Después de los efectos de la pandemia y de la declinación de la euforia de los impulsos de cambio de 2019, que en 2020 y 2021 había dado lugar al momento constituyente progresista, llevado a una derrota de la derecha y a una nueva generación al poder, el gobierno de Gabriel Boric abrió paso a avances significativos en diversos campos. Pero también a una nueva secuencia de frustraciones fruto de la improvisación y de errores políticos y económicos. La recesión de 2022 coincidió con la lógica de imponer declaraciones constitucionales programáticas antes que reglas del juego democráticamente consensuadas en el proceso constituyente inicial, que terminó sumando agravios a diversos sectores en uno u otro tema y capas sucesivas de votos en contra en la sociedad, con el resultado final del rechazo ciudadano en septiembre de 2022 del proyecto constitucional de la Convención, plebiscitado con voto obligatorio.
La reacción conservadora había tomado suficientes alas y se sumó a la intensificación de la manipulación por la oposición de derecha del miedo a la delincuencia y a la nueva inmigración que ella misma había promovido. El nuevo esfuerzo constituyente de 2023 se saldó con un inusitado control por la extrema derecha del Consejo elegido con las reglas sesgadas del Senado. Su propuesta constitucional, en buena hora, también fue rechazada en el plebiscito posterior, pero terminó consagrando una histórica frustración en materia de cambio constitucional. La presión mediática terminó configurando una mayor adhesión a la crítica conservadora al Estado y a la redistribución, magnificando los abusos de la burocracia, las corruptelas y el clientelismo que aquejan áreas de su funcionamiento. Y recientemente no han contribuido a mejorar la posición del gobierno los errores en la actualización de las tarifas eléctricas congeladas desde 2019, en beneficio de la rentabilidad de las empresas privadas prestadoras del servicio y en detrimento de los consumidores y del resto de las empresas.
Ahora la amplia coalición constituida tras la candidatura de Jeanette Jara tiene la tarea de persistir en sostener el impulso democrático en el país, redinamizar la inversión en la economía, promover nuevos progresos sociales y crear las condiciones de una mayor seguridad cotidiana, junto a resistir con firmeza la regresión y el conflicto que promueve la extrema derecha. Ésta se ha fortalecido considerablemente, pero no por eso deja de expresar la crudeza arbitraria del poder oligárquico conservador presente ancestralmente en la sociedad chilena y en sus estructuras institucionales y mediáticas. Su plataforma basada en falsas promesas de seguridad y orden -que de ganar no hará sino aumentar la confrontación social en Chile- se propone sobre todo hacer retroceder, en su beneficio, los avances y derechos políticos, sociales y culturales conquistados en prolongadas luchas en la sociedad chilena después de la restauración oligárquica de 1973-1989.
Jorge Quiroz, portavoz económico de la candidatura de José Antonio Kast, sostiene que el Estado “tiene grandes áreas de malgasto y de falta de servicio público” y que ahí “hay tremendos espacios” para hacer ajustes. Señala que en la eventual administración de Kast no se tocará “ningún gasto social”. El plan de recortes fiscales de Kast es descrito por Quiroz del siguiente modo:
“cuando decimos US$6.000 millones en 18 meses, el primer año son US$3.000 millones y el primer semestre del segundo, otros US$3.000 millones. Completado el ajuste inicial, son US$6.000 millones por año y US$21.000 millones en total”.
Esto representa un 28% del gasto total y un 6,3% del PIB estimado por el FMI para 2025.
¿El objetivo?:
“para que el país crezca, tenemos que dejarle más espacio al sector privado y macroeconómicamente en el corto plazo, poniendo el efecto demanda agregada, les deja espacio a estos privados”.
Aquí hay al menos dos problemas:
Primero: el gasto del gobierno central representó en 2024 un 24,6% del PIB y Kast propone bajarlo aproximadamente en 6,3% del PIB. Si declara que no bajará ningún gasto social, que representa el 17,8% del PIB -como se observa en el cuadro adjunto de las Estadísticas de las Finanzas Públicas- tendría que recortar en otras funciones.
¿Ejemplos? Terminar de cuajo con todos los ministerios y servicios ahorra poco más de 1% del PIB: no alcanza. Suspender el pago de intereses de la deuda pública, que es de 1,2% del PIB y que pondría al país en cesación de pagos por primera vez en su historia, tampoco alcanza. Terminar con la inversión pública, que es menor a 3% del PIB, tampoco. Terminar con el gasto militar, que es de 0,5% del PIB, menos. Lo propio ocurriría si se termina con el apoyo al deporte y la cultura, que es de 0,2% del PIB, o con la protección del medio ambiente, que es un 0,1% del PIB.
De más está comentar la debacle que estos recortes implicarían para el país y que en conjunto suman un 6% del PIB. No llegan al 6,3% propuesto por la campaña de Kast. No se puede sino concluir que sus cuentas simplemente no cuadran si no se baja sustancialmente el gasto social y expulsa a cientos de miles de trabajadores públicos que hacen posible que llegue a las familias y que los servicios puedan prestarse. Por lo demás, el empleo público (funcionarios del gobierno general) representa un 9 % del empleo total en Chile, por debajo del promedio de 21% de la OCDE. Los sueldos del sector público representan un 8% del PIB, mientras el promedio OCDE es de 9%.
Segundo: se infiere de las declaraciones de la campaña de Kast que la rebaja del gasto público de 1,8% del PIB en los primeros 18 meses tendría un efecto recesivo en la demanda agregada, el crecimiento y el empleo en el corto plazo. Lo propio ocurriría si la rebaja del gasto en 4 años se usa en disminuir impuestos a las empresas y en equilibrar abruptamente el balance fiscal estructural, pues el aumento previsto de la inversión no compensaría el choque negativo de gasto público.
El gasto público que incrementa el capital físico y las capacidades humanas y las transferencias que disminuyen las desigualdades de ingresos suelen tener efectos positivos sobre el crecimiento, de acuerdo a la revisión de la evidencia por los economistas del FMI Ostry et al. (2014). No se ha producido en ninguna parte un crecimiento adicional cuando se bajan el gasto público y los impuestos, como ha demostrado el análisis económico reiteradamente. Por ejemplo, luego de identificar todas las experiencias de reducciones fiscales importantes para los grupos más ricos en 18 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) entre 1965 y 2015, Hope y Limberg (2022) encuentran que conducen a una mayor desigualdad de ingresos tanto a corto como a mediano plazo y que esas reformas no tienen ningún efecto significativo sobre el crecimiento económico ni sobre el desempleo.
El incremento tendencial de la carga tributaria que financia los Estados de bienestar en la OCDE no los ha llevado al estancamiento sino a grados significativos de dinamismo económico. Según la base de datos del FMI, el PIB por habitante de Estados Unidos, con el 25% sobre PIB de carga tributaria, era en 2023 de 82 mil dólares, inferior al de 100 mil dólares a paridad de poder de compra de Noruega, y su 41% sobre PIB de carga tributaria, y solo algo superior a los 80 mil dólares de Dinamarca, con su 43% de carga tributaria. En los países con altos impuestos orientados a amplios servicios públicos y reducción de la desigualdad, la economía y la inversión no están bloqueadas por el peso de la tributación, ni menos están llenos de desempleados que deambulan por las calles por falta de actividad privada: son aquellos con mayor bienestar humano en el mundo, por sobre el de Estados Unidos, según los Índices de Desarrollo Humano, entre otras cosas porque el sector privado es dinamizado al contar con capacidades humanas avanzadas y factores de estabilidad fruto de sus políticas de integración social.
