Es difícil determinarlo. Pero lo cierto, es que el presidente Boric, por primera vez, admitió públicamente la posibilidad que se impusiera el rechazo, afirmando que el gobierno baraja todas las alternativas. El presidente pudo optar por una respuesta formal, afirmando que el gobierno no podía especular con escenarios inciertos y que tomaría sus decisiones una vez conocido el pronunciamiento de la ciudadanía, pero admitió la posibilidad que triunfe el rechazo.
Eso bastó para que se desataran todo tipo de especulaciones, a la par de creativas propuestas para enfrentar el hipotético escenario. Como retomar la propuesta de nueva constitución elaborada durante el gobierno de Michelle Bachelet que, en su momento, la derecha rechazó cerradamente. O devolver la facultad constituyente al congreso, en donde la derecha tiene poder de veto. Convocar a una nueva convención constituyente. Es decir, la ansiada tercera vía que ha propuesto la derecha.
Es muy pronto para especular con ese escenario, cuando aún no hay una propuesta acabada, la convención no termina de despachar el informe de las comisiones y falta la etapa de armonización y el cronograma de implementación de la nueva institucionalidad. Aún los chilenos y chilenas no tienen una propuesta para pronunciarse.
Es verdad que la mayoría de las encuestas conocidas señalan que se ha incrementado la opción por el rechazo y crecería la desconfianza en la convención constituyente. Pero también se sabe que las encuestas, fuertemente influidas por la intensa campaña de descrédito animadas por la derecha y los poderes fácticos (a la cual se han sumado algunos sectores de centro derecha), se equivocan. Son una radiografía del momento, sin valor predictivo. Falta conocer la propuesta de nueva constitución y aún no se despliega una campaña por el apruebo. Y que nadie sabe como votará el amplio universo de ciudadanos que tradicionalmente se abstenía y que en el plebiscito de salida están obligados a concurrir a votar, so pena de multas pecuniarias.
La campaña de rechazo del proceso constituyente se inició aún antes que se instalara la convención, alcanzando un 20 % de las preferencias. Y es más que evidente que ha ido creciendo, en base a una verdadera campaña del terror, falsedades y desinformación.
Los presidentes de las seis ramas que integran la Confederación de la Producción y del Comercio, liderados por Juan Sutil, han señalado sus críticas a los avances del proceso constituyente, que más bien son una defensa de sus privilegios e intereses corporativos, afirmando que tiende al debilitamiento del sistema político, una justicia discriminatoria y sujeta a las presiones del poder político, el debilitamiento del derecho de propiedad. Serias críticas a la plurinacionalidad, cuestionamiento la consulta indígena, contemplada en tratados internacionales suscritos por nuestro país, el estatuto de bienes naturales y derechos de agua, la libertad de emprender y la negociación por rama y subcontratación. Es decir, el pliego de peticiones de los empresarios.
Hay sectores que han ido bastante más lejos, sosteniendo que los artículos aprobados afectan la unidad e integridad de la nación. Otros alertan en contra la expropiación de los ahorros previsionales. Y algunos más extremos porque se expropiarían las viviendas personales.
Una apuesta osada por el rechazo
Pareciera que el empresariado, la derecha y sus potenciales aliados olvidaran el origen del proceso constituyente. Un estallido social que remeció al país y puso en jaque al gobierno anterior. El acuerdo del 15 de noviembre, suscrito por la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria (incluida la derecha), ofreció una salida política e institucional al conflicto. Cerca de un 80 % de los chilenos aprobó el proceso constituyente, que obviamente implicaba una modificación sustantiva, y no meramente cosmética, de la actual institucionalidad. Y hoy, próximo a culminar ese proceso, aún antes de conocer la propuesta, un sector del país pretende que el proceso retorne a fojas cero, desconociendo los claros avances logrados en la convención, aprobados por mayorías que superan los dos tercios establecidos.
Es una apuesta muy arriesgada. La constitución de 1980, con sus sucesivas modificaciones, está obsoleta. El país requiere de una nueva carta magna que le abra el camino a los cambios y transformaciones que una mayoría ciudadana demanda. El rechazo a la propuesta de una nueva constitución arriesgaría a un largo periodo de inestabilidad institucional y graves tensiones sociales y políticas, sin descartar la posibilidad de nuevos estallidos sociales.
El plebiscito ratificatorio
La mejor opción que tiene el país es aprobar la propuesta de nueva constitución que presente la convención, incluidas las reformas de los quorum necesarios para futuras modificaciones, que no contemplan los quórums supra mayoritarios establecidos en la actual carta fundamental.
La nueva constitución no es un punto de llegada sino uno de partida para superar el neoliberalismo y dejar atrás la pesada herencia del régimen militar, avanzar hacia un estado social y democrático de derechos, con igualdad de género, respeto del medio ambiente, reconocer el carácter plurinacional de nuestra nación y avanzar en una descentralización y regionalización efectiva.
En cualquier caso, en el actual contexto, es difícil imaginar que el plebiscito ratificatorio pueda constituirse en un lugar de encuentro como lo ha propuesto el presidente. Todo apunta a una polarización entre los partidarios del apruebo y los del rechazo, que puede dividir al país entre los partidarios de la restauración del viejo orden, con cambios meramente cosméticos (que todo cambie para que todo siga igual), y aquellos partidarios de los cambios y transformaciones. Probablemente el piso del apruebo no parte del 80% de los chilenos y chilenas que aprobaron el proceso constituyente, sino del 55 % de los votos alcanzados por el presidente Boric en la segunda vuelta.
Ello apunta a la necesidad de desplegar una intensa campaña de pedagogía política para destacar los avances de la propuesta de nueva constitución y desmentir las falseades e infundios que se han tejido en torno a algunas propuestas, que no han tenido los quórums necesarios para su aprobación, o que admiten más de una interpretación.
Esa no es una tarea del gobierno, que debe guardar una cierta prescindencia en la campaña. Ni siquiera, exclusivamente de los partidos. Es una tarea de todos los que aspiran a construir un país mejor. Mas inclusivo, justo y solidario. No es el gobierno el que se juega su suerte en el plebiscito de salida, aunque, sin lugar a dudas, quedaría debilitado y su programa de transformaciones en riesgo. Es el país el que enfrenta la compleja disyuntiva de avanzar hacia el futuro, o quedar preso de su pasado.
El resultado del plebiscito no lo decidirán los partidos de gobierno o de oposición. Lo resolverán los ciudadanos. Aquellos que se movilizaron a lo largo del país exigiendo cambios y transformaciones. Entre ellos, una nueva constitución. Los trabajadores, los emprendedores, las mujeres, los jóvenes, la clase media, los artistas y profesionales, que aspiran a un nuevo Chile, más justo y solidario. Y ellos representan a la inmensa mayoría del país.
