A poco más de 100 días del decisivo plebiscito de salida para la nueva Constitución el gobierno de Gabriel Boric enfrenta severos tropiezos. Algunos adjudicables a cuenta propia, otros a disensos entre las coaliciones parlamentarias que lo apoyan, facilitando la ofensiva de una desatada oposición.
Lo que ha pasado con el proyecto del gobierno, proponiendo un estado intermedio, para enfrentar la conflictiva situación en la macrozona sur es grave. No contó con el apoyo de su coalición-Apruebo Dignidad- obligándolo a reponer el estado de excepción constitucional que había levantado, con todos los costos políticos que ello implica.
La derecha celebra alborozada. Los camioneros aplauden. De comunidades mapuche se escucha indignación. Apruebo Dignidad lamenta. Sólo el llamado socialismo democrático se cuadró anticipadamente con lo que resolviera el Presidente. Quedan al desnudo debilidades políticas al interior del oficialismo. Y no es un tema menor.
La pregunta es cual era la alternativa. ¿Reforzar los servicios policiales, desprotegiendo otras zonas del país? Sebastián Piñera creó el famoso “Comando Jungla”, con una dotación policial entrenada en Colombia. Y allí están los resultados. Es más que evidente que los servicios policiales- con Carabineros afectado por graves casos de corrupción en sus últimos altos mandos – no pueden garantizar el orden público en la Araucanía, enfrentando no tan sólo a grupos paramilitares armados, sino también a las mafias dedicadas al robo de la madera y el narco tráfico, requiriéndose hoy de medidas excepcionales para, al menos, proteger las carreteras y lugares críticos.
Pero es igualmente evidente que se trata de una medida de emergencia que no resuelve el problema de fondo. El estado de emergencia constitucional no puede mantenerse indefinidamente, como proponen algunos, sin un grave menoscabo a las libertades públicas y la sana convivencia democrática.
El desafío en la Araucanía no es primordialmente un tema de seguridad pública, por más que lo integre. Se arrastra desde los inicios de nuestra historia como estado, agravado por una guerra de conquista, expoliación y de exterminio por parte del Estado chileno, así como una política de asimilación, aplicada infructuosamente por sucesivos gobiernos, negándose a reconocer la plurinacionalidad territorial y los derechos ancestrales de los pueblos originarios.
En este sentido, la propuesta constitucional en elaboración lejos de ser “indigenista” constituye un importante avance que requiere de una decidida política de reparación, devolución de tierras y reconocimiento de los derechos ancestrales del pueblo mapuche y las otras etnias originarias.
Por cierto, todo lo anterior no exime la responsabilidad del gobierno y el Estado de asegurar el orden público, reprimir la violencia y enfrentar la acción del crimen organizado. Siempre en el marco del estado de derecho y con pleno respeto por los derechos humanos.
Sin lugar a dudas, la salida es política y el camino es el diálogo y la búsqueda de acuerdos. Hay sectores minoritarios que han optado por la resistencia armada y no están disponibles para este desafío mayor. Tan sólo queda persuadirlos o aislarlos resueltamente, en base a un diseño integral de políticas públicas hacia los pueblos originarios, sin perjuicio de reprimir y perseguir todo acto de violencia o llamados a la subversión, como el formulado por Héctor Llaitul, líder de la CAM.
El tema ineludible de la violencia
No es del todo evidente que el país esté viviendo el peor momento en materia de seguridad ciudadana (es cuestión de acordarse de los tiempos de la dictadura). Un fenómeno que viene de antiguo y que se ha ido incrementando en los últimos años.
Pero es necesario reconocerlo y asumir la complejidad de una inquietud ciudadana más que urgente. Si una banda de delincuentes puede asaltar la casa de la ministra de Defensa, o un carabinero de la escolta presidencial es secuestrado y herido, nadie puede estar seguro. Ni en sus casas, los colegios o la vía pública.
El asesinato de la periodista Francisca Sandoval por delincuentes armados en plena vía pública, las innumerables balaceras en los barrios, la violencia en los colegios, además de los portonazos, asaltos y secuestros, crean un clima de inseguridad, que interpela no tan sólo al gobierno y las policías sino a todo el país.
Históricamente la izquierda arrastra un déficit en materia de seguridad ciudadana, que urgentemente requiere superar. Más aún desde sus responsabilidades en el actual gobierno. Y ello requiere de un diseño integral, proporcional a la magnitud del desafío. La redistribución parcial del contingente policial es solo una medida de emergencia que no cubre las necesidades de todas las comunas vulnerables ni ataca el fondo del problema que hoy día enfrenta el país.
La desmilitarización de las policías, que incluye la propuesta de nueva constitución, debe ir aparejada con una profunda reforma de los servicios policiales. Una clara dependencia del poder civil, mayores recursos humanos y materiales, mayor inteligencia policial, así como una nueva forma de vincular su acción con la comunidad organizada.
Pero todo aquello no es suficiente para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público sino va aparejado con un compromiso de todo el país- sector público, privado, el amplio espectro político y la comunidad organizada- con este sensible tema. Un verdadero pacto país, como ha propuesto el subsecretario de prevención del delito.
La propuesta de nueva constitución en fase decisiva
Con las 499 normas aprobadas por más de dos tercios de los convencionales, se pone fin a una etapa y se entra en el proceso de armonización, además del preámbulo y las normas transitorias, que darán forma a la propuesta que será sometida a su ratificación en el plebiscito de salida, el próximo 4 de septiembre.
Más allá de las descalificaciones y la intensa campaña mediática de descrédito del proceso, es preciso reconocer que los convencionales, en su más amplia diversidad, realizaron un fecundo trabajo cuyos resultados ciertamente no pueden satisfacer a todos los sectores, incluidos aquellos representados en la propia convención. Todos, unos más, otros menos, debieron ceder en sus posiciones iniciales (excepto parte de la derecha, con una postura ideológicamente irreductible) para concluir en acuerdos sustantivos que pueden ser compartidos por una amplia mayoría nacional.
Es preciso reconocer que estamos ante una propuesta razonable, – que aún puede admitir perfeccionamientos en su etapa de armonización – que responde a las expectativas puestas en el proceso, abriéndole el camino a los cambios y transformaciones que una amplia mayoría ciudadana demanda y que se manifestó en el estallido social que tuvo en las cuerdas al gobierno de Sebastián Piñera. Un pequeño gran factor que resistentes y renuentes al cambio se esmeran en olvidar.
No es tiempo para artilugios demagógicos. Dar por fracasado el proceso o intentar dibujar una tercera vía, con propuestas tan estrambóticas como resucitar la propuesta de nueva constitución redactada durante el gobierno de Michelle Bachelet, volver a la constitución de 1925, devolver las facultades constituyentes al congreso o convocar a un nuevo proceso constituyente, tan sólo llevan agua al molino del Rechazo
Nada justifica, como no sea la defensa de intereses o una extrema ideologización, la intensa campaña del terror en base a infundios y falsedades desatada por la derecha y sectores empresariales, a la que se han sumado sectores de centro derecha que ya hace bastante tiempo abandonaron las fronteras del progresismo.
La propuesta de nueva constitución debe ser juzgada en su propio mérito, en lo que verdaderamente propone y no en lo que indebida e injustificadamente se le atribuye. Sin perder de vista las causas que llevaron a este proceso.
¿Quién difunde las opiniones de las mujeres, con la consagración de sus derechos y la paridad de género? ¿De los trabajadores, con el derecho a huelga, incluido el sector público en la negociación de sus salarios y condiciones laborales? ¿De las regiones, con el proceso de descentralización? ¿De las etnias originarias, con reconocimiento de sus derechos ancestrales? ¿De los sectores más vulnerables y el establecimiento de nuevos derechos garantizados? ¿De la protección del medio ambiente? Y, finalmente ¿De la superación del mentado estado subsidiario, con uno social y democrático de derechos?
Aún restan cerca de 100 días para el plebiscito ratificatorio. El partido no está jugado y los partidarios del apruebo están desafiados a un gran ejercicio de pedagogía política y social. No tan solo para enfrentar la interesada e infundada campaña de descrédito del proceso constituyente, sino también resaltando los muchos méritos y aciertos de la propuesta de nueva constitución, que apunta a una nueva distribución del poder y a un norte claro para el futuro del país.
