La primaria del progresismo del 29 de junio introdujo más fluidez en la situación política del país.
El punto de partida es un gobierno y un progresismo a la defensiva desde su derrota constitucional en septiembre de 2022 -fruto de sus múltiples errores desde 2019 y en sus gobiernos previos a la rebelión social- y el vuelco de una parte de la sociedad chilena hacia la derecha radicalizada, en medio de un flagrante aumento del miedo a la delincuencia y a la inmigración en todo el tejido social. El punto más álgido fue la elección del consejo constitucional en mayo de 2023, en que la derecha, con preponderancia de su versión más extrema, obtuvo nada menos que un 62% de las preferencias, con voto obligatorio, un hecho insólito en la historia política de Chile.
Esto no fue, sin embargo, suficiente para que ganara su propuesta constitucional en diciembre de 2023, que hubiera significado una regresión democrática y económico-social de gran envergadura y que fue rechazada por el 56%. Pero sí le permitió ganar la elección municipal de octubre de 2024. En la elección de concejales de esa fecha, la derecha agregada sumó un 53% de las preferencias, a comparar con el 31% en la elección previa de 2021, sin voto obligatorio.
Pero el progresismo salió airoso de las segundas vueltas de gobernadores regionales, donde las candidaturas conservadoras agregadas reunieron solo un 48,8% del voto válido, mientras se manifestó un apoyo de 51,2% para las diversas candidaturas de centro y de izquierda. Esto auguraba un escenario más abierto para 2025, aunque observé entonces que tendría que pasar bastante agua bajo los puentes y producirse muchas articulaciones políticas y mejorías en la gestión de gobierno y en los mensajes hacia el abstencionismo, que alcanzó un 15% en la elección de concejales de 2024, y hacia el voto nulo y blanco, que alcanzó un 20% de los sufragios en esa fecha, reafirmando un rechazo de una parte de la sociedad a ejercer sus derechos democráticos en medio de la frustración y malestar con el funcionamiento del sistema político y de los representantes en las instituciones.
Entretanto, la gestión de gobierno no ha mejorado mayormente y la participación en la primaria del progresismo fue baja. Pero, en cambio, ha habido avances en su articulación política que permitieron que las primarias se realizaran, incluso con una participación indirecta de la Democracia Cristiana. Y se debe saludar que no se hayan producido quiebres políticos después del holgado triunfo de Jeanette Jara el domingo 29 de junio, salvo, previsiblemente, en la Democracia Cristiana, una parte de la cual -no es la única- mantiene reflejos de la guerra fría.
La pregunta es si esa articulación progresista podrá sobrevivir y proyectarse a un triunfo en la segunda vuelta presidencial, como fue el caso de la elección de Boric de 2021, el rechazo a la constitución de derecha de 2023 y la segunda vuelta de gobernadores regionales de 2024. Jeanette Jara es ahora candidata de toda la coalición y no solo de su partido (si congela o no su militancia no es demasiado relevante), y se ha comportado coherentemente como tal. Lo mismo han hecho los 8 partidos que conformaron la primaria y han manifestado que respetarán íntegramente los compromisos que conlleva.
A los partidos socialista, por la democracia, radical y liberal les cabrá realizar debates sobre las causas de la derrota de su candidata, cuya consistencia y voluntad de abrir una nueva etapa resaltó en la campaña, pero no su aproximación empática a diversas preocupaciones populares con compromisos tangibles, mientras su énfasis final de ataque a Jara no tuvo mucho sentido, pues se entendió como descalificación. En esa derrota se expresó la persistencia de un rechazo a las elites gubernamentales y políticas más tradicionales y a señas de identidad propias de un centrismo inocuo de una parte de la antigua Concertación, a pesar de las declaraciones de la candidata en otro sentido. Los logros efectivos de la etapa de la Concertación en materia de avances democráticos y sociales terminaron a la postre opacados por las corruptelas, el clientelismo y la cercanía de algunos de sus representantes con el poder económico y su pretensión implacable de mantener privilegios y desigualdades, varios de los cuales terminaron por transparentar su adhesión a la derecha. Todo esto tiene un costo que aún persiste, especialmente en las nuevas generaciones, que con razón exigen consistencia en la acción política transformadora. Y también se expresó el rechazo a la gestión del actual gobierno, que mantiene una mayoría de opiniones en su contra en los sondeos y que obtiene solo entre un cuarto y un tercio de adhesión. Este último factor fue decisivo en el bajo resultado del Frente Amplio, así como la reiteración de señas de identidad basadas en la descalificación a quienes terminaron llamando a convertirse en socios de gobierno. Los regionalistas-verdes se preguntarán, seguramente, qué parte de su mensaje, relevante para muchos ciudadanos, no ha sido bien recibido.
El Partido Comunista, por su parte, tiene la responsabilidad de apoyar a su candidata y de ayudar, junto a Acción Humanista, a construir los acuerdos y desarrollos de la coalición. Seguramente tendrá que decantar su análisis acerca de cuánto el triunfo de su candidata se puede atribuir a sus atributos personales de consistencia, sencillez, horizontalidad y espíritu de diálogo, cuánto al rechazo del electorado progresista a aspectos inconsistentes del llamado Socialismo Democrático y también del Frente Amplio, cuánto al premio a los logros gubernamentales que le tocó encabezar a Jeanette Jara, apoyada por el presidente Boric y el ministro Marcel en materia de salario mínimo, jornada laboral y avances en pensiones, y cuánto se debió al apoyo a la ideología del partido y sus alineaciones controversiales, sin perjuicio de la conducta seria y leal con sus socios y con la democracia en Chile que ha demostrado tener a lo largo de su historia.
Pasado el debate de la primaria, es muy posible que se reafirmen las bases del acuerdo de coalición con compromisos de persistir en el avance hacia un Estado democrático y social de derecho mediante reformas, con apego a las reglas democráticas y orientados a producir resultados visibles a partir de:
- nuevas propuestas de avances graduales en materia de salario mínimo, negociación colectiva, seguro de cesantía, pensiones y de acceso a las atenciones de salud, a los programas de cuidado, a la protección de la infancia, a la primera vivienda, a arriendos asequibles, a tarifas de transporte y servicios básicos sin sobre- utilidades para los operadores privados y a la educación de calidad, progresos financiados con tributos y regalías mineras más redistributivos;
- una reforma del Estado que aumente sustancialmente la profesionalización y probidad de la gestión pública;
- una estrategia de crecimiento sostenible con contención de la inflación y del endeudamiento fiscal, de diversificación de la inserción de Chile en los mercados externos con mayor valor agregado, de aumento de la inversión pública y privada y de transición energética acelerada;
- la continuidad de la no alineación del país con bloques hegemónicos y la reivindicación del respeto del derecho internacional y de los derechos humanos.
No se trata de aplicar modelos del pasado ni de dejar de impulsar el dinamismo de las empresas, la conquista de mercados externos o de avanzar en economías de escala, sino de crecer desconcentrando los mercados y diversificando la economía por razones de eficiencia, redistribuyendo los ingresos por razones de decencia y cohesión social y protegiendo los ecosistemas en nombre de las nuevas generaciones.
Una acción unitaria y una plataforma que recoja las aspiraciones populares con sentido de responsabilidad, centrada en producir resultados directos y efectivos de mejoría de las condiciones de vida de las mayorías, serán las condiciones necesarias para hacer retroceder el avance de la derecha radicalizada en Chile. La incógnita es si será o no suficiente.
