Medio siglo del dogma según el cual el sector privado, libre de regulaciones en la feliz persecución de lucro, produciría prosperidad para todos, ha llevado a la mayor economía del mundo a una crisis de infraestructura. El gobierno del presidente Joe Biden ha propuesto un plan de 1,2 billones de dólares para repararla y hacerla apta para el futuro, un plan ambicioso que ya ha encallado en el Congreso.
Santo Ronald
En 1980, el evangelio económico de los Chicago Boys, que llevaba algunos años de experimento en América Latina amparado por dictaduras militares, inspiró un vuelco conservador en Estados Unidos.
En este país, que se hallaba en una de sus recesiones cíclicas, adoptó el nombre de “trickle down economy” y prometió que la desregulación y la privatización a granel y otras políticas de “mercado libre” en beneficio de los más acaudalados derramarían bonanza para la clase media, los trabajadores y, quizá, hasta para los pobres.
La propuesta llevó a la presidencia al exactor y exgobernador de California, Ronald Reagan., quien en su discurso inaugural en enero de 1981 afirmó: “En esta crisis, el gobierno no es la solución a nuestro problema; el gobierno es el problema”.
Para los conservadores que todavía veneran a Reagan como santo y profeta, ésa ha sido la consigna permanente: el papel del estado en la economía debe reducirse tanto como sea posible en la medida en que no pueda eliminarse totalmente.
El resultado ha sido una magra inversión en el mantenimiento, reparación y construcción de lo que conocemos como “obras públicas”, esa infraestructura, financiada con impuestos y que sustenta toda una economía de 20 billones de dólares anuales. Esto incluye autopistas, aeropuertos y puertos, escuelas y hospitales, puentes, redes eléctricas y represas que generan la energía, investigación científica y hasta la exploración espacial.
Por la vía de los contratos, subcontratos y la tercerización, el sector privado se involucra en estas labores si percibe un lucro concreto y de corto o mediano plazo. Y, suelto de regulaciones e inspecciones gubernamentales, opera maximizando la ganancia mediante la reducción de costos en materiales y mano de obra.
Pies de barro
La Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles (ASCE, por su sigla en inglés) es una organización con 150.000 miembros en todo el país y cada año desde la década de 1980, produce un “boletín de notas” (como el boletín de grados en la escuela) sobre la infraestructura del país.
Según estos expertos, en el país, cada dos minutos una tubería mayor de agua estalla y se pierden cada día unos 22.500 millones de agua potable con los cuales se podrían llenar más de 80.000 piletas de natación. El uso y la falta de mantenimiento han dejado el 43 % de las rutas en condición mediocre o mala.
En EE.UU. hay más de 617.000 puentes de los cuales el 42 % ha sido construido hace más de 50 años, y 46.154 de ellos tienen deficiencias estructurales. Unos 178 millones de viajes en vehículos automotores transitan cada día por puentes con tales fallas.
ASCE indicó que en los aeropuertos la disponibilidad de terminales, rampas y puertas de acceso de aviones “no satisface las necesidades de una creciente base de pasajeros”, y hay una escasez de financiación de más de 12.000 millones de dólares para los próximos 10 años en la infraestructura de los puertos, en labores como el dragado, y de más miles de millones de dólares en la infraestructura portuaria en tierra.
“Más del 40 % del sistema de rutas en Estados Unidos se encuentra en condición mediocre o mala”, añade el informe. “Los mejores cálculos indican una escasez anual mínima de 38.000 millones de dólares para financiar las escuelas públicas en todo el país. Las escuelas públicas, a menudo, se usan como albergues de emergencia durante desastres y son necesarias las mejoras en las instalaciones para cumplir, efectivamente, con este importante propósito comunitario”.
El informe continúa con datos similares para el manejo de desechos tóxicos, las vías de navegación fluvial, los diques, los parques públicos, ferrocarriles, manejo de residuos sólidos, aguas cloacales, transporte público, tratamiento de aguas servidas, represas, agua potable, energía y el territorio novedoso de las redes de banda ancha para el acceso a internet.
En resumen, ASCE calcula que se necesita una inversión adicional en la infraestructura de más de 2 billones de dólares en los próximos cuatro años y en ausencia de ella el producto interior bruto perderá casi 4 billones de dólares.
El intento de Joe
El presidente Joe Biden ha propuesto precisamente eso: el gasto público de 2 billones de dólares, incluida la inversión en sectores no tradicionales de la infraestructura como la construcción de estaciones para la recarga de baterías en vehículos eléctricos y la capacitación de trabajadores en la generación y distribución de energía de fuentes renovables.
La propuesta se ajusta a la mejor tradición de intervencionismo estatal: las obras
públicas generan empleo y el plan de Biden añade la expansión del sector fabril y el establecimiento del cuidado de ancianos y enfermos como una profesión necesaria en una población que envejece.
Cuarenta años después del sermón de Reagan, Biden afirma: “Simplemente, éstas son inversiones que debemos hacer. Dicho de otra manera, no podemos darnos el lujo de no hacerlas”.
El plan comprende 621.000 millones de dólares para el transporte público de los cuales el 28 % iría para el desarrollo de vehículos eléctricos, y 115.000 millones para reparar puentes y autopistas; 85.000 millones para el transporte público.
Unos 213.000 millones de dólares irían para la construcción, mantenimiento y reacondicionamiento de más de dos millones de viviendas asequibles y edificios comerciales; 110.000 millones de dólares para la construcción o modernización de escuelas públicas y 100.000 millones de dólares para expandir las redes de banda ancha de alta velocidad en todo el país.
Biden propuso financiar eso y mucho más con un aumento al 28 % de los impuestos que pagan las grandes corporaciones, medida que si llegara a aprobarse dejaría los tributos empresariales aún por debajo de lo que Reagan obtuvo en 2017. Biden también quiere subir al 21 % el impuesto mínimo que pagan las corporaciones transnacionales.
Obviamente, y como podía esperarse, los republicanos en el Congreso se oponen a esta gravísima transgresión del evangelio conservador y los que hacen más alharaca la denuncian como los primeros pasos para el establecimiento del comunismo en Estados Unidos. Hasta ahora, todo lo que los republicanos parecen dispuestos a aceptar es un paquete de unos 800.000 millones de dólares.
Pero aquí tal como allá las obras públicas son una tentación jugosa: el gasto del gobierno genera empleos, promueve fábricas, inaugura hospitales y carreteras, da oportunidades para que los políticos, sea cual sea su filiación, figuren en la apertura de puentes y ganen votos en sus distritos.
En el curso de las negociaciones en marcha entre la Casa Blanca y el Congreso para llegar a un compromiso, quizá se aplique el dicho de Martín Fierro “hasta la hacienda baguala, cae al jagüel con la seca”.
