan al parlamento y municipios. Los principales dirigentes sociales militan en partidos de oposición. En su gran mayoría, las federaciones estudiantiles están dirigidas por sectores progresistas. También una gran mayoría de intelectuales y creadores artísticos y culturales se reconocen en este mismo sector. Todo lo anterior constituye un formidable poder social y político que puede movilizarse no tan sólo para enfrentar la batalla cultural a que desafía el conservadurismo gobernante, sino también para construir alternativas de futuro. Es responsabilidad de los dirigentes políticos y sociales reconstruir esos espacios de concertación para enfrentar la ofensiva conservadora con una oposición eficaz, seria y responsable, firme y propositiva.