Los principios no se transan, se defienden. Desafíos para el futuro oficialismo

Conforme a una larga tradición de apego al derecho internacional, el gobierno no dudó en condenar el secuestro de Nicolás Maduro en territorio venezolano y su posterior traslado a EE. UU. para ser enjuiciado por diversos cargos entre los que figura el narcoterrorismo. Por su parte, José Antonio Kast celebró la operación, afirmando que constituía una buena noticia para la región. Evidentemente, se trata de posturas diametralmente opuestas, que marcan una clara señal de lo que es posible esperar de un gobierno de ultraderecha en materia de política exterior.

No está de más recordar la postura de estos mismos sectores a propósito del intento de la justicia británica para enjuiciar a Augusto Pinochet tras su detención en Londres a instancias del juez Baltazar Garzón. En ese entonces, sus partidarios, entre los que se cuenta José Antonio Kast, rasgaron vestiduras en defensa del derecho internacional y la no injerencia de otros países en los asuntos internos de Chile. Son esos mismos principios los que hoy se juegan en el caso de Nicolás Maduro.

 Es cierto que Pinochet no fue secuestrado y que fue él mismo el que decidió viajar a Inglaterra para someterse a una operación. Pero tanto Maduro como Pinochet fueron dictadores que ocuparon ilegítimamente el poder. Ambos son culpables de graves delitos de lesa humanidad, corrupción y opresión a sus pueblos y debieran enfrentar a una justicia independiente en sus propios países. Pinochet murió antes de ser juzgado y, con toda probabilidad, Maduro será juzgado y condenado por tribunales de justicia de otro país.

Sin embargo, más allá de la suerte que pueda correr Maduro (que nadie busca defender), lo más grave de la ilegal intervención armada de los EE. UU. en Venezuela (ni siquiera aprobada por el parlamento de su país), es que viola uno de los pilares del derecho internacional, legitimando la ley del más fuerte y abre la puerta a nuevas intervenciones no tan sólo de EE. UU. en países más débiles, buscando apropiarse de sus recursos naturales. Hoy es Venezuela, mañana puede ser Cuba, Colombia o Groenlandia.

No está claro aún el diseño de Trump para mantener su intervención en Venezuela y la forma como pretende hacerlo, Lo evidente es que su prioridad no es la recuperación de la democracia en ese país, luego de descartar la participación Edmundo González y Corina Machado o una pronta convocatoria a elecciones. Es fácil suponer el intento de transformar a la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en una “colaboradora” del gobierno norteamericano en el proceso de “normalización” política y económica de Venezuela. Una suerte de chavismo sin Maduro, capaz de entenderse con los militares de su país (que constituyen su sostén principal) que sea funcional a los intereses de los EE. UU. y que buscaría mantener en el poder mientras “se porte bien”. Eso no significa solamente permitir que las empresas petroleras de su país recuperen, sin reparos, lo que les fuera “robado”, según afirma Trump, sino muy principalmente (de acuerdo con la resucitada doctrina Monroe), que Venezuela rompa todos los lazos de cooperación que el chavismo construyó con Rusia, China e Irak, además de Cuba.

Es un aviso muy claro de que el gobierno de Donald Trump no permitirá la injerencia de potencias enemigas en su patio trasero. Un aviso por demás inquietante para muchos países de la región que han establecido sólidos lazos de cooperación económica con China, que constituye para estos uno de sus principales socios comerciales.

“Los lideres latinoamericanos que apoyan a Trump se humillan” ha afirmado el presidente Boric. Pero no tan sólo se humillan, sino que conspiran en contra de los intereses nacionales de sus propios países y los de la región. Es perfectamente posible que Trump decida imponer restricciones al comercio de la región con China. O “recuperar” recursos naturales (como el cobre, el litio, tierras raras) o el canal de Panamá, como ya ha insinuado. Y desde luego, decretar nuevas intervenciones militares en países hostiles.

La única postura sensata que pueden asumir los lideres latinoamericanos frente a la intervención armada de EE. UU. en Venezuela es la defensa del derecho internacional, el rechazo del uso de la fuerza y la defensa de la democracia. Esa es la postura asumida por la mayoría de los países democráticos y de buena parte de la opinión pública norteamericana.

La diversidad del nuevo oficialismo ¿vicio o virtud?

Es más que evidente que existe que existen marcadas diferencias entre los diversos partidos que apoyaron a José Antonio Kast en la segunda vuelta. Claras distancias políticas e ideológicas que separan a republicanos y libertarios de Chile Vamos. Y un poco mas difusa las que separan a los dos primeros, como no sea una soterrada disputa por el liderazgo de la extrema derecha. Pese a los insistentes llamados a la unidad, no es posible pensar en una coalición, más bien en complejos mecanismos de coordinación parlamentaria, con la esperanza de conformar un gabinete de confianza del presidente electo que permita aunar aquella diversidad.

Sin embargo, no será una tarea fácil, como lo demuestra el hecho que José Antonio Kast haya extendido el plazo auto fijado para dar a conocer su gabinete. Subsisten demasiadas suspicacias, heridas y agravios generados en la primera vuelta. Y, por cierto, muchas aspiraciones, que son necesarias de compatibilizar.

Probablemente esta tarea continúe siendo coordinada por Claudio Alvarado, que se menciona como titular de interior o en secretario general de la presidencia, a quien el presidente electo delegara la ingeniería de articulaciones bajo su alerta y control.

Fue el propio Alvarado quien recibió a Johannes Kaiser para conversar acerca de su posible incorporación al gabinete, luego que el líder libertario fijara líneas rojas para su participación. En verdad, Johannes Kaiser nunca estuvo muy convencido de integrar el nuevo gobierno. Menos su círculo íntimo, entre los que se cuenta su hermana Vanessa y su hermano Axel. La razón es que temen que José Antonio Kast deba hacer demasiadas concesiones a la multiplicidad de partidos que lo apoyaron en segunda vuelta y a quienes necesita para alcanzar mayorías parlamentarias.

Sus sospechas apuntan principalmente a Chile Vamos, esa derecha “cobarde”, que intentó desligarse de la sombra de Augusto Pinochet y su legado para pactar con la Concertación, en la llamada política de los consensos o democracia de los acuerdos, a quien responsabilizan de “entregar” la constitución del 80, abriendo luego paso a un proceso constituyente y que más recientemente aprobara la reforma del sistema previsional. Kaiser teme que Chile Vamos intente jugar algun rol de bisagra entre el oficialismo y la nueva oposición, presionando para morigerar el programa de gobierno inicial y retomar una senda de diálogo y negociaciones con sectores de la nueva oposición, una postura a la que no tan sólo libertarios sino también republicanos han sido refractarios, hasta ahora.

No se conoció el contenido de la conversación entre Alvarado y Kaiser, pero, aparentemente, el líder libertario habría recibido garantías del fiel cumplimiento de las promesas de campaña y estaría disponible para ocupar un ministerio “relevante” (se especula con las carteras de defensa o seguridad).  Así al menos lo muestran las sonrisas y palmaditas entre ambos luego del encuentro.

Por alguna extraña razón, la familia Kaiser se siente predestinada a desempeñar roles protagónicos en la política nacional. El propio Axel, que, como economista, colabora con el gobierno de Milei, hace unos meses declaró que esta vez le correspondía a su hermano Johannes la postulación presidencial, insinuando que luego llegaría su turno. Y su hermana Vanessa, elegida senadora por la Araucanía, que ha marcado pauta con sus polémicos y confusos asertos, ciertamente extremos.

En verdad, Johannes Kaiser ha alcanzado importantes logros políticos en tan sólo dos años. Luego de renunciar al partido republicano, fundó el partido nacional libertario, logrando elegir una senadora (su hermana Vanessa) y ocho diputados. Alcanzando un inesperado tercer lugar en la carrera presidencial (desplazando a Evelyn Matthei al cuarto lugar). Y es más que evidente que aspira a suceder a Kast en la presidencia. Todo aquello no permite augurar una larga permanencia de Kaiser en el gabinete y abre más de una interrogante respecto del rol del partido nacional libertario en el nuevo oficialismo.

Con todo, la incógnita respecto del gabinete se despejará a fines de enero, según ha prometido el presidente electo y debiera entregar señales claras respecto de la orientación del gobierno y el rol que cumplirán los diversos partidos, desde republicanos a demócratas, que aspiran a ser considerados en algún rincón del elenco.

Tan relevante como lo anterior será conocer su programa para los primeros noventa días de gobierno (que suele coincidir con el llamado período de gracia) que los gobernantes suelen usar para impulsar las medidas más relevantes de su agenda. Se supone que aquel paquete incluirá iniciativas de imapacto ciudadano en temas de seguridad ciudadana, y cunde la especulación respecto de iniciativas que satisfagan las expectativas sembradas en el sector político empresarial respecto de baja de impuestos, reducción del presupuesto fiscal y freno a la llamada “permisología”, así como una rápida aprobación de nuevos proyectos de inversión (¿incluida Dominga?).

¿El fantasma de un nuevo estallido social?

No tiene nada de extraño o novedoso que el PC exprese su apoyo a la movilización social, como históricamente lo ha hecho. Tampoco para buena parte del progresismo y otros de sus partidos. Resultaría falaz confundir esa movilización social con estallidos violentos, como mañosamente intentan desde las vocerías de las derechas. La movilización social es legítima y está consagrada en nuestro ordenamiento constitucional.

Quizás aquella alusión del PC, antes del pleno de su último comité central, como primera reacción ante el futuro gobierno, se escuchó amenzante en el contexto de contradictorias interpretaciones que se mantienen respecto de lo que marcó esencialmente el estallido social de 2019. Así, aquella primera declaración del PC   encontró detractores no sólo desde la derecha, también del actual oficialismo, como una convocatoria provocativa y extemporánea a un nuevo estallido (al estilo de la ya mencionada Vanessa Kaiser) antes de que asumiera el nuevo gobierno. 

Lo cierto es que, en aquel terreno de especulaciones, el propio PC optó por precisar los alcances de su definición política. Más allá de las lecturas de aquel momento histórico, donde pocos (incluida la misma derecha) están dispuestos a reiterar los dichos de entonces, asumiendo la incapacidad de las conducciones partidarias para distinguir la gran movilización ciudadana de los brotes de violencia incontrolada, en medio de expansión de demandas difusas, voluntaristas y espontáneas, que se reflejaron en el resultado del primer proceso constituyente, con altas cuentas que pagó electoralmente el progresismo. 

Lo que hoy no resulta aceptable es que se intente demonizar la legítima movilización social, relevante históricamente para el logro de avances sostenibles, tanto en el plano laboral, como en los derechos de las mujeres, la educación, la salud o la vivienda, sin olvidar el rol esencial que jugó la movilización ciudadana en la recuperación de democracia y que lo verdaderamente relevante en el estallido social fue la movilización de más de un millón y medio de personas que demandaban una nueva constitución, el fin de las AFP y otras reivindicaciones sociales.

Una de las grandes interrogantes que plantea el nuevo gobierno que se instalará el próximo 11 de marzo es respecto de la razonable paz social de la que ha gozado el país durante los últimos cuatro años. Mantener esa paz social dependerá mucho más de lo que haga o deje de hacer el nuevo gobierno, que del PC y demás fuerzas de la futura oposición. Es más que evidente que existen focos potenciales de conflicto con el movimiento estudiantil, especialmente los secundarios. Es claro que el ancestral conflicto en la Araucanía se mantiene, pese a los esfuerzos desplegados por el gobierno y actores políticos- sociales, de manera transversal, para un un muy dificultoso y frustado plan de paz y entendimiento, mientras se prolonga el estado de emergencia constitucional.

Y existen varios otros focos potenciales de conflictos. Sobre todo si José Antonio Kast insiste en cumplir algunas de sus promesas de campaña, como despedir a cerca de 100.000 funcionarios públicos, amnistiar a condenados por delitos de lesa humanidad, terminar con el programa de búsqueda de detenidos desaparecidos, cerrar el INDH o el museo de la memoria, expulsar a 330.000 inmigrantes ilegales, reducir en 6.000 millones de dólares el presupuesto fiscal (afectando conquistas  sociales) o derogar toda legislación que incorpore el concepto de género (como ha propuesto Vanessa Kaiser).

El nuevo gobierno estará desafiado a señales claras más allá de los titulares reiterados, en materia de orden público, seguridad y señales económicas en una pista favorecida por los resultados de la actual gestión. Del dicho al hecho surge la realidad y sus condicionantes. Como ocurre hoy, por ejemplo, con el nuevo escenario político en Venezuela y sus eventuales efectos en la migración. 

Y surgen imprevistos como el reciente acuerdo de la segunda sala de la Corte Suprema para derogar el beneficio de media prescripción, a instancia de la Corte interamericana de justicia, resuelta por el máximo tribunal con anterioridad, poniendo así aún más cuesta arriba la intención de las nuevas autoridades de amnistiar “por razones humanitarias” a los presos por delitos de lesa humanidad que cumplen su condena en el ex penal Punta Peuco, entre los que se cuenta a Krassnoff Martchenko, torturador símbolo, que alguna vez fuera visitado por el presidente electo en su reclusión. Ahora son varios los que aumentan sus condenas, entre ellos Krassnoff. Así, los derechos humanos pueden transformarse en un potencial foco de conflicto en la alternativa que el nuevo gobierno insista en debilitar el compromiso histórico con este sensible tema que ha marcado el proceso de transición y consolidación democrática.

En este sentido, el proyecto de reajuste para el sector público, que incluye una cláusula de la llamada confianza legitima, que impide el despido sin causa justificada, que maliciosamente la oposición ha calificado como “ley de amarre”, constituye todo un test para el nuevo oficialismo, que no puede seguir comportándose como oposición a poco más de un mes de asumir el poder. El gobierno ha sido majadero en insistir que todos los funcionarios de confianza deben presentar su renuncia el 11 de marzo. Todo lo demás suena como una amenaza de razia política en la administración pública.

Ciertamente, como el conjunto del planeta, más aún en la era Trump, nuestro país vivirá tiempos políticos y sociales complejos.