En las últimas semanas los medios han cubierto asiduamente las discusiones sobre el proyecto de ley (PdL) para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social. El objeto de esta columna es explicar por qué a gran parte de los economistas, de todos los colores políticos, nos parece un proyecto que pone en peligro la estabilidad económica y social.
En primer lugar, de reconstrucción tiene poco: de los más o menos US$4.000 millones en medidas propuestas sólo US$400 millones, un 10%, corresponden a la reconstrucción de los desastrosos incendios de Quilpué-Viña del Mar y Maule-Bio Bio. Por lo tanto, el corazón del PdL está en otro lado y corresponde a las medidas relacionadas con el “desarrollo económico y social”.
En segundo lugar, las medidas de desarrollo se concentran en la rebaja de impuestos. Esto por varias vías: la reducción del impuesto a las utilidades de las empresas de 27% a 23%; la reducción de los impuestos a las personas de altos ingresos integrando de los impuestos personales con los de las empresas, esto es, que los impuestos que pagó la empresa se descuenten de los impuestos que deben pagar los accionistas y propietarios por la distribución de utilidades y dividendos; y por la rebaja de impuestos a las empresas que mantengan sus actuales niveles de empleo. Además, propone eximir de impuestos territoriales a todas las personas mayores de 65 años por la vivienda principal, beneficio que a lo largo del tiempo irá erosionando los ingresos fiscales a medida de nuestra población envejezca.
Todo esto en una situación en que el Fisco ha estado en déficit desde el año 2013 con la excepción del año 2021, cuando la economía se reactivó post pandemia. A lo largo del tiempo los déficits se han visto reflejados en un aumento de la deuda pública, desde poco menos de 4% del PIB en 2013 a niveles hoy cercanos al 45% del PIB, nivel que se considera un límite prudencial adecuado para nuestra economía. Además, nos hemos gastado los ahorros que el país había acumulado durante el super ciclo de precios del cobre. El saldo en el Fondo de Estabilización Económica y Social, donde se ahorró la mayor parte de los excedentes del cobre, pasó de US$15.420 millones en 2013 a US$3.890 millones al cierre de 2025.
En vista de que esta situación se arrastra ya por mucho años, las agencias que califican el riesgo de prestarle a gobiernos (Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s) ya nos habían clasificado en un nivel de mayor riesgo ¾rebajando la clasificación¾ en 2021. En la práctica eso significa que Chile se ha ido poniendo, paulatina pero sistemáticamente, menos atractivo como deudor. La consecuencia es que aumenta la tasa de interés a la que obtenemos préstamos y, como el “riesgo país” aumenta, los potenciales inversionistas exigen mayores utilidades para arriesgar sus capitales en Chile.
Al rebajar los impuestos, como propone el PdL del gobierno, se agravará el déficit fiscal tanto durante el período de este gobierno como en los años sucesivos. El gobierno acepta que eso es así, pero insiste en rebajar los impuestos.
Para paliar, no solucionar, la situación el gobierno propone reducir el gasto público y endeudarse más, posiblemente superando el 45% del PIB. Ante esa perspectiva han reaccionado críticamente el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), el Fondo Monetario Internacional y dos de las tres grandes agencias clasificadoras de riesgo. Las críticas se deben, en lo fundamental, a que la rebaja de impuestos no podría ser compensada por un recorte equivalente del gasto público debido a las obligaciones legales y el envejecimiento de la población.
El raciocinio económico del gobierno es que las rebajas tributarias promueven el apetito por invertir en el país. Al aumentar la inversión aumentará el empleo. Esta combinación eleva la tasa de crecimiento de la economía. Si la economía crece más, la recaudación de impuestos aumenta. Algún día, la combinación de reducción del gasto público y el aumento de la recaudación de impuestos producida por el crecimiento eliminará el déficit. De esta forma la deuda como porcentaje del PIB disminuiría paulatinamente y volveríamos a estar dentro del margen prudencial de deuda.
El problema con este raciocinio es que no ha funcionado en ninguna parte, porque el crecimiento no genera tanta más recaudación y es muy difícil reducir el gasto público de forma permanente. Ejemplos de estos fracasos abundan. Los más destacados: Thatcher en Inglaterra, Reagan y Trump I en los EEUU.
En consecuencia, lo que parece haber detrás de sus propuestas en materia de impuestos tiene más que ver con obligar a este gobierno y los futuros a reducir la participación del Estado en la economía y la sociedad.
Como eso no lo puede garantizar simplemente bajando los impuestos ahora, para asegurar la permanencia del nuevo sistema impositivo y la consecuente reducción del tamaño del Estado, el PdL propone adoptar una “invariabilidad tributaria” por un cuarto de siglo. Este sería el candado legal para el nuevo sistema tributario. Por eso el ministro de Hacienda no está disponible a eliminarla o a limitarla mayormente.
Como evidencia lo descrito, el objetivo principal, si no único, del PdL es privar al Estado de recursos y asegurar que el sistema tributario que propone quede tan enraizado que no sea posible desarmarlo. Si el lector encuentra una similitud a las declaraciones de Jaime Guzmán respecto de la Constitución de 1980, no se equivoca.
