La situación del país requiere de mejorías en muchos aspectos, pero al menos con urgencia en dos ámbitos principales.
El primero es el del imperio de la ley. Los síntomas de penetración del crimen organizado en órganos del Estado (con la liberación espuria de un sicario y descubrimientos de redes de narcotráfico en el Ejército y la Fuerza Aérea como hechos más recientes) se combinan con las dificultades de control de transacciones que se sitúan fuera de la ley, según ha señalado el saliente director del Servicio de Impuestos Internos.
Lo primero es lo primero: sin imperio de la ley no hay vida en común civilizada. Esto requiere no de campañas mediáticas de difusión del miedo para intentar validar regresiones autoritarias, sino de reforzamientos y adaptaciones en los organismos de orden y seguridad del Estado y en los de persecución penal. Al mismo tiempo, se requiere que las policías interactúen más directamente con las comunidades que sufren de la delincuencia, teniendo siempre a la vista la acción multinivel de los órganos del Estado y de la sociedad respecto a sus causas. Esto requiere, en particular, abordar con fuerza programas de inserción de los jóvenes que no estudian ni trabajan y una mayor protección de la infancia.
El segundo problema es el económico. Desde hace más de una década Chile ha dejado de cerrar la brecha de PIB con la economía más avanzada, Estados Unidos, según los datos del Fondo Monetario Internacional. El PIB chileno a paridad de poder de compra pasó de representar el 28% del de Estados Unidos en 1980 a 25% en 1989, con una declinación en la etapa final de la dictadura de orientación neoliberal de 1973-1989 y luego, en democracia, con un salto a 31% en 2000, a 39% en 2010 y a 44% en 2013. Esta convergencia declinó desde entonces y la brecha se volvió a situar en 39% en 2024. Los ingresos y el empleo han aumentado menos desde el fin del primer gobierno de Sebastián Piñera que en la etapa de 1990-2013. Las causas son variadas y se vinculan a la ausencia de innovación y diversificación hacia bienes de mayor demanda global y a políticas macroeconómicas de sobreajuste.
El país debe reencaminarse a una senda de mayor crecimiento, con una preferencia hacia la sostenibilidad social y ambiental y la creación de empleo, a través de una agenda compartida por los agentes económicos y sociales, y ojalá por una amplia mayoría de los agentes políticos, a través de un empuje prioritario de la inversión, la mantención del poder adquisitivo de los salarios y su avance con la productividad y el impulso de nuevas dinámicas exportadoras. Esto es fácil de enunciar, pero difícil de realizar, de no mediar una conducción política sólida en tiempos nacionales de polarización y en tiempos globales de gran incertidumbre. La vuelta del proteccionismo y las conductas depredadoras de algunas economías se juntan a cambios tecnológicos de impacto incierto, que se pueden traducir tanto en beneficiosos aumentos de productividad o bien lesionar una parte del empleo a través de una automatización de actividades mal orientada. Por tanto, la política económica futura requerirá de una adecuada combinación de audacia para retomar el crecimiento y los avances sociales progresivos y, a la vez, de gran prudencia macroeconómica.
El accionar responsable en política implica no sumarse a impulsos inmediatos sin medir las consecuencias posteriores. Detrás de buenas intenciones pueden existir efectos no buscados pero no por eso menos reales. No tiene sentido situarse en los avatares de la inmediatez y sumarse a los populismos, es decir a las supuestas soluciones simples a problemas complejos, sino que en la continuidad de la construcción de una sociedad protectora, democrática, solidaria y socialmente justa. Por tanto, nunca se debe desestabilizar la economía y en consecuencia las condiciones de vida del pueblo, sino mejorarlas de manera consistente y prudente hacia el futuro.
Suprimir instrumentos que viabilizan la inversión y la prosperidad común de manera sostenible en el tiempo, en nombre del alivio efímero en el presente, es un error con consecuencias que pueden ser lesivas para el interés de la mayoría. Sin ir más lejos, suprimir en diversos tipos de contratos el uso de la UF, que no es otra cosa que una variante del IPC, es decir la actualización diaria de valores por la inflación pasada medida por el IPC, es un error porque puede terminar encareciendo los precios ante incertidumbres financieras, en especial en materia de acceso a la vivienda y a la protección en salud. Evidentemente es bienvenida toda mejoría de la regulación que impida abusos, pero la fiebre no desaparece porque se prohíba el uso de los termómetros. Frente a la inflación, lo que cabe es atacar sus causas. Entre estas se cuentan los efectos inerciales que la indexación sobre la inflación pasada produce sobre la inflación futura, lo que puede incluso alimentar eventuales espirales de reajustes de precios. Por eso los reajustes salariales suelen no ser mensuales para evitar presiones inflacionarias constantes, aunque no están prohibidos.
Es una pregunta legítima la de por qué otros contratos se reajustan mensualmente y el sentido que esto tiene. La autoridad debiera tener instrumentos para, en situaciones inflacionarias, ampliar en el tiempo, aunque no suprimir, la reajustabilidad de algunos contratos socialmente sensibles, como los arriendos o seguros de familias vulnerables, especialmente si alimentan una inflación rampante.
En general, tiene todo el sentido del mundo fortalecer la protección de los usuarios frente a abusos monopólicos y realizar ajustes salariales y transferencias de ingresos desde los que tienen más hacia los que tienen menos. Es el caso, por ejemplo, del mecanismo de compensación del alza de alimentos a través del “bolsillo electrónico” aplicado por el actual gobierno, luego de la racha de alzas de los precios externos en 2022 y 2023. Pero dejar contratos desprotegidos de la inflación en el largo plazo simplemente los va a encarecer o inhibir que se realicen.
Es una ilusión la idea de que se puede suprimir permanentemente los aumentos de precios cuando los costos aumentan, y en general la idea de que se puede obtener avances económicos estables manipulando precios artificialmente. De nuevo, eso no inhibe que se tomen medidas compensatorias. Por ejemplo, en el caso de los combustibles, ante una racha alcista en 2000, el gobierno de Ricardo Lagos aprobó un bono compensatorio para las familias de menos recursos. También tiene sentido estabilizar precios oscilantes, haciendo que suban menos, pero que luego bajen menos, como es el caso del mecanismo que regula los precios de los combustibles, manteniendo un promedio que refleja los costos. Lo que no tiene sentido es impedir alzas sin compensaciones en las bajas posteriores, pues se puede terminar produciendo escasez o interrupciones de abastecimiento que lesionan a todos, pero especialmente a las familias de menos recursos.
Estamos en una etapa nacional y mundial en la que crecen las confusiones, los miedos, el rechazo al diferente y diversos impulsos irracionales. Vemos nuevos tipos de representantes que prefieren halagar prejuicios y vender ilusiones antes que trabajar seriamente por transformar las cosas de manera efectiva, horizontal y duradera en beneficio del ciudadano común y del mundo del trabajo y de la cultura, de modo de viabilizar una convivencia respetuosa, sin abusos, equitativa y sostenible. Por ello, no se debe avalar a unos pocos que actúan buscando falazmente popularidades efímeras en tiempos de elecciones, pero ponen en entredicho el interés de la mayoría social y su integridad y consistencia.
