El desacuerdo entre presidente Donald Trump y la oposición demócrata en el Congreso prolonga la suspensión del gobierno en Estados Unidos. Ninguna de las dos partes explica a la nación que ha comenzado la arrebatiña por recursos cada vez más escasos.
Dijo que no, pero sí
El lunes, cuando la suspensión de actividades del gobierno federal cumplía veinte días sin remedio a la vista, una empresa de demoliciones comenzó el despachurre de toda un ala de la Casa Blanca abriendo espacio para el ostentoso salón de baile que se le ha antojado al presidente Donald Trump.
El Ala Este de la sede del Poder Ejecutivo, construida en 1902 y a la cual se le añadieron en 1942 un segundo piso y un refugio antibombas, ha albergado oficinas varias, incluida la de la Primera Dama y la Oficina Militar de la Casa Blanca.
Meses atrás en su anuncio del proyecto, que con un costo de 200 millones de dólares cubrirá casi 8.500 metros cuadrados con capacidad para 650 personas, Tump aseguró que la obra no afectaría a la Casa Blanca.
El salón de baile, explicó el presidente, ofrecerá un espacio “para funciones mayores en honor de líderes mundiales y otros países sin que haya que instalar una carpa grande y desagradable a la vista a casi cien metros de la entrada principal al edificio”.
“Durante más de 150 años cada presidente ha soñado con tener un Salón de Baile en la Casa Blanca para acomodar a los invitados en grandes fiestas, visitas de estado, etcétera”, dijo Trump. “Es un honor ser el primer presidente que, finalmente, pone en marcha este proyecto muy necesario, con un costo de cero para los contribuyentes impositivos. El Salón de Baile de la Casa Blanca lo financian en privado muchos patriotas generosos, grandes compañías estadounidenses y quien suscribe”.
La periodista independiente Marcy Wheeler tuvo una opinión disidente: “Primero, la horda trumpista atacó el Capitolio por primera vez desde 1812 (cuando los atacantes fueron los ingleses). Y ahora Trump está haciendo a la Casa Blanca más daño que los británicos en 1814”.
La discordia
El 1 de octubre comenzó el período fiscal 2026 sin que el Congreso aprobara un presupuesto a gusto del presidente Trump, y desde entonces un millón y medio de empleados del gobierno federal y sus familias viven en la incertidumbre y ya ha pasado una quincena sin que les llegue el cheque de sus sueldos.
El proyecto de presupuesto, moldeado principalmente por la mayoría republicana en ambas cámaras y en consultas con el Poder Ejecutivo, ya fue aprobado en la Cámara de Representantes, pero requiere 60 votos en el Senado y eso hace necesario el apoyo de algunos demócratas.
La objeción mayor por parte de los demócratas es el cambio en el sistema de subsidios para el cuidado de la salud, un gasto que ampara a casi 24 millones de personas. Los demócratas reclaman, además, un revés de los cortes que el gobierno de Trump busca en el programa Medicaid que usa millones de ancianos, personas discapacitadas y con ingresos bajos.
Trump aprovechó la ocasión para amenazar con el despido de miles de empleados públicos, al tono de la ideología anti estatista que inspira su gestión y según la cual no hay mejor gobierno que el que no existe.
Si bien continúan operando los servicios esenciales, aquellos empleados que el gobierno considera no esenciales están en una licencia sin pago de sueldo y los contratistas privados que trabajan para agencia federales se quedan sin trabajo. Otras agencias como el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades y los Institutos Nacionales de la Salud han puesto a muchos de sus empleados en la licencia sin sueldo, lo cual afecta no sólo a los empleados sin a proyectos de investigación en marcha.
Desde 1980 ha habido catorce suspensiones del gobierno federal y el más prolongado hasta hora fue el que duró 35 días desde el 22 de diciembre de 2018 durante el primer mandato de Trump en la Casa Blanca. En aquella ocasión el presidente quería asignar 5.700 millones de dólares para la construcción de un muro en la frontera de Estados Unidos con México y los demócratas se negaron a aprobar el gasto.
Aquella situación se resolvió cuando los legisladores aprobaron el presupuesto sin la asignación de fondos pedida por Trump.
En la ocasión presente ambas partes tienen la mira puesta en las elecciones legislativas de noviembre de 2026.
Trump y su gobierno confían en que la propaganda constante que describe a los empleados públicos como burócratas ociosos, ineficientes y bien pagados resuena ganadora entre los votantes. Aunque la suspensión de labores dure semanas y cause inconvenientes a la población, la apuesta trumpista es que la postura firme añada los votos para una mayoría decisiva en el Congreso y el sustento legislativo para que se cumplan todos los sueños de Trump en los dos años finales de su gestión.
Los demócratas, por ahora, parecen convencidos de que su propia intransigencia en el asunto de los subsidios para el cuidado de la salud y los beneficios para los pobres es la actitud ganadora entre los votantes. La mayoría de las encuestas muestran unos pocos puntos porcentuales de desaprobación ciudadana para Trump, y el promedio de encuestas de RealClearPolitics pone esa diferencia en 6,9 puntos. Ése es el margen que da a los demócratas su expectativa de que la suspensión gubernamental les traerá réditos electorales.
De lo que no se habla
Las políticas de Trump favorecen a los ricos con el verso de que ellos crean empleo y el beneficio será para todos, y las políticas que los demócratas proponen buscan una distribución más equitativa de la riqueza con más impuestos para los ricos.
Ésa ha sido la diferencia principal entre las dos alas del mismo partido político que ha gobernado a Estados Unidos por más de un siglo, décadas durante las cuales la economía de la nación creció superando reveses como la Gran Depresión y otras calamidades en su casino financiero.
Ambas posiciones comparten la noción del crecimiento económico ilimitado. Los recursos están allí para ser explotados y la discrepancia se limita a la distribución de los beneficios. Es la noción fundacional de las economías desde la Revolución Industrial.
En 1972 y encargado por una organización internacional de intelectuales y empresarios llamada el Club de Roma, con la autoría de la biofísica y científica ambiental Donella Meadows y la colaboración de 17 profesionales de diversos países, se publicó un informe titulado “Los límites del crecimiento”.
La conclusión central del informe de 205 páginas fue que, de mantenerse sin variaciones sustanciales el aumento de la población mundial, la contaminación, la industrialización, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales, en unos cien años el crecimiento económico llegaría a sus límites.
En el más de medio siglo transcurrido desde aquella publicación el modelo de crecimiento económico incesante se ha extendido por todo el mundo. Y el debilitamiento de los sistemas democráticos, también en todo el mundo, sugieren que las economías “avanzadas” sufren un encuentro rudo con los límites.
En este modelo la fuente principal de energía y una miríada de productos -el petróleo- no se ha agotado ni se agotará pronto. Pero cada vez es más costosa su extracción.
La popularidad que entre los ambientalistas tienen la sustitución de plásticos por papel, la economía digital y la multiplicación de vehículos eléctricos choca con los límites de recursos: más papel significa más árboles talados, más comercio digital significa más data centers que, sumados a más autos eléctricos, requieren más generación de electricidad.
Con aproximadamente el 5% de la población mundial, la de Estados Unidos consume casi el 25 % de los recursos de energía, minerales y papel.
Los políticos estadounidenses siguen prometiendo beneficios -unos para los de arriba, otros para todos los demás- sin menciones a los ajustes que los límites del crecimiento impondrán en el estilo de vida y las normas de consumo.
