Pocas sorpresas deparó el anuncio del futuro gabinete de José Antonio Kast. En su gran mayoría los nombres habían circulado profusamente en diferentes medios y el propio Kast se había encargado de confirmar a varios anticipadamente. Quizás, la única sorpresa fue la brusca bajada del abogado Santiago Montt como ministro de Minería, luego que su nominación fuera anticipada entusiastamente por Los Andes Cooper, empresa minera en donde se desempeñaba como alto ejecutivo, a través de un comunicado donde el propio Montt declaraba “I have been asked to serve my country as Minister of Mines in the incoming govemment of President Jose Antonio Kast”. Debut y despedida para un neófito en las lides políticas que pagó caro su entusiasmo.
El debutante mandatario asume un gran riesgo con la nominación de un gabinete dominado mayoritariamente por independientes, buena parte de ellos provenientes del mundo empresarial. No tan sólo porque los partidos que lo respaldaron en la segunda vuelta presidencial están escasamente representados (los republicanos tienen dos ministerios y los demás uno, con la excepción del partido libertario, que decidió no ingresar al gobierno), sino también por la eventualidad de “un festival de conflictos de intereses”, algo que no parece preocupar en demasía a las nuevas autoridades, pero sí a la nueva oposición e incluso a círculos de la derecha. “Estamos en presencia del desembarco de las cúpulas empresariales en el nuevo gobierno, en desmedro de los partidos”, afirmó Johannes Kaiser, luego de desechar un ofrecimiento ministerial. Por su parte, Pablo Longueira acusó al nuevo gobierno de improvisación con la nominación de ministros sin experiencia política, que podrían convertirse muy rápidamente en “yogures con fecha de vencimiento”.
Todo apunta a que para designar el elenco de subsecretarios Kast repetirá el mismo padrón. Probablemente con mayor participación de los partidos, pero manteniendo el predominio de independientes o técnicos.
No será tarea fácil para el nuevo gabinete ordenar a la diversidad de fuerzas políticas del nuevo oficialismo en torno a la agenda presidencial. Desde luego al partido libertario, que hasta último minuto esperó que Kast mejorara su oferta para reconsiderar su participación. Pero tampoco será fácil con respecto de Chile Vamos, en donde abundan críticas veladas a la composición del gabinete.
Las distancias son obviamente acentuadas con la futura oposición, que mantiene diferencias muy marcadas con el denominado gobierno de emergencia que reafirmara el presidente electo al anunciar su gabinete. Insistiendo en la tesis de que el país vive una crisis social, económica y de seguridad y que la tarea de su flamante elenco será trabajar por recuperar y reconstruir el país, desde el primer minuto, José Antonio Kast entra en el terreno de franca confrontación con quienes habitarán las futuras filas opositoras.
La interrogante por completar es el programa para los primeros noventa días de gobierno, que ha venido elaborando un equipo coordinado por el economista Bernardo Fontaine (que se mencionaba como posible ministro de Economía), quien asumiría la presidencia del directorio de Codelco en abril próximo.
Ciertamente un rol clave para acelerar las primeras medidas en este ámbito (el otro esencial es el de la seguridad pública), tal como lo ratificó con inmediatos anuncios al día siguiente de su designación, lo jugará el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, quien reafirmó la disposición original de un ajuste fiscal de U$ 6 mil millones, a implementarse sustantivamente durante el primer año de gobierno, así como arremeter en contra de la permisología, la aprobación exprés de nuevos proyectos de inversión, la desregularización de la construcción, rebaja de impuestos a las empresas, y otras medidas que permitan acelerar el crecimiento. Una suma de iniciativas, algunas de las cuales requerirán poner a prueba la disposición del nuevo parlamento que asume en marzo. En la perspectiva del debutante titular de Hacienda poco importa el debate abierto respecto del despido masivo de funcionarios públicos, en circunstancias que la derecha ya ha rechazado la llamada cláusula de confianza legítima negociada por el actual gobierno con la ANEF, pese a que el Ejecutivo extendiera el plazo para aplicarlo a cinco años (excluyendo a los funcionarios públicos contratados por la actual administración). Quiroz está ansioso para implementar, ejecutivamente, 40 medidas que ya inquietan a esa aún difusa futura oposición. Quizás sus señales resulten más desafiantes que lo imaginado hasta hoy por la vapuleada centroizquierda.
Las fracturas del oficialismo
Mucho se ha especulado acerca de que el triunfo de José Antonio Kast inaugura un nuevo ciclo político, que podría extenderse a más de un período presidencial bajo conducción de las derechas. Especulación dependiente no tan sólo de lo que el nuevo gobierno haga o deje de hacer, también del hoy incierto devenir del progresismo y sus tensiones internas después de una histórica derrota político electoral. Aunque insuficiente, lo único sensato pareciera ser acoger el llamado del presidente Boric a la unidad, esperando que su liderazgo contribuya a un nuevo sendero de rearticulación política y social.
A poco más de un mes de abandonar el poder y pasar a la oposición, el oficialismo enfrenta un quiebre que bien puede marcar su futuro inmediato. La causa o pretexto fue el reciente fallo de la justicia que absolvió al ex teniente coronel de carabineros, Claudio Crespo, acusado, en el marco del estallido social, de usar violencia excesiva en contra de Gustavo Gatica (elegido diputado), provocándole su ceguera.
Junto con criticar el fallo, parlamentarios de PC y el Frente Amplio, centraron sus críticas en los parlamentarios oficialistas (principalmente del llamado socialismo democrático), que aprobaran la ley Naim Retamal, que establece, bajo determinadas condiciones (incluida la proporcionalidad de la fuerza), la legítima defensa de las fuerzas del orden ante amenazas a su integridad.
Fue motivo suficiente para que el PS optara por suspender su participación en las instancias unitarias, incluyendo el comité político y un cónclave programado para fines de mes, acusando a sus aliados de deslealtad.
En verdad, la iniciativa de aquel proyecto de ley fue de Chile Vamos y republicanos. Sin embargo, el proyecto fue apoyado por el gobierno y respaldado por 106 diputados, 24 votaron en contra y 13 se abstuvieron, advirtiendo de los riesgos de consagrar el uso del “gatillo fácil” o fuerza desmedida para reprimir la movilización social.
Por su parte, el gobierno salió a criticar con dureza el fallo, argumentando que no se cumplía con el principio del uso proporcional de la fuerza y que restan instancias judiciales antes que quede a firme. El mismo Gustavo Gatica ha anunciado que agotará las instancias judiciales para apelar de este fallo, no descartando recurrir a instancias internacionales.
Evidentemente, este es el peor momento para una fractura de las fuerzas del oficialismo. Justo en los momentos en que se instala un gobierno presidido por un representante de la ultraderecha, cuando debe pasar a la oposición, lejos de contar con mayoría parlamentaria, y con una muy incipiente reflexión política acerca de las causas de su rotunda derrota.
No son pocos los que sostienen que la coalición oficialista se construyó en apoyo del actual gobierno, sin incluir a la DC, que tomó distancias, salvo en la pasada elección, cuando resolvió mayoritariamente respaldar a la candidata que se impusiera en las primarias del progresismo. Naturalmente, el fin del actual gobierno obliga a los diversos sectores progresistas a replantear sus políticas de alianzas, asumiendo no tan sólo las obvias diferencias internas (que sin duda existen y son muy marcadas), sino también el nuevo escenario político que se configura con la llegada del ultraderechista José Antonio Kast al gobierno, apoyado por un amplio arco de las derechas (pese a sus evidentes diferencias internas).
El ideal para el nuevo gobierno es que se cristalice la división de la nueva oposición (dividir para reinar). Con un bloque de centro izquierda, que vaya desde la DC hasta el socialismo democrático, y otro de izquierda, constituido por el Frente Amplio y el PC. Dos oposiciones, con evidentes dificultades de articulación, incluso a nivel parlamentario.
La cristalización de ese escenario no tan solo le entrega a la derecha una capacidad de maniobra que excede su real peso político en el país, sino que dificulta indispensables procesos de renovación de las fuerzas progresistas, de su visión del país en un convulsionado contexto internacional y en su articulación política y social.
El verdadero desafío que enfrentan los sectores progresistas, además del mejor cierre posible del actual gobierno, es construir una unidad en la diversidad, sin eludir la confrontación de ideas y la renovación de sus propuestas, que les permita reconectarse con la sociedad y construir una alternativa de futuro.
En lo inmediato, el desafío es definir una política común para defender y ampliar las conquistas sociales y ser una oposición eficaz, firme pero constructiva, abierta al diálogo y la construcción de acuerdos, sin renunciar a la legítima movilización social en los marcos de un sistema democrático.
Configurar una buena oposición al gobierno que asume con bríos arrogantes, exige bastante más que buenas intenciones y denuncias a los pasos en falso de la administración entrante.
