Este viernes el presidente electo dará a conocer la composición de su gabinete. Y todo apunta a que integraría una diversidad mayor a la de su propia coalición, aún cuando, como es natural, la base de su gobierno será Apruebo Dignidad.
Es más que evidente que el nuevo gobierno requiere ampliar su base de sustentación política. Tal como lo reconociera Giorgio Jackson -pieza clave en la nueva administración – Apruebo Dignidad no basta y se requiere del apoyo del amplio arco de fuerzas que respaldaron a Gabriel Boric en la segunda ronda.
Los partidos que apoyaron al presidente y que no forman parte de la coalición oficialista, habrían puesto como condición básica para integrarse a su gobierno, participar en las decisiones políticas, en igualdad de condiciones que la de los partidos de la coalición oficialista. La fórmula sería la incorporación de los jefes de partidos al comité político del gobierno.
La fórmula de un gobierno y dos coaliciones es bastante inédita y de compleja implementación, asumiendo que, si bien existe un amplio campo de coincidencias políticas y programáticas, subsisten matices y diferencias que pueden adquirir relevancia a la hora de marcar prioridades y definir la necesaria gradualidad de las transformaciones impulsadas, en búsqueda de los consensos necesarios para avanzar.
Lejos de ser homogénea, tanto Apruebo Dignidad, como el propio Frente Amplio, están atravesados por matices y francas diferencias políticas e ideológicas, que se han manifestado en la Convención constituyente ( en donde el Frente Amplio ha tendido a converger con el colectivo socialista, mientras el PC lo ha hecho con sectores de la ex lista del pueblo y de las etnias originarias). Distancias que también se hicieron evidentes durante las primarias y a lo largo de la campaña presidencial (con frecuentes polémicas entre Boric y Jadue) especialmente durante la segunda vuelta, a partir del llamado proceso de convergencia programática con las candidaturas de la centroizquierda.
Tampoco ha existido unidad de criterios al interior de la llamada centroizquierda respecto de la política de colaboración con el nuevo gobierno. Al interior de la DC existen marcadas diferencias respecto de su rol futuro. La frase de Ximena Rincón a micrófono abierto, sosteniendo que el nuevo gobierno lo pasaría mal y que ella tomaría palco, puede interpretar a una amplia franja de dirigentes y militantes, que asumen que la DC debe militar en la oposición a este gobierno, aunque sin buscar acuerdos con la derecha. Postura distante de la manifestada por la actual timonel de la falange Carmen Frei.
El próximo domingo 23 de enero se realizará elección de la nueva directiva del PDC, con evidentes discrepancias intestinas, incluyendo la de un significativo sector que reclamaba la realización de un congreso previo a esta medición interna. La lista encabezada por el alcalde Felipe Del Pin( que integra a Yasna Provoste y con apoyo de Carmen Frei), enfrenta a la actual diputada Joanna Pérez que lidera la opción apoyada por Ximena Rincón y a una tercera alternativa, encabezada por Diego Calderón( ex presidente de la JDC), definida como opción sub40, postulando una resuelta adhesión al gobierno de Gabriel Boric.
Mientras tanto, después de modestos y magros resultados electorales, el PS y demás integrantes del llamado eje socialista y Nuevo Trato, han reafirmado su voluntad de colaborar activamente con el nuevo gobierno con la única demanda de tener participación en las decisiones políticas.
En relación a la derecha, se produjo la primera reunión del presidente electo con Chile Vamos (sin la participación de los republicanos de JAK). Al decir de los participantes, fue una buena reunión, con palabras de buena crianza y declaración de buenas intenciones, en búsqueda de futuros mecanismos de diálogo.
Ciertamente la derecha, al igual que la actual oposición, vive un proceso de reordenamiento y definiciones que marcarán su conducta a futuro. Es claro que JAK y su partido mantendrán una postura dura y confrontacional con el nuevo gobierno, a la que bien pudieran sumarse la UDI y sectores duros de RN, en tanto que otros sectores, que principalmente reconocen domicilio en RN, Evopoli y el PRI, buscan perfilar una identidad mas abierta al diálogo y la búsqueda de acuerdos, con la interrogante abierta de una identidad más claramente liberal.
El proceso constituyente
En paralelo a la instalación del nuevo gobierno, se desarrolla el proceso constituyente. Con la elección de su nueva directiva, el proceso entra en su fase decisiva de definición de contenidos que deberán ser sometida a la ratificación de un plebiscito de salida.
Los plazos son bastante ajustados. En poco mas de una semana vence el plazo para presentar propuestas (que deben ser respaldadas por 15.000 firmas), para ser debatidas por la convención. Y ya se perfilan debates muy polémicos respecto al tipo de régimen político, la composición del futuro parlamento (bicameral o unicameral), los derechos garantizados para etnias originarias, los temas medio ambientales y otros, que pondrán a dura prueba la capacidad de la convención para conseguir los dos tercios necesarios para su aprobación (108 votos).
Ya es conocido que ninguno de los sectores o agrupaciones, representados en la convención pueda imponer sus propios proyectos o propuestas y enfrentan el desafío de buscar consensos muy mayoritarios para asegurar el éxito de este proceso.
De no alcanzar consensos en algunas de estas materias, estas quedarían fuera de la propuesta para ser materia de ley, que debería ser asumida por el próximo parlamento, lo cual representa un incentivo adicional para buscar consensos mayoritarios.
Desde ya, algunos sectores de derecha, como la alcaldesa de providencia, Evelyn Matthei, han acusado a la convención de infantilismo, no dudando en llamar al rechazo, sin conocer aún los contenidos de la propuesta. Y parece evidente que la mayoría de los representantes de la derecha comparten esa postura.
Los partidarios de una nueva Constitución, democrática, integradora, plural, moderna y avanzada, que sea reconocida como la casa de todos, están desafiados a construir los consensos necesarios para llevarla a buen puerto. Y ello se juega en los próximos seis meses.
