La reciente encuesta del CEP de abril-mayo, realizada con entrevistas en una muestra aleatoria y cara a cara, aunque con alguna frecuencia realizando preguntas sesgadas que inducen las respuestas, indica que respecto a un año atrás los tres problemas principales a los que el gobierno debería dedicar el mayor esfuerzo siguen siendo la seguridad, con 58-57% de menciones, la salud, con 40-42%, y la educación, con 25-28%. Las pensiones pasaron de un 24% a un 18% de menciones, el empleo se mantuvo en 17-18%, la pobreza en 17-16% y la vivienda en 11%, mientras la inmigración pasó de 22 a 13%.
Esta encuesta, como otras, muestra que este núcleo de temas es el que refleja las principales preocupaciones de la ciudadanía. La explotación de la inquietud por la inseguridad y la inmigración hicieron a Kast y la extrema derecha ganar la elección presidencial, aunque no tenía planes precisos y sus promesas de acción inmediata resultaron ser “metáforas” o “parábolas”. Esto le ha valido una sustancial pérdida de popularidad en los primeros tres meses de gobierno, mientras permanece la preocupación por la seguridad de manera notoria. En cambio, pasado el período electoral de 2025, la inmigración parece haber dejado de ser una preocupación omnipresente, aunque un 40% piensa que los inmigrantes le quitan el trabajo a las personas nacidas en Chile -lo que es básicamente falso, pues acceden a puestos de trabajo que muchos chilenos no están dispuestos a ocupar o para los que no tienen competencias suficientes- y un 55% se pronuncia por prohibirla. Un 36% cree que los inmigrantes son un aporte para la economía y un 32% que no lo son.
El ambiente general sigue sin ser positivo. Solo un 18% considera hoy que el país está progresando. Al finalizar el período de Bachelet I, esta valoración se situaba en 57% y al finalizar Piñera I lo hacía en 47%. En Bachelet II mantuvo un rango de 13-30%, en Piñera II uno de 6-16% y durante Boric uno de 12-20%
En materia de instituciones, un 54% cree que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. La adhesión a la democracia en Bachelet II alcanzaba al 64% y cayó a 49% al finalizar Piñera II. La cifra de abril-mayo de 2025 es similar a la del inicio del gobierno de Boric, que al terminar había bajado a 47%. Solo un 16% prefiere hoy un régimen autoritario, con rangos que se han situado entre 13 y 23% en los últimos años, por lo que no parece existir un vuelco antidemocrático. Pero la preferencia explícita por la democracia ha disminuido y la suma de los indiferentes en la materia es hoy de 32%, con una cima que llegó a 38% durante Boric. A su vez, los que se identifican con algún partido político habían pasado de un rango de 39-48% durante Bachelet I a 14-24% durante Piñera II y a 28-42% durante Boric. Llegó a un 44% en abril-mayo de 2026, lo que refleja una recuperación de la identificación con partidos políticos desde el escaso 14% que se registró durante la rebelión social de 2019.
En materias económicas, la encuesta CEP muestra que:
– si en 2015 y en 2026 un 24% de los encuestados coincidía con la afirmación según la cual “este país estará mejor mientras menos participe el Estado en la economía”, en 2026 la proporción de los que no coinciden con ella subió de un 33% a un 48%;
– un 41% está en desacuerdo “con la estrategia del gobierno de reducir el gasto público para mejorar la situación de las finanzas públicas” y solo un 34% está de acuerdo;
– un 71% cree que hay un conflicto entre la gente pobre y la gente rica (la proporción era de 62% en 2012) y un 62% cree que lo hay también entre trabajadores y empresarios (era de 71% en 2012);
– un 84%, a comparar con un 71% en 2016, está muy preocupado con enfrentar alguna enfermedad grave y no ser capaz de pagar los costos no cubiertos por el sistema de salud;
– un 78%, a comparar con un 72% en 2016, está muy preocupado con no llegar a tener una pensión adecuada al momento de jubilarse.
Por su parte, la Encuesta ICSOH-UDP de junio de 2026, en base a un panel ponderado en línea de Ipsos y con preguntas sobre temas similares, pero con otras formulaciones, muestra que:
– un 71% considera que el Estado debería intervenir mucho o bastante en la economía y en el bienestar de los chilenos y solo un 6% que debería hacerlo poco o nada;
– un 97% cree que es responsabilidad del Estado garantizar una salud de calidad cuando las personas no pueden acceder a ella por sus propios medios, un 94% en pensiones, un 91% en vivienda, un 90% en transporte público, un 85% en empleo, otro tanto en educación universitaria y un 63% en acceso a Internet;
– un 56% está en desacuerdo con la afirmación según la cual “vale la pena reducir algunos derechos laborales si eso permite que las empresas contraten más trabajadores”, y solo un 21% está de acuerdo con ella;
– un 52% está en desacuerdo con la afirmación según la cual “es preferible una economía que crece rápido, aunque aumente la desigualdad entre ricos y pobres”, y solo un 16% está de acuerdo con ella;
– un 51% está en desacuerdo con la afirmación según la cual “vale la pena sacrificar la protección ambiental si eso genera más empleos”, y solo un 23% está de acuerdo con ella;
– un 25% está en desacuerdo con la afirmación según la cual “vale la pena tener un Estado más grande y costoso si eso garantiza mejores servicios para todos” y, en cambio, un 40% está de acuerdo con ella.
En materia de impuestos, las opiniones varían en esta encuesta con el tipo de pregunta. Un elevado 66% está de acuerdo con la afirmación según la cual “el problema en Chile no es que los impuestos sean bajos, sino que el Estado gasta mal lo que recauda”, mientras solo un 8% está en desacuerdo con ella. No obstante, los datos indican que la carga tributaria en Chile es menor que en países de América Latina como Brasil Argentina y Uruguay y mucho menor que en los de altos ingresos de la OCDE, mientras la efectividad del gobierno medida por el Banco Mundial es inferior a la de Alemania y Estados Unidos pero muy superior a la de México, Brasil, Perú o Argentina. La adhesión a esta afirmación se acompaña, paradojalmente, de posturas en otro sentido:
– un 64% está de acuerdo con la afirmación según la cual “es justo que las personas que ganan más dinero paguen impuestos mucho más altos que el resto” y un 13% está en desacuerdo;
– solo un 29% está de acuerdo con la afirmación según la cual “bajar los impuestos a las empresas es la mejor manera de generar empleo y crecimiento”, mientras un 37% está en desacuerdo;
– solo un 11% está de acuerdo con la afirmación según la cual “prefiero pagar menos impuestos, aunque eso signifique menos servicios públicos, como la salud o la educación”, mientras un 54% está en desacuerdo.
En suma, son mayoritarias en el país las opiniones según las cuales el Estado debe intervenir en la economía, promoverla y sostener políticas sociales con impuestos que financien los servicios públicos, aunque con críticas a la gestión gubernamental, junto a una adhesión a la democracia mucho más alta que su rechazo.
Esto no es extraño si se tiene en cuenta que son débiles y cuestionables los argumentos a favor de una sociedad de mercado basada en la lucha de los individuos por su interés particular y en favor del autoritarismo. La interacción individual sin interferencias redundaría en la mejor asignación posible de los recursos y tendería al equilibrio, sostenida por una autoridad fuerte para producir orden sin incidir en las decisiones económicas: esta es básicamente -acompañada de valores culturales ultraconservadores- la visión del actual gobierno. El problema es que encubre una defensa de relaciones sociales basadas en la dominación asimétrica de poderes económicos que crea subordinación, amplias desigualdades, abusos, discriminaciones sistémicas y depredaciones. Y lleva a disminuir la capacidad de convivir de manera sostenible e incluso, en el extremo, a la destrucción de las instituciones democráticas, reemplazadas por formas plutocráticas y oligárquicas de gobierno, como ocurre hoy en Estados Unidos.
En cambio, existen argumentos consistentes para afirmar que es preferible la opción de organizar la vida social y económica en base a la integración a través del trabajo remunerado de manera justa, junto a mecanismos de reciprocidad general -cada persona aporta a la sociedad y recíprocamente recibe aportes de ella- y de solidaridad colectiva. Se puede servir así el objetivo de obtener una prosperidad compartida y un crecimiento sostenible, con mayor capacidad, además, de hacer retroceder las conductas ilícitas y la economía ilegal. Esto incluye la operación, junto a una esfera pública y social sólida, de una esfera de intercambio descentralizado con iniciativas económicas privadas, reguladas en función del interés general. Este solo puede ser determinado periódicamente por las instituciones democráticas. Se trata de un modelo de Estado democrático y social de derecho que, bien gestionado, no garantiza ningún paraíso, pero puede permitir crear condiciones institucionales y económicas para que la vida humana se desenvuelva con dignidad, sostenibilidad y oportunidades igualitarias de construir proyectos de vida autónomos. Esto implica desmercantilizar y proteger desde la esfera pública los bienes comunes, redistribuir recursos y regular los mercados en beneficio del consumidor y de las empresas que innovan de manera sostenible.
Habemos quienes postulamos que la llegada por las urnas de la extrema derecha al gobierno en Chile es una vergüenza histórica que no debiera haber ocurrido. Y que se explica, sobre todo, por los deterioros, errores y debilidades del campo progresista y no por circunstancias inexorables. Este campo político se fracturó e hizo perder credibilidad y prestigio a la función de gobierno: al finalizar la administración Bachelet I el 56% de la ciudadanía tenía mucha o bastante confianza en el gobierno, pero pasó de 32% a 5% entre el inicio y el final de Bachelet II y osciló entre 15 a 20% durante Boric, siempre según la encuesta CEP.
Esto es lo que debe ser abordado en profundidad y corregido con un proyecto de gestión y una plataforma de políticas progresistas ampliamente renovados. No hay razones para renunciar a defender la lógica de la cooperación y solidaridad en un Estado democrático y social de derecho (por lo demás inscrita en la constitución desde 2023) y menos porque adquiere mayor peso circunstancial la invitación a seguir conductas adaptativas a los intereses de los poderes existentes, o bien por modas y aires de época.
Sostener la visión progresista supone, entre otras cosas, seguir reivindicando una firme adhesión a la democracia, resistir la xenofobia y las discriminaciones y dejar de lado las justificaciones de políticas exclusivamente favorables a los dueños de la gran empresa o del capital externo, en nombre de un crecimiento que no considera suficientemente los intereses de la mayoría social. Esto implica no edulcorar la situación del país y el rol de los poderes existentes, sino oponerse directamente a las políticas que promueven impuestos bajos y desiguales, la protección de rentas no ganadas, las desregulaciones sociales y ambientales y condiciones laborales de precariedad.
Los que afirman con aires doctorales que reforzar razonadamente los derechos sociales y la retribución del trabajo va en contra del empleo y la inversión, simplemente tergiversan los hechos. La investigación académica está muy lejos de avalar esas afirmaciones interesadas, que en cambio son gratas a los oídos de quienes concentran el poder económico en detrimento del resto de la sociedad. Sin articulación entre las condiciones de producción y de consumo y sin diversificación en la inserción internacional más allá de las materias primas, la economía se torna estructuralmente frágil y altamente cíclica e inestable en el largo plazo.
No hay razones para no oponerse a las políticas del actual gobierno cuando la experiencia indica que se logra más prosperidad común con distribuciones y redistribuciones de recursos bien diseñadas y llevadas a la práctica minimizando sus costos y cautelando su sostenibilidad. La acción pública que guía mercados regulados no monopólicos y con derechos del consumidor es la que promueve a las empresas emergentes y la innovación y diversificación productiva para situarse en mejores posiciones en las cadenas globales dinámicas. Estrategias de este tipo son las que aumentan más la productividad al socializar parte de la inversión y la infraestructura física y humana y contribuyen a crear climas cooperativos de expansión. Y lo hacen más aún cuando sustentan la actividad económica en el trabajo decente, salarios dignos vinculados a la productividad, la implicación de los trabajadores en la empresa y la incorporación de la mujer al trabajo en condiciones igualitarias. Se debe considerar, además, el rol positivo de la inmigración ordenada, como una contribución y no como una carga para el país. A los que esta afirmación moleste, cabe reiterarles que Chile fue fundado como país independiente por un argentino y por el hijo de un irlandés, que además se propuso establecer relaciones no subordinadas con los pueblos originarios.
Asimismo, la dinamización productiva puede sostener, con retroalimentación mutua, el acceso general a la educación de calidad, a la vivienda y al transporte asequibles, a la socialización del cuidado y a la protección universal ante la enfermedad, el desempleo y la vejez precaria. En efecto, la consolidación fiscal puede lograrse sin recortes sociales sino con mayores impuestos progresivos, hoy bajos en Chile, y haciendo más productivo al Estado sin pérdida de derechos.
Estos puntos de vista pueden parecer un conjunto de opiniones “poco actuales”, si nos atenemos a lo que se vierte en los medios de comunicación dominantes. Pero las encuestas de opinión pública reseñadas muestran una realidad que, más bien, alimenta la visión progresista de la sociedad.
