El resultado de la elección del 14 de diciembre de 2025 consagró la victoria presidencial de un candidato de la extrema derecha en Chile por primera vez en la historia democrática. Este es un hecho de grandes consecuencias. Sin embargo, no era inesperado dados los resultados de la primera vuelta presidencial y la elección del parlamento del 16 de noviembre de 2025 y los resultados municipales y regionales del 26 y 27 de octubre de 2024.
La primera mayoría de Jeanette Jara fue de solo 26,9% de los votos, con un bajo resultado adicional de Marcos Enríquez-Ominami (1,2%) y Eduardo Artés (0,9%), en contraste con la suma de los sufragios de los candidatos de extrema derecha y derecha (Kast, Matthei y Kaiser) que alcanzó a un 50,3%, la cifra más alta de este sector político desde el 57,2% de 1946. En la elección de diputados, las fuerzas políticas conservadoras sumaron en 2025 un 44,2% del electorado, y un 56,3% incluyendo el Partido de la Gente, con la lista de extrema derecha alcanzando un 23,0%, mientras en la de 2021 las derechas habían sumado un 39,6%. Ya en la de concejales de 2024 sumaron un 53% de las preferencias, mientras obtuvieron el 62% en la de consejeros constitucionales de 2023. En ambos casos se produjo la primacía del partido de Kast, que consagró su predominio sobre la derecha iniciado al ganar la primera vuelta presidencial de 2021. Los partidos que apoyaron a Jeanette Jara sumaron un 37,7% de los votos en 2025 (porcentaje similar al del Apruebo de 2022) en la elección de diputados.
En 2024, las fuerzas de gobierno habían reunido un 36% de las preferencias en la elección de concejales, a comparar con el 44% de 2021. Si se agrega la izquierda radical y ecologista y la Democracia Cristiana, el mundo progresista había alcanzado en 2024 un 46% del voto en concejales, a comparar con el 62% de 2021, es decir 16 puntos porcentuales menos. El impulso progresista y de izquierda posterior a la rebelión social de 2019 solo duró dos años, hasta 2021.
La reversión de esta secuencia se empezó a escribir con un primer hito en septiembre de 2022, cuando la población rechazó con un 61,9% del voto la propuesta constitucional de la Convención. Esta había surgido del proceso iniciado con los acuerdos políticos posteriores a la rebelión social de 2019, aunque tiene diversos componentes que vienen incidiendo desde mucho antes. Cabe tomar en cuenta en especial el desgaste de una Concertación que reunió desde 1989 al centro y parte de la izquierda por veinte años, y logró avances democráticos, económicos, sociales y culturales de envergadura para Chile y gobernó establemente, pero a la vez creó con el tiempo factores de malestar, en especial en los sectores medios emergentes y en parte del mundo popular. Esto incluyó mantener una educación y una protección social con muchas lagunas y en exceso privatizada y con factores de inseguridad que erosionaron su legitimidad y proyección. Fue un caso notorio de “éxito paradojal”, haciendo un símil con la fase paradojal del sueño caracterizada por una alta actividad cerebral. La derecha de Piñera terminó triunfando en 2013 y 2017, sucediendo en ambos casos a gobiernos de Michelle Bachelet. Las categorías principales de ingresos (altos, medios y bajos) presentan una distribución porcentual en el total de la ocupación del tipo “20-25-55”. La estructura de los grupos ocupacionales, con más de la mitad de las personas ocupadas recibiendo bajos ingresos y un cuarto de ellas pertenecientes a grupos medios que reciben ingresos también inferiores o cercanos a la mediana, ya sea que se trate de asalariados o bien de trabajadores por cuenta propia, refleja la amplitud de la desigualdad de las posiciones sociales y sus respectivas remuneraciones que persiste en Chile, con datos para 2022 en https://mgpp-usach.blogspot.com/2023/09/una-breve-aproximacion-las-clases.html.»
En septiembre de 2022 cambió el cuerpo electoral. El pacto transversal del 15 de noviembre de 2019 -que fue la respuesta del sistema político a la enorme crisis social iniciada el 19 de octubre de ese año- contempló que a) la Convención se eligiera con voto voluntario, lo que favoreció la elección de una amplia mayoría representativa de radicalismos potenciados por la rebelión social; b) votara un texto constitucional por 2/3, lo que llevó a las fuerzas menos radicales a hacer concesiones a las más radicales para alcanzar el quórum y c) estableció que la Convención no fuera soberana sino que se ratificara el texto que aprobara en un plebiscito, pero ahora con voto obligatorio. Este diseño fue un desastre político de proporciones para los partidarios de una nueva constitución que reemplazara a la de 1980 enmendada. Se le debe atribuir a la perspicacia de la derecha y a la torpeza de los representantes de centro e izquierda que aceptaron ese acuerdo (para memoria, aunque no tenga mayor importancia, soy de los que no estuvo de acuerdo, aunque sí con la necesidad de llegar a una canalización institucional de la crisis, pero no de esa manera tan equivocada para el fin que se perseguía).
Cabe constatar que los 4,86 millones de votantes (ver el cuadro adjunto) que aprobaron el texto de la Convención en septiembre de 2022 fueron algo más que los votantes que eligieron a Boric diez meses antes (4,62 millones). Lo que se produjo no fue un retroceso en el electorado de Boric sino un vuelco masivo del abstencionismo (que en 2021 fue de 6,67 millones, casi dos millones más que los votos obtenidos por Boric), ahora reactivado y canalizado exitosamente por los conservadores hacia el rechazo a la nueva constitución, cuyos redactores agregaron retórica y redacciones programáticas impropias de una constitución que acumularon el descuelgue sucesivo de adhesiones. El rechazo sumó 4,24 millones adicionales de votos a los escasos 3,65 millones obtenidos por Kast pocos meses antes, mientras la abstención pasó de 44% en 2021 (6,67 millones) a solo 14% de los habilitados para votar en 2022 (2,15 millones), fruto del cambio hacia la obligación de sufragar con inscripción automática.
Una parte cada vez mayor del electorado joven se había venido absteniendo a partir de 1997, por la vía de no inscribirse en los registros electorales, mientras a partir de 2013, con la llegada del voto voluntario y la inscripción automática, la abstención se instaló en la mitad de los habilitados para votar. La irrupción de Boric en 2021 fue un hito positivo que movilizó a un nuevo electorado, pues hizo bajar la abstención al 44% en la última elección con voto voluntario. Pero en el abstencionismo popular se venía fraguando un rechazo a la política democrática en todas sus formas y se amplió una fuerte demanda de orden autoritario después de los hechos de 2019 y de la pandemia de 2020.
Se puede conjeturar que el gobierno de Boric aceleró ese proceso. El electorado “obligado”, determinante en el escenario político a partir de septiembre de 2022, fue influenciado por el clima de temor a la delincuencia y a la inmigración, temas de alta relevancia social en los que el gobierno fue ganando capacidad de control, pero sin lograr convencer, lo que fue canalizado exitosamente -con cinismo y desparpajo- por la extrema derecha, incluso en detrimento de la derecha tradicional. Lo propio ocurrió con el mal manejo de la violencia rural provocada por la radicalización de grupos independentistas mapuche en la Araucanía, muy minoritarios, que terminó en un estado de emergencia permanente en medio de una escasa iniciativa social y política para abordar el tema, y una comisión que emitió buenos deseos.
En una situación de ausencia de mayoría parlamentaria desde marzo de 2022, agravada por el quiebre del PDC -una parte de cuyos parlamentarios emigraron a la derecha-, diversas políticas del gobierno de Boric no contribuyeron a otorgar un nuevo impulso y credibilidad al progresismo. Entre ellas se cuenta la temprana opción económica que entregó a la derecha el manejo del Banco Central y mantuvo un ajuste fiscal de choque, que suspendió abruptamente los subsidios de emergencia y configuró una lógica recesiva que provocó un fuerte retraso en la creación de empleo; la ausencia de consolidación de mecanismos significativos de redistribución y de protección de los ingresos frente a la inflación, con pérdidas de remuneraciones reales en 2022; los retrasos en la política de vivienda; el abrupto reajuste de las tarifas de la electricidad y la falta de rigor en su cálculo en detrimento de los consumidores; la ausencia de una reforma sustancial de la salud pública que bajara las listas de espera y la falta de contundencia de una política de seguridad que no fue una alternativa creíble frente al reclamo cotidiano de la derecha en la materia y la exacerbación del miedo a la delincuencia y a los inmigrantes a través de los medios televisivos bajo su control.
Todo esto provocó un fuerte desgaste a la joven generación que tuvo la responsabilidad de representar al progresismo en la nueva etapa y que cometió errores de libro de distinto tipo y se permitió divertimentos iniciales inútiles. Le costó mucho formar una coalición de gobierno, pues el Frente Amplio se había construido en la descalificación generacional a sus antecesores progresistas de distintas corrientes antes que hacerlo en base a la deliberación política, como era necesario, a la vez que no supo evitar en sus filas atisbos de desvíos de recursos públicos y de clientelismo que con buenas razones tanto había criticado. No obstante, no parece haber habido en los últimos cuatro años una erosión sustancial del voto Boric de 2021, sino más bien un vuelco masivo del “voto obligado” antes abstencionista hacia las posturas de la derecha y su rechazo al gobierno.
Desde 2022, el cuadro político-electoral no ha cambiado en sus parámetros básicos, con el resultado de que la extrema derecha logró un 58% del voto emitido el 14 de diciembre de 2025 (7,25 millones), con un caudal de votos no muy inferior al del rechazo de 2022 (7,89 millones). Esto no impidió que la ciudadanía rechazara el proyecto del Consejo constitucional en 2023, redactado por los republicanos de Kast y su mayoría de dos tercios, luego de que el gobierno cometiera un nuevo error al aceptar el sistema electoral del Senado para un nuevo intento de cambio constitucional, sistema que penaliza las regiones más pobladas y más progresistas. Este traspié de la ultraderecha reveló que sus ideas no son necesariamente mayoritarias en la sociedad. Lo que existe es un voto fluctuante y reactivo de amplia magnitud y que decide las elecciones, y que hoy se inclinó hacia la promesa de orden y al impulso de xenofobia promovido por la ultraderecha.
Jeanette Jara sumó 5,22 millones de sufragios, más que los 4,62 millones de Gabriel Boric de 2021. Fue una candidata eficaz en la mantención y leve ampliación del voto de centro progresista y de izquierda, pero con baja capacidad de incidir en el nuevo “voto obligado”. Lastró su candidatura, a pesar de un buen desempeño de campaña, la suma de su condición de militante comunista, pertenencia que provoca rechazo en el electorado más tradicional, incluyendo la posición del PC en el tema sensible de Venezuela (aunque no fue la posición personal de la candidata que, al ser elegida en primarias, asumió otro consenso) y de su condición de ex ministra de un gobierno con logros sociales importantes, pero con un apoyo ciudadano minoritario.
El progresismo tiene ahora que preguntarse como conservar la cohesión política y programática lograda poco a poco, mantener su electorado, que es un no desdeñable 42%, y avanzar a la conquista del voto menos politizado y fluctuante, junto a defender las libertades y derechos conquistados. Una parte de este electorado probablemente se alejará de Kast a poco andar, porque la promesa de disminuir de un día para otro la delincuencia y la población inmigrante no es alcanzable, mientras su política económica será de un choque fiscal recesivo y un abaratamiento del costo del despido, conducentes a un mayor desempleo en el corto plazo, con la idea incombustible pero siempre equivocada de aumentar por esa vía la inversión privada, lo que no ocurrirá de modo suficiente si no se acompaña de políticas estructurales que están fuera del horizonte mental de sus economistas, como hemos argumentado de modo reiterado.
Lo importante para el progresismo es no caer en la falta severa de imaginación y consistencia que implicaría pensar que debe acercarse a las ideas conservadoras en lo político y pro gran empresa en lo económico, para ampliar así su electorado. Han sido preocupantes los síntomas de uso de la xenofobia por parlamentarios jóvenes post modernos o la no inclusión en el programa de Jara de las reformas tributarias impulsadas por Boric y Marcel que fueron rechazadas por la derecha y sus aliados en el parlamento. El receptáculo a los impulsos conservadores ya existe: es la extrema derecha más la derecha tradicional. Con lo cual un “progresismo conservador” no avanzaría hacia ninguna parte y, además, con toda seguridad provocaría divisiones y no ayudaría a evitar un estancamiento estéril de largo plazo de las fuerzas de transformación democrática de la sociedad.
El desafío para el progresismo y la izquierda es más bien buscar una nueva cohesión a través de un mensaje positivo y de respuesta práctica a las carencias de acceso a bienes y servicios en la vida cotidiana de los sectores populares y medios y, a la vez, reconocer sus temores y buscar canalizarlos con acciones que reemplacen la ira por acciones constructivas, visibles y eficaces, en especial en materia de seguridad. Su tarea es cultivar creativamente la identidad consistente en representar con diversidad al mundo del trabajo y de la cultura y trabajar por las libertades y los derechos sociales, la emancipación de las mujeres, la formación e inserción equitativa de los jóvenes, el respeto de las minorías. Este tipo de proyectos solo los hará posible un mayor esfuerzo común orientado al desarrollo inclusivo, con soporte en la innovación y en capacidades humanas mejor remuneradas en empresas eficientes, pero con diálogo social y trabajo decente. No hay nada que indique que no sigue vigente el horizonte de construir paso a paso un bienestar colectivo más próspero, equitativo y sostenible, con una primacía del trabajo y no de los privilegios, en el que no se obligue a nadie a pensar u opinar de una forma u otra, en el que se trabaje colectivamente por el acceso a una vida digna e ingresos básicos sin discriminaciones arbitrarias, en el que sean posibles proyectos de vida diversos, se combatan las desigualdades injustas y toda situación de opresión o abuso, así como la depredación de los ecosistemas. No tiene ningún sentido desdibujar el horizonte de un Estado social y democrático eficaz y de una economía mixta sostenible como proyecto viable que institucionalice la igualdad efectiva de oportunidades y derechos, la cobertura universal de riesgos sociales y la solidaridad en favor de quienes necesitan apoyos de la colectividad en unos u otros momentos y circunstancias de sus vidas. Esto no es contradictorio con actuar siempre con responsabilidad frente al futuro, más allá de las pasiones y subjetividades de unos u otros momentos históricos, valorar el trabajo y el esfuerzo común, el rigor y la probidad presupuestaria y de gestión, junto a reforzar la idea de un diálogo permanente con la sociedad y sus preocupaciones como método primordial de acción política. Y se debe propiciar, desde luego, una fuerte renovación de liderazgos pertinentes frente a la derrota de proporciones que el progresismo acaba de sufrir.
