Los primeros cien días de gobierno resultan más bien decepcionantes (como lo reflejan las encuestas) para muchos (as) de quienes lo votaron pensando que con su elección se acababa la delincuencia, que se produciría una masiva salida de inmigrantes ilegales, de manera voluntaria o forzada, que la economía volvería a crecer de manera impetuosa y se incrementaría el empleo. Fue el propio mandatario el que alimentó esas altas expectativas que, al final, resultaron “metáforas”, imposibles de materializar en un corto tiempo.
En materia de seguridad, la principal promesa de campaña de
José Antonio Kast y la razón principal de su victoria, en medio de una intensa campaña del terror, realmente muy poco. Como no sea la salida de la exministra Trinidad Stainer y su reemplazo por Martín Arrau, militante del partido republicano, que rápidamente reemplazó los dos subsecretarios de la cartera por personas de su confianza. Para quienes, contra toda lógica, esperaban resultados inmediatos y dramáticos, el balance es decepcionante.
La verdad es que, al igual que el resto de la región, el país enfrenta la formidable amenaza del crimen organizado, que no tan sólo cuenta con presencia de bandas internacionales de diversa procedencia (venezolana, colombiana, China e incluso albanesa), con alto poder de fuego e ingentes recursos con los que buscan capturar poder estatal. La reciente denuncia de 16 policías involucrados en actividades delictivas es una preocupante prueba de lo anterior. Delitos como el secuestro, el sicariato o la extorsión, son delitos que se han masificado como prácticas habituales de estas bandas internacionales.
No hay balas de plata o varitas mágicas para enfrentar de raíz estas amenazas como no sea incrementar la inteligencia policial, coordinar de mejor manera los diversos servicios policiales, reforzar el resguardo de las fronteras, adunas y puertos. Y perseguir la ruta del dinero. La detención de dos ejecutivos bancarios (Santander y Banco Estado) involucrados en lavado de activos del crimen organizado, demuestra la importancia de seguir la ruta del dinero. Resulta incomprensible que el parlamento aun no apruebe el levantamiento se secreto bancario, que es indispensable para seguir esa ruta.
En relación con la situación económica las noticias no son mas alentadoras. Las proyecciones de crecimiento para el presente año van a la baja, llegando a un 1 % para el presente año., como lo ha anunciado el Banco Central recientemente. El famoso proyecto de reconstrucción nacional propuesto por el ejecutivo aprobado en primer trámite por la cámara de diputados con los votos de la derecha y el PDG, representa serios riesgos para las finanzas públicas, tal cual lo han advertido organismos como el consejo fiscal autónomo, beneficiando al 1 % más rico de la población y obligaría al fisco a un mayor endeudamiento que se acerca al nivel estimado como prudente. El recorte del gasto fiscal en 6.000 millones de dólares decretada por el ministerio de Hacienda, bajo la premisa que con menos se puede hacer más, inevitablemente impactará beneficios fiscales y el despido de miles de funcionarios públicos.
Finalmente, el gobierno ingresó sus indicaciones al proyecto de sala cuna universal, incorporando una fórmula de financiamiento que desviste un santo, el seguro de cesantía, para vestir el esmirriado objetivo esencial. Con una implementación gradual de cuatro años.
La decisión de traspasar a los consumidores el alza coyuntural del precio del petróleo ha impactado duramente la actividad económica y a la población. Es de esperar que con la misma celeridad se traspase la baja que se ha generado con el acuerdo entre Irán y EE. UU. que supuestamente pone fin al conflicto. Los números no mienten y aún están lejos.
Respecto de los deudores del CAE, fue la propia exministra Carolina Tohá la que reconoció que el proyecto de condonación estuvo mal diseñado. Es de toda justicia que aquellos beneficiarios con ingresos superiores a los cinco millones de pesos mensuales paguen su deuda y que aquellos con ingresos superiores a los tres millones programen su puesta al día. Pero el camino no puede ser embargar sus bienes o retirar el dinero de sus cuentas corrientes. Y es evidente que se requiere condonar la deuda de aquellos sectores con ingresos menores, que simplemente no pueden pagar.
Cada día puede ser peor
Así, el gobierno ha cumplido sus primeros cien días de mandato con un balance muy discreto. La mala noticia es que le restan más de 1200 días de mandato y cada día puede ser peor. Ya el presidente de CODELCO, Bernardo Fontaine formalizó la propuesta de abrir la empresa estatal a la inversión privada, bajo el supuesto que es más eficiente que el estado a la hora de administrar la principal riqueza del país. Todo aquello precedido por una intensa campaña de descrédito a la gestión de la anterior administración. En verdad CODELCO ha sido el oscuro objeto del deseo del sector privado, así como de los grandes consorcios mineros internacionales, luego que fuera nacionalizado durante el gobierno de Salvador Allende. La defensa de la principal empresa estatal debe convertirse en una causa nacional que traspase banderías políticas, bajo la consigna de con CODELCO no.
De la misma manera, la televisión pública estáen serio riesgo de desaparecer tal cual la conocemos. Evidentemente el modelo de televisión estatal requiere de una profunda reformulación para cumplir adecuadamente su función. Tanto en su programación como en su modelo de funcionamiento. En estos días se anuncia la venta de su edificio institucional, que bien pudiera ser el inicio de su desmantelamiento. El país requiere de una televisión pública que garantice el pluralismo informativo y debe concurrir a su financiamiento.
Con relación a los condenados por delitos de lesa humanidad, el gobierno aún no despliega su agenda, salvo retrotraer la decisión la administración anterior de transformar Punta Peuco en un penal común, manteniendo el carácter de especial, reservado a los condenados por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha asegurado que el gobierno está estudiando caso a caso conceder indultos a mayores de edad afectados por enfermedades graves, sin discriminar el tipo de delitos por los que fueron condenados. Aún resta por conocer que pasará con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el museo de la memoria o el plan de búsqueda de detenidos desaparecidos.
En el terreno propiamente político, el gobierno no cuenta con una verdadera coalición en apoyo de su gestión. Conviven en su interior varias almas. Una representada por la ultraderecha, en la cual reconoce filas el propio presidente de la república, otra que representa a la derecha tradicional, en donde se inscribe el ministro del Interior, Claudio Alvarado y el titular de la SEGPRES, José García Ruminot, un alma tecnocrática, en donde debe inscribirse el todavía poderoso titular de Hacienda, Jorge Quiroz, además de aquellos acaudalados ministros que provienen del sector privado. Inevitablemente, esa diversidad genera tensiones y diferencias, entre quienes buscan refundar el país y restaurar un orden conservador (donde no es un detalle menor el rol del propio J. A. Kas), y aquellos que reconocen la necesidad del dialogo y la negociación para hacer avanzar la agenda gubernamental.
Aquella es una tensión permanente al interior del gobierno. El oficialismo optó por pasar la aplanadora en la cámara de diputados para aprobar su mega reforma, pero enfrenta un serio dilema en su tramitación en el senado, en donde podría ganar por uno o dos votos, sin negociar nada, u optar por la vía de la negociación, buscando aprobarla por mayorías más amplias, que le entregue mayor legitimidad.
El desenlace es más que incierto teniendo a la vista el enrarecido clima político generado por la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau. La acusación en contra del extitular de Hacienda apoyada por la ultraderecha y parte de la derecha tradicional, alentada por Pamela Jiles y la mayoría del zigzagueante PDG, refleja las tensiones al interior del bloque oficialista. Pese a los débiles argumentos jurídicos y factuales en que se funda, aquella mayoría oficialista optó por votarla favorablemente en la cámara baja, sin considerar los problemas políticos que se le generan al gobierno, pese a que todo apuntaría a que sería rechazada en el senado.
Falta aún por conocer las definiciones del gobierno respecto de la política exterior, aunque todo indica que continuará alineado con el gobierno de Donald Trump y los gobiernos de ultraderecha que dominan la región. Sería un avance que el actual gobierno consiguiera el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Bolivia, cuyo gobierno enfrenta una severa crisis política, además de consolidar la relación con Perú, que muy probablemente será gobernado por Keiko Fijimori en los próximos años. Brasil es capítulo aparte. Todo apunta a que Ignacio Lula da Silva conseguirá un nuevo mandato y habrá que ver qué tipo de relación se establece entre un gobierno progresista y otro de ultraderecha.
Como lo demuestran las encuestas, entre ellas la reciente del CEP, la inmensa mayoría del país rechaza los experimentos refundacionales. Es partidaria del diálogo y la construcción de acuerdos. Demanda mayor seguridad y protección social. Reconoce el rol insustituible del estado para impulsar el crecimiento y garantizar la protección social. Está a favor de mayor justicia tributaria y más igualdad. Reconoce el valor universal de los derechos humanos y apoya los componentes esenciales de un sistema democrático. En resumen, Chile no es un país que haya dado un giro a la ultraderecha, como estimulan algunos medios de reconocida trayectoria autoritaria. No sería inoficioso que el gobierno analizara con mayor detención lo que estas encuestas dicen entre líneas.
