El pasado 18 de octubre se cumplieron seis años del estallido social. Un aniversario que la derecha utilizó con fines políticos y electorales para responsabilizar a la izquierda por los numerosos hechos de violencia registrados durante los meses que se prolongó el movimiento en sus muy diversas manifestaciones. Según aquella versión, el estallido, lejos de ser espontaneo, correspondió a una acción planificada, cuyo verdadero objetivo era el derrocamiento del gobierno presidido por Sebastián Piñera. Incluso, Johannes Kaiser, el presidenciable libertario, comprometió una singular comisión de verdad, justicia y reparación, que permita identificar a los autores intelectuales que habrían planificado, impulsado y financiado a los activistas de aquel estallido.
Nada más lejos de la verdad. El estallido social nació con una protesta de estudiantes secundarios frente al alza de treinta pesos del pasaje del metro. Del masivo salto de los torniquetes, otros manifestantes (nunca identificados) llegaron a indendiar y vandalizar algunas de sus estaciones. Ciertamente algo más que un incendio de la pradera. Las manifestaciones se multiplicaron masivamente y, en lo esencial, pacíficamente, con el hito inocultable de más de un millón y medio de personas en la capital y cientos de miles en regiones. No se trata de hacer apología del estallido, sino que intentar explicar sus verdaderas razones. No fue Chile el único o primer país en donde se produjo un estallido social. Han ocurrido en Europa, como el que protagonizaron los llamados chaquetas amarillas en Francia y, con sus particularidades, la recordada “primavera árabe”, que sacudió a varios países de oriente medio, configuraron verdaderos estallidos sociales. Y más cerca recientemente están los casos de Perú y Ecuador, en donde se han registrado masivas protestas en contra del orden establecido.
El difuso malestar social acumulado por las bajas pensiones, precariedades de la educación y la salud pública, la colusión de grandes empresas para defraudar a consumidores, el financiamiento ilegal de la política, la crisis de representatividad de los partidos y las muchas falencias del estado, incidieron para movilizar a cientos de miles de chilenos a lo largo del país. Así, las causas del estallido no estuvieron en los treinta pesos, como tampoco los treinta años desde la recuperación de la democracia (habría que sumar los 17 años de dictadura), sino en un orden marcado por extremas desigualdades e injustos privilegios, que se niega a cambiar. La palabra Dignidad (con la que pretendieron bautizar la plaza Baquedano) intentaba representa la suma de las demandas levantadas durante el estallido.
Fue una protesta en contra del gobierno. Qué duda cabe. Pero también en contra del orden establecido. En contra del neoliberalismo, los abusos del mercado y las extremas desigualades que marcan nuestro proceso de desarrollo. Por los 17 años de dictadura y las rémoras autoritarios que aún conserva nuestra constitución. Una protesta en contra de los partidos, desde la derecha hasta la izquierda (basta recordar las agresiones en contra de Gabriel Boric y Daniel Jadue cuando se hicieron presentes en algunas de las manifestaciones) que evidencian su crisis de representación.
Es inocultable que los sectores progresistas empatizaron con muchas de las demandas levantadas durante el estallido, pero, cual más, cual menos, todos los partidos condenaron la violencia de una minoría que, al alero de la movilización social, vandalizaron la propiedad pública y privada, quemaron, saquearon y se enfrentaron violentamente en contra de las fuerzas policiales. También es inocultable el propio reconocimiento, en medio de su orfandad política para responder a la protesta social, que la dirigencia de la derecha y del gran empresariado (graficado, reiteradamente, en los dichos del entonces Presidente Piñera y la primera dama), reconocieron que el malestar ciudadano se fundaba en desigualdades insostenibles (algo que olvidaron oportunamente). Para la historia quedaría la frase del entonces Jefe de la Defensa Nacional, General Javier Iturriaga, respondiendo al más que desesperado mandatario: “No estoy en guerra con nadie”
Evidentemente las fuerzas de orden y seguridad no estaban preparadas para enfrentar un estallido se esa magnitud. Muy frecuentemente se hizo un uso excesivo de la fuerza, con flagrantes violaciones a los derechos humanos de los manifestantes, provocando centenares de daños oculares, lesiones e incluso el fallecimiento de 7 de los participantes.
Nadie quiere ahora un nuevo estallido social
Quizás una ínfima minoría. Pero es responsabilidad de todos prevenirlo. En verdad, el estallido social no tan sólo dejó una gran secuela de destrucción, víctimas de violaciones a los derechos humanos y daño a la propiedad pública y privada, sino también, afectó gravemente a nuestro sistema político, sin dar respuesta a las principales demandas levantadas dispersamente en aquellos tensos momentos del país.
La mayoría de los partidos con representación parlamentaria suscribió un histórico acuerdo que buscaba entregar una salida institucional a la crisis con la convocatoria a un proceso constituyente (con la excepción del Frente Amplio y el PC, salvo el liderazgo de Gabriel Boric, que lo suscribió a titulo personal). La historia posterior es conocida. En el primer proceso constituyente, los partidos consiguieron una representación minoritaria en la convención, en tanto que sectores esencialmente independientes y anti-partidos, fueron ampliamente mayoritarios, imponiendo una propuesta de carácter refundacional, bastante radical, que terminó siendo rechazada por el 62 % de los ciudadanos que participaron en el plebiscito sancionatorio.
Durante el segundo proceso, la situación varió pendularmente para empeorar. Los partidos tradicionales fueron desplazados por una ola de representantes de ultraderecha, bajo el liderazgo sectáreo de los republicanos de J. A. Kast, que buscaron imponer su propia propuesta constitucional, con un marcado sesgo ideológico y autoritario. Propuesta que fuera nuevamente rechazada por una amplia mayoría ciudadana.
Pocos son los sectores políticos que niegan de que el sistema político requiere de profundas reformas que garanticen la gobernabilidad futura del país, favorezcan la búsqueda de acuerdos y eviten la disgregación y polarización política.
Sin embargo, siendo una condición necesaria está lejos de ser suficiente para prevenir un nuevo estallido social. Las derechas (tanto Chile Vamos como la ultraderecha en sus diferentes matices) insisten en proyectar la falsa imagen (que no se sostiene en los datos duros) de un país que se cae a pedazos, afectado por una crisis económica, social y de seguridad. Un país que va de tumbo en tumbo hacia los extremos, como afirmara Evelyn Matthei. Y no son pocos los chilenos que parecen compartir esa falsa imagen. De otra manera no se explicaría el posicionamiento de José Antonio Kast en las encuestas (que aparece como el virtual triunfador de una segunda vuelta). O el de Johannes Kaiser, que aparece amagando a Evelyn Matthei en el tercer lugar.
¿De verdad, una mayoría ciudadana está dispuesta a elegir a un representante de la ultraderecha como presidente de Chile? ¿O los empresarios, arriesgando la paz social de la que ha gozado el país en los últimos años y que les ha permitido desarrollar sus negocios con tranquilidad? La derecha tradicional afirma que no se perdería ni un minuto en apoyar a Kast o a Kaiser, en la alternativa que pasen a segunda vuelta. Pero simplemente no es verdad que no exista otra opción. La gran interrogante es cómo votarán los independientes. Aquellos ciudadanos que no son ni de izquierda ni de derecha sino todo lo contrario. En la pasada elección mayoritariamente le dieron su voto a Gabriel Boric. La gran duda es si estos sectores mantienen su resistencia a votar por la ultraderecha. No es un detalle menor la incidencia inédita del voto obligatorio en la muy próxima contienda presidencial y parlamentaria.
Las propuestas de los candidatos de ultraderecha no pueden ser más estrambóticas e imposibles de cumplir sin una grave amenaza a la paz social y la convivencia democrática, estimulando la potencial reacción ciudadana, con o sin estallido. Reducir el gasto fiscal en seis mil millones de dólares en 18 meses, como propone José Antonio Kast, o quince mil millones de dólares, como postula Kaiser, es del todo imposible sin afectar gravemente los programas sociales o el propio crecimiento económico. Expulsar los cerca de quinientos mil inmigrantes ilegales de manera inmediata es del todo inviable (ni EE. UU. tiene esa capacidad). Sobre todo, porque, en su inmensa mayoría, son personas honradas que han sido forzadas a inmigrar en busca de un mejor futuro, y representan una fuerza de trabajo que el país necesita, tal como lo ha sostenido recientemente Antonio Walker, dirigente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Despedir más de 100.000 funcionarios públicos (parásitos según el cerebro asesor de José Antonio Kast) representaría una grave jibarización del estado que afectaría su funcionamiento. Cerrar Punta Peuco y liberar a los presos condenados por delitos de lesa humanidad, cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos y cancelar el programa de búsqueda de detenidos desaparecidos, constituiría razón más que suficiente para que los familiares de las víctimas que aún esperan justicia se encadenaran en las rejas de los tribunales o del parlamento. Intentar gobernar por decretos, como insinúa Kast, saltándose el parlamento, generaría una crisis institucional de proporciones. Desplegar a las FF.AA. en funciones policiales para las cuales no están formados, con funciones que la Constitución no les asigna y que sus propios mandos no aspiran a desarrollar, generaría otra crisis.
Quién es realmente Jeannette Jara
La pregunta se la planteaba el exconsejero del Banco Central, Manuel Marfán, economista socialista, dudoso de votar por una militante del Partido Comunista. La respuesta es simple. Jeannette Jara es militante del PC desde su juventud (más de treinta años de militancia en aquel partido). Convengamos que es una militante atípica, integrante de una línea de renovación al interior de su partido. Con manifiestas discrepancias con la directiva partidaria (que se han expresado durante su campaña presidencial). De origen esencialmente humilde y popular, con una meritoria trayectoria profesional en el servicio público, primero como abogada del SII, exministra del Trabajo del actual gobierno, que demostró una gran capacidad de diálogo para construir el acuerdo que posibilitó la aprobación de la reforma previsional, tras una década de tramitación. Ganó contundentemente la primaria oficialista para transformarse en la candidata de una amplia coalición de partidos a la que se sumó la Democracia Cristiana. Su programa de gobierno recién presentado refleja un consenso esencial del arco de sectores progresistas. Suspender su militancia, como proponen algunos sectores del oficialismo, a menos de un mes de la elección, no sería creíble para la ciudadanía.
Con toda probabilidad, Jeannette Jara se impondrá en primera vuelta con la primera mayoría relativa, como predicen la mayoría de las encuestas, y deberá enfrentar a un candidato de ultraderecha, apoyado, con más o menos entusiasmo, por la derecha tradicional y con más de una duda acerca del respaldo de Demócratas y Amarillos.
Según todas las encuestas, Jeannette Jara perdería frente a cualquier candidato (a) de derechas. Pero las elecciones no se ganan con encuestas (que la mayoría de las veces se equivocan) sino con votos. La segunda vuelta es una elección distinta, cuyo resultado no lo decidirán los partidos sino casi 16 millones de electores, obligados a sufragar por el imperio de la ley, incluidos los votantes no frecuentes. En la cámara secreta, cada uno de los ciudadanos (as) deberá decidir el camino que el país transitará en el futuro inmediato. Qué opción le parece mejor para sí y para su familia. Cual le ofrece mayor seguridad y confianza. Y lo más relevante, qué es lo mejor para el país. Si se equivocan tendrán cuatro años para arrepentirse. Para millones podría ser un costo insoportable.
