Muchos militantes oficialistas, que en algún punto han ejercido como funcionarios públicos en alguna repartición de nuestro criollo Leviatán, han tenido un profundo debate interno entre principios y prioridades en el actuar de su gobierno. El líder político de nuestro tiempo, el presidente Gabriel Boric, se refirió a este debate en su Cuenta Pública del año 2023, señalando en ese momento que “si alguien me preguntara ¿acaso estas constataciones han hecho modificar nuestros principios? Mi respuesta es no. (…) Si alguien a renglón inmediato me preguntara: ¿acaso el constatar el grado de tensiones que presenta nuestra sociedad chilena, los miedos y las incertidumbres, y el retraso del Estado para darles respuesta oportuna, te ha hecho cambiar tus prioridades? Mi respuesta es sí; tajantemente sí”. Las “constataciones” a las que se refiere el presidente son una serie de hechos que condensó en nueve puntos que, desde la pandemia, pasando por la deuda pública y el crimen organizado han hecho cambiar “sus” prioridades personales, pero no “nuestros” principios como colectivo político.
¿Qué significa la palabra principio? De acuerdo con la RAE en su 6ta acepción, se define como “norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta”, a modo de ejemplo, los principios son de cierta manera secularizaciones de los diez mandamientos bíblicos dados a Moisés en el monte Sinaí, “no mataras”, “no robaras” o “no darás falso testimonio” son normas e ideas fundamentales para la vida católica que rigen su pensamiento y conducta.
¿Cuáles son “nuestros” principios? ¿Qué idea fundamental rige nuestro pensamiento y conducta? Para los militantes del Frente Amplio, partido del presidente, es a la vez simple como conflictiva la respuesta. Simple porque existe un documento formal que los sistematiza en los estatutos, pero conflictúa porque a pesar de estar en el programa de gobierno que nos llevó a La Moneda no se han materializado en esta administración. Me refiero a los derechos humanos, particularmente los compromisos con las víctimas de las violaciones masivas, generalizadas, y de acuerdo con el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre el tema, sistemáticas, ocurridas durante Estallido Social.
En los estatutos, de mayo de 2024 se señala como principio partidario “el compromiso irrestricto con la garantía, respeto y promoción de los derechos humanos”, este compromiso se realizó en la conducta del gobierno al ser mencionados en la Cuenta Pública del año 2022 cuando el presidente declaró que “hace sólo tres años, las muertes de Manuel Rebolledo, Alex Núñez, Romario Veloz y Cristian Valdebenito, entre otros, en el marco del estallido social, nos obligaron a una tarea muy dura, que en nuestro país hay ocasiones en que protestar se termina pagando con la vida. Y eso no lo podemos seguir permitiendo. Verdad, justicia, memoria, reparación y no repetición son nuestros compromisos como Gobierno”. Esto sumado al discurso en el cual el mandatario anunciaba la Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación a víctimas en el contexto del Estallido Social, en el cual enfáticamente señaló que “este Gobierno que tiene un mandato de transformación y que estamos aquí porqué Chile despertó y no nos podemos olvidar de dónde venimos, tenemos el deber con ustedes, víctimas de violaciones a los derechos humanos y familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos, de no olvidarlo y no solamente de manera simbólica. (…) Y yo, aquí, ante ustedes, solemnemente, a lo que nos comprometemos es a que vamos a dar lo mejor de nosotros para que la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición no sean palabras que se las lleve el viento o que solamente estén en los libros o en los discursos, sino que ustedes como familias, como víctimas, las sientan. (…) Cuenten con nosotros, no están solos. Cuando vean que nos demoremos más de la cuenta, recuérdennoslo porque, a veces, en estos días vertiginosos la brújula se pierde, pero yo sé que estamos aquí por esto y ese es nuestro compromiso irreductible”. Estas aseveraciones se materializaron en medidas concretas, principalmente gracias al liderazgo de la ex Subsecretaria de Derechos Humanos Haydee Oberreuter (Marzo 2022 – Marzo 2023), bajo cuya dirección se puso en funcionamiento la Mesa de Reparación Integral que evacuo un informe a fines de marzo de 2023 que recogiendo la participación de las propias víctimas entregaba recomendaciones al Ejecutivo sobre el particular, también se firmó, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Mecanismo Conjunto de Seguimiento a las Recomendaciones del Informe de Situación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que entre el 1 de enero de 2023 y 31 de diciembre de 2026 acompañará el cumplimiento del Ejecutivo de las observaciones realizadas en el informe de 2022, también es importante destacar que el numeral 13 del artículo 14 de la ley del presupuestos 2023, ley N°21.516, se estableció que los ministerios de Interior y Seguridad Pública, y Justicia y Derechos Humanos informarían “la posibilidad de implementar una comisión de verdad y justicia, relativa a la violencia cometida por agentes del Estado a civiles en los meses de octubre y noviembre de 2019, que evalúe propuestas de reparación”. Como es evidente, el trabajo tanto técnico como político de estas medidas demuestran una dedicación especial por parte de esta autoridad y su equipo. Tristemente, el informe de la mesa no contó con evento de recepción formal por parte del mandatario y sus recomendaciones no parecen haberse adoptado, el mecanismo de seguimiento pasa inadvertido en sus eventuales avances ya que no se han presentado informes públicos, y la posible comisión de verdad y justicia nunca se concretó, todas estas medidas quedaron bajo la dirección de los subsecretarios sucesivos.
Una posible explicación es que todo cambio el 4 de septiembre del 2022 con el triunfo del rechazo, dado que se sumó al gobierno la “joven guardia” de la fenecida concertación con Carolina Tohá como cara visible, ministra que puso su énfasis en la seguridad pública y el combate al crimen organizado, los cuales pasaron a ser la prioridad nacional, pero no dentro de un concierto de necesidades y demandas del pueblo, sino como la única y más acuciante preocupación del Ejecutivo. Muestra de esto es la cita de 2023 con la que empezaba esta columna, dentro de sus constataciones está que “nuestras policías cuentan en este momento [2023] de un preocupante déficit de respaldo ciudadano” y que “las manifestaciones violentas eran recurrentes [2022]”, obviando el hecho que dicha legitimidad policial fue dinamitada por la brutal represión a civiles durante el Estallido Social, con infiltraciones en las manifestaciones de funcionarios en servicio activo de Carabineros, como bien documentó Josefa Barraza en “Los Intramarcha”, y que posteriormente generales de la institución fueran blindados por el Ejecutivo a pesar de estar siendo investigados por el Ministerio Público por su responsabilidad de mando en las violaciones de derechos humanos ocurridas en dicho periodo, como sucedió con el General Yáñez con posterioridad al salvaje asesinato de tres carabineros en el sur, posponiendo durante meses su formalización como gesto político de solidaridad con el duelo institucional por parte del Ministerio Público con la anuencia del Poder Judicial, el alivio del Ejecutivo y la celebración del Legislativo.
En la militancia oficialista nadie esperaba que cumplir los compromisos de campaña actuando en consecuencia con los principios fuera fácil ni simple, menos utilizando las herramientas de un estado tan burocrático como el nacional. Este contexto político tampoco ayudó, especialmente la composición del Congreso Nacional, en el cual en ambas Cámaras se es minoría, pero ha de reconocerse que en contextos más adversos predecesores en el sillón de O’Higgins avanzaron y dejaron precedentes en esta temática, ahí está el informe “Rettig” de Patricio Aylwin con la oposición de Pinochet como Comandante en Jefe del Ejército, ahí está el informe “Valech” y “Valech II” de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, esos momentos no fueron fáciles ni simples de administrar siendo gobierno, pero no solo a pesar de aquello se hicieron, sino que por eso, porque es algo central en la identidad de la izquierda post dictadura, es indisoluble el matrimonio ideológico y valórico entre los derechos humanos y la izquierda, porque históricamente ha sido la izquierda la reprimida y perseguida con las herramientas del Estado.
Triste es enterarse que durante el transcurso de esta administración algunas víctimas del estallido han decidido terminar con su vida, acusando abandono del Estado. Lamentablemente, como se ha señalado, iniciativas clave del gobierno se fueron descartando una tras otra a lo largo de estos años. ¿Qué seria de esta discusión si la Senadora Campillai no llevara todos estos años insistiendo en los compromisos de reparación realizados por el presidente a las víctimas? ¿Cuánto nos ayudaría como país tener más voces de las víctimas, como Gustavo Gatica, en nuestro Congreso para volver a poner en discusión esta necesidad olvidada “por otras prioridades”?
Falta menos de un año para el termino de esta administración, es de esperar que la militancia activa oficialista, así como sus cuadros políticos a los cuales le atañe, tomen el peso de la necesidad de volver sobre este principio de los derechos humanos, y avanzar en medidas de verdad, justicia y reparación para estas víctimas, por coherencia política e histórica, pero sobre todo por humanidad. Porque así como los derechos humanos son un mínimo civilizatorio a nivel mundial desde la segunda guerra mundial y los horrores del fascismo en Europa y Asia, para la izquierda nacional debe ser un mínimo ético que nuestros representantes actúen en consecuencia y que estos rijan su pensamiento y conducta, sobre todo cuando se trata de la palabra empeñada.
