Si hay algo que siempre refuté a lo largo de estas últimas décadas es la correspondencia que hacen ciertos políticos y analistas múltiples del quehacer de la vida nacional entre el hondo desapego de la ciudadanía con la democracia en Chile y la misma creciente fractura que existe en el mundo occidental. Según ellos, es en el éxito de las fuerzas demagogas de extrema derecha en Italia, Holanda, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Estados-Unidos y cuántos otros que radicaría el fundamento que traslada a Chile ese mismo tropismo: Chile, por sus altos estándares de desarrollo, sufriría de las mismas contrariedades que los países del primer mundo, transformando el problema de fondo en un esplendoroso halago, casi un piropo. La victoria de Kast no sería pues más que la demostración de un recelo y hastío de la ciudadanía para con sus instituciones y el mundo político farandulero que las anima, tal y como sucede en las calles de Roma o de Washington.
Parafraseando a una canción de Congreso, pues me atrevo a decirlo: esto es “falso, de falsedad absoluta”. El problema es otro. Es la dictadura, estúpido.
¿Cómo no ver que en Europa y en EEUU las crisis que se propagan tienen un carácter exógeno, producto de contextos institucionales que son el fruto de consensos históricos y que hoy sufren del embuste del despliegue globalizado de sus economías?
No por nada Donald Trump ha dado por cerrado el paradigma liberal que opera en el mundo desde la caída del muro de Berlín, y los países europeos se tuercen en infinitas diatribas para dar con la ajustada escala político-económica institucional del continente.
En Chile nada de eso, no.
Es más, en Chile todo lo contrario, pues la victoria de Kast se ajusta precisamente a la finalidad para la que fue diseñada la institucionalidad democrática chilena, heredada de la dictadura: un espacio de vaivén electoral al que se le ha arrebatado la única herramienta que, en el mundo, ha permitido mejoras sustanciales en salud, educación y desarrollo, vectores todos ellos de la brújula política de los sectores progresistas, de sus voluntades objetivas. De ese modo, el carácter subsidiario del estado encierra la convivencia democrática en su incapacidad colectiva a dotar el país de políticas públicas pertinentes y eficientes, en su imposibilidad de “imprimir” en la realidad actos concretos de reordenamiento institucional, sirviéndole en bandeja a la extrema derecha la posibilidad sistémica de catalogar a cada gobierno de turno con el estigma del “fracaso”, y a veces, como hoy, de encontrar el camino del poder.
El giro electoral que instala a Kast en la presidencia tiene pues un carácter endógeno, que muchos podemos lamentar, pero que es en definitiva la guinda prometida del eficiente despliegue institucional de la Constitución de 1980.
El reconocimiento de dicha Constitución, el año 1988, pecado original del conglomerado de partidos por la democracia, inauguró una transición democrática liderada por un poder ejecutivo amordazado en su posibilidad de desplegar la voluntad libre y colectiva de una mayoría de ciudadanos de reformar el sistema de pensiones, de refundar el sistema de salud, de corregir el sistema de educación, y de responder a 17 años de dictadura con la construcción de una sociedad más inclusiva y apaciguada. De los cuatro pilares de un Estado moderno, sustentados en el equilibrado despliegue de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, e informativo, el poder ejecutivo en Chile es el que ha quedado más refrenado y amputado en sus facultades. Es más, con la participación de Renovación Nacional, y a puertas cerradas, la reforma constitucional de Ricardo Lagos, el año 2005, redujo el período del mandato presidencial de 6 a 4 años, sin posibilidad de reelección, contribuyendo a encerrar el ciclo político chileno en un péndulo incapaz de implementar políticas de largo plazo y aminorando al extremo la figura presidencial.
Por su lado, el poder legislativo heredó de la dictadura un sistema binominal cuya estructuración técnica había sido diseñada para anihilar la representatividad mayoritaria del parlamento y transformar el anhelo reformista de la labor parlamentaria en un ejercicio estéril. El año 2015, la reforma que instaurara el sistema proporcional con el beneplácito transversal de todo el espectro político fue rápidamente víctima de la dispersión de la oferta política, a veces producto de legítimas discrepancias programáticas, pero también fruto de la instrumentalización de la fragmentación para entrabar, desorientar y dispersar, con éxito, el despliegue legislativo, el que ha terminado entrampándose en acusaciones constitucionales y constantes fiscalizaciones y cuestionamientos.
Esta coordinada estrategia es altamente integrada y difundida por los medios de comunicación, tercer pilar, que cultivan hasta el hastío el recelo hacia los “políticos” y sus “partidos”, contribuyendo a transformar todo ideario político en un episodio farandulero de ambición personalista y todo debate de fondo en comentarios de salón, y esto en una dinámica tan constante como fundadora de la transición chilena, cuyo origen radica en el rescate financiero del diario “El Mercurio” por la dictadura mientras la propia concertación organizara el hundimiento del diario “La Epoca”, única voz republicana de un país que hasta el día de hoy no ha conseguido volver a crear un referente periodístico crítico, pluralista, y generalista. ¿Y para qué hablar de los canales de televisión o de las redes sociales, todo un espacio político-mediático del que el reformismo ha quedado totalmente excluido, y que ha asumido para sí la prolongación de la política dictatorial del “shock permanente” a través de aquella de la “alarma permanente”, sustituyéndole a las muertes y desapariciones de la Dina o de la CNI la brutalidad de bandas criminales que parecieran estar al acecho en cada esquina de cada manzana del país, en circunstancias de que Chile es el tercer país mejor posicionado de América del Sur en cuanto a su índice de criminalidad, que los índices de seguridad indican una categoría moderada “al caminar solo durante el día”, y baja “al caminar solo durante la noche”, y que por consecuente la realidad de la inseguridad en Chile no se condice en absoluto con su manejo periodístico.
Lo cierto entonces es que desde ese año 1990, año, como entendemos, fatídico para nuestros anhelos democráticos, la evolución de la institucionalidad política del país y de sus medios de comunicación ha funcionado como una serpiente que contrae paulatinamente sus músculos para dejar en muerte cerebral todo ánimo de refundación republicana y lograr, como lo logra, la perpetua reconducción de un régimen libertariano conservador que, contrariamente a Argentina, Italia o EE.UU., no requiere en Chile de su implementación, pues nació el año 1980 con la mismísima Constitución, sino de su conservación y fortalecimiento, lo que se ha sistemáticamente logrado con la participación activa de las fuerzas progresistas en los puntos ya mencionados, el hundimiento de la prensa opositora a la dictadura, la reforma constitucional del año 2005, la reforma del sistema binominal del año 2015, pero también, por si fuera poco, instaurando la obligatoriedad del voto en pleno proceso constitucional, logrando la proeza de dinamitarlo “al tiro”, mientras el conservadurismo chilensis, en este caso de la mano de sectores de izquierda, se ordenaba puertas adentro para que nunca le fuera propuesta a la mayoría ciudadana la Constitución que sí habría aprobado, una Constitución redactada por el eje central de la derecha republicana y de la social democracia, corrientes políticas hoy totalmente deshechas.
Con un reformismo chileno que entró en la transición renegando de sus propios valores, y que se ha desplegado políticamente a golpes constantes y sucesivos de autogoles, la extrema derecha ciertamente podrá seguir cosechando las ventajas sistémicas heredadas de aquella época sin demasiada preocupación para su perennidad, pues así es: La institucionalidad chilena es el sueño hecho realidad de demagogos como Javier Milei, Jair Bolsonaro, Nayib Bukele, Santiago Abascal y demases socios de la internacional Conferencia política de acción conservadora, una institucionalidad que se traga gobiernos progresistas y reformadores sin que nunca cambien sus paradigmas fundacionales.
