¿Qué puede esperar el país del nuevo gobierno?

Fue José Antonio Kast y su equipo íntimo quienes tomaron la decisión de terminar con el proceso de traspaso del poder “porque no confiamos en la información que se nos está entregando”, afirmó el ahora presidente en ejercicio. El pretexto fue la supuesta falta de información respecto del cable que una empresa de origen chino, domiciliada en nuestro país en el buffet del abogado Fernando Barros (flamante nuevo ministro de Defensa) postulaba tender desde ese país hasta las costas chilenas. Pero la verdad era que el nuevo gobierno buscaba tensionar un proceso que hasta ese momento parecía ejemplar, apostando a fortalecer la imagen de un país afectado por una severa crisis económica, política y de seguridad, para justificar lo que ha denominado “un gobierno de emergencia”, que avalara duras medidas que se han venido elaborando para los primeros noventa días de la nueva administración y que no se han dado a conocer hasta ahora, tal cual se había comprometido.

Con la llegada de José Antonio Kast a La Moneda se inaugura un inédito nuevo ciclo político que bien puede profundizar la polarización política y la agitación social en nuestro país. Kast no cuenta con una mayoría parlamentaria que le permita viabilizar su agenda legislativa. Las fuerzas de derecha que lo apoyaron en segunda vuelta no forman propiamente una coalición política. Partiendo por los libertarios que decidieron no integrar el nuevo gobierno. Con partidos que no se sienten debidamente representados en el gabinete mayoritariamente integrado por “independientes”, vinculados a grupos empresariales, con serios riesgos de conflicto de intereses. Y un parlamento que reproduce la disgregación política, en donde será muy difícil garantizar la disciplina, incluso en las bancadas de la derecha.

 Desde luego, su gobierno implica una nueva alineación en materia de política exterior, como lo prueba su reciente viaje a Miami para participar en la reunión de mandatarios de signo conservador convocados por Donald Trump para integrar una asociación de gobiernos que se comprometan a luchar en contra del crimen organizado y el terrorismo, con el auxilio de las FF.AA. Su propio discurso en el reciente encuentro de organizaciones de ultraderecha en Europa es más que revelador de sus convicciones ideológicas y su clara identificación con los gobiernos conservadores en el mundo.

Necesariamente, este nuevo alineamiento, deberá ser compatibilizado con los intereses superiores de nuestro país, que tiene a China como nuestro principal socio comercial (que concentra cerca del 40 % de nuestras exportaciones), además de nuestros socios en la región y el resto del mundo.

En materia económica la fórmula es clara. Prioridad en el crecimiento. Ajuste fiscal, baja de impuestos, desregulación y aprobación exprés de nuevos proyectos de inversión (¿incluyendo Dominga?), jibarización del estado. Una receta que entusiasma a los grandes empresarios y preocupa a los trabajadores. Especialmente a los empleados fiscales, que temen los despidos masivos anunciados por las nuevas autoridades.

El nuevo ministro de Hacienda ha instruido a los diversos ministerios para reducir el presupuesto aprobado en un 3 % de manera pareja, buscando ajustar el gasto en cerca de 3800 millones de dólares, lo cual es muy difícil de implementar en ministerios sociales, como salud y educación, que requieren de más y no de menos recursos, sin afectar severamente derechos sociales.

El cacareado déficit fiscal, que registró un inesperado crecimiento, no se explica por un incremento del gasto, como bien especificó el ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, sino por una significativa reducción de los ingresos, que no se condice con las altas ganancias obtenidas por los principales grupos económicos en nuestro país. Tan importante como ajustar el gasto fiscal es trabajar por incrementar los ingresos, reduciendo la evasión y elusión tributaria, incentivar el retorno de capitales al país y fomentar el crecimiento.

La masiva manifestación de las mujeres el reciente 8 de marzo expresa una seria preocupación y compromiso por las conquistas en materia de igualdad de género y el rechazo a cualquier retroceso en la materia. Aún esta pendiente que el nuevo gobierno explicite su agenda valórica, en temas tan sensibles como el matrimonio igualitario, el aborto, la igualdad de géneros y los derechos de las minorías sexuales. Con todo, no es una buena señal la designación de una ministra de la Mujer, de clara orientación conservadora.

Respecto de la inmigración ilegal está por conocerse como enfrentará el nuevo gobierno la expulsión de más de 300.000 inmigrantes ilegales (180.000 de los cuales fueron empadronados) que no acogieron su invitación a abandonar voluntariamente el país (y menos financiar su pasaje de retorno). Ningún país con inmigraciones masivas ha logrado resolver el problema de manera sustantiva. Ni tan siquiera los EE. UU., pese a la persistente y violenta persecución del gobierno de Donald Trump hacia los inmigrantes. El gobierno de España ha tomado la decisión de regularizar la inmigración ilegal. Y no son pocos los países europeos que lo están considerando. Mal que mal, son sociedades que están envejeciendo y, al igual que nuestro país, necesitan de mano de obra, como lo ha reconocido muy explícitamente la SNA.

El corredor humanitario propuesta por Kast ha generado mas de una duda de los gobiernos de la región, toda vez que supone el acuerdo de los países finales, como ha afirmado recientemente el presidente de Ecuador. El nuevo mandatario ha propuesto reforzar las fronteras para impedir la entrada de nuevos inmigrantes ilegales, pero eso no resuelve la permanencia de los actuales. ¿Cómo enfrentará el desafío? 

El combate al crimen organizado requiere de una robusta acción del estado. Una acción multisistémica en los marcos de la democracia. Con pleno respeto a los derechos humanos y la Constitución, que les entrega a las policías la función de garantizar el orden público. Esa acción no se agota en la necesaria represión a los delincuentes sino incluye el fortalecimiento de nuestras instituciones (entre ellas, gendarmería), así como reales oportunidades de desarrollo a las nuevas generaciones, impidiendo su reclutamiento por el crimen organizado.

El tema de los derechos humanos continúa siendo un punto sensible en nuestro país, con heridas que aún no se cierran, como la de los detenidos desaparecidos cuyo destino final no ha sido esclarecido. La iniciativa legislativa aprobada forzadamente en primera instancia por el Senado con un voto de diferencia a a favor de conmutar la prisión por arresto domiciliario para mayores de setenta años aquejados de enfermedades graves (un copypaste de la propuesta elaborada por la abogada Carla Fernández que representa a condenados por delitos de lesa humanidad, que aseguró haber sido contactada por asesores del senador (RN) Francisco Chahuán, quien impulsó el proyecto) ha reabierto un debate muy de fondo en el país y es más que dudoso que pueda prosperar, pese al apoyo de nuevo mandatario, al menos en su actual formulación. 

Mas allá de aquella tensión, habrá que ver la disposición del nuevo gobierno para enfrentar el plan de búsqueda de detenidos desaparecidos, el rol del Instituto de Derechos Humanos, del Museo de la memoria y otros lugares destinados a preservarla.

El legado de Gabriel Boic

Insistentemente se afirma que el presidente Boric debió renunciar muy temprano a los ánimos refundacionales con los que llegó al gobierno para asumir, pragmáticamente, la tarea de estabilizar al país luego de la pandemia y el estallido social, priorizando la seguridad como la principal demanda de la ciudadanía. Lejos de ser un fracaso, esta opción aparece como uno de sus principales logros en estos cuatro años de gobierno. 

No se trata de hacer un panegírico del gobierno, como tampoco reseñar sus avances en las diversas áreas de gestión, sino tan sólo reconocer que, pese a su juventud e inexperiencia, el presidente Gabriel Boric logró habitar plenamente el cargo. Con una impecable política internacional de no alineamiento, comprometida con la democracia y los derechos humanos, respetuosa del derecho internacional y el multilateralismo.

Al final del mandato, la economía ha recuperado los equilibrios macroeconómicos, la inflación está controlada (del 14 al 3 %) y se ha recuperado la senda del crecimiento. Un crecimiento modesto pero sostenido. Después de más de una década se ha aprobado la reforma previsional que ha permitido elevar sustantivamente los ingresos recibidos por actuales y futuros pensionados. Se ha aumentado el salario mínimo y reducido la jornada laboral. El combate en contra del crimen organizado registra importantes avances. La inmigración ilegal se ha reducido y el país ha gozado de una razonable paz social durante estos cuatro años. Todo lo cual le permite al presidente saliente afirmar que Chile está mejor que cuando asumió el poder.

Sin duda estos son temas debatibles. Sobre todo, cuando la derecha, secundada por la mayoría de los medios de comunicación, insiste en afirmar que Chile se cae a pedazos. Que vive una severa crisis sistémica y que se requiere de un gobierno de emergencia. Afirmaciones que, al parecer, terminaron por convencer a una mayoría ciudadana, que eligió a un presidente de ultraderecha.

Pero, la verdad, es que ninguna de esas afirmaciones se sostiene en los datos duros. Ni en materia económica, ni respecto a la seguridad ciudadana y mucho menos respecto de lo social. El gobierno de Gabriel Boric ha cometido errores. Que duda cabe. Desde la improvisada y abortada visita a Temo Cui Cui, hasta los indultos, pasando por un desprolijo manejo del caso Monsalve o la fallida compra de la residencia del expresidente Salvador Allende, en su mayoría reconocidos y asumidos por el propio mandatario. Pero ninguno de esos errores puede borrar sus importantes logros.

El país enfrenta enormes desafíos en un mundo muy convulsionado y un orden mundial degradado por múltiples conflictos bélicos, dictaduras de diversos signos, el avance del crimen organizado y procesos migratorios desregulados.

 Las enormes desigualdades que aún marcan nuestro desarrollo representan un claro desafío, al igual que el crecimiento inclusivo y sostenible, o la seguridad ciudadana.

La única manera de enfrentar esos desafíos es con unidad en la diversidad. Con más y mejor democracia. Con voluntad de diálogo y construcción de consensos. Chile no parte de cero ni existe necesidad de refundarlo sino asumir el legado de gobiernos anteriores y seguir construyendo sobre bases sólidas, asumiendo que nadie tiene clavada la rueda de la fortuna y que el poder, por esencia es transitorio. Ningún sector tiene el patrimonio de la verdad. Los que ayer fueron oposición hoy son gobierno y los que hoy pasan a la oposición tienen el legítimo derecho a reconcursar para retornar al poder. Siempre en los marcos de una democracia que requiere profundizarse y perfeccionarse. Esto, aunque parezca ilusorio, interrogará el comportamiento tanto del nuevo oficialismo como de la nueva oposición.