Las 45 causas de fraude en el Ejército investigadas por la ministra Romy Rutherford tienen, legalmente, responsables individuales. Institucionalmente, sus altos mandos son los encargados de prevenir estas conductas. La autonomía corporativa de las FF:AA ha dificultado el control externo de la probidad institucional, como de la efectiva internalización de genuinos valores castrenses.
Ante las cuarenta y cinco causas de fraude en el Ejército que son investigadas por la ministra Romy Rutherford, su comandante en jefe, Ricardo Martínez, afirmó que «las responsabilidades son individuales, a veces se hace una tremenda injusticia con los hombres y mujeres que trabajan para hacer más grande al país […] Yo creo al final del día la gente valora a su Ejército, que ha estado más de 200 años junto con la República […] el cariño está«. En realidad, este “cariño” ha observado bajas importantes desde 2015 en que las FF.AA. recibían un 50% de aprobación, pasando por el 20% en 2019, hasta llegar a la pandemia de 2021 con un 30% (CEP, 2021), todo lo cual indica que tal aprobación pende del juicio que la ciudadanía se forma sobre la conducta de sus integrantes y que las bajas en su valoración son consecuencia de la frustración de las expectativas ciudadanas generadas por estos.
El juicio social sobre instituciones y servidores del Estado tiene profundas e históricas raíces. De acuerdo a Werner Jaeger (Paideia) para quienes gobiernan los asuntos públicos “rigen normas de conducta ajenas al común de los hombres”. Esta excepcionalidad originada en la Grecia antigua fue parte de los valores o virtudes republicanas que le dieron vida y sustentaron a Chile, esa joven república, cuando daba sus primeros pasos independentistas. Sin estos valores encarnados y respaldados por quienes nos defienden, las instituciones democráticas no serían capaces de proteger adecuadamente, no solamente la soberanía nacional, sino que todos aquellos bienes e intereses colectivos.
La construcción de la nueva República se fundó en valores y, como lo señala la historiadora Elvira López, en sus orígenes se dio una fuerte crítica a la anterior administración real por su “nepotismo, la arbitrariedad, el enriquecimiento ilícito y los abusos”, al punto que en 1820 Bernardo O’Higgins informaba al Senado que “los muy precisos, íntegros y proporcionados a nuestra administración, solo tendrán cabida”. Así, la fiscalización y el buen uso de los muy escasos recursos fiscales de la época eran tarea de cada funcionario del Estado. Camilo Henríquez identificaba entre las principales virtudes del nuevo ciudadano, “la justicia, el desprendimiento de intereses personales, prefiriendo al bien particular y propio el bien público, y la causa de la libertad” y advertía que “por falta de estas virtudes estamos condenados a ser esclavos eternamente”.
Esta honorabilidad es una cualidad moral que se encuentra con mayor o menor intensidad en cada época. En Arturo Prat, su honor de marino se vio fortalecido en la misión institucional ligada a la defensa y proyección estratégica del país que desempeñó en esa época -la misión en Uruguay de espionaje en Argentina-, después de la cual devolvió gastos a rendir no usados.
De acuerdo a la Real Academia Española, la “cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo”, se llama honor. Este no es otra cosa, según Jaeger, que el “reflejo del valor interno en el espejo de la estimación social y que se adquiere exclusivamente por el reconocimiento de la sociedad a que pertenece. El elogio y la reprobación son la fuente del honor y el deshonor, la medida de valor en la comunidad”.
La ética y el honor son parte principal de la educación en torno a la cual se organizan las instituciones castrenses modernas, profesionales y eficaces. Cuando se relativizan o se pierden los parámetros valóricos que organizan el rol del militar tenemos una crisis de honorabilidad, mostrándose en los encausados la ausencia del valor de probidad.
Los casos investigados de pública notoriedad si bien implican judicialmente a individuos, al mismo tiempo, descubren las insuficiencias institucionales para regular y prevenir este tipo de conductas. Separar lo individual/penal de lo institucional es legalmente apropiado, no así desde la perspectiva de la responsabilidad del mando institucional ya que tales conductas denuncian la falta de diligencia de los superiores y las carencias y debilidades de los mecanismos internos que deben regular estas actuaciones.
La primacía del interés personal por sobre el colectivo, al que se debe el militar, y el no cumplimiento de los deberes con la consecuente frustración de las expectativas de roles asociada a su investidura, lo despojan de la alta estimación y reconocimiento social que alguna vez se le entregó, transformando esta reprobación en deshonor individual y, por extensión e ineludiblemente, del propio Ejército.
Las conductas bajo investigación muestran tres grandes problemas. Primero, la contradicción flagrante entre las virtudes cívicas proclamadas por el Ejército (https://www.ejercito.cl/nuestro-compromiso/valores-militares) y las conductas en cuestión. De ellas destacamos las de “Honor: Virtud que lleva a una conducta irreprochable, actuando con la verdad y de acuerdo a principios sólidos, manteniendo siempre el prestigio de la Institución con transparencia y probidad”, y “Templanza: Dominio de los impulsos y los placeres, manteniendo la sobriedad en el actuar”, ambas refutadas por las conductas ímprobas de algunos de sus altos mandos, oficiales y clases. Segundo, sugieren que ante las virtudes anteriores y el necesario celo funcionario más bien han tendido a primar equivocadamente las de “Lealtad: Fidelidad hacia el Ejército y sus integrantes, apoyándolos ante las dificultades” y “Espíritu de cuerpo: Afecto común que surge en las unidades fruto de experiencias compartidas de esfuerzo y abnegación, desarrollando compañerismo, confianza, disciplina y respeto a las tradiciones”. Tercero, que estas conductas ímprobas se dan en un contexto de autonomía corporativa producto de normas constitucionales y legales que desde 1973 hasta esta fecha dificultan los controles externos.
La evidencia pública sobre estos temas y su eventual penalización permite que circule aire fresco al interior de las instituciones al afirmarse principios y valores, lo que junto a la acción de sus actuales mandos y los posibles cambios que la Convención Constitucional incluya en la nueva Constitución, permitiría recobrar la confianza ciudadana dañada.
Con todo, recuperar el honor perdido es un problema mucho más profundo que restablecer confianzas, es poder adquirir valor en el espejo de la estimación social evitando, como decía Camilo Henríquez, “ser esclavos eternamente”, ahora, del oro de los nibelungos.
